nombre reservado con ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE EL CARMEN

Chillán, veinticuatro de marzo de dos mil veintiséis.

Visto:

1°.- Que, comparece don nombre reservado, quien interpone recurso de protección en contra de la Municipalidad de El Carmen, representada por su Alcalde don Renán Cabezas Arroyo.

Relata que, con fecha 1 de abril de 2022 fue contratado por la Municipalidad de El Carmen, a través de su departamento de Educación Municipal, para desempeñarse en la Escuela Virgen del Carmen en calidad de comunicador audiovisual. Precisa que sus funciones comprendían el desarrollo de talleres audiovisuales y de fotografía, entre otras estipuladas en su contrato, el cual fue aprobado por Decreto Alcaldicio N°467 de 14 de abril de 2022, el que fue renovándose, hasta que finalmente, con fecha 2 de abril de 2024 su relación laboral fue modificada a contrato indefinido, conforme al respectivo instrumento aprobado por Decreto Alcaldicio N°293 de 3 de abril de 2024.

Añade, que con fecha 11 de marzo de 2025 la recurrida le notificó el término de sus servicios, fundado en la causal de necesidades de la empresa prevista en el artículo 161 del Código del Trabajo. Sostiene que dicha decisión se justificó únicamente en la necesidad de racionalizar y reestructurar el personal del establecimiento, sin expresar fundamentos adicionales, lo que, a su juicio, configura un acto ilegal al aplicarse una normativa improcedente a su calidad de asistente de la educación municipal.

Argumenta que, conforme a lo dispuesto en las leyes N°19.464 y N°21.109, su relación jurídica correspondía a la de asistente de la educación, por prestar servicios en un establecimiento educacional en funciones no docentes. En ese contexto, manifiesta que el inciso segundo del artículo 8° transitorio de esta última Ley, excluye la aplicación de la causal del artículo 161 del Código del Trabajo a estos funcionarios desde el 1 de enero de 2019, invocando al efecto el criterio contenido en el Dictamen de Contraloría N°E382477 de 2023.

Continúa indicando que, atendida la ilegalidad del cese de sus funciones, dedujo reclamo ante la Contraloría Regional de Ñuble, el cual fue resuelto mediante Oficio N°E109853/2025 de fecha 1 de julio de 2025. Indica que dicho órgano de control acogió su presentación y ordenó a la Municipalidad la reincorporación a sus funciones, según da cuenta el referido pronunciamiento. Sin embargo, la hoy recurrida, no dio cumplimiento a lo ordenado por Contraloría Regional de Ñuble y, en su lugar, presentó dos solicitudes de reconsideración del dictamen; la primera fue rechazada mediante Oficio N°E155849/2025 de 12 de septiembre de 2025, reiterándose la orden de reincorporación dentro de 10 días hábiles, y la segunda fue igualmente desestimada por Oficio N°E202127/2025 de 26 de noviembre de 2025.

En cuanto a la ilegalidad o arbitrariedad que reprocha, sostiene que el artículo 51 de la Ley N°18.695, Orgánica Constitucional de Municipalidades, dispone que estas entidades se encuentran sujetas a la fiscalización de la Contraloría General de la República, sin perjuicio de las facultades de control interno que correspondan a sus autoridades. Asimismo, refiere que el artículo 52 del mismo cuerpo legal faculta a dicho órgano contralor para emitir dictámenes jurídicos sobre las materias sometidas a su control, en el ejercicio de sus funciones de legalidad. Asimismo, el artículo 9 inciso final de la Ley N°10.336 establece que los informes emitidos por la Contraloría General de la República son obligatorios para los funcionarios correspondientes en los casos concretos a que se refieran.

Añade que el artículo 16 del mismo texto legal dispone que todos los servicios públicos creados por ley quedan sometidos a su fiscalización, y complementa señalando que el artículo 19 establece que los asesores jurídicos de la Administración deben observar la jurisprudencia administrativa emanada de dicho órgano, encontrándose sujetos a su dependencia técnica.

Luego señala que en virtud de la normas comentadas, la Municipalidad de El Carmen ha incurrido en una omisión ilegal y arbitraria, al no dar cumplimiento a los dictámenes emitidos por la Contraloría Regional de Ñuble, mediante los cuales se declaró la ilegalidad de su desvinculación y se ordenó su reincorporación.

Concluye que dicha conducta contraviene de manera directa la normativa que obliga a los órganos de la Administración a acatar las decisiones del ente contralor, configurándose así la ilegalidad denunciada.

