nombre reservado con DIRECCION DEL TRABAJO

Chillán, doce de agosto de dos mil veinticinco Vistos:

1°.- Que, comparece la abogada Roxana Barrera Acuña, en representación de doña nombre reservado, quien interpone recurso de protección en contra de la Dirección del Trabajo, representada por su Director, don nombre reservado, fundado en hechos que, a juicio de la recurrente, configuran una actuación ilegal y arbitraria.

Expone que el día 16 de enero de 2025, el inspector del trabajo don nombre reservado se constituyó en un domicilio ubicado en Chillán, correspondiente a la casa de los padres fallecidos de la recurrente, siendo atendido por doña nombre reservado, quien fue calificada por el fiscalizador como trabajadora dependiente de la recurrente, sin que esta última hubiese sido notificada de dicha actuación. Indica que el inspector entregó a la señora nombre reservado una citación para presentarse el 25 de marzo de 2025 en la Inspección del Trabajo de Chillán, junto con documentación laboral relativa a la supuesta relación de trabajo.

Sostiene la recurrente que no fue notificada personalmente de dicha citación, y que posteriormente se dejó constancia de su inasistencia el día 28 de marzo de 2025, fecha distinta a la originalmente fijada. Expresa que, con fecha 16 de junio de 2025, fue notificada por correo electrónico de la resolución N°1087-25-20, mediante la cual se le impusieron diversas multas, cuyo detalle se acompaña en el formulario FI-5.

Argumenta que no reconoce vínculo laboral alguno con la señora nombre reservado, y que la calificación de dicha relación como laboral excede las competencias de la Dirección del Trabajo, correspondiendo exclusivamente a los tribunales de justicia determinar la existencia de una relación laboral. Asimismo, sostiene que la actuación del fiscalizador ha sido ilegal y arbitraria, al imponer sanciones sin haber sido oída ni notificada debidamente.

Indica la recurrente que la conducta de la Dirección del Trabajo se aparta de las atribuciones legales que le corresponden como órgano administrativo, incurriendo en actos que califica como ilegales y arbitrarios. Argumenta que se han vulnerado disposiciones específicas, como el artículo 1º del DFL Nº2 de 1967 y los artículos 505 y siguientes del Código del Trabajo, los cuales limitan las facultades de los inspectores del trabajo a la fiscalización e interpretación de la legislación laboral, sin que les corresponda calificar jurídicamente la existencia de una relación laboral.

Sostiene además que, al atribuirle un vínculo laboral con la señora nombre reservado y derivar de ello la imposición de multas, la Dirección del Trabajo ha actuado como si fuera un órgano jurisdiccional, infringiendo la garantía constitucional del artículo 19 Nº3 de la Constitución Política de la República. Expresa que dicha actuación amenaza también su derecho de propiedad, consagrado en el artículo 19 Nº24, al obligarla a efectuar pagos que afectan directamente su patrimonio.

Argumenta la abogada que, en virtud de lo anterior, corresponde que se adopten medidas urgentes para restablecer el imperio del derecho y proteger las garantías constitucionales vulneradas, conforme al artículo 20 de la Carta Fundamental.

En virtud de los antecedentes expuestos, expresa la recurrente que los actos del fiscalizador don nombre reservado, contenidos en las actas acompañadas, deben ser dejados sin efecto, por exceder las facultades legales de la Dirección del Trabajo y vulnerar garantías constitucionales esenciales.

En consecuencia, solicita que se tenga por interpuesto el presente recurso de protección, se ordene a la Dirección del Trabajo y a su Director, o a quien lo reemplace, informar en el plazo que esta Corte determine, y que se adopten todas las medidas necesarias para restablecer el imperio del derecho y proteger sus derechos fundamentales, con costas.

2°.- Que, informa el Inspector Provincial del Trabajo de Ñuble, don nombre reservado, en representación de la Inspección Provincial del Trabajo de Chillán, solicitando el rechazo del recurso de protección interpuesto, con costas, por estimar que no concurren los requisitos constitucionales para su procedencia.

En síntesis, indica que el recurso de protección no es la vía adecuada para impugnar resoluciones administrativas de multa, toda vez que el ordenamiento jurídico contempla mecanismos específicos como la reclamación judicial y la reconsideración administrativa, reguladas en los artículos 503, 511 y 512 del Código del Trabajo. Sostiene que utilizar esta acción constitucional como sustituto procesal desvirtúa el sistema legal vigente.

