nombre reservado con BANCO DEL ESTADO D E CHILE

Chillán, veintiséis de agosto de dos mil veinticinco Vistos:

1°.- Que, comparece el abogado Diego Figueroa Rivera, quien interpone recurso de protección en favor de doña nombre reservado, en contra del Banco del Estado de Chile, representado por don nombre reservado, por hechos que estima vulneratorios de derechos fundamentales.

Indica el recurrente que con fecha 16 de abril de 2025, su representada fue víctima de fraude bancario en su cuenta corriente, situación que fue advertida el 18 de abril del mismo año mediante notificaciones de operaciones no autorizadas. Ese mismo día, doña nombre reservado informó al banco, el cual restituyó los fondos y bloqueó sus productos bancarios.

Sostiene además que, con fecha 23 de mayo de 2025, recibió el estado de cuenta de su tarjeta de crédito terminada en 4368, donde detectó cargos desconocidos por compras internacionales en “Puprime.com” por un total de 1000 dólares, realizadas el 16 de abril de 2025 por terceros sin su autorización. Expresa que el banco traspasó dicha deuda a su tarjeta nacional, aplicando intereses e impuestos.

Argumenta el abogado que su representada no recibió notificaciones sobre estas transacciones en su tarjeta de crédito, sino únicamente respecto de las operaciones en su cuenta corriente, por lo que tomó conocimiento del segundo fraude recién el 23 de mayo de 2025.

Señala el recurrente que el 28 de mayo de 2025, doña nombre reservado informó telefónicamente al banco sobre el nuevo fraude y estampó denuncia en Carabineros. Asimismo, ese mismo día envió correo electrónico al banco con todos los antecedentes exigidos por la Ley 20.009: cédula de identidad, parte policial, declaración jurada y estado de cuenta.

Manifiesta que, pese a haber cumplido con todos los requisitos legales, el banco impuso reiteradas solicitudes de subsanación, generando obstáculos irrazonables que, según el recurrente, tenían como propósito malicioso hacer que su representada quedara fuera del plazo legal para solicitar la cancelación de los cargos.

Expresa que, finalmente, con fecha 12 de junio de 2025, el banco rechazó la solicitud de cancelación por haber sido presentada fuera de plazo, lo que el abogado califica como una actuación abusiva y arbitraria.

Argumenta el abogado que, conforme al artículo 4 de la Ley 20.009, el usuario debe reclamar al emisor dentro de treinta días hábiles desde el aviso. Señala que dicho aviso fue realizado el 28 de mayo de 2025, por lo que el plazo vencía el 10 de julio de 2025, mientras que doña nombre reservado efectuó el reclamo el 29 de mayo de 2025, encontrándose dentro del término legal.

Asimismo sostiene que, incluso si se computara el plazo desde el 18 de abril de 2025 —fecha en que se informó el primer fraude— el reclamo seguiría siendo oportuno, ya que el plazo vencería el 3 de junio de 2025, y su representada lo presentó el 29 de mayo de 2025.

Manifiesta que la negativa del banco vulnera el artículo 19 Nº2 de la Constitución Política de la República, que consagra la igualdad ante la ley, toda vez que en otros casos similares la entidad sí ha procedido a cancelar cargos fraudulentos, lo que evidencia una diferencia arbitraria en el trato.

Indica el recurrente que también se infringe el artículo 19 Nº24 de la Constitución, relativo al derecho de propiedad, ya que, al negarse a cancelar el cargo fraudulento, el banco afecta el patrimonio de doña nombre reservado sin fundamento legal.

Argumenta que la Ley 20.009 regula la responsabilidad en casos de fraude en tarjetas de pago, y que su representada cumplió con todos los requisitos establecidos en dicha normativa, incluyendo el aviso oportuno y la entrega de antecedentes.

Sostiene que, conforme al artículo 5 de la ley mencionada, el emisor debe cancelar los cargos reclamados dentro de diez días hábiles desde el reclamo, siempre que el monto esté dentro del umbral legal. En este caso, el banco incumplió dicha obligación, a pesar de que doña nombre reservado actuó conforme al protocolo exigido.

Finalmente solicita que se tenga por interpuesto el recurso de protección, se admita a tramitación y se ordene al banco recurrido dar cumplimiento al artículo 5 de la Ley 20.009, efectuando la cancelación íntegra del cargo fraudulento, con expresa condena en costas.

2°.- Que, informa el abogado Eduardo Peñafiel Peña, en representación del Banco del Estado de Chile, solicitando el rechazo del recurso de protección interpuesto por doña nombre reservado, por las razones que expone.

Indica que la recurrente afirma haber sido víctima de fraude bancario el 16 de abril de 2025, tomando conocimiento el 18 de abril del mismo año, fecha en que notificó al banco, el cual restituyó los fondos y bloqueó sus productos. Sostiene que el 23 de mayo de 2025, la recurrente recibió el estado de cuenta de su tarjeta de crédito, detectando cargos desconocidos por compras internacionales por un total de 1000 dólares, cuya deuda fue traspasada a moneda nacional con intereses e impuestos.