Estima que el actuar de la recurrida, ha vulnerado gravemente sus derechos a la integridad física y psíquica, a la igualdad ante la ley y al derecho de propiedad, todos consagrados constitucionalmente. En cuanto al primer derecho señalado indica que el acto denunciado le ha provocado una perturbación emocional y psicológica relevante, derivada de la falta de ingresos por un período prolongado, lo que ha impactado directamente en su subsistencia y en la de su familia, generándole un estado de necesidad y afectando el desarrollo de sus proyectos personales.

Por otra parte, indica que se ha vulnerado su derecho a la igualdad ante la ley, en atención a que la negativa reiterada de la recurrida a acatar los dictámenes del órgano contralor ha implicado un trato discriminatorio en su contra, carente de justificación objetiva, especialmente si se compara con la situación de otros funcionarios públicos que, en circunstancias análogas, sí son reincorporados conforme a derecho; en este sentido, agrega que invoca normas de derecho internacional sobre igualdad y no discriminación, así como doctrina constitucional que proscribe toda diferenciación arbitraria.

Por último, señala que también se ha conculcado su derecho de propiedad, toda vez que la conducta de la recurrida lo ha privado de su cargo de carácter indefinido y de las remuneraciones asociadas al mismo, afectando su patrimonio, por lo que solicita no solo su reincorporación, sino además el pago de las remuneraciones dejadas de percibir desde su desvinculación, invocando al efecto jurisprudencia de los tribunales superiores de justicia y dictámenes de la Contraloría General de la República en casos similares.

Finalmente, pide que se acoja el presente recurso, y en consecuencia se ordene a la Municipalidad recurrida el debido cumplimiento de lo ordenado por Contraloría Regional de Ñuble, su inmediata reincorporación en funciones y, además, el pago de las remuneraciones de que se ha visto privado ilegal y arbitrariamente desde la separación de sus funciones hasta la fecha de su efectiva reincorporación, y/o disponga todas las medidas que se. juzgue necesarias para el restablecimiento del imperio del derecho en estos autos, con expresa condena en costas para la recurrida.

2°.- Que, al informar la abogada doña Jacqueline Guiñez Núñez, en representación de don Renán Cabezas Arroyo, Alcalde de la Municipalidad de El Carmen, realiza como primera alegación la extemporaneidad del recurso, argumentando que fue interpuesto fuera del plazo de 30 días corridos contados desde la notificación del acto impugnado, ocurrida el 26 de noviembre de 2025, sin existir justificación para suspender o interrumpir dicho término, por lo que, conforme a la jurisprudencia, debe declararse inadmisible sin analizar el fondo. En el mismo sentido, sostiene que no existe una omisión permanente que renueve el plazo, pues la situación quedó definida con el último oficio notificado, siendo sólo la mantención de un estado conocido por el actor, quien no accionó oportunamente; en consecuencia, el recurso es extemporáneo y debe declararse inadmisible o rechazarse.

Más adelante, al informar derechamente el recurso, indica que el recurrente fue contratado inicialmente como asistente de la educación para ejecutar talleres audiovisuales financiados con recursos SEP, conforme a un decreto alcaldicio vigente para el período 2022–2023; señala que, con posterioridad, sus funciones no fueron incorporadas en los instrumentos de planificación educativa ni requeridas formalmente por el establecimiento, pasando a desempeñar labores genéricas sin vinculación directa con el proceso educativo; sostiene que, tras una revisión de la administración, se constató que no cumplía con los requisitos legales para mantener la calidad de asistente de la educación ni realizaba funciones pedagógicas efectivas, careciendo además de registros o respaldo de actividades; expone que, en consecuencia, se determinó que su vínculo se regía por el Código del Trabajo y se procedió a su desvinculación por necesidades de la empresa, pagándose el correspondiente finiquito; indica que posteriormente el actor recurrió a Contraloría cuestionando su despido, instancia en la que la Municipalidad aportó antecedentes sobre la naturaleza de sus funciones y la falta de acreditación de desempeño, dictándose finalmente un pronunciamiento administrativo; agrega que, pese a ello, el recurrente no se presentó a retomar funciones ni ejerció acción alguna para materializar sus supuestos derechos, evidenciando inactividad; afirma que dicha conducta implica una renuncia tácita a la controversia y ausencia de interés actual; y concluye que, además, conforme a la jurisprudencia administrativa, una eventual reincorporación exige la restitución de las indemnizaciones percibidas, lo que no ha ocurrido, por lo que no puede alegar vulneración de derechos por una situación imputable a su propia inacción.

