Protección contra Superintendencia de Seguridad Social

Chillán, veintinueve de septiembre de dos mil veinticinco.

Vistos: 1°.- Que, comparece el abogado Sebastián Caroca Colarte interponiendo acción constitucional de protección en favor de don nombre reservado, y en contra de la Superintendencia de Seguridad Social, representada legalmente por doña nombre reservado, y en contra de la Comisión de Medicina Preventiva e Invalidez de la región Metropolitana, representada legalmente por doña nombre reservado; por el acto arbitrario e ilegal consistente en la Resolución Exenta NUM000 que rechazó las licencias médicas N°s NUM001, NUM002, lo que estima vulneratorio de las garantías previstas en los numerales 18 y 24, del artículo 19 de nuestra carta fundamental.

Como fundamentos de hecho del recurso interpuesto refiere que, el recurrente ha presentado las dos licencias médicas ya singularizadas, extendidas por un total de 120 días a contar del 16 de enero de 2025, las cuales fueron rechazadas por las recurridas, por diagnóstico irrecuperable. Suma que, el origen de sus licencias se debe un Diagnóstico de “Polineuropatía”, que le impide realizar sus labores como Operador de Maquinaria Pesada en el rubro de la minería, debiendo trasladarse a cada turno al norte del país, siendo la afección del recurrente de curso crónico, la que por tiempo transcurrido y su persistencia a pesar del tratamiento, le produce algún grado de incapacidad no modificable con el reposo, según la recurrida.

De lo anterior, y de acuerdo a un informe médico, acompañado, sostiene que si bien su periodo de recuperación es prolongado, este es, de acuerdo a las intervenciones y tratamientos médicos seguidos, potencialmente recuperable.

Expone que, las recurridas no han valorado la evolución ni la recuperabilidad del cuadro clínico referido en el informe médico acompañado, siendo antojadizos y arbitrarios los criterios utilizados por las recurridas para el rechazo denunciado. Sostiene que, el recurrente cumplió adecuadamente con sus obligaciones al proporcionar todos los documentos médicos necesarios para respaldar la solicitud de sus licencias; sin embargo, la justificación para el rechazo de la licencia fue meramente nominal, sin una investigación adecuada o aplicación de medidas para una resolución más precisa en conformidad al artículo 21 del D.S. No 3 de 1984.

En el derecho, sostiene la arbitrariedad e ilegalidad del acto recurrido, refiriendo como vulneradas las garantías constitucionales contempladas el N°18 y N°24 del artículo 19 de la Constitución Política de la República, en relación a los artículos 11 y 41 de la Ley 19.880, en cuanto a la falta de fundamentación del acto administrativo.

Finaliza solicitando a esta Corte, tener por interpuesta la presente acción constitucional, admitirla a tramitación, y en definitiva acogerla, declarando que el actuar de las recurridas es arbitrario e ilegal y como consecuencia de ello, se autoricen las licencias médicas previamente individualizadas, con costas. 2°.- Que, al informar, el abogado Tomás Garro Gómez, en representación de la recurrida Superintendencia de Seguridad Social, alega en primer término la extemporaneidad, por cuanto consta en el expediente de autos que la acción de que se trata fue interpuesta con fecha 03 de julio de 2025, encontrándose, sostiene, vencido con creces el plazo fatal para su interposición.

En subsidio de la alegación anterior, viene en informar respecto del fondo, en primer lugar plantea, hacer una distinción en cuanto a las facultades de su parte y las de la otra recurrida (COMPIN), puesto que en el caso de autos esta última actuó como organismo administrador del derecho denominado Licencia Médica, ejerciendo la facultad legal de autorizar, modificar o rechazar licencias médicas de los trabajadores y trabajadoras cotizantes del Fondo Nacional de Salud (FONASA), de acuerdo al Reglamento de Autorización de Licencias Médicas.

Plantea que, en el caso del recurrente, mediante presentación de fecha 23 de abril del año en curso, reclamó en contra de la Comisión de Medicina Preventiva e Invalidez (COMPIN) de la Región Metropolitana, que rechazó las licencias médicas NUM001 y NUM002, extendidas por un total de 120 días de reposo a contar del 16 de enero de 2025, considerando que el reposo otorgado por el médico tratante no se encontraba justificado por tratarse de un diagnóstico irrecuperable.

Suma que, previo estudio de los antecedentes médicos del caso, mediante Resolución Exenta NUM000, de 16 de junio de 2025, su parte, confirma el rechazo de las licencias médicas, argumentando que en atención al tiempo de reposo autorizado, que alcanza los 750 días por la misma patología y a pesar de los tratamientos, ha de estimarse de curso crónico, por lo que no procedería acoger nuevas licencias debido a que el reposo ya no contribuye a la recuperación del recurrente ni a su reintegro laboral.

En consecuencia, considera que lo resuelto por la Superintendencia de Seguridad Social, se encuentra justificado médicamente, debido a que los antecedentes tenidos a la vista, no permiten justificar el reposo prescrito y el rol terapéutico que este debe cumplir.

