nombre reservado con CAJA DE COMPENSACIÓN DE ASIGNACIÓN FAMILIAR LOS ANDES

Chillán, diecinueve de agosto de dos mil veintiséis.

Visto:

1°.- Que comparece la abogada Paola Andrea Manzano Rivera en representación de don nombre reservado, quien interpone acción constitucional de protección en contra de la Caja de Compensación de Asignación Familiar Los Héroes, representada por don nombre reservado, y en contra de la Caja de Compensación de Asignación Familiar de Los Andes, representada por don nombre reservado, por el acto ilegal y arbitrario consistente en el descuento practicado en su remuneración por concepto de un crédito social.

Refiere que con fecha 22 de julio de 2015, contrató un crédito social con la Caja de Compensación Los Héroes, por la suma de $4.450.371, pagadero en 48 cuotas mensuales de $158.304 cada una, suscribiendo al efecto el pagaré cuyo número de operación fue N°102535082.

Señala que fue despedido en abril de 2016 de la Universidad Las Américas -lo que habría originado la cesación de los descuentos- encontrando nuevo empleo en julio de ese año en la Corporación Hermanas Educadoras Misioneras Franciscanas, entidad afiliada a la Caja de Compensación Los Andes. Sostiene que, transcurridos más de diez años sin notificación de demanda ni gestión de cobro alguna, en su liquidación de sueldo de mayo de 2026 apareció, bajo la glosa genérica “CCAF0”, un nuevo descuento por $158.304 asociado a dicho crédito, sin que mediara información previa sobre la reactivación del cobro.

Argumenta que dicho descuento constituye un acto de autotutela ilegal y arbitrario efectuado por Caja de Compensación Los Héroes a través de Caja de Compensación Los Andes, tanto por la falta de información suficiente en la glosa utilizada como por la cronología de los hechos, al referirse al cobro de una obligación extremadamente antigua, respecto de la cual existió una prolongada inactividad de cobro, y cuya acción para su cobro se encuentra prescrita. Cita jurisprudencia en apoyo de su tesis.

Sostiene que la actuación de las recurridas vulnera su derecho de propiedad sobre las remuneraciones, garantizado en el artículo 19 N° 24 de la Constitución Política de la República, así como los principios de confianza legítima y seguridad jurídica que deben inspirar la actuación de las Cajas de Compensación.

Finalmente pide que esta Corte acoja el recurso de protección, con expresa condena en costas, ordenando cesar todo descuento en su remuneración y restituir los descuentos efectuados, así como aquellos que puedan realizarse durante la tramitación de la presente acción.

2°.- Que, informa el abogado Daniel Ortuzar Gana, en representación de la Caja de Compensación de Asignación Familiar Los Héroes, señalando que el recurrente registra en sus sistemas una obligación de crédito social vigente, asociada a la operación N° 102535082, otorgada con fecha 22 de julio de 2015 por la suma de $4.450.371, pactada en 48 cuotas mensuales de $158.304, con vencimientos originalmente comprendidos entre el 31 de agosto de 2015 y el 31 de julio de 2019, encontrándose dichas cuotas en estado de mora. Señala que el monto descontado en la liquidación de sueldo de mayo de 2026 coincide exactamente con el valor de la cuota pactada, y que remitió previamente al recurrente una comunicación informativa dándole cuenta de la existencia de las cuotas impagas e invitándolo a regularizar su situación, advirtiéndole que, de no hacerlo, podría reanudarse el descuento por planilla.

Explica que la recaudación de la cuota se materializó a través del Sistema Intercajas/SINACAF, mecanismo por el cual la Caja de afiliación actual del trabajador puede efectuar el descuento y remesar los fondos a la Caja acreedora de origen, lo que justifica que en la liquidación de remuneraciones el descuento aparezca operacionalmente asociado a Caja Los Andes, sin que ello implique la existencia de un crédito distinto ni un cobro duplicado. Sostiene que dicho mecanismo se encuentra amparado en el artículo 22 de la Ley N° 18.833, en el artículo 58 del Código del Trabajo y en el Dictamen N° 63768-2026 de la Superintendencia de Seguridad Social, que reconoce la validez del Sistema Intercajas como procedimiento legal para la recuperación de créditos sociales.

