Recurso de protección

Chillán, nueve de octubre dos mil veinticinco.

Visto: 1°.- Que comparece don Camilo Sebastián Bravo Riquelme, abogado, en representación de don nombre reservado, chofer profesional, domiciliado en domicilio reservado, e interpone recurso de protección en contra de doña nombre reservado, domiciliada en domicilio reservado, por haber incurrido en actos ilegales y arbitrarios que han vulnerado los derechos fundamentales de su representado.

Expone que, su patrocinado es una persona trabajadora, sin antecedentes penales, actualmente sometido a investigación penal en la causa RIT O-533-2025 del Juzgado de Garantía de Yungay, que goza del principio de inocencia. Señala que con fecha 7 de julio de 2025, la recurrida, bajo el nombre de usuario “nombre reservado” en la red social Facebook, publicó en forma abierta al público fotografías del recurrente, su nombre y comentarios injuriosos, imputándole directamente delitos de carácter sexual que aún se encuentran en etapa de investigación, así como el acta de audiencia de formalización. Dicha publicación constituyó una “funa” pública, alentando el repudio de terceros contra su persona y su familia.

Manifiesta que la recurrida profirió expresiones ofensivas como: “después de un año al fin se está haciendo justicia con este bastardo… ahora estás encerradito en tu casa con arresto nocturno, en unos meses más en la cárcel”, “vas a pagar el daño que le hiciste a tu hija, las niñas no se tocan, bastardo”, y otras de similar tenor, que le provocan un grave menoscabo a su honra y dignidad personal. Asegura que incluso en los comentarios anexos a la publicación se repitieron imputaciones falsas, como que el recurrente incumplía las medidas cautelares decretadas judicialmente, lo que es absolutamente falso. Añade que, al exponer imágenes, datos personales y antecedentes de una investigación en curso, la recurrida provocó un clima de hostigamiento que derivó en insultos y amenazas dirigidas a su familia por parte de terceros, con consecuencias severas para su integridad psíquica.

Sostiene que estos actos de la recurrida constituyen una autotutela contraria al ordenamiento jurídico, en cuanto se ha pretendido atribuir responsabilidad y sancionar públicamente a una persona no condenada por sentencia firme, desbordando los límites de la libertad de expresión. Añade que la afectación a la honra y privacidad del recurrente es permanente, puesto que las publicaciones se mantienen disponibles en internet y accesibles para cualquier usuario de redes sociales, amplificando el daño.

Sostiene que el actuar de la recurrida ha vulnerado las garantías constitucionales consagradas en el artículo 19 N°1 (derecho a la integridad psíquica), N° 3 (igual protección de la ley en el ejercicio de los derechos y proscripción de juzgamiento por comisiones especiales), y N°4 (respeto y protección de la vida privada y honra de la persona y su familia, y protección de sus datos personales), todas ellas amparadas por el artículo 20 de la Constitución Política de la República. Cita jurisprudencia de los Tribunales Superiores de Justicia, en particular los fallos de la Corte de Apelaciones de San Miguel, Rol 1231-2015, confirmado por la Corte Suprema Rol 2.536-2016, y de la Corte Suprema Rol 2.682-2019, que han considerado que las “funas” realizadas mediante redes sociales constituyen actos ilegales y arbitrarios que lesionan la honra y el buen nombre de las personas, imponiendo medidas para el restablecimiento del derecho vulnerado.

Destaca, asimismo, las normas de la Ley N° 19.628 sobre protección de datos personales, que exigen consentimiento expreso para el tratamiento y difusión de datos, así como las propias políticas de uso de la red social Facebook que prohíben la publicación de contenidos que lesionen los derechos de terceros.

Sostiene que la recurrida infringió todas estas normas, generando un daño psicológico profundo al recurrente y a su familia, y socavando su reputación ante la comunidad.

El letrado finaliza su presentación solicitando que esta Corte acoja el recurso de protección y ordene la eliminación de las publicaciones en las cuentas de Facebook de la recurrida, que tengan por objeto denostar a su representado, y se le prohíba, en lo sucesivo la reiteración de estas conductas y las publicaciones injuriosas y/o calumniosas u otras que generen desprestigio, descrédito o afecten la honra del actor, todo con expresa condenación en costas. 2°- Que, por resolución de fecha veintitrés de septiembre del año en curso, se prescindió del informe de la recurrida, toda vez que no obstante encontrarse válidamente notificada, no evacuó el informe requerido. 3°.- Que, para analizar el asunto planteado por la presente vía, resulta conveniente consignar que el recurso de Protección de Garantías Constitucionales, establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye jurídicamente una acción, destinada a amparar el legítimo ejercicio de las garantías y derechos preexistentes que en esa misma disposición se enumeran, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben tomar ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que priva, o amenace ese atributo. 4°.- Que, es requisito indispensable de la acción de protección, la existencia de un acto u omisión ilegal, esto es, contrario a la ley, o arbitrario, producto del mero capricho de quién incurre en él, y que provoque algunas de las situaciones o efectos que se han indicado, afectando a una o más de las garantías - preexistentes- protegidas, consideración que resulta básica para el examen y la decisión de cualquier recurso como el que se ha interpuesto. 5°.- Que, cabe reflexionar, a la luz de lo recién expuesto, que esta acción de cautela de derechos constitucionales constituye una vía destinada a dar protección respecto de garantías cuya existencia se encuentre indubitada. 6°.- Que, analizados los antecedentes incorporados al recurso, conforme a las normas de la sana crítica, es posible dar por acreditados los hechos denunciados que fundan la acción constitucional.