Expresa que el 28 de mayo de 2025, la recurrente informó telefónicamente del segundo fraude y denunció los hechos ante Carabineros. Posteriormente, el 12 de junio de 2025, el banco rechazó su solicitud de restitución de fondos, invocando la Ley 20.009.

Argumenta el abogado que el recurso fue interpuesto el 8 de julio de 2025, pero previamente la recurrente presentó acciones similares ante las Cortes de Valparaíso (Rol 3520-2025), Temuco (Rol 2650-2025) y Copiapó (Rol 289-2025), todas basadas en los mismos hechos y fundamentos, siendo declaradas inadmisibles o desistidas.

Sostiene que en cada recurso se fijó un domicilio distinto, lo que evidencia una estrategia para extender artificialmente el plazo legal. Añade que, al momento de interponer el recurso ante la Corte de Chillán, aún estaba vigente el presentado en Copiapó.

Indica que el fraude fue conocido por la recurrente el 23 de mayo de 2025, por lo que el plazo de 30 días para interponer el recurso ya estaba vencido al 8 de julio de 2025, fecha en que se presentó la acción ante este tribunal, pero ya fuera de plazo respecto de las acciones anteriores. Afirma que el cómputo del plazo no puede iniciarse desde la carta de rechazo del 12 de junio, sino desde el conocimiento del fraude, según lo establece el Auto Acordado sobre Tramitación del Recurso de Protección.

Manifiesta el abogado que no existe arbitrariedad ni ilegalidad en la conducta del Banco del Estado, requisito indispensable para la procedencia del recurso de protección. Cita jurisprudencia de la Corte Suprema que exige que la afectación de derechos fundamentales sea evidente y vinculada directamente a un acto u omisión arbitrario o ilegal, lo que no ocurre en la especie.

Relata que el recurso de protección requiere la existencia de un derecho indubitado y preexistente, lo que tampoco se verifica en este caso, ya que los hechos y derechos invocados son materia de prueba y discusión, propios de un procedimiento declarativo. Cita sentencias de la Corte Suprema que refuerzan esta exigencia, indicando que el recurso no puede utilizarse para declarar derechos discutidos o controvertidos.

Expresa que la controversia planteada excede la naturaleza cautelar del recurso de protección, siendo inapropiado para resolver conflictos contractuales o patrimoniales que requieren análisis técnico y probatorio. Señala que la jurisprudencia ha sido consistente en rechazar el uso del recurso de protección como vía para resolver disputas derivadas de contratos válidamente celebrados.

Indica que la Ley 20.009 contempla un procedimiento especial para reclamar cargos no reconocidos, el cual debe ser agotado ante la institución financiera, con posibilidad de recurrir al SERNAC o a tribunales civiles o penales. Añade que también existe la vía penal para denunciar fraudes bancarios, siendo esta la instancia idónea para investigar y sancionar los hechos denunciados.

Sostiene que los hechos descritos por la recurrente implican cuestiones de hecho que exceden los márgenes de aplicación del recurso de protección, por lo que este no constituye la vía adecuada para resolver el conflicto.

El abogado del Banco del Estado reitera que no existe vulneración de garantías constitucionales, ya que la recurrente no ha demostrado la existencia de un acto ilegal o arbitrario que justifique la intervención de la jurisdicción de protección. Señala que el banco actuó conforme a la normativa vigente y a los protocolos establecidos para la seguridad de las operaciones bancarias.

Argumenta que la recurrente no ha acreditado que el Banco haya incurrido en una omisión o acción que infrinja la legalidad o que carezca de razonabilidad, elementos esenciales para configurar la arbitrariedad. Añade que la institución financiera ha cumplido con los procedimientos internos de revisión y respuesta frente a reclamos por operaciones no reconocidas.

Señala que la recurrente no ha agotado los mecanismos administrativos ni judiciales previstos en la Ley 20.009, lo que impide activar la tutela constitucional. Cita jurisprudencia que establece que el recurso de protección no puede sustituir los procedimientos ordinarios ni ser utilizado como instancia principal para resolver conflictos contractuales.

Sostiene que la pretensión de la recurrente se funda en hechos que requieren prueba y discusión, como la existencia de fraude, la responsabilidad del banco y la procedencia de la restitución de fondos, materias que deben ser ventiladas en sede civil o penal, no en un procedimiento cautelar como el recurso de protección.

Solicita, en consecuencia, el rechazo del recurso en todas sus partes, por no concurrir los requisitos legales ni constitucionales para su procedencia.

3º.- Que para analizar el asunto planteado por la presente vía, resulta conveniente consignar que el recurso de Protección de Garantías Constitucionales, establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye jurídicamente una acción, destinada a amparar el legítimo ejercicio de las garantías y derechos preexistentes que en esa misma disposición se enumeran, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben tomar ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que prive, perturbe o amenace ese atributo.

4º.- Que, como se desprende de lo señalado precedentemente, es requisito indispensable de la acción de protección, la existencia de un acto u omisión ilegal, esto es, contrario a la ley, o arbitrario, producto del mero capricho de quién incurre en él, y que provoque algunas de las situaciones o efectos que se han indicado, afectando a una o más de las garantías -preexistentes- protegidas, consideración ésta que resulta básica para el examen y la decisión de cualquier recurso como el que se ha interpuesto.