En cuanto a la alegación de prescripción, argumenta que ésta no opera de pleno derecho ni puede tenerse por configurada por la sola afirmación del deudor, sino que debe ser alegada y declarada por el tribunal competente en el procedimiento correspondiente, no existiendo en autos sentencia que así lo declare, añadiendo que la sede cautelar de protección no resulta idónea para resolver controversias de lato conocimiento relativas a la existencia, exigibilidad o extinción de una obligación crediticia. Sostiene, en consecuencia, la inexistencia de ilegalidad, arbitrariedad o vulneración del derecho de propiedad consagrado en el artículo 19 N° 24 de la Constitución Política de la República.

Finaliza su presentación solicitando tener por evacuado el informe y rechazar en todas sus partes el recurso de protección, declarando que el descuento reclamado se encuentra ajustado a derecho, con costas.

3°.- Que, al informar la abogada Inés Riquelme Arao, en representación de la Caja de Compensación de Asignación Familiar de Los Andes, señala que el recurrente se registra como afiliado trabajador por la Corporación Hermanas Educadoras Misioneras, y que el descuento cuestionado se practicó por mandato de la Caja acreedora, en el marco del sistema integrado de recaudación de créditos sociales que las Cajas de Compensación utilizan desde abril de 2014, el cual permite que la Caja de la afiliación actual del trabajador recaude las deudas pendientes (morosas) o vigentes contraídas con otras Cajas de Compensación.

Precisa que a través de la nómina de retenciones de crédito social de los meses de mayo y junio de 2026, se incluyó un descuento de $158.304 mensuales a nombre del recurrente, asociado al crédito código 102535082, indicando que el monto correspondiente a mayo fue recaudado con fecha 10 de junio de 2026 y transferido a la contraparte, en tanto el de junio aún no se encuentra en sus arcas.

Explica que dicha actuación se enmarca en el denominado “Proyecto Intercajas de Compensación de Asignación Familiar”, contrato de mandato y prestación de servicios celebrado entre las Cajas de Compensación conforme al artículo 19 N° 7 de la Ley N° 18.833, para cuyos efectos operativos se contrató a SINACOFI como prestador delegado, actuando Caja Los Andes como diputada para recibir el pago del crédito social en los términos de los artículos 1580 a 1586 del Código Civil, en relación con el artículo 22 inciso 2° de la Ley N° 18.833. Cita en apoyo de su planteamiento la sentencia de la Excelentísima Corte Suprema, Rol 31756-2019, que confirmó el rechazo del recurso de protección Rol 1401-2019 de la Ilustrísima Corte de Apelaciones de Temuco, reconociendo la validez del sistema Intercajas como actuación coordinada ajustada al referido contrato de mandato y prestación de servicios.

Finaliza su presentación solicitando tener por evacuado el informe y rechazar el recurso de protección interpuesto en contra de Caja Los Andes, por no existir acto ilegal o arbitrario cometido por dicha entidad en relación con los hechos expuestos.

4º.- Que para analizar el asunto planteado por la presente vía, resulta conveniente consignar que el recurso de Protección de Garantías Constitucionales, establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye jurídicamente una acción, destinada a amparar el legítimo ejercicio de las garantías y derechos preexistentes que en esa misma disposición se enumeran, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben tomar ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que prive, perturbe o amenace ese atributo.

5º.- Que, como se desprende de lo señalado precedentemente, es requisito indispensable de la acción de protección, la existencia de un acto u omisión ilegal, esto es, contrario a la ley, o arbitrario, producto del mero capricho de quién incurre en él, y que provoque algunas de las situaciones o efectos que se han indicado, afectando a una o más de las garantías -preexistentes- protegidas, consideración ésta que resulta básica para el examen y la decisión de cualquier recurso como el que se ha interpuesto.

