nombre reservado con ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PINTO

Chillán, veintiuno de junio de dos mil veinticuatro.

Vistos:

1°.- Que, comparece el abogado Juan Francisco Moraleda Tapia, quien en representación de doña nombre reservado, psicóloga, cédula nacional de identidad RUT reservado, con domicilio en domicilio reservado e interpone acción constitucional de protección en contra de la Municipalidad de Pinto, RUT RUT reservado, representada legalmente por su Alcalde don Marcelo Alexis Ojeda Cárcamo, ignora profesión u oficio o quien lo subrogue o reemplace, ambos con domicilio en domicilio reservado, Región de Ñuble.

Refiere que la Municipalidad de Pinto, de acuerdo a la Ley 21.040 que creó los Servicios Locales de Educación, traspasó la función de impartir educación de los Municipios a dichos servicios, traspasándose asimismo a los funcionarios de la Dirección de Educación Municipal DAEM al SLEP Punilla Cordillera, lo que significó que su relación laboral con los terminó.

Añade que se encuentra pendiente el cumplimiento de fallos de la Contraloría General de la República respecto a regularizar la remuneración de la recurrente, y conjuntamente con ello la modificación del contrato de trabajo respecto de dicha remuneración, lo que implicó que el traspaso se realizó sin la modificación ordenada, significando un agravio y vulneración de su derecho de propiedad. Indica que al no existir relación laboral entre la Municipalidad de Pinto y la recurrente, la presente acción constitucional se erige como el único medio idóneo.

Detalla que el 4 de marzo de 2015, se firmó un contrato de trabajo, de acuerdo al Decreto Alcaldicio N° 239, entre doña nombre reservado y la Municipalidad de Pinto; que tenía una duración indefinida y en el cual se detallaba que la trabajadora había ingresado a prestar servicios el 1 de marzo de 2010; que la cláusula tercera señala que la funcionaria realizará sus funciones en el DAEM; que la cláusula sexta determina que la remuneración tendrá un reajuste bianual en base al valor hora docente básico, según los porcentajes establecidos para tales efectos en la Ley 19.070, correspondiendo el primero de ellos el 1 de marzo de 2016, de acuerdo al último reconocimiento y que en la cláusula décimo segunda dejó establecido que las partes se someten a la competencia de los Tribunales de Justicia o del Trabajo, que correspondan a la comuna.

Indica que en la liquidación del mes de febrero 2016 se reconocieron los bienios acordados, pero fuera de la liquidación, en un apartado que se identifica como aportes solo informativos de cargo del empleador. En el mes siguiente, no se cumplió con lo señalado en el contrato, por lo que se recurrió a la Contraloría para realizar el reclamo correspondiente.

Asimismo señala que producto de la desmunicipalización de la educación y con la creación del SLEP Punilla, su representada fue traspasada a ese nuevo empleador, dejando de ser su empleador la Municipalidad de Pinto, por lo cual el órgano jurisdiccional competente dejó de ser el Juzgado Laboral y por ello es que se recurre de protección. Agrega que el traspaso se realizó en base a la remuneración vigente sin considerar los reajustes que su representada alega en sus presentaciones ante la Contraloría y que le dió la razón.

Manifiesta que, por resolución REF N°E192931/2022, N° 402.406/2021, de fecha 10 de marzo de 2022, la Contraloría envía reclamo a la Municipalidad recurrida donde se señala que desde el año 2016 la Municipalidad no ha efectuado el reajuste bianual de la remuneración de la recurrente, ni ha recibido pago de viáticos, solicitando a ésta que dé respuesta al requerimiento. Por Resolución de Contraloría REF. 400.975/2022 de fecha 1 de junio de 2022, en su parte resolutiva respecto del pago de los bienios expresa: “Consta que, mediante el decreto alcaldicio N° 239 de fecha 4 de marzo de 2015, la señora nombre reservado suscribió un contrato con la Municipalidad de Pinto, regido por las normas del Código del Trabajo, estableciendo en la cláusula sexta un reajuste bianual en base al valor hora docente básico, según lo establece la Ley 19.070”, y concluye “La Municipalidad de Pinto deberá regularizar la situación de la señora nombre reservado, pagándole las diferencias adeudadas por el beneficio antedicho, informando de ello a esta Contraloría general en el pazo de 15 días hábiles contado desde la recepción del presente oficio.”