Cita jurisprudencia de las Cortes de Apelaciones de Chillán, Santiago y San Miguel, que han rechazado recursos similares por existir procedimientos ordinarios para impugnar sanciones administrativas. Argumenta que el recurso de protección exige la concurrencia copulativa de ciertos requisitos, como la existencia de un acto ilegal o arbitrario que afecte directamente una garantía constitucional, lo que no se verifica en el caso de autos.

Sostiene el recurrido que la resolución de multa impugnada fue dictada conforme a derecho, en ejercicio de las facultades conferidas por el artículo 505 del Código del Trabajo y el DFL Nº2 de 1967. Expresa que el acto administrativo no puede ser calificado como ilegal ni arbitrario, ya que fue fundado, razonado y basado en antecedentes recabados durante la fiscalización, lo que llevó a la aplicación de las infracciones que indica en contra de la reclamante. (No escriturar el contrato de trabajo; no llevar, para los efectos de controlar la asistencia y determinar las horas de trabajo ordinarias o extraordinarias, un registro de asistencia del personal; no entregar junto con el pago de las remuneraciones un comprobante con indicación del monto pagado, de la forma cómo se determinó y de las deducciones efectuadas; no declarar oportunamente las cotizaciones previsionales; no cumplir con la obligación de afiliación y cotización del seguro social obligatorio de accidentes del trabajo y enfermedades profesionales; no comparecer el empleador en forma personal o por intermedio de mandatario o apoderado con amplias facultades otorgadas por escrito, en concreto, la de transigir, sin causa justificada, a la inspección del trabajo).

Argumenta que la Dirección del Trabajo actuó dentro de su competencia legal, cumpliendo con el principio de legalidad consagrado en los artículos 6º y 7º de la Constitución. Añade que las infracciones constatadas —como la falta de contrato, registro de asistencia, comprobantes de pago y declaración de cotizaciones— fueron verificadas en terreno por el fiscalizador, quien entrevistó a la trabajadora y revisó documentación que acreditaba pagos mensuales desde mayo de 2022.

Indica que la recurrente fue citada formalmente y no se presentó ni justificó su ausencia, y que la negativa a reconocer vínculo laboral fue expresamente comunicada al fiscalizador. Sostiene que la resolución de multa responde al cumplimiento del mandato legal de fiscalizar y sancionar infracciones laborales, sin que ello implique vulneración de garantías constitucionales.

El recurrido afirma que no existe afectación alguna al derecho de propiedad consagrado en el artículo 19 Nº24 de la Constitución, ya que la sanción impuesta se encuentra plenamente respaldada por antecedentes de hecho y dictada conforme a la ley. Sostiene que el ejercicio del derecho de propiedad debe realizarse dentro del marco legal, y que no puede invocarse su vulneración cuando se ha incumplido la normativa laboral.

Asimismo, descarta que se haya amenazado el derecho a desarrollar actividades económicas o que se haya vulnerado el principio del non bis in idem. Expresa que la fiscalización se originó por denuncia de una trabajadora que alegó informalidad laboral y remuneración inferior al ingreso mínimo, lo que fue corroborado por el fiscalizador mediante entrevista, inspección en terreno y revisión de transferencias bancarias.

Finalmente, manifiesta que la resolución recurrida fue dictada en cumplimiento de las atribuciones legales de la Inspección del Trabajo, y que el recurso carece de objeto y causa, por lo que solicita su rechazo con costas.

3º.- Que para analizar el asunto planteado por la presente vía, resulta conveniente consignar que el recurso de Protección de Garantías Constitucionales, establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye jurídicamente una acción, destinada a amparar el legítimo ejercicio de las garantías y derechos preexistentes que en esa misma disposición se enumeran, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben tomar ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que prive, perturbe o amenace ese atributo.

4º.- Que, como se desprende de lo señalado precedentemente, es requisito indispensable de la acción de protección, la existencia de un acto u omisión ilegal, esto es, contrario a la ley, o arbitrario, producto del mero capricho de quién incurre en él, y que provoque algunas de las situaciones o efectos que se han indicado, afectando a una o más de las garantías -preexistentes- protegidas, consideración ésta que resulta básica para el examen y la decisión de cualquier recurso como el que se ha interpuesto.

5º.- Que, cabe reflexionar, a la luz de lo recién expuesto, que esta acción de cautela de derechos constitucionales constituye una vía destinada a dar protección respecto de garantías cuya existencia se encuentre indubitada.