En el derecho, hace referencia al marco legal regulatorio de la licencia médica y al procedimiento al que se somete su autorización. Respecto de las facultades de la Superintendencia de Seguridad Social en esta materia, por ley su representada debe cumplir las funciones que le han sido asignadas, con miras a asegurar el otorgamiento, uso correcto de la licencia médica y una adecuada protección del cotizante y beneficiario de una Institución de Salud Previsional (ISAPRE) y del Fondo Nacional de Salud (FONASA), descartando, en los hechos, cualquier actuación de carácter ilegal o arbitrario.

Así las cosas, estima que no existe ilegalidad ni arbitrariedad, por consiguiente, no existen derechos vulnerados, descartando cualquier actuar arbitrario e ilegal de su parte, pues, en las resoluciones respectivas, se exponen las razones por las cuales se llegó a la conclusión que se ha indicado. No se trata pues, de un acto carente de un fundamento racional o nacido del sólo capricho irracional de la autoridad técnica, sino que del estudio y ponderación de los elementos que se han señalado, en concordancia con criterios normativos y jurisprudenciales vigentes en dicho Organismo de Control.

Añade que, la materia respecto de la cual versa la presente acción incide en un aspecto específico del derecho a la seguridad social, reconocido y garantizado a todas las personas en el numeral 18 del artículo 19 de la Constitución Política del Estado, que no está contemplado en la numeración taxativa que realiza el artículo 20 de la Carta Fundamental y, por lo tanto, no está amparado por esta especial acción cautelar Finaliza su presentación, solicitando que esta Corte, en subsidio de la anterior petición y para el improbable evento que ella no sea acogida, se sirva tener por evacuado el informe solicitado respecto de la Acción de Protección interpuesta, solicitando sea desestimada en todas sus partes, con costas. 3°.- Al informar el abogado Rodrigo Javier Campos Cortés, en representación de la Comisión de Medicina Preventiva e Invalidez (COMPIN) de la región Metropolitana, refiere la historia del expediente administrativo en el que se rechazan las licencias médicas N°s NUM001, NUM002, extendidas por un total de 120 días a contar del 16 de enero de 2025, por diagnóstico irrecuperable, en atención a que el paciente presenta informe insuficiente, sin describir la evaluación realizada especificando exploración física por lo que se ignoran las limitaciones funcionales que le produce la patología enunciada en la licencia médica. En contra de dicho rechazo el recurrente interpuso recurso de reposición ante esta parte, manteniéndose el rechazo ya que aporta los mismos antecedentes médicos y clínicos previamente evaluados. Por otro lado, la SUSESO a través de su Resolución Exenta NUM003, con fecha 16 de junio de 2025, rechazó reclamo por parte del usuario, confirmando nuevamente el rechazo. Luego, sostiene que su parte es un organismo eminentemente técnico y que se rige según lo establecido en el D. 7/2013.