Respecto de los viáticos impetrados, la Contraloría señala luego del análisis jurídico: “de la documentación acompañada fluye que la señora nombre reservado impetró el cobro de los viáticos del año 2016, dentro del plazo de 2 años. La Municipalidad de Pinto deberá adoptar las medidas tendientes a regularizar su pago, informando documentadamente a esta Contraloría Regional dentro del plazo de 15 días contados desde la notificación del presente oficio”.

Además, destaca que la Contraloría, mediante resolución REF N°401.676/2022, al pronunciarse respecto de la reconsideración del reajuste bianual formulada por la Municipalidad señaló que: “el reajuste fue agregado en el contrato de trabajo suscrito entre la funcionaria y el órgano comunal y reconocido por este último, de modo tal que ese estipendio debe entenderse válidamente percibido o devengado a favor de la servidora, toda vez que fue incorporado a su patrimonio el derecho a percibir el beneficio por lo que consulta”, finalmente señaló que: “por lo que se desestima la solicitud de reconsideración al respecto”.

Por otra parte, en cuanto a la solicitud de reconsideración del pago de los viáticos del año 2016, la Contraloría tampoco acogió la reconsideración planteada e instó a que la Municipalidad adopte las medidas tendientes a su efectivo cumplimiento.

Luego expone que por Decreto alcaldicio N°1098 del 12 de agosto de 2022, se pretende solucionar los pagos pendientes utilizando porcentajes diferentes a los de la Ley 10.070, y sin hacerse cargo de los viáticos pendientes del año 2016. De acuerdo a memorándum N°1 del 29 de agosto de 2022, su representada solicita aclaración de los valores de reajuste bianuales y pago de viáticos en lo resuelto en el referido Decreto alcaldicio N° 1098, manifestando su disconformidad con los valores determinados en ese Decreto.

Expone que el Dictamen de la Contraloría REF 403.247/2023 de fecha 16 de febrero de 2024, concluye: “De esta forma, en concordancia con lo señalado en los oficios N° E219646 y E242200 de 2022 y E313598 de 2023, de este origen, la cláusula sexta del contrato suscrito por la señora nombre reservado con la Municipalidad de Pinto de fecha 4 de marzo de 2015 dispone que su remuneración tendrá un reajuste bianual, sobre la base del valor hora docente básico, según los porcentajes establecidos para estos efectos en la Ley N°19.070, de modo tal que ese estipendio debe entenderse válidamente percibido o devengado a favor de la servidora. Así las cosas, los montos adeudados a la requirente y devengados previo al traspaso del servicio educacional al SLEP Punilla Cordillera, corresponden a deudas de la Municipalidad de Pinto, por cuanto corresponde que esa entidad edilicia informe a la Contraloría Regional en relación con las medidas adoptadas para estos efectos, dentro del plazo de 15 días hábiles contados desde la recepción del presente oficio.

Afirma que en base a lo contemplado en la cláusula sexta del contrato de acuerdo a la Ley 19.070, el ex empleador adeuda a su representada los siguientes valores:

Primer bienio: $900.008 Segundo bienio: $2.010.713 Tercer bienio: $3.335.212 Cuarto bienio: $4.983.983 Quinto bienio: $562.014 En definitiva, sostiene que la Municipalidad de Pinto adeuda $11.791.930; y respecto a la actualización de la remuneración en el contrato, lo informado al SLEP, es $ 2.014.638 y el valor de acuerdo a los reajuste vía bienio debería ascender a la suma de $3.626.636.

En cuanto al derecho cita y transcribe los artículos 6 y 9 de la Ley 10.336, y artículos 7 y 11 del Código del Trabajo, para luego afirmar que aparece claro que los dictámenes de la Contraloría a pesar de ser obligatorios no se han cumplido, vulnerando el derecho de su representada, lo cual es más grave aún ya que fue traspasada sin actualización de su remuneración en su contrato al SLEP Punilla Cordillera, manteniendo el contrato primitivo sin la reajustabilidad como lo obliga expresamente el inciso final del artículo 11 del Código del Trabajo.

Reitera que habiéndose puesto término a la relación laboral con la Municipalidad de Pinto, al producirse el cambio de empleador con el traspaso, su representada no puede accionar en justicia laboral ya que el legitimario pasivo ya no es su actual empleador, sino que el anterior y obviamente al demandar promovería un incidente de falta de legitimidad, por lo que la presente acción constitucional constituye el único camino para lograr la restitución del derecho conculcado.

