FUNDACION VALIDAME con FUNDACIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE COMISIONES MÉDICAS

Chillán, siete de julio de dos mil veintiuno.

Vistos:

1°.- Que, interpone recurso de protección la Fundación Valídame, Organización de la Sociedad Civil sin fines de lucro, de derecho privado, establecida bajo el amparo de la Ley 20.500 de Organizaciones Sociales, representada por don nombre reservado, a favor de don nombre reservado y en contra de don nombre reservado, doña nombre reservado, doña nombre reservado y de Fundación para la Administración de Comisiones Médicas FACM.

Señala que con el 1 de febrero último, representando a don nombre reservado, enfermo de Cáncer, consultaron vía correo electrónico a la Jefa Administrativa de la Fundación para la Administración de Comisiones Médicas FACM, y por formalidades protocolares a la Presidenta de la Comisión Médica de Chillán, sobre el destino de una Solicitud de Evaluación y Calificación del grado de Invalidez Domiciliaria cursada el día 9 de octubre de 2020 para trabajador enfermo común afiliado a la Administradora de Fondos de Pensiones AFP Capital S.A., el que fue contestado con fecha 01 de febrero de 2021 a las 16:44 horas, adjuntando el Dictamen de Invalidez Ejecutoriado y Acta de Sesión, el que quedó ejecutoriado con fecha 18 de diciembre de 2020, sin que las partes intervinientes fueran debidamente notificadas para interponer los recursos administrativos correspondientes establecidos por el legislador.

Explica que el acto administrativo reclamado es el dictamen Nº 009.2558/2020 de la Comisión Médica de Chillán que rechaza la solicitud de pensión de invalidez del trabajador de fecha 17/11/2020, que por disposiciones legales tenía que ser notificado al tercer día de adoptado el acuerdo por la Comisión Médica, situación que en la especie no ocurrió.

Añade que la FACM, que administra el contrato de distribución de correo postal exigido por el D.L. 3.500 de 1980 a las AFP propietarias de la entidad de derecho privado, exige en el Compendio de Normas del Sistema de Pensiones Libro III, Título I, Letra D Pensión de Invalidez Capítulo XIII. Normas y Procedimientos Administrativos para la Calificación y Reevaluación del Grado de Invalidez por las Comisiones Médicas, 1. Locales, personal y equipamiento Las Administradoras deberán velar por que los locales en que funcionen las Comisiones Médicas reúnan las siguientes características: f) Comunicaciones: Las Comisiones Médicas deberán contar con sistemas de comunicación expeditos que permitan operar en forma ágil con conexión independiente de teléfonos, con correo electrónico y acceso vía Internet a la página del sistema de apoyo a la gestión de las Comisiones Médicas (SAGCOM) o sistema de información. Además, deberán disponer de un sistema de distribución de correspondencia o correo postal.

Sostiene que se está frente a un acto administrativo fuera del marco legal vigente, antojadizo, arbitrario e ilegal, que no permite que los evaluados sean sometidos a las reglas de un debido proceso, al ser notificados fuera del plazo fatal, que proceden de la simple impericia de funcionarios administrativos descuidados que vulneran derechos constitucionales de personas enfermas y accidentadas comunes. Prueba de ello es que la defensa jurisdiccional de este personal la realiza la propia Fiscal de la Asociación Gremial de AFP A.G. doña nombre reservado, notificando repetidamente a los trabajadores fuera de plazo fatal, para impedir que estos puedan interponer recursos administrativos establecidos en la ley en contra de lo resuelto por la Comisión Médica Regional y Comisión Médica Central, a pesar de ello, no suspenden el contrato de distribución postal a pesar de los antecedentes que les indican que las personas enfermas solicitantes de pensiones de invalidez no son notificados dentro del plazo establecido en la letra p) del Compendio de Normas referido, lo que favorece a las AFP y Compañías de Seguros en desmedro del trabajador. Sumado al trabajo pericial pagado de forma sobrevalorada al cuerpo Médico Interconsultor.

Indica que tomaron conocimiento el día 11 de febrero de 2021, del primer dictamen cuyo texto transcribe y que estima que, arbitrariamente, e señala que el trabajador se encuentra en buenas condiciones de salud, a pesar de tener registro de dos periodos de hospitalizaciones como resultado del Cáncer que le aqueja, patología con recidiva, es decir que retorna para generar una segunda crisis, pareciendo un esfuerzo del cuerpo médico y administrativo por construir una realidad paralela de la condición de salud del trabajador, rechazando la invalidez, que además se notifica fuera de plazo fatal para recurrir administrativamente, dejando al trabajador sin cobertura y protegiendo las utilidades de las AFP contratantes del seguro y a las Compañías de Seguros.

