nombre reservado con BANCO ITAU CORPBANCA

Chillán, cinco de junio de dos mil diecinueve.

Visto:

1°.- Que, comparece doña nombre reservado, Estudiante de Derecho, quien deduce recurso de protección en favor de nombre reservado y en contra de BANCO ITAÚ CORPBANCA.

Para fundamentar su recurso indica que nombre reservado, mantendría presuntamente una deuda con Banco ITAÚ CORPBANCA, en adelante e indistintamente Banco ITAÚ y que éste ha sido expuesto a un acoso tanto a través de llamados telefónicos constantes y reiterados a todas horas del día, mensajes de texto y correos electrónicos compeliéndolo a pagar el total de esa presunta deuda, ofreciéndolas y/o obligándolo a tomar formas de pago que resultan bastante onerosas, o simplemente le dicen que concurra a las oficinas para normalizar su deuda. El acoso se ha sostenido por lo menos a contar del día 05 de Abril del año 2019, y ha ido acrecentándose con el tiempo, con lo cual se cumple el requisito de plazo exigido por el auto acordado de la Excma. Corte Suprema.

Agrega que la empresa que trabaja en los créditos del Banco Itau, entre otras instituciones, mediante llamadas telefónicas, mensajes de texto, y correos electrónicos, insisten en llamarle y cobrarle deudas, recibiendo innumerables llamadas diariamente, lo que le perjudica sicológicamente a tanto al señor nombre reservado como a su familia cuando escucha o ve en la pantalla que le están llamando de cobranzas o enviando mensajes de whatsapp o correos electrónicos, inclusive en su trabajo. Incluso lo llaman en sábados y domingos, lo que es intolerable y traspasa cualquier racionalidad material o jurídica. Agrega que su representado ya no contesta las llamadas, arrojando como perdidas, pero que, a través de una aplicación, se pueden detectar el origen de las llamadas.

Por otra parte, el recurrente señala que al parecer Banco Itaú tiene un computador de llamadas ya que todos los números que lo han contactado son distintos y al tratar de comunicarse con ellos nadie responde.

Estima que, con la actitud antes descrita, los derechos consagrados constitucionalmente del afectado se han visto más que vulnerados, en lo tocante a su integridad psíquica, ya que, al ser llamado insistentemente para hacer pago de una deuda existente, en cualquier horario, lo ha perjudicado económica y mentalmente ya que se encuentra bajo la presión, todo lo anterior perjudicando el diario vivir de su representado y de su familia.

Finaliza solicitando que en mérito de los antecedentes expuestos, y de acuerdo con lo establecido en la Ley N° 19.496, artículo 19 N° 1 y 20 de la Constitución Política de la República, y demás disposiciones legales y constitucionales pertinentes esta Corte tenga por interpuesto recurso de protección en favor de su representado y, en contra del recurrido BANCO ITAÚ CORPBANCA S.A., para terminar con el constante acoso telefónico y toda forma de comunicación que ha sido objeto el recurrente para pagar una obligación adeudada, lo que ha vulnerado gravemente su salud psíquica y tranquilidad personal, con expresa condenación en costas.

2°.- Que informando el presente recurso, comparece don nombre reservado, por ITAÚ CORPBANCA, refiere en primer término que aún cuando en el recurso no se reconoce expresamente, don nombre reservado, es deudor de Itau Corpbanca, encontrándose en mora en el pago de sus obligaciones, segùn informe de deudas que acompaña. Especial relevancia para este caso la tiene el crédito Nro 0425593, el que se encuentra en mora a contar del 01 de Abril de 2019, adeudándose un saldo de capital de $6.661.011, más intereses. Ello sin perjuicio de los otros créditos que ingresaron a cartera vencida en enero de 2019.

Agrega que su representada en legítimo ejercicio de sus derechos como acreedor del Señor nombre reservado, encomendó la cobranza extrajudicial de su acreencia a la empresa Recsa, quien tal como se deja establecido en el recurso habría sido quien efectuó las llamadas telefónicas por las que el recurrente se sintió perturbado o afectado.