Solicita se tenga por interpuesto el presente recurso de protección en contra de la Municipalidad de Pinto, representada legalmente por su Alcalde don Marcelo Alexis Ojeda Cárcamo, ya individualizado, por cuanto con su acción arbitraria e ilegal consistente en desconocer los Dictámenes de la Contraloría que ordena reajustar el contrato de la recurrente, pagar los viáticos del año 2016 y no modificar la remuneración de su contrato en el traspaso de ella a su nuevo empleador el SLEP Punilla Cordillera, ha conculcado el legítimo ejercicio de la garantía constitucional del numeral 24 del artículo 19 de la Constitución Política de la República; se le declare admisible y acogiéndolo en todas sus partes, se reestablezca el imperio del derecho y se obligue al recurrido a pagar las diferencias de remuneraciones, el pago de los viáticos, modificando el contrato de trabajo respecto de la nueva remuneración e informe a su nuevo empleador SLEP Punilla Cordillera de dicha situación de manera de que se le pague la remuneración de acuerdo al contrato actualizado, con expresa condenación en costas.

2°.- Que, informa el abogado Esteban San Martín Rodríguez, en representación de la Municipalidad de Pinto, solicitando el rechazo íntegro del recurso deducido, con expresa condena en costas.

En primer término alega la extemporaneidad de la acción constitucional, fundado en que la recurrida deduce el presente recurso, aludiendo a una supuesta vulneración de garantías constitucionales sin mencionar fecha alguna en que supuestamente se haya producido la vulneración. Precisa que los eventuales conflictos de la recurrente con su representada datan de mediados del mes de marzo de 2022; que la propia recurrente expresa en su escrito una serie de fechas -superior todas ampliamente a los 30 días que el auto acordado dispone-, a saber: (1) “Por resolución de Contraloría REF. N°E192931/2022, N° 402.406/2021 de fecha 10 de marzo de 2022…”; (2) Por resolución de Contraloría REF. 400.975/2022 de fecha 1 de junio de 2022; (3) Por resolución de la Contraloría REF N°401.676/2022, respecto de solicitud de reconsideración de oficio E219646de 2022; (4) Por Decreto Alcaldicio N°1098 del 12 de agosto de 2022; (5) De acuerdo a memorándum N°1 del 29 de agosto de 2022; (6) De acuerdo a dictamen de la Contraloría REF 403.247/2023 de fecha 16 de febrero de 2024”.

Plantea que conforme a tales antecedentes, la supuesta vulneración comienza a ejecutarse el 10 de marzo de 2022 y en el mejor de los escenarios para la recurrente, si se registrare el inicio del cómputo del plazo a contar del último oficio emanado de la Contraloría Regional de Ñuble al Municipio, el plazo vencería el viernes 8 de marzo de 2024 y la acción fue interpuesta el 2 de mayo del presente año, superando con creces el plazo fatal de treinta días corridos.

Sin perjuicio de lo anterior, hace presente que con fecha 12 de agosto de 2022, mediante Decreto Alcaldicio N° 1098, se aprueba anexo de contrato de la recurrente, regularizándose en los términos ordenados por la Contraloría Regional de Ñuble. Sin embargo, la hoy recurrente se niega a firmar, por disconformidad en el monto, lo que demostraría que la recurrente tenía conocimiento de los hechos que invoca como vulnerados ya el año 2022.

Indica que resulta importante destacar que, tal como lo ha expresado la recurrente, y ratificado por la defensa municipal, el Departamento de Educación Municipal de la comuna de Pinto, al cual prestaba servicios, fue traspasado con fecha 1 de enero 2024 al Servicio Local de Educación Punilla Cordillera. En consecuencia, la recurrente tuvo cuatro oportunidades para interponer una acción de protección dentro de plazo, y sin embargo decide hacerlo de manera extemporánea, ya no siendo dependiente de la Municipalidad de Pinto. Cita fallo de la Corte Suprema (SCS, 28 de octubre de 1992, Revista Gaceta Jurídica N° 148, pág. 45). (SCS Rol N° 6.482-2008, 30 de diciembre de 2008). También cita fallo de la Corte de Apelaciones de Santiago. (SCA Santiago Rol N° 10.130-2008, 15 de mayo de 2009).