Cuestiona que, además, no se aprecie la motivación al que están obligados las recurridas al no ahondar en los antecedentes clínicos disponibles en el Hospital de Concepción, tampoco al principio de proporcionalidad, al mostrar nula diligencia respecto de los derechos del trabajador, versus la protección de los intereses de la industria previsional. Se aprecia un actuar caprichoso que oculta los efectos colaterales o indeseados de los tratamientos médicos recibidos por el trabajador a consecuencia de un tipo de enfermedad devastadora como es un Cáncer a tan temprana edad, cuyo tratamiento para tratar la enfermedad, respecto de las dos ocasiones en que ha sido hospitalizado, han deteriorado su condición de vida, en los aspectos físicos y psíquicos, cuyo único medio para suministrar las terapias protocolizadas e invasivas es mediante hospitalización, cuestión que los galenos conocen a cabalidad, pero que en esta ocasión prefieran acomodaticiamente omitir.

Considera que el rechazo de la Solicitud de Evaluación y Calificación del Grado de Invalidez no es razonable, cuando se ampara en un procedimiento distinto al señalado por el legislador. Este es un procedimiento administrativo establecido con plazos fatales respecto de la notificación y otras materias, y fue reemplazado por uno que a todas luces no reúne las condiciones de legalidad establecidas por el legislador en el D.L. 3.500 de 1980. Es arbitrario e ilegal respecto de lo instruido en la ley, realizado por funcionarios del cuerpo médico y administrativo de las Comisiones Médicas, quienes emulando normativa de forma acomodaticia, lo sustituyen por uno que impide interponer los recursos administrativos establecidos en el propio D.L. 3.500 y la Ley 19.880, lo que parece una acción deliberada que permite a la industria previsional y a sus asociados, tener las utilidades irracionalmente elevadas, conocidas públicamente para una prestación de la Seguridad Social como son las pensiones de invalidez cubiertas por los seguros privados, existiendo un incentivo desde la industria para controlar la siniestralidad de los beneficiarios del Seguro de Invalidez y Sobrevivencia, que tanto al rechazar como disminuir el grado de menoscabo laboral, ganan las AFP y Compañías de Seguros, obteniendo bajo esta fórmula la tasa de concesión de pensiones de invalidez más baja de la OCDE, según el Informe de la Comisión Investigadora de la Honorable Cámara de Diputados.

Sostiene que el acto denunciado atenta contra garantías Constitucionales consagradas, específicamente en los numerales 2° y 3°, inciso quinto de la Constitución Política de la República, las garantías del Artículo 19 N° 24, las garantías establecidas en el artículo 19 N°1. Además se configura la denegación de Beneficios Previsionales señalados en el Libro III del Compendio de Normas, y se infringe lo dispuesto en el inciso segundo del artículo 22 del D.S. Nº 57 de 1990, del Ministerio del Trabajo y Previsión Social, que contiene el Reglamento del D.L. Nº 3.500 de 1980; en los N°s. 1 y 5, literal a) del Capítulo II, Letra A, del Título I del Libro III, Letra D, Pensión de Invalidez, Compendio de Normas del Sistema de Pensiones.

Luego de detallar que los hechos reclamados dicen relación con la visita domiciliaria realizada por un médico sin la especialidad de Oncología o Hematología que se requería para un enfermo de Cáncer que no se ajusta a las condiciones que exige la normativa que expone y con notificar fuera de plazo fatal un dictamen ejecutoriado impidiendo por esta vía que el trabajador pudiese interponer los recursos administrativos de oposición correspondientes, solicita tener por interpuesto el presente recurso de Protección en contra de las recurridas nombre reservado, nombre reservado, nombre reservado, y la Fundación Para La Administración de Comisiones Médicas FACM, todos ya individualizados, admitirlo a tramitación y, en definitiva, acogerlo, dejando sin efecto lo obrado por las recurridas en las distintas etapas del procedimiento administrativo que finaliza con un dictamen ejecutoriado, sin las garantías de un debido proceso que permitiera establecer legítima defensa: 1.- Que se deje sin efecto el dictamen Nº 009.2558/2020 de la Comisión Médica de Chillán, ejecutoriado el 18 de diciembre de 2020, sin notificación dentro de plazos establecidos. 2.- Establecer en la sentencia que el procedimiento administrativo realizado por la Comisión Médica de Chillán fue distinto al señalado en la norma por el legislador en materias de atención médica y de notificación al trabajador o sus representantes legales y carentes de racionalidad en lo relatado por la Médico Interconsultor Asignado MIA registrado en el acta. 3.- Tener por anulado dictamen de la Comisión Médica de Chillán, ordenando repetir los procedimientos por la Comisión Médica con personal habilitado, distinto al que ya participó, o cualquier otra medida que en el ejercicio de sus facultades esta Corte estime necesaria para restablecer el imperio del derecho, respetando la fecha de la Solicitud de Evaluación y Calificación del Grado de Invalidez realizado por los representantes legales de la trabajadora de fecha 14 de febrero de 2020. Todo con expresa condena en costas a las recurridas.