Sostiene que no existe omisión ilegal o arbitraria, indicando que fue el propio recurrente quien acudió a la Contraloría y fue debidamente notificado de todos los pronunciamientos, sin ejercer acciones posteriores ni presentarse a retomar funciones; añade que mantuvo una inactividad prolongada desde la notificación del último oficio, lo que permite concluir una renuncia tácita al derecho alegado y evidencia falta de interés actual; sostiene que, además, no cumplió con actos necesarios para una eventual reincorporación, como la restitución de las indemnizaciones percibidas, incurriendo en una conducta contradictoria; afirma que no resulta razonable reactivar la controversia tras su propia pasividad, especialmente imputando una omisión inexistente; y concluye que el recurso de protección es improcedente como vía de ejecución de pronunciamientos administrativos, pues no puede utilizarse para forzar cumplimiento ni obtener efectos declarativos o patrimoniales, menos aun cuando el propio actor no ha cumplido las cargas que le correspondían.

Sostiene que no existe vulneración de garantías constitucionales, indicando que la supuesta afectación a la integridad psíquica se funda sólo en consecuencias emocionales y económicas propias de un conflicto laboral, sin respaldo objetivo ni imputabilidad a la Municipalidad; agrega que no se configura infracción a la igualdad ante la ley, por cuanto el recurrente no aporta un término de comparación válido y su situación particular, marcada por inactividad y actuación tardía, justifica un trato distinto; señala que tampoco se vulnera el derecho de propiedad, pues las remuneraciones reclamadas constituyen una pretensión controvertida y no un derecho indubitado; y concluye que el recurso de protección es improcedente como mecanismo para ejecutar pronunciamientos administrativos o exigir reincorporación y pagos, ya que ello desnaturaliza su carácter cautelar y excede su finalidad.

3º.- Que, para analizar el asunto planteado por la presente vía, resulta conveniente consignar que el recurso de Protección de Garantías Constitucionales, establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye jurídicamente una acción, destinada a amparar el legítimo ejercicio de las garantías y derechos preexistentes que en esa misma disposición se enumeran, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben tomar ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que priva, o amenace ese atributo.

4º.- Que, es requisito indispensable de la acción de protección, la existencia de un acto u omisión ilegal, esto es, contrario a la ley, o arbitrario, producto del mero capricho de quién incurre en él, y que provoque algunas de las situaciones o efectos que se han indicado, afectando a una o más de las garantías –preexistentes— protegidas, consideración que resulta básica para el examen y la decisión de cualquier recurso como el que se ha interpuesto.

5º.- Que, cabe reflexionar, a la luz de lo recién expuesto, que esta acción de cautela de derechos constitucionales constituye una vía destinada a dar protección respecto de garantías cuya existencia se encuentre indubitada.

6°.- Que, previo a emitir pronunciamiento respecto del fondo del asunto, corresponde analizar la alegación de extemporaneidad opuesta por la recurrida, fundada en que la presente acción de protección se presentó el día 15 de enero de 2026, esto es, excediendo el plazo de treinta días corridos, contados desde el último pronunciamiento emanado de Contraloría General de la República de fecha 26 de noviembre de 2025.

7°.- Que, sobre tal punto y conforme lo ha resuelto invariablemente la jurisprudencia de nuestros tribunales superiores, así como esta Corte, la acción no precluye mientras los efectos del acto que se considera vulneratorio continúen produciéndose. En tal sentido, no existiendo antecedente que dé cuenta que la entidad edilicia haya acatado las resoluciones que sirven de fundamento al recurso, la eventual vulneración se encuentra vigente, produciendo sus efectos, por lo que el plazo se renueva permanentemente resultando pertinente desechar dicha alegación.

8°.- Que, en lo que dice relación con el fondo del asunto, como se indicó el acto que se denuncia como ilegal y arbitrario consiste en la negativa de la Municipalidad recurrida de acatar los dictámenes de Contraloría General de la República: E109853/2025 fecha 1 de julio de 2025, E155849-2025 de 12 de septiembre de 2025 y E202127-2025 de 26 de noviembre de 2025.

9°.- Que, para la resolución del recurso, cabe tener presente lo establecido en el artículo 51 de la Ley Orgánica de Municipalidades, disposición que señala: “Las municipalidades serán fiscalizadas por la Contraloría General de la República, de acuerdo con su ley orgánica constitucional, sin perjuicio de las facultades generales de fiscalización interna que correspondan al alcalde, al concejo y a las unidades municipales dentro del ámbito de su competencia…”.