En cuanto al fondo expresa que la hoy recurrente, ex funcionaria de la Municipalidad de Pinto, ha realizado una serie de presentaciones al ente de control regional -Contraloría- en el que reclama que no se le ha pagado el reajuste bianual de sus remuneraciones desde el año 2016, conforme a lo dispuesto por la Entidad de Control en los oficios N° E219646 y E242200 de 2022 y E313598 de 2023. Específicamente, la recurrente y ex funcionaria se refiere a la situación correspondiente a no haber percibido el reajuste establecido en la cláusula sexta de su contrato de trabajo aprobado por el Decreto Alcaldicio N° 239 de 4 de marzo de 2015, el cual señala que la Municipalidad de Pinto contrató a la funcionaria bajo las normas del Código del Trabajo para desempeñar la función de “Coordinadora Comunal de Educación Especial y Salas Cunas JUNJI VTF” y en la cláusula sexta de dicho contrato se indicó: “La remuneración tendrá un reajuste bianual en base al valor hora docente básico, según los porcentajes establecidos en la ley N° 19.070 correspondiendo el primero de ellos el 1 de marzo de 2016, de acuerdo al último reconocimiento”. Lo anteriormente señalado, se ratificó además en el Decreto Alcaldicio N° 717 de 8 de junio de 2016, documento que la recurrente firmó y aceptó.

Posteriormente, a través del Decreto Alcaldicio N° 1098 de 12 de agosto de 2022 se determinó: “Páguese reajuste bianual de los años 2018, 2020 y 2022 en base a valor hora docente básico, según lo establecido en la Ley N° 19.070, cambiando su estructura de remuneraciones, quedando de la siguiente forma: Sueldo base de $1.805.382 + Reajuste Bianual a partir del 01 de agosto de 2022 y en lo demás se iba mantener en las mismas condiciones del contrato original”, sin embargo, la recurrente expresó su disconformidad y por tanto no se pudo gestionar el pago de acuerdo a lo que en dicho documento se indicaba, situación que no es imputable al municipio.

Añade que a través del Ordinario N° 025 de fecha 16 de enero de 2023 se requirió el pronunciamiento de la entidad fiscalizadora respecto de los porcentajes del bienio y a través del Oficio N° E313598/2023 de fecha 20 de febrero de 2023 la Contraloría respondió lo siguiente: “el reajuste bianual a que tiene derecho la señora nombre reservado debe determinarse considerando la variación en el valor mínimo de la hora cronológica educación básica, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 5° transitorio, inciso 4, de la ley 19.070, razón por la cual, en la situación de que se trata, no resultan aplicables las normas relativas a la asignación de experiencia, toda vez que esta última, no corresponde a lo pactado en el respectivo contrato de trabajo”. Tal pronunciamiento coincide con lo que se expresó en el Decreto Alcaldicio N° 1098 ya citado.

El letrado sostiene además la improcedencia de la acción constitucional, en atención a que los hechos expresados por la recurrente deben ser eventualmente materia de un juicio laboral, no siendo el recurso de protección la herramienta jurídica idónea para solucionar la controversia, teniendo especialmente presente que a la recurrente no le asiste un derecho indubitado y no acompaña antecedentes que justifiquen su pretensión, lo que impide un pronunciamiento sobre lo planteado por la recurrente, conforme a la finalidad de la acción constitucional.

Indica que de acuerdo a lo establecido en el artículo 6 de la Ley 10.336, “Corresponderá exclusivamente al Contralor informar sobre derecho a sueldos, gratificaciones, asignaciones, desahucios, pensiones de retiro, jubilaciones, montepíos y, en general, sobre los asuntos que se relacionen con el Estatuto Administrativo, y con el funcionamiento de los Servicios Públicos sometidos a su fiscalización, para los efectos de la correcta aplicación de las leyes y reglamentos que los rigen”. Aparece de manifiesto, que esta disposición limita el ámbito de actuación de la Contraloría en este caso concreto, al señalar la norma que: “sin perjuicio de las atribuciones que, con respecto a materias judiciales, reconoce esta ley al Contralor.”

En base a lo anterior, plantea que existe la facultad expresa para que el órgano de control se pronuncie sobre algún conflicto en la materia que acusa la recurrente, añadiendo que de la redacción de la norma y considerando una interpretación sistemática de la misma, resulta plausible plantear que ella constituye una norma de competencia, específicamente, una hipótesis de limitación de competencia. Sin embargo, y pese a las reiteradas solicitudes realizadas al ente de control por la recurrente, ésta no obtiene una respuesta que le permita obtener un monto de lo supuestamente adeudado, conforme a sus pretensiones, desconociendo el monto que la hoy recurrida calcula de manera objetiva y clara, de acuerdo al único mecanismo legal que debe ceñirse, y que fuese utilizado para pagarle a todos los funcionarios que recibían dicho reajuste y de los cuales nadie tuvo reproche alguno, con excepción de la recurrente.