5º.- Que, cabe reflexionar, a la luz de lo recién expuesto, que esta acción de cautela de derechos constitucionales constituye una vía destinada a dar protección respecto de garantías cuya existencia se encuentre indubitada.

6°.- Que, en cuanto a la excepción de extemporaneidad del recurso opuesta por la recurrida, aquella no podrá ser acogida, por cuanto en la especie se verifica que la afectación alegada por la recurrente se configura a partir de la respuesta formal emitida por el Banco del Estado con fecha 12 de junio de 2025, mediante la cual se rechaza expresamente la solicitud de restitución de fondos por operaciones no reconocidas. Dicha comunicación constituye el acto terminal del procedimiento interno de revisión, y por tanto, marca el momento en que la recurrente toma conocimiento cierto del rechazo definitivo de su pretensión. En consecuencia, el cómputo del plazo de treinta días previsto en el Auto Acordado sobre tramitación del recurso de protección se encontraba vigente al momento de interponerse, por lo que se rechazará la extemporaneidad alegada.

7°.- Que, entrando derechamente al recurso, tal como ha sido resuelto por las Cortes de Apelaciones de Valparaíso (Rol 3520-2025), Temuco (Rol 2650-2025) y Copiapó (Rol 289-2025), los hechos descritos por la recurrente —relativos a operaciones bancarias no reconocidas y la negativa del banco a restituir los fondos— pueden ser ventilados a través de los procedimientos ordinarios establecidos en nuestro ordenamiento jurídico. En efecto, se trata de derechos dubitados, cuya existencia, extensión y titularidad requieren de una calificación jurídica que excede el marco sumario y excepcional del recurso de protección. Por otra parte, la Ley N° 20.009 contempla expresamente un procedimiento especial para que los usuarios de productos financieros puedan reclamar la cancelación de cargos no reconocidos en sus medios de pago, el cual debe ser agotado ante la propia institución financiera. Además, el afectado puede recurrir ante el Servicio Nacional del Consumidor (SERNAC) o ejercer las acciones que correspondan ante los tribunales civiles o penales. Por último, la legislación vigente contempla la posibilidad de presentar denuncias por eventuales delitos informáticos o fraudes bancarios ante el Ministerio Público, siendo esta la vía idónea para investigar y sancionar hechos que puedan constituir delito.

En este contexto antes señalado, y tal como indican los fallos citados, el recurso de protección no puede convertirse en una instancia paralela o sustitutiva de los procedimientos especialmente establecidos por el legislador para conocer y resolver conflictos que, como el presente, requieren un análisis exhaustivo de antecedentes contractuales, comerciales y técnicos, ajenos a la naturaleza urgente y cautelar de esta acción constitucional.

8°.- Que, conforme a lo razonado precedentemente, esta Corte estima que no se está frente a derechos indubitados, sino controvertidos, cuya existencia y alcance requieren ser determinados en el juicio de fondo correspondiente. Por ello y tal como se reiteró, la acción constitucional de protección tiene por objeto cautelar el legítimo ejercicio de derechos fundamentales que se encuentren claramente establecidos, no discutidos ni sujetos a prueba. En la especie, la pretensión de la recurrente se funda en hechos que han sido controvertidos por la parte recurrida, como lo son la oportunidad del reclamo, el cumplimiento de los requisitos legales establecidos en la Ley N° 20.009, y la existencia de un acto arbitrario o ilegal por parte del banco. Tales materias requieren de una actividad probatoria que excede el marco procesal del recurso de protección, el cual no constituye una instancia declarativa de derechos, sino una herramienta excepcional para restablecer el imperio del derecho cuando este ha sido perturbado en su ejercicio legítimo. La existencia de un procedimiento especial regulado por la Ley N° 20.009, que contempla etapas administrativas y jurisdiccionales específicas, refuerza la improcedencia del presente arbitrio, toda vez que dicho procedimiento permite al afectado ejercer sus derechos con plenitud. En consecuencia, no se configura el presupuesto esencial de esta acción cautelar, cual es la existencia de un derecho constitucional indubitado que haya sido vulnerado por un acto u omisión arbitrario o ilegal.

9°.- Que, en consecuencia, no concurriendo derechos indubitados, existiendo un procedimiento especial para regular la controversia planteada, y pudiendo ejercerse además otras acciones jurisdiccionales tanto civiles como penales para resolver la controversia, la presente acción constitucional no podrá prosperar Por estas consideraciones y atendido, además, lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre tramitación y fallo del recurso de protección, SE RECHAZA, sin costas, el recurso de protección interpuesto por el abogado Diego Figueroa Rivera, en representación de doña nombre reservado en contra del Banco del Estado de Chile.

Notifíquese.

En su oportunidad, dese cumplimiento al numeral 14 del Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre tramitación y fallo del Recurso de Protección.

Regístrese y, hecho, archívese.

Redacción a cargo del Abogado Integrante señor Fabián Huepe Artigas.

R.I.C. N°555-2025 -PROTECCIÓN.