Protección contra Comisión Médica Central de la Superintendencia de Pensiones

Chillán, trece de enero dos mil veintiséis.

Visto: 1°.- Que, comparece nombre reservado, quien interpone recurso de protección en contra de la Comisión Médica Central de la Superintendencia de Pensiones, denunciando como acto ilegal y arbitrario la Resolución N° C.M.C. NUM000, de fecha 8 de mayo de 2025, mediante la cual se confirmó la Resolución N° C.M.C.

NUM001 de 18 de marzo de 2025, que a su vez confirmó el Dictamen N° NUM002 de la Comisión Médica de Chillán, declarando que no procede otorgar invalidez.

Expone que, tiene 61 años de edad y que se ha desempeñado por aproximadamente 40 años como conductor de buses interprovinciales, actividad que exige permanecer sentado por extensos períodos y asumir altas responsabilidades en carreteras de alta velocidad. Relata que en marzo de 2021 sufrió un grave accidente doméstico al caer por una escalera, resultando con una lesión severa en su pie y tobillo izquierdo, lo que dio inicio a un prolongado tratamiento médico sin lograr recuperación funcional adecuada.

Señala que los exámenes médicos practicados, evidenciaron una fractura conminuta del astrágalo, asociada a fractura del calcáneo y del cuboides con falta de consolidación ósea y deformación de las superficies articulares, lo que le ha provocado dolor crónico, impotencia funcional, edema persistente y limitación severa de la movilidad, impidiéndole retomar su actividad laboral. Pese a seguir tratamientos médicos y kinesiológicos durante un largo período, su condición no ha mejorado sustancialmente, manteniéndose con licencias médicas por casi cuatro años.

Detalla el proceso administrativo seguido ante las Comisiones Médicas, indicando que la Comisión Médica Regional de Chillán le otorgó un 15% de menoscabo, y que, tras interponer recurso de reposición, la Comisión Médica Central confirmó dicha evaluación, resolviendo que no procede otorgar invalidez.

Incluso, cuando el médico asesor de la Comisión reconoció la existencia de diversas patologías, la Comisión descartó la invalidez por artrosis postraumática del tobillo izquierdo, condicionándola a la realización de una cirugía de artrodesis subtalar.

Sostiene que, la resolución impugnada es ilegal y arbitraria, por cuanto no pondera integralmente la totalidad de sus antecedentes médicos ni el carácter permanente de su incapacidad laboral, imponiéndole una exigencia desproporcionada y dilatoria al supeditar el reconocimiento de la invalidez a una intervención quirúrgica de pronóstico incierto.

Asevera que dicho actuar vulnera las garantías constitucionales consagradas en el artículo 19 N°1 (derecho a la vida e integridad física y psíquica), N°18 (derecho a la seguridad social) y N°21 (derecho a desarrollar cualquier actividad económica), al privarlo de la protección que el sistema de seguridad social debe otorgar frente a una incapacidad laboral evidente.

Finaliza su presentación, solicitando que esta Corte: 1. Se sirva admitir a tramitación el presente recurso de protección, por cumplir con todos los requisitos legales. 2. Ordenar a la recurrida, Comisión Médica Central de la Superintendencia de Pensiones, evacuar informe circunstanciado sobre los hechos que motivan este recurso, dentro del plazo legal, acompañando todos los antecedentes administrativos que obran en su poder, incluyendo el expediente completo de su solicitud de invalidez, las actas de sesión de la Comisión Médica Central y Regional relacionadas con su caso, así como cualquier otro documento que estime relevante para la resolución de este asunto. 3. Considerar que la ilegalidad y arbitrariedad de la Resolución N° C.M.C. NUM000 no solo radica en su conclusión, sino en la deficiente ponderación de los antecedentes médicos que revelan una incapacidad laboral actual y permanente, y en la imposición de una condición (la cirugía) que es dilatoria y desproporcionada. 4. En definitiva, acoger el presente recurso de protección en todas sus partes, dejando sin efecto la Resolución N° C.M.C. NUM000 de la Comisión Médica Central, que confirmó el rechazo de su invalidez. 5. En su lugar, ordenar a la Comisión Médica Central que emita una nueva resolución que declare su invalidez en un grado superior al 75 por ciento, considerando la totalidad de sus antecedentes médicos, el impacto real de sus múltiples dolencias en su capacidad laboral como conductor de buses interprovinciales, y el principio de seguridad social, a fin de que se le otorgue la pensión de invalidez a la que estima tener derecho legal y constitucionalmente. 2°- Que, si bien por resolución de fecha 23 de diciembre de 2025 (folio 20), se prescindió del informe de la recurrida, a folio 24, con fecha 29 de diciembre pasado, se tuvo presente lo expuesto por la Superintendencia de Pensiones mediante escrito incorporado a folio 21 y 22 de la carpeta digital.