2°.- Que, informa la abogada doña Constanza Bollmann Schele, en representación de doña nombre reservado, solicitando que dicha acción sea rechazada o declarada inadmisible, porque no se cumplen los requisitos para que su representada pueda ser considerada legitimada pasiva en la especie, pues, se puede apreciar que el acto que se impugna o a partir del cual se entiende procedente la acción constitucional, es el Dictamen N° 009.2558/2020 de la Comisión Médica Regional de Chillán, ejecutoriada con fecha 17 de diciembre de 2020. Dado que la señora nombre reservado no detenta la representación judicial o extrajudicial, de la Comisión Médica Regional de Chillán, no se ve en qué forma podría dirigirse una acción como la de autos en su contra.

Añade que la recurrente en el líbelo hace una extensa crítica al procedimiento de calificación de invalidez que contempla nuestra legislación en el decreto ley Nº 3.500, de 1980; en Reglamento de dicho decreto ley contenido en el D.S. Nº 57, de 1990, del Ministerio del Trabajo y Previsión Social; y en la normativa dictada al efecto por la Superintendencia de Pensiones como organismo fiscalizador del Sistema de Pensiones de nuestro país. Al parecer, la recurrente desconoce la tramitación de este proceso y las instancias que este contempla para asegurar, no solo el debido proceso sino el ejercicio de los derechos de los solicitantes, quienes, al estar cubiertos por el Seguro de Invalidez y Sobrevivencia, tal como ocurrió en la especie, cuentan con la asistencia de un Médico Asesor en las sesiones que celebra la Comisión, profesional que tiene derecho a voz para exponer la real condición médica y de invalidez del solicitante. Asimismo, debe entenderse que el sistema de calificación de invalidez que rige en Chile, a través de un procedimiento administrativo, en donde una comisión compuesta por médicos especializados en la materia, determinan el menoscabo permanente en la capacidad de trabajo de una persona, a consecuencia de enfermedad o debilitamiento de sus fuerzas físicas o intelectuales, lo que le permite al solicitante acceder a una pensión de invalidez parcial si la pérdida permanente de su capacidad de trabajo es superior al 50% e inferior a dos tercios y a una pensión de invalidez total si la pérdida de su capacidad de trabajo es de, al menos, dos tercios. Ahora bien, ello no significa que todo solicitante que sufra una enfermedad, o todo solicitante que padezca de un cáncer necesariamente debe ser declarado inválido. Lo anterior, dado que la medicina actual permite que ciertos cánceres sean controlados y las personas realicen sus actividades normales, sin perjuicio de someterse a los procedimientos médicos que correspondan, situación que al ser calificad por los especialistas no logra alcanzar una pérdida de la capacidad de trabajo de la persona que lo invalide para trabajar. Añade que, en lo que a su representada respecta, las críticas que haga la recurrente al sistema de calificación de invalidez de nuestro sistema de pensiones, no le empecen ni se le puede imputar responsabilidad acerca de ello, dado que, como es de conocimiento de todo ciudadano, las leyes en este país son dictadas por el Congreso Nacional, en donde el Poder Ejecutivo participa como colegislador; los decretos son dictados por el Presidente de la República y sus ministros, según sea el caso, y la normativa administrativa la dicta la Superintendencia de Pensiones en el uso de sus atribuciones legales. Por lo anterior, las críticas de la recurrente no dicen relación con su representada, ni sirven de fundamento para interponer un recurso en su contra.

En cuanto a los dichos de la recurrente que los contratos que celebran las Administradoras de Fondos de Pensiones con las Compañías Aseguradoras tienen una cláusula de “Premio por menor siniestralidad”, nuevamente se desconoce que mediante la ley Nº 20.255, de 2008, sobre reforma previsional, se corrigieron las deficiencias que podrían presentarse en la tramitación de la calificación de invalidez, entre las cuales, aparte de la existencia del médico asesor antes citado, se modificó el sistema de contratación del seguro de invalidez y sobrevivencia. Actualmente no se permite que una AFP contrate directamente su seguro de invalidez y sobrevivencia, sino que debe ser contratado en conjunto por todas las Administradoras de Fondos de Pensiones existentes en el país, mediante un proceso de licitación, con regulaciones específicas que impiden la ocurrencia de malas prácticas, por parte del personal que recibe las solicitudes de calificación de invalidez, como asimismo, el control de siniestralidad que la recurrente menciona, lo que tampoco puede ser imputado a su representada, por lo que los argumentos expuestos no constituyen más que una crítica que la recurrente hace al sistema de calificación de invalidez sobre la base de una legislación que ya fue modificada y no rige en la actualidad.