6°.- Que, analizado el mérito de los antecedentes que constan en el recurso, de los cuales aparece que el asunto sometido a conocimiento de esta Corte guarda relación con la pretensión de la actora de que se deje sin efecto una resolución de multa cursada por la Inspección del Trabajo en el ejercicio de sus funciones, y teniendo presente que el ordenamiento jurídico contempla acciones específicas para conocer de la materia planteada en el recurso en concreto, todo ello según se dispone en los artículos 503, 511 y 512 del Código del Trabajo a través del reclamo judicial de multas laborales y reconsideraciones administrativas, se desprende que la acción constitucional de protección no es la vía idónea para conocer de los hechos objeto del presente recurso, consideración que conlleva necesariamente su rechazo.

En efecto, lo alegado por la abogada recurrente dice relación con la controversia y no reconocimiento de vínculo laboral de su representada con la persona fiscalizada, así como controvertir la calificación jurídica efectuada por la Dirección del Trabajo, cuestiones todas aquellas que implican que no se está ante derechos indubitados sino que controvertidos, los cuales corresponderían conocer en una reclamación o recurso administrativo, o bien en un juicio de fondo, en este último caso, mediante una reclamación judicial de multa laboral ante un Juez del Trabajo, en el cual se puedan argumentar por las partes involucradas lo que estimen conveniente a sus derechos, rendir la prueba pertinente en apoyo de sus pretensiones, y controvertir la calificación jurídica efectuada por la autoridad fiscalizadora; pero no realizar tales acciones mediante un recurso de protección, que solo procede como una herramienta cautelar extraordinaria de urgencia de protección de derechos fundamentales que aparezcan como indubitados, lo que no acontece en la especie.

7°.- Que adicionalmente, y en relación a la alegación de la recurrente en cuanto a que la calificación jurídica efectuada por el inspector de trabajo excedería las competencias de la Dirección del Trabajo, correspondiendo exclusivamente a los tribunales de justicia determinar la existencia de una relación laboral, cabe hacer presente que la jurisprudencia ha señalado que la autoridad administrativa puede calificar jurídicamente los hechos, siendo dicha calificación objeto de control de legalidad por parte de los tribunales de justicia en un juicio de fondo, de tal manera que si hay un error en tal calificación, aquel puede ser corregido jurídicamente en el control jurisdiccional, pero no a través de una vía excepcional como lo es un recurso de protección, según se ha dicho.

En efecto, se ha señalado que. “…el control de la legalidad de los actos administrativos por parte del juez, fundamental para el estado de derecho, consiste en examinar la legalidad de los mismos en relación con sus distintos elementos, a saber: forma, competencia, fin, objeto y motivos del acto, siendo el control en relación con los motivos el más característico del control jurisdiccional, pues se refiere al análisis de los hechos que fundamentan el acto administrativo. En relación a los motivos, el juez controla y verifica la existencia de aquellos que sirven de fundamento al acto, la calificación jurídica que de los mismos ha realizado la autoridad, cuando ella sea necesaria para su fundamento; y, eventualmente, la apreciación de los hechos, siendo esto último muy excepcional, puesto que por principio corresponde a la discrecionalidad administrativa. Es precisamente por ello que la calificación jurídica de los hechos no puede por si sola constituir una ilegalidad, ya que forma parte integrante de la actividad administrativa; pero el error en la misma puede y debe ser controlada por el juez, el que por regla general lo hará en un procedimiento de lato conocimiento en un juicio interpuesto contra la resolución de la Administración, como ocurre, en el caso del Código del Trabajo aplicable a este recurso de protección, en el procedimiento jurisdiccional contemplado en su artículo 503, que debiera ser la vía adecuada para resolver el tipo de asuntos ventilado en este caso; no correspondiendo, entonces, por el solo hecho de que la autoridad administrativa la haya efectuado, que se acoja un recurso de protección en su contra”. (Entre otros, fallo protección Rol 8393-2013, considerando 4°, Excma. Corte Suprema).

8°.- Que, existiendo en consecuencia procedimientos específicos y reglados en la legislación laboral para impugnar resoluciones de multa —como la reclamación judicial ante el tribunal competente o la reconsideración administrativa prevista en los artículos 503, 511 y 512 del Código del Trabajo—, y no tratándose en la especie de derechos indubitados sino controvertidos, cuya resolución exige debate probatorio y conocimiento de fondo, no resulta procedente la presente acción, destacando además, que la Inspección del Trabajo, en el ejercicio de sus facultades legales, se encuentra habilitada para calificar jurídicamente los hechos constatados en el marco de una fiscalización, sin que ello implique una invasión de competencias jurisdiccionales.