Plantea que el recurso de protección no es la vía idónea para discutir y exigir una eventual deuda de naturaleza laboral, y debiese ser calculado y declarado por Contraloría General de la República; que en la eventualidad de adeudarse algún concepto, se debe ventilar la discusión en un tribunal competente para ello, o bien deberá la recurrente solicitarlo administrativamente al ente de control para que ordene a la Municipalidad de Pinto pagar el monto que se determine conforme a derecho y no dejarlo al arbitrio de la recurrente.

Añade que la recurrente ha realizado una serie de presentaciones ante la Contraloría Regional de Ñuble, sin que a la fecha exista un acto terminal, tanto del ente de control como de la Municipalidad de Pinto, siendo emplazada su representada a contestar en cada oportunidad que ha sido requerida y a pesar de todo ello, el ente de Control Regional no ha indicado el monto y concepto supuestamente adeudado, lo que llevaría a concluir que se está en presencia de un acto intermedio y sólo los actos terminales son capaces de producir la afectación de garantías constitucionales que habiliten la interposición de la presente acción cautelar. Cita sentencia de la Excma. Corte Suprema, de 17 de enero de 2019, dictada en causa Rol 16.997- 2018.

En relación al incumplimiento de la cláusula sexta del contrato, el abogado refiere que, dentro de plazo y en la forma ordenada por la Contraloría Regional de Ñuble, durante el año 2022, el Departamento de Personal del EX DAEM Pinto calculó el monto correspondiente por concepto de reajuste bianual, el que, bajo Decreto Alcaldicio N° 1098, la funcionaria no quiso firmar, por no encontrarse conforme con el monto, haciendo presente que ésta en ningún momento indicó por qué o cuál era en su parecer lo que le correspondía. Añade que el Municipio, mediante su Ex Departamento de Educación Municipal, para realizar el cálculo a pagar, considera el valor hora docente (siendo incluso la funcionaria Código del Trabajo), el valor de los bienios, los reajustes anuales de la nación, las modificaciones a la Ley 19.070 y la implementación de la carrera docente, incluso con todos los fundamentos expuestos y explicando la forma de cálculo para el pago de reajuste bianual, y no obstante ello la hoy recurrente se ha negado a firmar.

Indica que su representada desconoce la motivación real de la negativa de la recurrente a recibir el monto que le correspondía legalmente; que la actora pretende hacer creer que el Municipio le adeuda una altísima suma de dinero, que asciende a $11.791.930, lo que es falso, sumado a que no indica una operación lógica o mínima para llegar a dicho monto.

Termina solicitando que se rechace el recurso en todas sus partes, con expresa condena en costas a la recurrente.

A su informe acompaña documentos.

3°.- Que, para analizar el asunto planteado por la presente vía, resulta conveniente consignar que el recurso de Protección de Garantías Constitucionales, establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye jurídicamente una acción, destinada a amparar el legítimo ejercicio de las garantías y derechos preexistentes que en esa misma disposición se enumeran, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben tomar ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que priva, o amenace ese atributo.

4°.- Que, es requisito indispensable de la acción de protección, la existencia de un acto u omisión ilegal, esto es, contrario a la ley, o arbitrario, producto del mero capricho de quién incurre en él, y que provoque algunas de las situaciones o efectos que se han indicado, afectando a una o más de las garantías -preexistentes- protegidas, consideración que resulta básica para el examen y la decisión de cualquier recurso como el que se ha interpuesto.

5°.- Que, cabe reflexionar, a la luz de lo recién expuesto, que esta acción de cautela de derechos constitucionales constituye una vía destinada a dar protección respecto de garantías cuya existencia se encuentre indubitada.

6°.- Que la recurrente denuncia como acción ilegal y arbitraria la negativa de su ex empleadora, la Ilustre Municipalidad de Pinto, en orden a cumplir los dictámenes de la Contraloría General de la República en cuanto a reajustar su contrato, pagar los viáticos del año 2016 y modificar su remuneración al ser traspasada al nuevo Servicio Local de Educación Punilla, todo lo cual vulneraría su derecho de propiedad consagrado en el número 24 del artículo 19 de la Constitución Política de la República.