6º.- Que, cabe reflexionar, a la luz de lo recién expuesto, que esta acción de cautela de derechos constitucionales constituye una vía destinada a dar protección respecto de garantías cuya existencia se encuentre indubitada.

7°.- Que el acto que el recurrente reprocha como arbitrario e ilegal consiste en los descuentos efectuados por la Caja de Compensación Los Andes a su remuneración, en el mes de mayo del presente año, ascendente a la suma de $158.304, bajo la glosa genérica “CCAF0”/ “Préstamo CCAF: 0 inter-cajas”, correspondiente a un crédito suscrito con la Caja de Compensación de Asignación Familiar Los Héroes, durante el año 2015.

Por su parte, la recurrida C.C.A.F. Los Héroes sostiene que el recurrente mantiene una obligación asociada a un crédito social N°102535082, otorgado el 22 de julio de 2015 por un monto original de $4.450.371, pactada en 48 cuotas mensuales, en estado de mora. Agrega que no hay ilegalidad ni arbitrariedad en su actuar al tratarse del ejercicio legítimo de una potestad legal consagrada en el artículo 22 de la Ley N°18.833.

Y finalmente, la Caja de Compensación Los Andes sostiene que sólo ha actuado como diputada para recibir el pago en virtud del convenio intercajas.

8°.- Que, de lo expuesto por las partes y los antecedentes que obran en este recurso, se constatan los siguientes hechos:

a) Con fecha 22 de julio de 2015, don nombre reservado obtuvo el crédito social N°102535082 de la Caja de Compensación de Asignación Familiar Los Héroes por la suma de $4.263.651, obligación que debía ser pagada en 48 cuotas mensuales, iguales y sucesivas de $158.304 cada una.

b) El actor pagó 8 cuotas de ese crédito.

c) Los pagos cesaron el año 2016, tras ser despedido de la Universidad Las Américas en abril de dicho año y encontrar nuevo empleo en julio siguiente en una entidad afiliada a la Caja de Compensación Los Andes.

d) Con fecha 26 de mayo de 2026 la Caja de Compensación Los Héroes remitió correo electrónico a don nombre reservado, informándole el número de cuotas impagas, instándosele a regularizar su situación dentro del plazo de quince días y señalando que en caso contrario la caja podría reanudar el descuento de sus remuneraciones.

e) En la liquidación de sueldo del recurrente, correspondiente al mes de mayo de 2026, se descontó, bajo la glosa genérica “CCAF0”, la suma de $158.304 asociada al crédito adquirido el año 2015.

9°.- Que, para resolver el asunto es útil consignar que la Ley 18.833, que establece un nuevo estatuto general para las cajas de compensación de asignación familiar (C.C.A.F.), define su naturaleza jurídica, constitución, formas de afiliación, objeto y funciones.

Así, en lo que al presente recurso interesa, consagra, en el artículo 21, que las Cajas de Compensación podrán establecer un régimen de prestaciones de crédito social, consistente en préstamos de dinero y que estará regido por un reglamento especial.

Al respecto, el artículo 22 en sus incisos 1° y 2° dispone: “Lo adeudado por prestaciones de crédito social a una Caja de Compensación por un trabajador afiliado, deberá ser deducido de la remuneración por la entidad empleadora afiliada, retenido y remesado a la Caja acreedora, y se regirá por las mismas normas de pago y de cobro que las cotizaciones previsionales.

Practicada la deducción al trabajador, se entenderá extinguida a su respecto y de sus codeudores la parte correspondiente de la deuda, desde la fecha en que ella hubiera tenido lugar, aunque no haya sido remesada por el empleador a la Caja, debiendo dirigirse exclusivamente contra éste las acciones destinadas al cobro de las sumas no enteradas.”