Por tanto, no configurándose acto ilegal ni arbitrario que prive, perturbe o amenace el legítimo ejercicio de garantías constitucionales, el recurso interpuesto no puede prosperar.

Por estas consideraciones y atendido, además, lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre tramitación y fallo del recurso de protección, SE RECHAZA, sin costas, el recurso de protección interpuesto por la abogada Roxana Barrera Acuña, en representación de doña nombre reservado, en contra de la Dirección del Trabajo.

Acordada con el voto en contra de la Ministra señora Gallardo, quien fue de parecer de acoger la acción deducida y, en consecuencia, dejar sin efecto, la Fiscalización N°1601 y la Resolución de Multa N°1087/25/20 de 28 de abril de 2025 dictada por la Inspección Provincial del Trabajo de Ñuble, teniendo para ello en cuenta:

1°. - Que, de acuerdo al artículo 1 del DFL N°2 del Ministerio del Trabajo y Previsión Social, dentro de las funciones que le corresponden a la Dirección del Trabajo se encuentra la fiscalización de la aplicación de la legislación laboral.

2°. - Que, tal facultad debe ejercerse sólo cuando dicho Servicio se encuentre frente a situaciones de infracción a las normas laborales, esto es, cuando en su actividad de fiscalización se sorprendan ilegalidades claras, precisas, determinadas y objetivamente constatables.

3°. - Que, en el caso de marras, luego de recibir una denuncia de doña nombre reservado, un funcionario de la Inspección Provincial del Trabajo de Ñuble, el día 25 de marzo de 2025, se constituyó en un domicilio particular de la ciudad de Chillán, lugar donde procedió a investigar el periodo que va desde el 1 de mayo de 2022 a 28 de marzo de 2025. Allí, se entrevistó con la denunciante, quien afirmó ser cuidadora de una persona que habita en esa casa, tomó contacto telefónico con la denunciada nombre reservado, y tras la inasistencia de esta última a la citación efectuada, concluyó que cometió 7 infracciones a la legislación laboral, aplicándole en definitiva 7 multas.

4°. - Que, según se advierte del Informe de Fiscalización N°1601 y Resolución 1087/25/20, las multas se aplican por cuanto el fiscalizador concluyó que entre denunciante y denunciada existía una relación laboral.

5°.- Que, como puede advertirse de lo expuesto y de los antecedentes del proceso, la Inspección recurrida desbordó los márgenes de las facultades que le han sido conferidas por el artículo 503 y siguientes del Código de esta especialidad, incurriendo en una actuación ilegal en tanto sobrepasó el límite de las labores que la ley le asigna, al proceder a interpretar y decidir un conflicto jurídico, estableciendo la existencia de una relación laboral entre dos partes, atribución que le corresponde a los tribunales de justicia, y que exige la verificación mediante la incorporación de elementos probatorios idóneos del vínculo de subordinación y dependencia.

En el caso en análisis, debe consignarse que la propia denunciante entregó antecedentes relativos a su vínculo con la señora nombre reservado que ameritaban un pronunciamiento judicial acerca de la real naturaleza de la actividad realizada en el domicilio de domicilio reservado, ello por cuanto doña nombre reservado, dijo que de acuerdo a un compromiso con doña nombre reservado, ella y su grupo familiar - esposo e hijo- vivían en el mismo inmueble.

6°.- Que en el contexto descrito, lo actuado por la Inspección del Trabajo de Ñuble vulnera la garantía constitucional contemplada en el artículo 19 N° 3 inciso 5° de la Constitución Política de la República, ya que nadie puede ser juzgado por comisiones especiales sino por el tribunal que señale la ley y que se halle establecido con anterioridad por ésta, único llamado a dirimir una contienda de esta naturaleza, y no como se ha hecho, en que la Inspección recurrida asumió en la práctica la función de juzgar al decidir el asunto controvertido, materia ésta que, sin lugar a dudas, corresponde constitucional y legalmente a los tribunales de justicia en el curso de un proceso jurisdiccional, considerando que también vulnera el derecho de propiedad consagrado en el numeral 24 del artículo 19 de la Constitución Política de la República.

Notifíquese.

En su oportunidad, dese cumplimiento al numeral 14 del Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre tramitación y fallo del Recurso de Protección.

Regístrese y, hecho, archívese.

Redacción a cargo del Abogado Integrante señor Fabián Huepe Artigas.

R.I.C. N°547-2025 -PROTECCIÓN.