7°.- Que, por su parte, la Ilustre Municipalidad de Pinto, primeramente plantea la extemporaneidad del recurso, fundado en que la presente controversia data del año 2022; que ha habido varios pronunciamientos a partir de los cuales habría podido accionar oportunamente y que si se contara a partir del último oficio emanado de la Contraloría Regional de Ñuble, vencería el 8 de marzo de 2014. En consecuencia –sostiene- el recurso presentado el 2 de mayo del presente año es extemporáneo y así debe ser declarado.

8°. - Que, previo a emitir pronunciamiento respecto del fondo del recurso procede analizar si en la especie se configura la extemporaneidad alegada. Respecto a este punto cabe hacer presente que el acto invocado por la recurrente como vulneratorio de su derecho de propiedad debe estimarse de efectos permanentes, atendido que al no concretarse el pago y saldarse la deuda se produce una afectación que se prolonga en el tiempo y por tanto el plazo para recurrir de protección se renueva constantemente, razón por la cual dicha alegación debe ser desestimada.

9°.- Que, en cuanto al fondo del recurso, debe dejarse consignado que conforme a los documentos acompañados por las partes resulta claro que el ente edilicio mantiene una deuda con la recurrente referida al pago de viáticos del año 2016 y reajuste bianual desde el año 2018 y que dicha deuda ha sido reconocida por la Contraloría General de la República, que ha instado a la Municipalidad a efectuar el pago de las mismas.

Sin embargo, de las alegaciones de las partes se desprende que no existe coincidencia respecto del monto que se adeuda por cada uno de los conceptos ya referidos. En efecto, la recurrente refiere diversas sumas correspondientes a cinco bienios, señalando que la recurrida le adeuda un total de $11.791.930; y por su parte la Municipalidad acompaña el decreto alcaldicio N° 1098, de 12 de agosto de 2022 que aprueba la regularización de reajuste bianual del contrato de trabajo de doña nombre reservado, detallando que a contar del 1 de marzo de 2018, corresponde a un valor de 19.834 mensuales; a contar del 01 de marzo de 2020 por un valor de $ 21.103 mensuales; y que la estructura de remuneraciones queda en definitiva compuesta por sueldo base de $ 1.805.382 más reajuste bianual a partir del 01 de agosto de 2022.

10°.-Que, de lo consignado en el motivo precedente, es posible advertir que si bien la recurrida adeuda (y así lo reconoce) el pago de las sumas correspondientes a los bienios reclamados por la recurrente, existe discusión en cuanto a los montos.

Así las cosas, aparece claro que no es el recurso de protección el mecanismo idóneo para su determinación, atendido que, conforme se ha reiterado en otras ocasiones por esta Corte, el presente arbitrio corresponde a un mecanismo de urgencia que tutela derechos indubitados, no pudiendo constituirse en una instancia declarativa de derechos.

Por otro lado, con la recurrida acompañó el oficio E453179/2024, en que consta el último pronunciamiento de la Contraloría Regional de Ñuble, de fecha 16 de febrero de 2024 se indicó que: “(…) los montos adeudados a la requirente y devengados previo al traspaso del servicio educacional al SLEP Punilla Cordillera, corresponden a deudas de la Municipalidad de Pinto, por cuanto corresponde que esa entidad edilicia informe a esta Contraloría Regional en relación con las medias adoptadas para estos efectos, dentro del plazo de 15 días hábiles contado desde la recepción del presente oficio.” De este modo se constata que aún se encuentra pendiente, ante el ente contralor, el cumplimiento de dicho oficio por parte de la Municipalidad de Pinto, lo que importa que la situación denunciada está siendo conocida por la autoridad correspondiente.

11°.-Que, en consecuencia, existiendo controversia en cuanto a la determinación de las sumas adeudadas, y no siendo la presente acción la vía idónea para la resolución de la controversia jurídica planteada, el presente recurso no podrá prosperar, sin perjuicio del derecho de las partes para plantear sus alegaciones ante las demás instancias u órganos que correspondan.

Por estas consideraciones y atendido, además, lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre tramitación y fallo del recurso de protección, se rechaza, sin costas, el recurso de protección interpuesto por el abogado Juan Francisco Moraleda Tapia, quien en representación de doña nombre reservado.

Notifíquese.

En su oportunidad, dese cumplimiento al numeral 14 del Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre tramitación y fallo del Recurso de Protección, regístrese y, hecho, archívese.

Redacción a cargo de la Ministra Érica Pezoa Gallegos.

No firma el ministro señor Arias, no obstante haber concurrido a la vista de la causa y al acuerdo, por encontrarse con permiso.

R.I.C. 572-2024 PROTECCIÓN.