Además, en la aludida resolución de folio 24, se tuvo por evacuado el informe solicitado a la Comisión Médica Central, el cual se encuentra incorporado a folio 23. 3°.- Que, a folio 23 la doctora nombre reservado, Presidenta de la Comisión Médica Central, expone que don nombre reservado, chileno, cédula nacional de identidad N°NUM003, posee tres solicitudes de calificación de invalidez, dos realizadas el año 2022, y la última, correspondiente al año 2024 es la que origina la interposición de la acción de protección.

Señala que el 11 de mayo de 2022, don nombre reservado realizó la primera solicitud de calificación de invalidez, conocida por la Comisión Médica Regional de Chillán, la que mediante Dictamen N°NUM004, de 19 de julio de 2022, rechazó la solicitud, determinando un menoscabo de la capacidad de trabajo de un 15%. Ante la disconformidad con la decisión adoptada, con fecha 4 de agosto de 2022, el interesado presentó un reclamo el que fue rechazado por Resolución N° C.M.C.

NUM005 de 31 de agosto de 2022. El 27 de septiembre de 2022, el Sr. nombre reservado interpuso un recurso de reposición, de conformidad a lo dispuesto en el artículo 59 de la Ley N°19.880, el que fue conocido y resuelto por la Comisión Médica, mediante Resolución N° C.M.C. NUM006, de 13 de diciembre de 2022, ejecutoriada el 27 de diciembre del mismo año, rechazando la acción.

Añade la compareciente que, el 28 de diciembre de 2022, el recurrente realiza una segunda solicitud de calificación de invalidez. La Comisión Médica Regional de Chillán estudió los antecedentes y mediante Dictamen N°NUM007, de 4 de abril de 2023, la rechazó al determinar la existencia de un menoscabo laboral de un 14%. Con fecha 5 de mayo de 2023, don nombre reservado interpuso reclamo, el que fue resuelto por Resolución N° C.M.C. NUM008, de 30 de mayo de 2023.

Luego de un nuevo análisis del caso, la Comisión Médica decide acoger el reclamo otorgando al Sr. [Bernardo} una pensión de invalidez parcial transitoria al ponderar su incapacidad global en un 61%, constando el acuerdo arribado en acta de Sesión N°NUM009. Sin embargo, el 23 de junio de 2023, las compañías de seguros Seguros de Vida S.A., RUT RUT reservado, Compañía de Seguros Confuturo S.A., RUT RUT reservadoy Penta Vida Compañía de Seguros de Vida S.A., RUT RUT reservado, presentaron un recurso de reposición de conformidad a lo dispuesto en el artículo 59 de la Ley N°19.880, argumentando la existencia de tratamientos pendientes por el impedimento de fractura de pie izquierdo, solicitando una nueva evaluación por especialista fisiatra. Dicho recurso, fue resuelto por la Comisión por Resolución N° C.M.C. NUM010, de 9 de noviembre de 2023, acogiendo la acción presentada por las compañías de seguro y revocando la resolución impugnada, luego de decidir que no procede otorgar una pensión de invalidez al interesado. Continúa exponiendo la doctora nombre reservado, que el 1 de febrero de 2024, el afiliado realiza una tercera solicitud de calificación de invalidez. El caso fue conocido por la Comisión Médica Regional de Chillán y asignado a la Dra. nombre reservado. El afiliado fue derivado a diversas interconsultas para ser evaluado por especialistas del área de la medicina familiar, oftalmología y traumatología. Además, fue objeto de un peritaje socio laboral. Todo, con el objeto de resolver fundadamente su solicitud. Luego de un análisis integral de los antecedentes, la Comisión Médica Regional de Chillán, a través de Dictamen N°NUM002, de 28 de marzo de 2024, rechaza la solicitud por considerar que las enfermedades alegadas como invalidantes no alcanzan a provocar una pérdida de la capacidad de trabajo de a lo menos un 50%, determinando que en el caso de don nombre reservado, ésta solo alcanza el 15 %. Argumentos que se detallan en el acta de Sesión N°NUM011, la cual transcribe.