En efecto, consta de las imágenes incorporadas al escrito del recurrente, las que no han sido objetadas por la recurrida -quien se ha mantenido rebelde-, que se han efectuado las publicaciones denunciadas en contra del actor, imputándole la comisión de ilícitos de índole sexual en contra de una persona menor de edad, incorporando incluso la copia del acta de la audiencia de formalización de investigación en la que se consignan los hechos atribuidos, en un procedimiento actualmente en tramitación. 7°.- Que el artículo 19 N°4 de la Constitución Política de la República garantiza el respeto y protección a la vida privada y a la honra de la persona y su familia.

Sobre el particular, conviene tener presente que, dentro del derecho a la honra, se encuentra consagrado también el derecho al buen nombre, consistente en el concepto que del individuo tienen los demás miembros de la sociedad en relación con su comportamiento, honestidad, decoro, calidades, condiciones humanas y profesionales, derecho personalísimo que puede verse afectado cuando -como en el caso de autos, se publican en una red social afirmaciones deshonrosas a su respecto, que distorsionan el concepto público que se tiene del individuo y que, por lo tanto, tienden a socavar el prestigio y la confianza de los que disfruta en el entorno social en cuyo medio actúa. 8°.- Que, por otra parte, si bien el artículo 20 de la Constitución Política de la República no menciona “el derecho a la imagen” entre las garantías susceptibles de ampararse a través del recurso de protección, no puede ignorarse que aquel constituye hoy un derecho fundamental de la persona que pertenece a los derechos de la personalidad y, como tal, queda inserto dentro de los derechos que reconoce el artículo 19 de la Carta Fundamental en sus numerales 4° y 24°.

Así, el derecho a la propia imagen ha sido entendido por la Excma. Corte Suprema como “Referido a una proyección física de la persona, que le imprime a ésta un sello de singularidad distintiva entre sus congéneres dentro del ámbito de la vida en sociedad y que, por consiguiente, constituye, junto con el nombre, un signo genuino de identificación de todo individuo” (C.S. Rol N° 2506-2009).

Ahora bien, en el derecho a la propia imagen se distinguen dos aspectos o dimensiones que interesan a la cuestión planteada: uno, de orden positivo, en virtud del cual, su titular se encuentra facultado para obtener, reproducir y publicar su propia imagen, adscribiéndola a cualquier objeto lícito; y otro, de carácter negativo, expresado en su derecho a impedir que terceros, sin su debida autorización, capten, reproduzcan o difundan esa imagen, cualquiera sea la finalidad tenida en consideración para ello.

En el presente caso se hace patente la dimensión negativa del derecho a la propia imagen, debido a que se encuentra establecido en autos con el mérito de los antecedentes acompañados, que la recurrida efectivamente realizó una publicación en la red social Facebook - sin autorización del afectado- acompañado de fotografías, atribuyendo al recurrente haber cometido un delito. 9°.- Que, por otro lado, el proceder de la recurrida no puede ser permitido en un Estado de Derecho, en que todas las imputaciones y expresiones que una persona efectúe en contra de otra y que se estimen constitutivas de delitos, deben plantearse y resolverse ante las instancias judiciales que corresponda y no por medio de publicaciones o “funas”, que van más allá de la mera crítica y sólo tienen por objeto perturbar la imagen y la honra del afectado.

En el sentido anotado, la existencia de un proceso penal en contra del recurrente, en que aún no se dicta sentencia condenatoria, no autoriza a la recurrida a efectuar actos de auto tutela como el que se denuncia, pues el ordenamiento jurídico contempla las herramientas pertinentes para perseguir las responsabilidades penales e imponer, en su caso, las medidas cautelares que sean procedentes, sin que resulte admisible la utilización de una red social para denostar a las personas, prescindiendo de la institucionalidad. 10°.- Que, conforme a lo que se viene razonando, la actuación de la recurrida configura un ejercicio abusivo de la libertad de expresión, la que constituye una perturbación del derecho a la honra del recurrente, consagrado en el N°4 del artículo 19 de la Constitución Política de la República, vulnerando además derechos de terceros mencionados en el acta publicada (entre ellos una menor de edad), razón por la que cabe acoger la presente acción cautelar, disponiéndose las medidas idóneas para restablecer el imperio del derecho y otorgar la debida protección al afectado.

Por estas consideraciones y atendido, además, lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre tramitación y fallo del recurso de protección, se acoge, sin costas, el interpuesto por el abogado don Camilo Sebastián Bravo Riquelme, en representación de don nombre reservado, en contra de doña nombre reservado, sólo en cuanto se le ordena eliminar de la plataforma de la red social Facebook toda publicación o imagen concerniente al afectado y abstenerse en lo sucesivo de realizar nuevas publicaciones en tal sentido, en dicha red social u otra.

En su oportunidad, dese cumplimiento al numeral 14 del Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre tramitación y fallo del Recurso de Protección.

Regístrese y, hecho, archívese.

Redacción a cargo de la Ministra señora Erica Pezoa Gallegos.

Rol 551-2025 Protección