Esta disposición consagra un mecanismo legal de cobro para los créditos sociales otorgados por las Cajas de Compensación, que revisten un carácter especial dado su fin de seguridad social y su naturaleza no lucrativa. Este mecanismo no es una facultad discrecional de la Caja, sino una obligación impuesta por ley al empleador, una vez que la deuda es informada.

En consecuencia, las Cajas acreedoras pueden hacerse pago del crédito moroso a través de la planilla de remuneración del afiliado, sin perjuicio de los límites a dicha facultad que se examinarán a continuación.

10°.- Que, el numeral 1.17.2 de la Circular N°3.567 de la Superintendencia de Seguridad Social, de 4 de enero de 2021, que fija el texto refundido de las instrucciones impartidas sobre el régimen de prestaciones de crédito social administrado por las Cajas de Compensación de Asignación Familiar, señala que, en la cobranza de los créditos morosos, las C.C.A.F. deberán regirse por las disposiciones del artículo 37 de la Ley 19.496 y las instrucciones impartidas por la Superintendencia.

Asimismo, indica que las C.C.A.F. deberán realizar siempre a lo menos una gestión útil de cobranza extrajudicial, sin cargo para el deudor, cuyo fin sea el debido y oportuno conocimiento del deudor sobre la mora o retraso en el cumplimiento de sus obligaciones, dentro de los primeros quince días siguientes a aquel en que el empleador, entidad pagadora de la pensión o el trabajador independiente debía enterar la cuota correspondiente, enviando carta de cobranza al deudor principal y, si procede, copia a sus avales, remitidas ambas a los domicilios particulares del deudor principal y avales.

Por otro lado, indica que la cobranza judicial deberá iniciarse no más allá del sexto mes de morosidad, a menos que el Gerente General, basado en razones fundadas y de acuerdo con las pautas generales definidas por el Directorio de la C.C.A.F., estime inconveniente iniciar acciones judiciales dentro del plazo antes establecido. Además, en los respectivos contratos de cobranza que las C.C.A.F. celebren con entidades o abogados externos, deberán contemplar, entre otras, cláusulas orientadas a cautelar la debida custodia de los pagarés y la obligación de informar, a lo menos trimestralmente, el estado de tramitación del cobro de los pagarés respectivos.

Finalmente, señala que la verificación sobre la morosidad de los créditos y el análisis del estado de avance de las acciones de cobranza tanto extrajudiciales como judiciales, deberán hacerse, a lo menos, trimestralmente.

Luego, el numeral 1.17.3 de la citada Circular dispone, respecto del reinicio de los descuentos, que en caso que no haya sido posible descontar regularmente las cuotas de un crédito social desde la remuneración o pensión de un trabajador o pensionado en los últimos seis meses y pudieren reanudarse tales descuentos, la Caja previo a informar para descuento a la entidad empleadora o pagadora de pensión la respectiva cuota de crédito social, deberá enviar un aviso al trabajador o pensionado informando que tiene una deuda de crédito social impaga por los meses que se individualizarán y que los descuentos de las cuotas de crédito social se reanudarán de conformidad a lo acordado entre las partes al momento de otorgarse el crédito, esto es, mediante descuento en las remuneraciones o pensiones.

11°.- Que, por otro lado, si bien el sistema de recaudación denominado “Intercajas” encuentra sustento normativo en los artículos 1°, 19 N° 7 y 41 N° 12 de la Ley 18.833, dicho amparo legal no autoriza a las Cajas de Compensación a reactivar indiscriminadamente obligaciones inactivas por el transcurso del tiempo.

En efecto, permitir que una deuda contraída el año 2015, sin gestión de cobro por más de diez años, sea reincorporada al descuento por planilla desnaturaliza la finalidad tutelar y excepcional que el legislador confirió al mecanismo de deducción directa de remuneraciones.