Mas adelante, indica la profesional, que el 26 de abril de 2024, el recurrente presentó ante la Comisión un reclamo contra el dictamen que rechazó su solicitud de calificación de invalidez, solicitando se considere lo expuesto en su carta explicativa, se desestime lo dictaminado por la Comisión Regional y ser objeto de una nueva evaluación traumatológica. Luego de un nuevo estudio de los antecedentes, mediante Resolución C.M.C. NUM001, de 18 de marzo de 2025, se rechazó el reclamo y se confirmó la resolución impugnada, según se informa en acta de sesión N°NUM012.

Posteriormente, el 14 de abril de 2025, el interesado interpuso un recurso de reposición, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 59 de la Ley N°19.880, ante esa Comisión, el cual fue resuelto por Resolución N° C.M.C. NUM000, de 8 de mayo de 2025, que finalmente rechazó el recurso presentado y confirmó la resolución impugnada. El detalle del análisis realizado por la Comisión se consignó en el acta de Sesión N°NUM013, la cual trascribe.

Añade la compareciente, que para resolver al tenor de lo indicado en dictámenes y resoluciones, así como en sus respectivas actas de sesión, tanto la Comisión Médica Regional como la Comisión Médica Central, no solo estudiaron los antecedentes aportados por el recurrente, también los cotejaron con los informes emitidos por los médicos interconsultores, especialistas en áreas atingentes a los impedimentos alegados por el afiliado, concluyendo que a la fecha del presente informe, no existen gestiones pendientes de parte de esa Comisión Médica.

En cuanto al derecho cita el artículo 4 del Decreto Ley N°3.500, de 1980, el cual señala expresamente quienes tendrán derecho a una pensión de invalidez y especifica: “Tendrán derecho a pensión de invalidez los afiliados no pensionados por esta ley que, sin cumplir los requisitos de edad para obtener pensión de vejez, y a consecuencia de enfermedad o debilitamiento de sus fuerzas físicas o intelectuales, sufran un menoscabo permanente en su capacidad de trabajo, de acuerdo a lo siguiente: a) Pensión de invalidez total, para afiliados con una pérdida de su capacidad de trabajo de al menos, dos tercios y, b) Pensión de invalidez parcial, para afiliados con una pérdida de su capacidad de trabajo igual o superior a cincuenta por ciento e inferior a dos tercios. Las Comisiones Médicas a que se refiere el artículo 11, deberán frente a una solicitud de pensión de invalidez del afiliado, verificar el cumplimiento de los requisitos establecidos en el inciso anterior y emitir un dictamen de invalidez que otorgará el derecho a pensión de invalidez total o parcial a contar de la fecha que se declare la incapacidad, o lo negará, según corresponda. Cuando se trate de un dictamen que declare una invalidez total, aquel tendrá el carácter de definitivo y único.”

Destaca que los afiliados que soliciten una pensión de invalidez deben sufrir un menoscabo permanente de su capacidad de trabajo, el que debe ser consecuencia de una enfermedad o debilitamiento de sus fuerzas físicas o intelectuales. La Comisión Técnica de Invalidez, a través de las Normas para la Evaluación y Calificación del Grado de Invalidez de los Trabajadores Afiliado al Nuevo Sistema de Pensiones, en las instrucciones generales para el uso de estas normas, ha definido que se debe entender por impedimento y menoscabo laboral permanente, debiendo existir una relación de causa y efecto entre el impedimento y el menoscabo laboral permanente, para poder otorgar una pensión de invalidez, según el porcentaje de menoscabo acreditado.

Agrega que el artículo 11, del Decreto Ley N°3.500, de 1980, establece que la invalidez será calificada en conformidad con las "Normas para la evaluación y calificación del grado de invalidez de los trabajadores afiliados al nuevo sistema de pensiones", según lo señale el reglamento, por una Comisión de tres médicos cirujanos que funcionará en cada Región, designados por el Superintendente de Administradoras de Fondos de Pensiones, hoy Superintendente de Pensiones. Del mismo modo, el inciso quinto del artículo 11, prescribe que los dictámenes que emitan las Comisiones Médicas Regionales serán reclamables mediante solicitud fundada, por el solicitante afectado, por el Instituto de Previsión Social y por las Compañías de Seguros que se adjudiquen la licitación del seguro de invalidez y sobrevivencia a que se refiere el artículo 59 bis, en el caso de los afiliados cubiertos por dicho seguro, ante la Comisión Médica Central, la que estará integrada por tres médicos cirujanos designados por el Superintendente en igual forma que los de las Comisiones Médicas Regionales y conocerá del reclamo sin forma de juicio, ateniéndose al siguiente procedimiento:

A. El reclamo deberá interponerse por escrito, dentro del plazo de quince días hábiles contado desde la fecha de la notificación del dictamen, ante la Comisión Regional que lo emitió y sin necesidad de patrocinio de abogado;

B. La Comisión Médica Regional remitirá a la Comisión Médica Central el reclamo y la totalidad de los antecedentes que sirvieron de base a su pronunciamiento, dentro del plazo de cinco días, contado desde la recepción del reclamo por parte de la Comisión Regional;

C. La Comisión Médica Central estudiará los antecedentes que le sean enviados y PODRÁ disponer que se practiquen al afiliado, nuevos exámenes o análisis, para lo cual oficiará a la Comisión Regional. Los nuevos exámenes o análisis deberán practicarse en un plazo no superior a sesenta días, y D. La Comisión Médica Central dispondrá de un plazo de diez días hábiles, contado desde la fecha en que reciba los nuevos exámenes o análisis, o desde que reciba el reclamo, en su caso, para emitir su fallo, el que podrá confirmar o revocar lo resuelto por la Comisión Regional y le será remitido a ésta a fin de que proceda a notificar al reclamante.

Explica la profesional, que en el caso de don nombre reservado, respecto al impedimento de su tobillo de pie izquierdo, según se detalla en el Acta de Sesión N°NUM011 de 28 de marzo de 2024, existe la indicación de realizar una artrodesis subtalar, lo que consisten en un procedimiento quirúrgico de baja complejidad, que se llevará a cabo en el hospital de Chillán, recinto donde actualmente el interesado está siendo atendido y controlado, encontrándose a la espera de exámenes específicos para el procedimiento. En este sentido, resulta acertado no configurar el impedimento señalado, ya que es requisito indispensable agotar la alternativa quirúrgica, debiendo transcurrir un periodo de tiempo de 12 meses desde su realización, para recién poder evaluar si existe mejoría o recuperación de la capacidad de trabajo, o si, por el contrario, hubo un deterioro o retroceso de la condición de salud del afiliado y de ese modo, ponderar si corresponde configurar o no la invalidez y en qué porcentaje, de ser procedente.

Esto, de conformidad a lo señalado en las Normas Técnicas de Evaluación que proporcionan las directrices para resolver los casos que son objeto del análisis tanto de las Comisiones Médicas Regionales como esta Comisión, e indican la fórmula para calcular el menoscabo de cada uno de los impedimentos o la combinación de estos.

Afirma que tanto la Comisión Médica Regional de Chillán como la Comisión Medica Central han aplicado de manera estricta la normativa vigente con el objeto de determinar si es procedente otorgar o rechazar la invalidez del Sr. nombre reservado.

También se ha cumplido el debido proceso, generando el recurrente la instancia de estudiar nuevamente los antecedentes, mediante la interposición de los recursos contemplados en la ley y su posterior resolución por el organismo técnico, cumpliendo con lo mandatado por el Decreto Ley N°3.500, de 1980 y por el Decreto Supremo N°57 de 1990, del Ministerio del Trabajo y Previsión Social, que contiene el Reglamento del citado D.L.

Agrega que en virtud de lo dispuesto por el artículo 18 del Decreto Supremo N°57 de 1990, las Comisiones Médicas gozan de autonomía en el conocimiento y resolución de las invalideces sometidas a consideración de ellas, reservándose privativamente a la Superintendencia de Pensiones la facultad fiscalizadora del Sistema.

Finalmente, respecto al caso de estudio, sostiene que no fue posible corroborar la relación causa-efecto entre Impedimento y Menoscabo que permitiera declarar la invalidez. Explica que los impedimentos pueden encontrarse configurados o no configurados y que sólo los impedimentos configurados permiten asignar el menoscabo laboral porcentual que dictan estas normas. Los impedimentos no configurados no señalan ausencia de enfermedad, sólo el incumplimiento de las condiciones que permiten considerarlo para calificar la invalidez, como es el caso de don nombre reservado.