Estima que queda claro que Itaú Corpbanca no ha cometido acto arbitrario o ilegal alguno que pueda ser enmendado a través del presente recurso, toda vez que siendo acreedor de una obligación morosa encomendó en primera instancia y como primera medida para tratar de recuperar su acreencia sin necesidad de demandar al deudor, ofreciéndole con ello una posibilidad solucionar su morosidad, su cobranza extrajudicial a RECSA, conocida empresa del rubro de cobranzas, la cual sin dudas debe enmarcar su accionar en las normas legales que rigen la materia; especialmente la ley 19.496; y así siempre lo ha hecho.

Agrega que la única acción del Banco Itaú Corpbanca en el presente caso fue encomendar el cobro judicial de su acreencia a Recsa y en ello no constituye actuación ilegal o arbitraria alguna que pueda dar margen para acoger el recurso.

Expresa que haciendo las averiguaciones pertinentes respecto de la cobranza extrajudicial encomendada a Recsa, ha podido establecer que tal empresa no ha incurrido en ninguna arbitrariedad o ilegalidad en el ejercicio de las actuaciones de cobranza extrajudicial, no realizando acto alguno tendiente a vulnerar una garantía constitucional, menos aún la del artículo 19 Nro 1 de la Constitución. La cobranza se realizó apegada a las normas que contempla la ley 19496, en los días y dentro de los horarios permitidos, por lo que controvierte expresamente las aseveraciones de la recurrente al respecto.

Añade que hay que tener en consideración que la regla general es que la cobranza extrajudicial sea plenamente valida y lícita, por lo que quien alega su ilegalidad debe demostrar que en el caso concreto quien realiza dicha gestión ha ejecutado actos o conductas prohibidas por la ley, lo que sin dudas no ocurre en el caso de autos. En la especie, se ha logrado determinar que Recsa, no Itaú Corpbanca, entre el 08 de Abril de 2019 y el 07 de Mayo de 2019, efectuó 14 llamadas al teléfono celular del deudor, en casi todas las cuales prácticamente no se pudo establecer conversación ya que éste cortó las llamadas, todo lo cual consta de los audios que se acompañan y del informe de casos reportados que también se acompaña.

Estima que las gestiones de cobranza extrajudicial que realizó Recsa, no fueron de la entidad y naturaleza que señala la recurrente, como para producir la afectación del derecho alegado. Tampoco se hicieron fuera del marco legal, sino que solo se limitó a intentar el cobro o solución de la deuda del recurrente para con Itaú Corpbanca, lo que resulta absolutamente legítimo frente a un deudor moroso. Hay que tener presente que las llamadas de cobro extrajudicial están destinadas principalmente a acercar posiciones con el deudor, a fin de renegociar su morosidad, pudiendo efectuarse diversas ofertas a fin de que se regularice su situación crediticia, buscando obtener un acuerdo de pago con el deudor dentro del marco de la autonomía de la voluntad de las partes, lo que se encuadra en el marco normativo de la ley 19.496. Sin embargo, el deudor sin dudas sin ánimo o intención de pagar sus obligaciones, cortó las llamadas, para luego con una susceptibilidad exagerada sentirse vulnerado en sus derechos, interponiendo esta infundada acción constitucional.

Señala que en el presente caso no ha existido por parte de su representado ni de Recsa, un acto ilegal o arbitrario que amenace la integridad física o psíquica del recurrente ni su vida privada, toda vez que:

a)

No resulta arbitrario intentar el cobro extrajudicial de una obligación real y vigente, toda vez que el ordenamiento jurídico así lo permite.

b)

No existe ilegalidad en las llamadas telefónicas, ya que se ha cumplido con la normativa que regula la cobranza extrajudicial de créditos morosos.

c)

No ha habido amenaza a la integridad psíquica del recurrente, toda vez que la cobranza extrajudicial se ha efectuado dentro del marco normativo respectivo.

d)

No se ha acreditado de manera alguna los actos ilegales o arbitrarios en que se funda el recurso.

Por lo anteriormente expuesto, estima que no se cumplen en el presente caso los requisitos establecidos en la Constitución Política para que opere la acción de protección, siendo además infundado, razón por la cual corresponde que el presente recurso sea rechazado en todas sus partes con expresa condena en costas.

Luego de citar jurisprudencia, finaliza solicitando que en mérito de lo expuesto, esta Corte tenga por evacuado el informe ordenado en autos, y en virtud de los antecedentes de hecho y de derecho expuestos, se sirva rechazar en todas sus partes el recurso de protección deducido en contra del Banco Itaú Corpbanca, con expresa condena en costas.