Sostiene que su parte al decidir si aprobar o rechazar una licencia médica se enmarca en los parámetros objetivos que se han dispuesto por la Ley, y las normativas vigentes, en la búsqueda de asegurar que el uso de las licencias médicas cumpla verdaderamente su finalidad terapéutica y de carácter transitorio mientras el trabajador recupera su salud para volver a ejercer sus funciones laborales. 4º.- Que para analizar el asunto planteado por la presente vía, resulta conveniente consignar que el recurso de Protección de Garantías Constitucionales, establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye jurídicamente una acción, destinada a amparar el legítimo ejercicio de las garantías y derechos preexistentes que en esa misma disposición se enumeran, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben tomar ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que prive, perturbe o amenace ese atributo. 5º.- Que, como se desprende de lo señalado precedentemente, es requisito indispensable de la acción de protección, la existencia de un acto u omisión ilegal, esto es, contrario a la ley, o arbitrario, producto del mero capricho de quién incurre en él, y que provoque algunas de las situaciones o efectos que se han indicado, afectando a una o más de las garantías -preexistentes- protegidas, consideración ésta que resulta básica para el examen y la decisión de cualquier recurso como el que se ha interpuesto. 6º.- Que, cabe reflexionar, a la luz de lo recién expuesto, que ésta acción de cautela de derechos constitucionales constituye una vía destinada a dar protección respecto de garantías cuya existencia se encuentre indubitada. 7°.- Que, como se indicó el recurrente interpone la presente acción en contra de la resolución de fecha 16 de junio de 2025 dictada por la Superintendencia de Seguridad Social, que confirmó el rechazo de las licencias médicas individualizadas, efectuado por la COMPIN REGION METROPOLITANA. 8°.- Que, en primer lugar procede hacerse cargo de la alegación de extemporaneidad opuesta por la Superintendencia, a este respecto, como se indicó en el considerando precedente el recurrente lo hace respecto de la resolución NUM000, de fecha 16 de junio de 2025, siendo la presente acción promovida con fecha 3 de julio de 2025, es decir dentro del plazo de treinta días establecido en el N° 1 del Auto Acordado de la Corte Suprema sobre tramitación y fallo del recurso de protección, razón por la cual dicha alegación debe ser desestimada. 9°.- Que, en cuanto a la alegación de improcedencia de la acción deducida por no encontrarse resguardada la seguridad social a través del recurso en estudio, se dirá, que el arbitrio ha sido deducido por estimarse infringida la garantía contenida en el numeral 24 del artículo 19 de la Constitución Política de la República, que sí está comprendido dentro del catálogo establecido en el artículo 20 del mismo cuerpo legal, lo que resulta suficiente para desestimarla. 10°.- Que, los antecedentes médicos acompañados por el recurrente son contradictorios a las conclusiones arribadas por las recurridas con relación a la recuperabilidad o no de la patología que afecta a don nombre reservado. 11°.- Que, debe tenerse presente lo dispuesto por el artículo 16 del Decreto Supremo N 3, que aprueba el Reglamento de Autorización de Licencias Médicas por las COMPIN e Instituciones de Salud Previsional, y que, en lo pertinente, preceptúa: “La Compin, la Unidad de Licencias Médicas o la Isapre, en su caso, podrán rechazar o aprobar las licencias médicas; reducir o ampliar el período de reposo solicitado o cambiarlo de total a parcial y viceversa. En todos estos casos se dejará constancia de la resolución o pronunciamiento respectivo, con los fundamentos tenidos a la vista para adoptar la medida, en el formulario digital o de papel de la respectiva licencia.” Asimismo, en su artículo 21 indica que: “Para el mejor acierto de las autorizaciones, rechazos, reducción o ampliación de los períodos de reposo solicitados y otras modificaciones a las licencias, la Compin, la Unidad de Licencias Médicas o la ISAPRE correspondiente, podrán disponer de acuerdo con sus medios, alguna de las siguientes medidas: a) Practicar o solicitar nuevos exámenes o interconsultas; b) Disponer que se visite al trabajador en su domicilio o lugar de reposo indicado en el formulario de licencia, por el funcionario que se designe; c) Solicitar al empleador el envío de informes o antecedentes complementarios de carácter administrativo, laboral o previsional del trabajador; d) Solicitar al profesional que haya expedido la licencia médica que informe sobre los antecedentes clínicos complementarios que obren en su conocimiento, relativos a la salud del trabajador; e) Disponer cualquier otra medida informativa que permita una mejor resolución de la licencia médica ” 12°.- Que, parece insoslayable reflexionar que de acuerdo a la normativa precedentemente reseñada, es factible sostener que las recurridas, con miras a acatar el mandato legal consistente en resolver las impugnaciones promovidas por los afiliados contra los decretos del régimen de salud, puede recabar los antecedentes que habiliten adoptar una providencia fundada frente a los requerimientos de los usuarios del sistema, máxime considerando las diferencia de opiniones médicas existentes en el caso de autos. 13°.- Que, en consecuencia, la conducta del organismo recurrido no se ajustó a la preceptiva que gobierna la cuestión, al no decretar nuevos exámenes o disponer una evaluación médica con el propósito de esclarecer la condición de salud del recurrente.

En atención a lo expuesto, la circunstancia de no haber sometido al paciente a nuevos exámenes, controles o una evaluación clínica por los servicios administrativos competentes, debió detallarse con mayor rigurosidad antes de resolver el asunto en sede administrativa, diligencia imprescindible para objetivar el diagnóstico y no dejarlo sujeto a la mera discrecionalidad de los entes recurridos, con la subsecuente falta de pago de la licencia médica correspondiente. 14°.- Que, es así como se torna del todo arbitrario desestimar un permiso médico concedido por un facultativo sin ningún motivo adicional suministrado por la entidad criticada, simplemente sobre la base de la ponderación de los antecedentes tenidos a la vista, sin un elemento de juicio complementario de contraste para disipar, frente al paciente y terceros interesados, cualquier duda, en especial, sometiéndolo a evaluaciones médicas accesorias. 15°.- Que, de esta manera, se advierte que la negativa del pago de las licencias médicas, implica de parte de la autoridad el desempeño de una facultad formal simplemente potestativa, con desconocimiento de la certeza y seguridad jurídica a que la ciudadanía tiene derecho, al ejercitar sus derechos, en concreto, si como en este asunto se hallan involucradas garantías primordialmente protegidas por el constituyente, como la vida, la salud y la igualdad ante la ley, las que resultan vulneradas con la conducta de las recurridas. Por estas consideraciones y atendido, además, lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre Tramitación y Fallo del Recurso de Protección, se acoge, sin costas, el interpuesto por el abogado Sebastián Caroca Colarte en favor de don nombre reservado, contra la Superintendencia de Seguridad Social y la Comisión de Medicina Preventiva, sólo en cuanto, se ordena a las recurridas realizar al recurrente los exámenes médicos necesarios para determinar la recuperabilidad o no recuperabilidad de su patología.

Notifíquese.

En su oportunidad, dese cumplimiento al numeral 14 del Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre tramitación y fallo del Recurso de Protección, Regístrese, notifíquese.

Archívese en su oportunidad.

Redacción a cargo del Ministro señor Guillermo Arcos Salinas.

ROL N° 544-2025-PROTECCIÓN.