En el mismo sentido, por tratarse de una vía excepcional de cobro, la prerrogativa contemplada en el artículo 22 antes transcrito debe interpretarse restrictivamente, de manera que la caja acreedora no puede ejercer la facultad de descuento directo sobre la remuneración del deudor respecto de créditos de una antigüedad como la del presente caso, morosos prácticamente desde su origen, sin que ello importe una alteración arbitraria de la situación patrimonial del trabajador.

Así las cosas, se concluye que la vía utilizada por las recurridas excede el beneficio de la norma, sustituyendo la discusión sobre la vigencia y exigibilidad de la deuda por una vía administrativa unilateral.

12°.- Que, por consiguiente, el acto impugnado, debe calificarse como arbitrario, por constituir el ejercicio de una facultad legal desviada de su finalidad y contexto propios, al pretender hacer revivir por una vía expedita una obligación morosa de larga data, y también como ilegal, en cuanto excede los márgenes de la habilitación conferida por el artículo 22 de la Ley N°18.833, norma que, como se ha razonado, no faculta a la Caja acreedora para ejercer la potestad de descuento directo sobre la remuneración del deudor respecto de créditos de una antigüedad como la del presente caso.

13°.- Que, en tales circunstancias, el actuar de las recurridas ha afectado el derecho de propiedad del recurrente sobre las remuneraciones devengadas, garantizado por el artículo 19 N°24 de la Constitución Política de la República, por cuanto se ha privado a don nombre reservado de una parte de su remuneración mensual sin que exista un procedimiento previo que garantice su derecho a comparecer y a oponer las defensas que estimare pertinentes, entre ellas, la eventual prescripción de la obligación.

14°.- Que, a mayor abundamiento, cabe tener presente que la Excma. Corte Suprema se ha pronunciado en el mismo sentido, señalando: “Que, la normativa supone el ejercicio oportuno de esta facultad de cobro, y es por lo que, resulta relevante analizar las circunstancias en que se verifica el descuento.

Así, en los casos de incumplimiento por parte del deudor y en que la respectiva Caja de Compensación inició el cobro judicial de la deuda o, en los casos en ya se ha declarado la prescripción de la misma o, en los que han pasado más de cinco años en que no se ha realizado gestión alguna para el cobro, se considera que acudir al mecanismo especial contemplado en el artículo 22 de la ley N°18.833 resulta arbitrario, porque evidentemente se soslayan los procedimientos jurisdiccionales iniciados por la acreedora, transformándose el cobro por esta vía especial en una especie de autotutela o bien, las circunstancias fácticas en las que operó el crédito ya no son las mismas por lo que la respectiva cobranza debe zanjarse en sede jurisdiccional.” (SCS, seis de noviembre de dos mil veinticinco, Rol N°17.433-2025).

Por estas consideraciones y de conformidad, además, con lo previsto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre Tramitación del Recurso de Protección de Garantías Constitucionales, se acoge, sin costas, el recurso de protección interpuesto por doña nombre reservado, en representación de don nombre reservado, en contra de la Caja de Compensación de Asignación Familiar Los Andes y Caja de Compensación de Asignación Familiar Los Héroes, debiendo ambas abstenerse de continuar obteniendo el pago del crédito social otorgado al actor el año 2015, operación N°102535082, vía descuentos de sus remuneraciones.

Asimismo, la Caja de Compensación de Asignación Familiar Los Héroes deberá proceder a la devolución de los montos indebidamente descontados de su liquidación, a partir del mes de mayo de 2026 en adelante.

Lo anterior, sin perjuicio del derecho de la acreedora a perseguir la satisfacción de la obligación, por la vía jurisdiccional pertinente.

En su oportunidad, dese cumplimiento al numeral 14 del Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre tramitación y fallo del Recurso de Protección.

Regístrese y, hecho, archívese.

Redacción a cargo de la ministra Erica Pezoa Gallegos.

Rol N°558-2026 Protección.