Considera que la forma en que se redacta el dictamen de invalidez por parte de la Comisión Médica Regional de Chillán, cualquier persona que tenga una comprensión lectora lo entiende perfectamente, haciendo presente que conforme a la legislación que rige la calificación de invalidez de un afiliado, para que una enfermedad esté configurada, debe haber cesado el tratamiento médico. En el caso de un cáncer que se declara “bajo observación y tratamiento médico”, quiere decir que la persona está en tratamientos curativos, los cuales pueden llevar a una cura del cáncer o a una remisión completa, que le permite hacer una vida normal durante años. Los tratamientos curativos de un paciente dan derecho a un subsidio de incapacidad laboral, conocido como licencia médica, por lo que se requiere que termine el tratamiento curativo de un cáncer para determinar el pronóstico final de éste. Por lo demás, cabe hacer presente que un afiliado tiene derecho a presentar su solicitud de calificación de invalidez cuantas veces lo desee, el derecho no precluye ni se acaba, por tanto, que un dictamen de invalidez determine que no está configurada la enfermedad, no implica que, en el futuro, el solicitante se vea impedido de presentar una nueva solicitud que le dé derecho a una pensión de invalidez, si los impedimentos físicos o sicológicos agravaren o se adicionaren otras enfermedades. Por todo ello, parece imposible e ilógico, que se pueda considerar como sujeto pasivo de una acción constitucional que busca cautelar los derechos constitucionales, a alguien no realiza una conducta o comportamiento arbitrario ni ilegal, ni tiene relación con los hechos imputados y los fundamentos dados, puesto que no participa en la formación de la ley; tampoco participa en los procesos de contratación del seguro de invalidez y sobrevivencia; tampoco participa en la calificación de la invalidez ni en la redacción de su dictamen. La recurrente no describe alguna actuación concreta que le pudiera corresponder a su representada sobre los hechos que permite, al menos, relacionarla con el acto que pretende invocar como arbitrario e ilegal.

Señala que también debe rechazarse el recurso, pues no se alude a conducta arbitraria o ilegal alguna, sino que más bien se busca impugnar una determinada calificación por no estar de acuerdo con ella, ni con la forma en que se redacta el dictamen, o bien criticar el sistema de calificación de invalidez de nuestro sistema de pensiones. En lo que atañe a la contratación del seguro de invalidez y sobrevivencia y las cláusulas que contiene, se aclaró el error en que fundamenta su argumento la recurrente, dado que se modificó la legislación con la dictación de la ley 20.255. En la actualidad no existe ningún contrato vigente que contenga la cláusula citada por la recurrente ni existe control de siniestralidad al respecto. En cuanto a la Comisión Investigadora de la H. Cámara de Diputados, ésta cumplió con su cometido y efectuó un informe, en el que no se estableció sanción alguna para las Comisiones Médicas, para la Fundación de Comisiones Médicas también aludida en el recurso, ni para su representada.

Considera que la revisión de los hechos que refiere el recurso, no es propia de esta sede jurisdiccional, ni de este procedimiento, pues, la acción de protección de garantías constitucionales constituye un medio previsto por nuestro ordenamiento institucional para salvaguardar, de un modo directo e inmediato, los derechos fundamentales que corresponden a toda persona y no puede ser entendido como un procedimiento declarativo, por lo que concluye que el recurso de protección que se ha deducido en autos debe ser rechazado o declarado inadmisible, en todas sus partes respecto de su representada.

3°.- Que, informan la abogada doña Constanza Bollmann Schele y don nombre reservado, ingeniero comercial, en representación de la Fundación de Administración de Comisiones Médicas y solicitan que la acción sea rechazada o declarada inadmisible, en todas sus partes, respecto de su representada, puesto que, ésta no cumple los requisitos para ser considerada legitimada pasiva, pues ésta, se deduce en contra del Dictamen N°009.2558/2020, de la Comisión Médica Regional de Chillán, ejecutoriado con fecha 17 de diciembre de 2020, el que constituiría el acto arbitrario e ilegal que le permitiría interponer la acción cautelar, dado que los dictámenes de invalidez, conforme a lo dispuesto en el artículo 4º del decreto ley Nº 3.500, de 1980, son emitidos por las Comisiones Médicas a que se refiere el artículo 11 del mismo cuerpo legal, es decir, la calificación de invalidez será efectuada de acuerdo con las “Normas para la evaluación y calificación del grado de invalidez de los trabajadores afiliados al nuevo sistema de pensiones”, por una “Comisión Regional”, integrada por tres médicos, designados por la Superintendencia y que serán contratados a honorarios por esta última. Además, existirá una “Comisión Médica Central”, también integrada por tres médicos designados por la Superintendencia, que conocerá, sin forma de juicio, los reclamos presentados ante ella, mediante una solicitud fundada, respecto de los dictámenes emitidos por una Comisión Médica Regional. La autonomía dada por la potestad reglamentaria ha sido reconocida por los Tribunales Superiores de Justicia en la tramitación de los recursos de protección interpuestos por afiliados que han visto afectados sus derechos, con motivo de un dictamen de invalidez desfavorable a sus intereses. Los fallos han señalado, además de la autonomía, que las Comisiones forman parte de la Administración Central de Estado, que están supervisadas conforme lo indica la ley por la Superintendencia de Pensiones, la cual no las representa judicialmente, por tanto, ante los tribunales ordinarios de justicia debe notificarse al Fisco, asumiendo su representación el Consejo de Defensa del Estado, no teniendo personalidad jurídica ni patrimonio propio.