Enfatiza que las decisiones adoptadas por la Comisión Médica Central se encuentran respaldadas por el Decreto Ley N°3.500, su reglamento, el Decreto Supremo N°57, de 1990, del Ministerio del Trabajo y Previsión Social y las Normas para la Evaluación y Calificación del Grado de Invalidez de los Trabajadores Afiliado al Nuevo Sistema de Pensiones. Las ponderaciones fueron realizadas por especialistas de las áreas atingentes, por lo que, en cuanto a la artrosis post traumática de tobillo izquierdo, no significa que la Comisión Médica no lo haya evaluado en la oportunidad correspondiente, sino que por el contrario, luego de evaluarlo determinó que no se configuraba, al no cumplir con los requisitos que permiten calificarlo como un impedimento capaz de generar un menoscabo laboral, en los términos prescritos por la legislación. Es decir, de acuerdo con los padecimientos estudiados del afiliado, aquel no configurado y, por lo tanto, no contemplado para calificar la invalidez, no cumple con los siguientes requisitos: 1.

Ser objetivable según conocimientos médicos validados o evidencia médica. 2.

Ser demostrable, por medios clínicos, de laboratorio, pruebas funcionales o imagenología. 3. Las medidas generales y terapias médicas o quirúrgicas accesibles por el evaluado están efectuadas o no revertirán el impedimento de acuerdo a la evidencia médica. La falta de acceso a tratamientos está demostrada por peritaje socio-laboral y evaluación médica, justificando las razones de Comisión Médica. 4. La evolución según probabilidad médica se ha estabilizado o está en agravación y no existe en el estado actual del arte tratamientos accesibles que reviertan la condición. 5. Los periodos de observación clínica indicados en estas normas para las especialidades respectivas están cumplidos. Hará excepción de esto, aquel impedimento cuyo curso clínico sea objetivamente irreversible e inexorable. Finalmente indica que en el caso del señor nombre reservado solo se configuró el impedimento de hipertensión arterial, al cual se le atribuye un 15% de menoscabo en la capacidad de trabajo, porcentaje que no califica para ser beneficiario de la pensión de invalidez pretendida, por lo que el actuar de la Comisión y de la Regional, se ajustan estrictamente a la normativa actual, no existiendo un acto ilegal o arbitrario que les pueda ser imputado. 4°. - Que, a fojas 21, don nombre reservado, Jefe del Departamento Judicial de la Superintendencia de Pensiones, solicita tener presente que el acto recurrido no emana de dicha entidad, la cual carece de legitimación pasiva para ser recurrida en autos.

En lo medular de su escrito, explica que la Superintendencia de Pensiones no tiene facultades para intervenir en la ponderación de una solicitud de calificación de invalidez. Cita lo dispuesto en el articulo 94 del DL 3500 y sentencia dictada por la Corte de Temuco en causa Rol 996-2022. 5°.- Que, para analizar el asunto planteado por la presente vía, resulta conveniente consignar que el recurso de Protección de Garantías Constitucionales, establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye jurídicamente una acción, destinada a amparar el legítimo ejercicio de las garantías y derechos preexistentes que en esa misma disposición se enumeran, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben tomar ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que priva, o amenace ese atributo. 6°.- Que, es requisito indispensable de la acción de protección, la existencia de un acto u omisión ilegal, esto es, contrario a la ley, o arbitrario, producto del mero capricho de quién incurre en él, y que provoque algunas de las situaciones o efectos que se han indicado, afectando a una o más de las garantías - preexistentes- protegidas, consideración que resulta básica para el examen y la decisión de cualquier recurso como el que se ha interpuesto. 7°.- Que, cabe reflexionar, a la luz de lo recién expuesto, que esta acción de cautela de derechos constitucionales constituye una vía destinada a dar protección respecto de garantías cuya existencia se encuentre indubitada. 8°.- Que, la Resolución N° C.M.C. NUM000 de fecha 08/05/2025, que por este arbitrio se impugna, efectivamente fue dictada por la Comisión Médica Central de la Superintendencia de Pensiones, resolviendo un recurso de reposición deducido por el recurrente en contra la Resolución N° C.M.C. NUM001 de fecha 18/03/2025, que a su vez confirmó el Dictamen N° NUM002 de la Comisión Médica Chillán, que rechazó la solicitud de invalidez presentada por don nombre reservado. 9°.- Que, en primer lugar conviene precisar que las facultades de la Superintendencia de Pensiones se encuentran contenidas en el artículo 94 del DL N°3.500 de 1980; artículo 3 del D.F.L N°101 de 1980 del Ministerio del Trabajo y Previsión Social; y en el artículo 47 de la ley 20.255, en cuyo catálogo de atribuciones no se advierten facultades resolutivas o de decisión respecto de las solicitudes de invalidez de los afiliados al sistema, su evaluación y/o calificación, como tampoco respecto de los reclamos interpuestos por las partes en contra de los dictámenes que en cuanto a invalidez emiten las Comisiones Médicas Regionales o Central.