Por su parte el artículo 52 del mismo cuerpo legal dispone: “En el ejercicio de sus funciones de control de la legalidad, la Contraloría General de la República podrá emitir dictámenes jurídicos sobre todas las materias sujetas a su control”

A su vez, el artículo 16 de la ley 10.336 establece “Los Servicios, Instituciones Fiscales, Semifiscales, Organismos Autónomos, Empresas del Estado y en general todos los Servicios Públicos creados por ley, quedarán sometidos a la fiscalización de la Contraloría General de la República, sin perjuicio del control que ejerce la Superintendencia de Bancos sobre el Banco Central y el Banco del Estado de Chile, del que cumple la Superintendencia de Compañías de Seguros, Sociedades Anónimas y Bolsas de Comercio sobre el Instituto de Seguros del Estado y la Caja Reaseguradora de Chile y del que desarrolla la Superintendencia de Seguridad Social sobre las instituciones y entidades sometidas actualmente a su fiscalización…”

10°.- Que, de la interpretación conjunta de las normas transcritas fluye que, los dictámenes emanados del órgano Contralor resultan vinculantes para las Municipalidades, quienes se encuentran obligadas a darles cumplimiento, sin perjuicio de los eventuales recursos administrativos que pudieren ejercer.

11°.- Que, en estos antecedentes se encuentra asentada la existencia de tres dictámenes emanados de Contraloría General de la República.

El primero de ellos se origina por un reclamo interpuesto por el Sr. nombre reservado, al estimar a su juicio, que la causal de despido del artículo 161 del Código del Trabajo invocada por el municipio para proceder a su desvinculación se encontraba mal aplicada, al detentar la calidad de asistente de la educación, lo anterior fundado en el artículo 8° transitorio de la Ley 21.109.

12°.- Que, el funcionario obtuvo pronunciamiento respecto a su reclamo el 1 de julio de 2025 desprendiéndose de aquel que Contraloría procede a efectuar una revisión de los decretos de nombramiento del recurrente, concluyendo que éste sí realizaba labores propias de un asistente de la educación, en los términos del artículo 2 de la ley 19.464, y por ende declara, que la causal de término de la relación laboral del recurrente no resultó ajustada a derecho, razón por la cual ordena a la Municipalidad de El Carmen a adoptar medidas tendientes a regularizar dicha contratación.

13°.- Que, posteriormente, el dictamen de fecha 12 de diciembre de 2025, se hace cargo de la alegación formulada por la Municipalidad de El Carmen en orden a controvertir la calidad de asistente de la educación del recurrente, reiterando el ente Contralor que el funcionario sí tiene tal calidad y que la causal invocada no resultó ajustada a derecho, por lo que se debe proceder a regular la situación del aludido servidor, debiendo informarse a Contraloría en un plazo que no exceda de 10 días hábiles desde la notificación del oficio.

14°.- Que, finalmente el dictamen de 26 de noviembre de 2025 se pronuncia nuevamente de una reconsideración formulada por la recurrida, concluyendo éste que del análisis de los documentos aportados en instancia administrativa, no es posible controvertir las conclusiones arribadas en los oficios precedentes; agregando que aun en el evento de que el Señor nombre reservado haya realizado funciones ajenas a aquellas para las que fue contratado, tal circunstancia no le resulta imputable, si no que obedece a un acto irregular de la autoridad comunal, cuyos defectos no pueden privarle del ejercicio de un derecho, desestimándose finalmente la reconsideración.

15°.- Que, de lo expuesto fluye que la Municipalidad del Carmen ha hecho caso omiso a las directrices impartidas por la Contraloría limitándose a justificar, ahora en esta sede, los mencionados incumplimientos, configurándose por estas razones la ilegalidad y arbitrariedad denunciada por el recurrente y por ende la afectación a las garantías constitucionales invocadas.

16°.- Que, por otro lado, la recurrida no puede excusar su incumplimiento en la inactividad del recurrente, atendido que pesa sobre ella el principio propio de la administración consagrado en el artículo 7 de la ley 19.880 referente a la celeridad, debiendo impulsar de oficio los trámites y con mayor razón las directrices impartidas que le resultan vinculantes.

17°.- Que, según todo lo ya analizado, es posible concluir que la presente acción constitucional debe ser acogida en los términos que se indicarán.

Por estas consideraciones y de conformidad, además, con lo prevenido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y Auto Acordado de la excelentísima Corte Suprema, sobre la materia, se resuelve que se acoge, sin costas el recurso de protección interpuesto por don nombre reservado en contra de la I. Municipalidad de El Carmen, sólo en cuanto, el ente edilicio deberá dar estricto cumplimiento a las directrices impartidas por Contraloría General de la República en los dictámenes a que se ha hecho referencia en el presente recurso.

Notifíquese.

En su oportunidad, dese cumplimiento al numeral 14 del Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre tramitación y fallo del Recurso de Protección.

Regístrese y, hecho, archívese.

Redacción a cargo del ministro Claudio Arias Córdova.

No firma el señor nombre reservado, no obstante haber concurrido a la vista de la causa y al acuerdo, por haber cesado en el cargo de fiscal judicial subrogante.

ROL N°56-2026- Protección.-