Indica que la recurrente funda su recurso en una serie de aspectos que principalmente constituyen una crítica al Sistema de Calificación de Invalidez en su conjunto, pero no logra acreditar que el dictamen sea un acto arbitrario o ilegal, formulando un cuestionamiento general al Sistema de Calificación de Invalidez de nuestra legislación, citando algunas normas del decreto ley Nº 3.500, de 1980; de su reglamento contenido en el decreto supremo Nº 57, de 1990, del Ministerio del Trabajo y Previsión Social; y de las normas de carácter general dictadas por las Superintendencia de Pensiones contenidas en el Compendio de Normas para el Sistema de Pensiones. Toda esta regulación legal y administrativa es la que actualmente rige el Sistema de Calificación de Invalidez y ha sido dictada por las autoridades competentes conforme a nuestra Constitución y legislación respectiva. Además, se plantea un cuestionamiento al procedimiento que se llevó a cabo para calificar la invalidez de don nombre reservado y, principalmente, al dictamen propiamente tal que no otorga el grado de invalidez necesario para acceder a una pensión de invalidez del sistema. Según los registros que obran en su poder, se realizaron los siguientes actos: a.- Dictamen de invalidez se emitió el día 17 de noviembre de 2020; b.- Notificación del dictamen al solicitante el día 20 de noviembre de 2020; c.- Ejecutoriedad del dictamen el día 18 de diciembre de 2020; d.- Notificación del dictamen ejecutoriado el día 21 de diciembre de 2020.

Agrega que, en cuanto al cuestionamiento al contrato de seguro de invalidez y sobrevivencia que la ley exige al conjunto de todas las Administradoras de Fondos de Pensiones contratar para garantizar el financiamiento de las obligaciones establecidas en el artículo 54 del decreto ley Nº 3.500, de 1980 y de una aparente cláusula que contendrían dichos contratos que otorgarían un “premio por menor siniestralidad”, sostiene que la recurrente realiza una argumentación de una situación inexistente actualmente, dado que la ley Nº 20.255 modificó el decreto ley Nº 3.500, de 1980, en lo relativo a la contratación del seguro de invalidez y sobrevivencia, debiendo contratarse actualmente, en forma conjunta, por todas las Administradoras de Fondos de Pensiones, mediante un proceso de licitación supervisado por la Superintendencia de Pensiones. No existe actualmente un contrato vigente que contenga la cláusula aludida por la recurrente ni existe ningún tipo de control de siniestralidad por parte de la Administradoras. Además, la misma ley Nº 20.255 hizo mejoras al proceso de calificación de invalidez e introdujo la figura del médico asesor para todos los afiliados cubiertos por el seguro de invalidez y sobrevivencia, a fin de que tuvieran la asistencia de un médico calificado durante la tramitación de su solicitud.

En lo que respecta a la redacción del dictamen que no le otorga el menoscabo suficiente de la pérdida de trabajo al señor nombre reservado, expresa que la invalidez se califica conforme a las normas técnicas para la evaluación y calificación del grado de invalidez referidas en el artículo 11 del decreto ley Nº 3.500, de 1980, por comisiones médicas integradas por médicos cirujanos. El dictamen determinará la pérdida de capacidad de trabajo del solicitante que sufra un menoscabo permanente a consecuencia de enfermedad o debilitamiento de sus fuerzas físicas o intelectuales. Si dicha pérdida es inferior a un 50% el solicitante no tiene derecho a pensión de invalidez; si la pérdida es igual o superior a 50% e inferior a dos tercios tiene derecho a pensión de invalidez parcial; y si la pérdida es al menos de dos tercios tiene derecho a pensión de invalidez total, transcribiendo el dictamen respectivo, de lo que advierte que su redacción es perfectamente entendible en cuanto a que no se ha configurado un impedimento que le permita tener derecho a su pensión de invalidez.