Además, el artículo 11 del D.L. N°3.500 como los artículos 22 y siguientes del Reglamento respectivo, establecen un procedimiento específico tanto para que cada afiliado presente su solicitud de invalidez ante la Comisión Médica Regional correspondiente para su evaluación y calificación, como también para los reclamos y recursos que ameriten los dictámenes pronunciados por dichas Comisiones Médicas Regionales para ante la Comisión Médica Central.

De conformidad con lo expuesto, y con independencia de las facultades de administración, supervisión y fiscalización que, en materias contables, de gastos y operativas detenta la Superintendencia de Pensiones, ellas no le importan atribuciones de resolución en las materias denunciadas ni de representación de las respectivas comisiones médicas; por lo que sólo cabe concluir que dicha entidad no es legitimada pasiva en esta acción cautelar. 10°.- Que, en cuanto al fondo del asunto planteado, del mérito de los antecedentes incorporados en autos, consta que: 1.- El 1 de febrero de 2024, don nombre reservado, efectuó una tercera solicitud de calificación de invalidez. 2.- La Comisión Médica Regional de Chillán, a través de Dictamen N°NUM002, de 28 de marzo de 2024, rechazó la solicitud por considerar que las enfermedades alegadas como invalidantes no alcanzan a provocar una pérdida de la capacidad de trabajo de a lo menos un 50%, determinando que en el caso de don nombre reservado, ésta solo alcanza el 15 %. 3.- El 26 de abril de 2024, el recurrente presentó un reclamo ante la Comisión Médica Central, contra el dictamen que rechazó su solicitud de calificación de invalidez.

Luego de un nuevo estudio de los antecedentes, mediante Resolución C.M.C. NUM001, de 18 de marzo de 2025, se rechazó el reclamo y se confirmó la resolución impugnada. 4.- El 14 de abril de 2025, el afiliado interpuso un recurso de reposición, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 59 de la Ley N°19.880, ante la Comisión Médica Central, en contra de la Resolución C.M.C. NUM001, el cual fue rechazado por Resolución N° C.M.C. NUM000, de 8 de mayo de 2025. 11°.- Que, como se advierte, el conflicto de fondo se centra en determinar y declarar el derecho del recurrente a la cobertura del Seguro de Invalidez y Sobrevivencia, materia que puede ser revisada por la Comisión Médica en diversas oportunidades, de acuerdo con el procedimiento establecido en la normativa aplicable. 12°.- Que, lo reclamado por el actor no es susceptible de salvaguardarse por esta vía constitucional, toda vez que se trata de una facultad autónoma de carácter eminentemente técnico, entregada por el legislador a las Comisiones Médicas Regionales y en último término a la Comisión Medica Central de la Superintendencia de Pensiones.

Resultando en la especie que la fundada respuesta del organismo técnico que resolvió la solicitud de declaración de invalidez se enmarca en la actividad correspondiente a la autoridad competente, dentro del procedimiento establecido en la ley y con mérito para ello. 13°.- Que, de este modo, los términos de la discusión planteada a través del presente arbitrio, no se vinculan con una materia que corresponda ser dirimida a través de una acción cautelar de emergencia, como es el recurso de protección, el que no tiene el carácter de instancia declarativa de derechos, sino de amparo de derechos preexistentes e indubitados que se encuentren afectados por alguna acción u omisión ilegal o arbitraria.

Por estas consideraciones y visto, además, lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y en el Auto Acordado de la Corte Suprema sobre Tramitación y Fallo del Recurso de Protección de Garantías Constitucionales, se rechaza, sin costas, el deducido por nombre reservado contra la Comisión Médica Central de la Superintendencia de Pensiones.

Regístrese, comuníquese y archívese en su oportunidad.

Redacción de la ministra Paulina Gallardo García.

Rol N°536-2025. PROTECCION. -