3°.- Que, para analizar el asunto planteado por la presente vía, resulta conveniente consignar que el recurso de Protección de Garantías Constitucionales, establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye jurídicamente una acción, destinada a amparar el legítimo ejercicio de las garantías y derechos preexistentes que en esa misma disposición se enumeran, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben tomar ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que priva, o amenace ese atributo.

4°.- Que, como se desprende de lo señalado precedentemente, es requisito indispensable de la acción de protección, la existencia de un acto u omisión ilegal, esto es, contrario a la ley, o arbitrario, producto del mero capricho de quién incurre en él, y que provoque algunas de las situaciones o efectos que se han indicado, afectando a una o más de las garantías -preexistentes- protegidas, consideración que resulta básica para el examen y la decisión de cualquier recurso como el que se ha interpuesto.

5°.- Que, cabe reflexionar, a la luz de lo recién expuesto, que ésta acción de cautela de derechos constitucionales constituye una vía destinada a dar protección respecto de garantías cuya existencia se encuentren indubitadas.

6°.- Que, en relación a la presunta ilegalidad se debe considerar que la Ley 19.496, denominada “ De Protección a los Derechos de los Consumidores”, se refiere en su artículo 37 a la cobranza extrajudicial en los siguientes términos: “Las actuaciones de cobranza extrajudicial no podrán considerar el envío al consumidor de documentos que aparenten ser escritos judiciales; comunicaciones a terceros ajenos a la obligación en las que se dé cuenta de la morosidad; visitas o llamados telefónicos a la morada del deudor durante días y horas que no sean los que declara hábiles el artículo 59 del Código de Procedimiento Civil, y, en general, conductas que afecten la privacidad del hogar, la convivencia normal de sus miembros ni la situación laboral del deudor.”

7°.- Que, a la luz de la norma transcrita se puede apreciar que la denominada cobranza extrajudicial, es una gestión de cobro lícita a menos que el acreedor que hace uso de ese sistema de cobro infrinja alguna de las prohibiciones que la misma ley señal.

8°.- Que, de esta manera, si la regla general es que la cobranza extrajudicial sea plenamente válida, quién alegue su ilegalidad deberá demostrar que en el caso concreto, quien está realizando dicha gestión, ha ejecutado conductas prohibidas por la ley, lo que no ocurre en el caso de autos pues no existe prueba alguna al respecto.

9°.- Que, al escuchar los registros de audio de las 14 llamadas que se le hicieran al recurrente entre los días 08 de Abril y 07 de Mayo de 2019, consta que no hubo infracción a la norma transcrita ni al artículo 59 del Código de Procedimiento Civil, razón por la cual la presente acción constitucional necesariamente ha de ser rechazada.

10°.- Que, sin perjuicio de lo anterior, ha de considerarse que el precepto del artículo 37 de la Ley 19.496, sobre Protección de los Derechos de los Consumidores, se enmarca dentro del párrafo sobre crédito al consumidor, estableciéndose en la misma normativa un procedimiento para la aplicación de ella en caso en que estén comprometidos intereses individuales, consignándose al efecto Tribunal competente, aplicabilidad de la Ley 18.287, y subsidiariamente al Código de Procedimiento Civil. Se contempla en las disposiciones aludidas que la infracción a ellas importa la comisión de un ilícito administrativo que debe sancionarse con multa de hasta 50 Unidades Tributarias Mensuales, lo que deja en evidencia que existe un procedimiento al cual recurrir, de carácter contradictorio que permite dilucidar si se ha o no incurrido en el tipo infraccional del artículo 37, no constituyendo en consecuencia el presente arbitrio el mecanismo idóneo para conocer y resolver la materia propuesta.

Por estas consideraciones y de conformidad, además, con lo previsto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre Tramitación del Recurso de Protección de Garantías Constitucionales, se rechaza, sin costas, el recurso de protección interpuesto por nombre reservado, Estudiante de Derecho, en favor de nombre reservado y en contra de BANCO ITAÚ CORPBANCA.

En su oportunidad, dese cumplimiento al numeral 14 del Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre tramitación y fallo del Recurso de Protección, regístrese y, hecho, archívese.

Redacción del Abogado Integrante don Eduardo Peñafiel Peña.

ROL 555-2019 - PROTECCIÓN