Añade que, conforme a las normas técnicas de calificación de invalidez, para que un impedimento cause menoscabo permanente en la capacidad de trabajo debe estar configurado, esto es, que los tratamientos médicos curativos hayan terminado. En el caso de autos que se trata de un cáncer, el dictamen dice expresamente que no se encuentra configurado por estar la patología bajo observación y tratamiento, esto es, bajo tratamientos médicos curativos. Una vez que se finalicen los tratamientos médicos curativos de un enfermo de cáncer se debe evaluar si hubo una cura del cáncer o a una remisión completa, circunstancias que le permiten llevar una vida normal durante años. Cuando una persona se encuentra bajo tratamientos curativos, conforme a nuestra legislación tiene derecho a una licencia médica o descanso y a un subsidio por incapacidad laboral que es pagado por FONASA o la ISAPRE, según sea el caso. También podría ocurrir que terminado los tratamientos curativos la enfermedad no desaparezca e incluso agrave, caso en el cual la enfermedad se configuraría y, según sea ésta, el impedimento sería calificado en algún porcentaje conforme a las normas técnicas antes aludidas. Para que ocurra esto último, el solicitante debe requerir nuevamente su calificación de invalidez, insistiendo que el derecho a solicitar la calificación de invalidez no prescribe ni precluye, por tanto, una persona que su invalidez le es denegada puede volver a presentarla, si estima que su condición médica ha empeorado, tantas veces como lo estime necesario.

Precisa que el recurso de protección pretende otorgar una medida rápida y efectiva que permita salvaguardar la garantía constitucional vulnerada, por tanto, no puede entenderse que, a través de su interposición, se lleve a cabo un procedimiento declarativo, pues la pretensión de autos es impugnar un dictamen que no le favorece, pero que se ha dictado en cumplimiento a todas las normas legales y administrativas que rigen la materia. El mismo procedimiento contempla instancias para su reclamación e interposición de recursos administrativos, lo que no ocurrió en la especie, habiéndose notificado en la oportunidad procesal debida, y la jurisprudencia de nuestros Tribunales de Justicia es conteste en señalar que el recurso de protección es una acción cautelar, por consiguiente, no cabe más que concluir que el recurso de protección interpuesto debe ser rechazado o declarado inadmisible, en todas sus partes, respecto de su representada.

4°.- Que, informando la Superintendencia de Pensiones, señala que las Comisiones Médicas Regionales y la Comisión Médica Central fueron creadas en virtud de lo dispuesto en el artículo 11 del DL N° 3.500 de 1980, para efectos de lo dispuesto por el artículo 4° del mismo cuerpo legal, es decir para la evaluación y calificación del grado de invalidez de los trabajadores afiliados al Sistema de Pensiones de Capitalización Individual. Las primeras, tienen por función la evaluación y calificación propiamente tal y la segunda, la Comisión Médica Central, es la instancia de reclamo que las partes pueden invocar en contra de los dictámenes de invalidez que emiten las Comisiones Médicas Regionales, es decir, no dependen de la Superintendencia de Administradoras de Fondos de Pensiones ni forman parte de su estructura orgánica. Más aún, por expresa disposición del artículo 18 del Reglamento del DL N° 3.500, estas Comisiones Médicas gozan de autonomía en cuanto al conocimiento y calificación de las solicitudes de invalidez sometidas a su consideración. Del mismo modo, el inciso tercero del artículo 19 del citado Reglamento prescribe que esta Superintendencia tendrá la supervigilancia administrativa de estas Comisiones Médicas e impartirá las normas operativas que se requieran para calificar la invalidez.

Indica que las facultades y atribuciones del Servicio respecto de las referidas Comisiones Médicas, son de supervigilancia administrativa y de fiscalización, sin embargo, tomó conocimiento de los hechos que motivan esta acción cautelar solo al momento en que se requirió que se informara al tenor del recurso de protección interpuesto, toda vez que, la Fundación recurrente o el afiliado jamás presentaron reclamo respecto de la situación, por lo que el Organismo Fiscalizador no pudo adoptar medida alguna para asegurar y tener la certeza que el recurrente hubiera sido correctamente notificado del dictamen en cuestión.

Añade que, sin perjuicio de lo anterior, en ejercicio de las facultades de supervigilancia y fiscalización respecto de las Comisiones Médicas, conferidas en los artículos 11 y 94 N° 17 del D.L. N° 3.500, de 1980 y artículos 18, 19 y 37 de su Reglamento, contenido en el DS N° 57 del Ministerio del Trabajo y Previsión Social de 1990 y articulo 61 de la ley 19.880, ha instruido a la Comisión Médica Regional de Chillán, para que proceda a notificar nuevamente el Dictamen de Invalidez Nº 009.2558/2020, de 17 de noviembre de 2020, generando de ese modo un nuevo plazo de reclamo, para que el recurrente pueda ejercer su derecho de reclamar en contra de lo dictaminado por la citada Comisión Médica Regional, esto atendido la data del Dictamen y la situación de excepción que vive el país lo que ha dificultado el trabajo de Correos de Chile y, por lo tanto, de tener certeza en que la parte reclamante haya sido correctamente emplazada.

5°.- Que, informa doña nombre reservado, Presidenta de la Comisión Médica Regional, pidiendo que se declare la improcedencia de la presente acción, pues la representación judicial de las Comisiones Médicas Regionales y la Comisión Médica Central, corresponde al Consejo de Defensa del Estado, toda vez que son órganos administrativos técnicos sin patrimonio ni personalidad jurídica propios, pero que realizan una función pública y, si bien son fiscalizadas por la Superintendencia de Pensiones, no son parte integrantes de dicho organismo fiscalizador, sino que pertenecen a la administración central del Estado, atendido lo dispuesto en el N° 1 del artículo 3° de la Ley Orgánica del Consejo de Defensa del Estado, cuyo texto refundido, coordinado y sistematizado, se fijó por el DFL N°1 del Ministerio de Hacienda, publicado en el Diario Oficial de fecha 7 de agosto de 1993.

Estima que el recurso debe ser rechazado, atendido que excede el ámbito del recurso de protección, no siendo susceptible de discutirse en esta sede lo que persigue la Fundación recurrente, pues, la acción de protección tiene por finalidad poner en ejercicio las facultades jurisdiccionales de los tribunales de justicia, con el propósito de salvaguardar los derechos de las personas de un modo directo e inmediato. La jurisprudencia y la doctrina están contestes en cuanto a que el objeto de esta acción cautelar no es otro que poner remedio o solución, lo más pronto posible, a situaciones de hecho que en un determinado momento son alteradas por un tercero, siempre y cuando dicho acto afecte alguna de las garantías constitucionales que el referido artículo 20 de la Constitución Política de la República señala expresamente. Vale decir que, por esta vía, es posible amparar el ejercicio legítimo de derechos indiscutidos y preexistentes, no un pronunciamiento declarativo como pretende la Fundación recurrente al requerir que se deje sin efecto un acto administrativo, como son los dictámenes de esta Comisión Médica Regional, pues la acción deducida no es el medio idóneo para ello, ya que no se trata de una acción de nulidad de derecho público ni un recurso de casación. Consecuente con lo señalado, no resulta admisible por medio de esta acción cautelar, resolver discusiones de fondo que constituyen materias de lato conocimiento.

Expresa que el recurrente inició su proceso de calificación de invalidez el 9 de octubre de 2020 ante esta Comisión Médica (CMR). El impedimento invocado fue Linfoma de células B tipo Burkitt. A continuación, el día 8 de noviembre de 2020 el afiliado fue entrevistado en su domicilio por médico interconsultor reumatólogo, asignado de la CMR, Dr. nombre reservado, quien concluyó con su informe, que transcribe y, conforme al cual, la Comisión Médica Regional en Sesión emitió el Dictamen Nº 009.2558/2020 de 17 de noviembre de 2021, rechazando otorgar invalidez, dejando constancia en el Acta de sus argumentos.

Agrega que el dictamen Nº 009.2558/2020, tenía fecha de ejecutoría el día 18 de diciembre de 2020, sin embargo, la Superintendencia de Pensiones recibió copia de correo electrónico de esta Corte relativo a este Recurso de Protección, procedió a emitir oficio a esa Comisión señalando que, si bien no registraba presentación alguna del afiliado o de la Fundación recurrente relativa la falta de notificación del Dictamen Nº 009.2558/2020 de 17 de noviembre de 2020, constató que dicho dictamen fue notificado fuera de plazo, por dificultades de Correos de Chile en la entrega del documento, puesto que el afiliado reside en una zona rural. Por lo anterior, ese Organismo Fiscalizador instruyó a la Comisión Médica Regional que se dejase sin efecto la notificación del Dictamen Nº 009.2558/2020 de 17 de noviembre de 2021, procediendo a emitir una nueva notificación con la finalidad de que el afiliado pueda ejercer su derecho a interponer Recurso de Apelación.

Explica el procedimiento y requisitos para determinar los impedimentos que se alegan, y concluye, que en la especie los integrantes de la Comisión Médica Regional han actuado en el ejercicio de sus funciones y atribuciones con estricto apego a la ley y a las Normas para la Evaluación y Calificación del Grado de Invalidez de los Trabajadores afiliados al Sistema de Pensiones, añadiendo que el dictamen por el que se acordó rechazar la solicitud de pensión y calificación de invalidez del recurrente, si bien tenía fecha de ejecutoria el día 18 de diciembre de 2020, aún no se encuentra ejecutoriado, pues se encuentra pendiente la nueva notificación instruida por la Superintendencia de Pensiones, por ello carece de asidero lo reclamado por la Fundación recurrente, ya que evidentemente no se ha vulnerado derecho alguno del afiliado, el que podrá interponer recurso de apelación, por lo que considera que debe declararse improcedente el recurso de protección deducido, por cuanto la acción perdió oportunidad, por la concreción de lo solicitado, pues su proceso de calificación de invalidez fue retrotraído, de manera que el afiliado será notificado nuevamente del Dictamen N° Nº 009.2558/2020, emitido por la Comisión Médica Regional, pudiendo ejercer su derecho a apelación, por lo que debe rechazarse, con costas.

6°.- Que, en su oportunidad, se prescindió del informe respecto de don nombre reservado, por no haberse evacuado dentro del plazo otorgado.

7°.- Que, para analizar el asunto planteado por la presente vía, resulta conveniente consignar, que el recurso de Protección de Garantías Constitucionales establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye, jurídicamente, una acción, destinada a amparar el legítimo ejercicio de las garantías y derechos preexistentes que en esa misma disposición se enumeran, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben tomar ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que priva, amenace ese atributo.

8º.- Que, como se desprende de lo señalado precedentemente, es requisito indispensable de la acción de protección, la existencia de un acto u omisión ilegal, esto es, contrario a la ley, o arbitrario, producto del mero capricho de quién incurre en él, y que provoque algunas de las situaciones o efectos que se han indicado, afectando a una o más de las garantías -preexistentes- protegidas, consideración que resulta básica para el examen y la decisión de cualquier recurso como el que se ha interpuesto.

9º.- Que, cabe reflexionar, a la luz de lo recién expuesto, que esta acción de cautela de derechos constitucionales constituye una vía destinada a dar protección respecto de garantías cuya existencia se encuentre indubitada.

10°.- Que, como se desprende del tenor del recurso, se ha cuestionado el proceso de calificación de invalidez llevado a cabo respecto del recurrente, denunciando diversas actuaciones realizadas en dicho procedimiento, como son la evaluación médica, el análisis de la incapacidad, la falta de motivación del dictamen y el incumplimiento de la normativa en la notificación del mismo, todo lo cual constituiría una arbitrariedad e ilegalidad según se explica, vulnerando las garantías constitucionales que se invocan.

11°.- Que, a su turno las recurridas, han solicitado la inadmisibilidad y/o el rechazo del recurso, haciendo alusión, en general, a la falta de legitimación pasiva, falta de idoneidad de la acción y al cumplimiento de la normativa en el devenir del procedimiento administrativo respectivo, haciéndose presente por la Superintendencia de Pensiones y la Comisión Médica Regional, que se ha dispuesto, por la primera, una nueva notificación del dictamen que rechazó la invalidez solicitada por el actor, de modo que se renovará el plazo para su impugnación.

12°.- Que, de acuerdo a como fuera expuesto por las recurridas, la falta de notificación dentro de plazo del dictamen por el cual el órgano administrativo rechazó la solicitud de invalidez del actor, ha quedado saneada, al dejarse sin efecto dicha notificación por orden de la Superintendencia de Pensiones, en uso de sus facultades de supervigilancia y fiscalización, para luego, ordenarse a la Comisión Médica Regional de Chillán, notificar nuevamente el referido dictamen. Tal actuación viene en conceder nuevamente el plazo para recurrir, de conformidad con la normativa administrativa, en contra de la decisión de rechazo que se ha cuestionado eliminándose, por tanto, los efectos perniciosos que se denunciaban mediante el presente arbitrio.

13°.- Que, así las cosas, las garantías que se estimaban vulneradas por el actor, vuelven a quedar a resguardo, pues gozará de los mecanismos de impugnación que el procedimiento respectivo contempla, perdiendo oportunidad esta acción constitucional de carácter cautelar que solo puede pretender la protección urgente de derechos indubitados y que ya no son necesarios al haberse puesto remedio eficaz a la afectación, motivos que llevan a desestimar el recurso.

Por estas consideraciones y de conformidad, además, con lo previsto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre Tramitación del Recurso de Protección de Garantías Constitucionales, se rechaza, sin costas el interpuesto por la Fundación Valídame, representada por don nombre reservado, a favor de don nombre reservado y en contra de don nombre reservado, doña nombre reservado, doña nombre reservado y de Fundación para la Administración de Comisiones Médicas FACM.

Notifíquese.

En su oportunidad, dese cumplimiento al numeral 14 del Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre tramitación y fallo del Recurso de Protección.

Redacción a cargo del Ministro Titular Guillermo Arcos Salinas.

No firma la Ministra Titular señora Paulina Gallardo García, no obstante haber concurrido a la vista de la causa y al acuerdo, por encontrarse ausente, haciendo uso de permiso previsto en el artículo 347 del Código Orgánico de Tribunales.

ROL 54-2021–PROTECCIÓN.-