nombre reservado con INSTITUTO DE SEGURIDAD LABORAL

Chillán, catorce de noviembre de dos mil veintidós.

Vistos:

1°.- Que, comparecen doña nombre reservado y don nombre reservado, quienes interponen recurso de protección en contra del Instituto De Seguridad Laboral (ISL) representado por su director nombre reservado (S), o quien lo subrogue legalmente, dependiente del Ministerio Del Trabajo y Previsión Social, representado por su directora nombre reservado, o quien la subrogue legalmente.

Para fundarlo, señalan que doña nombre reservado fue diagnosticada con un Síndrome Mieloproliferativo, nombre reservado Mieloide nombre reservado, en el año 2008 y don nombre reservado fue diagnosticado con hipoplasia medular y posteriormente nombre reservado, ambas enfermedades de origen laboral y que fueron acogidas a la ley N° 16.744 mediante ordinario N° 45063 de fecha 18 de abril del 2007 de la Superintendencia de Seguridad Social; que al ser afiliados al Instituto de Salud del trabajador, y dada la alta complejidad de sus patologías, fueron enviados por éste al Hospital clínico de la Universidad de Chile, donde fueron diagnosticados y tratados desde el año 2007-2008 hasta diciembre del año 2021, es decir, por un total de 15 años, y durante todo este tiempo su médico tratante fue Dr. nombre reservado, médico hematólogo, subespecialidad oncohematología.

A continuación, explican que el ISL para esta atención clínica debe pagar pasajes de transportarte de paciente y acompañante ida y vuelta Chillán - Santiago, hotel con alimentación y transporte en la ciudad de Santiago, reservas hoteleras, además de gestionar las horas, atenciones médicas y entrega de medicamentos por el prestador, sin embargo, siempre ha existido problemas de gestión de su parte; tampoco le fueron reconocidas enfermedades que se les presentaron por efectos secundario de los medicamentos y que han sido diagnosticada e informadas por el médico tratante don nombre reservado del Hospital Clínico de la Universidad de Chile, y se ha negado su cobertura y tratamiento, como fibromialgias, enfermedad de las mucosas, oftalmológica, odontológica.

Añaden que los primeros días de enero de este año, ambos recibieron llamados de un funcionario del ISL, indicándoles que se les cambió el prestador y fueron derivados al Hospital del Profesor, situación que les produjo ansiedad y desconfianza. Detallan que las atenciones mensuales recibidas hasta la fecha en el nuevo centro de salud han sido efectuadas cada una por médicos diversos que no tienen la especialidad en hematología, que solo se limitan a ordenar exámenes para el siguiente control; que la atención no dura más de 5 minutos y que en la farmacia del Hospital no están los medicamentos que se les prescriben. Además, como ISL no desea realizar pago de alojamiento en Santiago los exámenes son realizados 15 días antes de la consulta médica en una clínica de Chillán, donde el hemograma no es analizado por médico o tecnólogo médico especializado, sino que realizado solo por equipo hematológico.

A continuación, precisan que la notificación del cambio de prestador se realizó recién el día 08 de febrero del presente año por doña nombre reservado directora regional (S) del Instituto de Seguridad Ñuble a través de ordinario N° 43 la que establece el cambio de prestador de servicio indicando que pondrá termino a sus prestaciones médicas con el Hospital Clínico Universidad de Chile a contar del 08 de febrero del 2022, y que será derivada al hospital del Profesor para continuar con las prestaciones médicas, a pesar que ya habían tenido su primera atención en el Hospital del Profesor. Además, señalan que el Hospital del Profesor es un hospital pequeño; que la unidad de oncología solo tiene atención ambulatoria y no tiene unidad de hospitalización, hecho que es importante, toda vez, que en caso de quimioterapia los pacientes deben ser hospitalizados en unidad de aislamiento; que la unidad de hematología solo cuenta con una enfermera coordinadora y una secretaria a cargo de un médico jefe; que no existe laboratorio especializado de hematología, sino un laboratorio que atiende todo tipo de pacientes.

Por último, estiman que todos los hechos relatados constituyen un acto ilegal y arbitrario que afecta la garantía constitucional del artículo 19 N° 1 de la Constitución Política de la Republica, esto es, el derecho a la vida y a la integridad física.

Finalmente, piden que esta Corte acoja la presente acción de protección, ordene reestablecer el imperio del derecho a través de las peticiones concretas que formulan o dicte las demás medidas que se estime pertinentes para reestablecer el imperio del derecho y garantizar los derechos cuya protección se solicita.

2°.- Que, al informar doña nombre reservado, en representación del Instituto de Seguridad Laboral, Directora Nacional (s), en primer lugar alega la incompetencia de este tribunal para conocer estos antecedentes, en atención a que en esta jurisdicción no se ha cometido ningún acto que pueda ser considerado como arbitrario o ilegal, como tampoco se ha incurrido en omisión alguna que ocasione una privación, perturbación o amenaza en el ejercicio de las garantías constitucionales que esta acción cautelar protege. Lo anterior, en atención a que las decisiones relativas a la asignación de prestadores de salud para los efectos del seguro de accidentes del trabajo proveniente de la Ley Nº16.744 sobre accidentes del trabajo y enfermedades profesionales se determina a nivel central y no en las Direcciones Regionales, lo que determina que esta Corte sea incompetente para conocer de este Recurso.

En segundo lugar, alega la extemporaneidad del recurso, fundado en que los ORD. Nº42 y 43, son de fecha 08 de febrero de 2022 y que en los mismos se les informó a los hoy recurrentes que de no estar de acuerdo con la decisión de cambio de prestador, podían presentar apelación a la Superintendencia de Seguridad Social; que al no efectuar dicha gestión, los plazos en los términos del Auto Acordado no se han interrumpido y por lo tanto, los 30 días contados desde que se ha provocado la perturbación al derecho se encuentran totalmente vencidos el día 08 de marzo de 2022. Del mismo modo, no existe una mantención continua de la perturbación al derecho que se alega, pues existe un acto administrativo cuyas consecuencias los interesados estiman que perturban sus garantías constitucionales, y, por otro lado, si es una situación que se ha mantenido a través del tiempo, entonces el medio idóneo para obtener su remedio no es el recurso de protección, sino que es un juicio declarativo que en su culminación y resolución declare que el Instituto de Seguridad Laboral ha sido negligente en la administración del Seguro que le corresponde, y que a consecuencia de esta declaración se le sentencie a cumplir en los términos que establezca el fallo que recaiga en la acción que se intente. Añade que no existe ningún acto administrativo emanado de ese servicio que se encuentre datado el día 06 de septiembre de 2022 y que le pueda permitir a la parte recurrente renovar el plazo para interponer esta acción.

En otro orden de ideas, señala que los hechos y las peticiones concretas esbozadas en el recurso no son materia susceptible de ser cautelada a través del Recurso de Protección constitucional y que conforme al Código Orgánico de Tribunales es competente para conocer de estas materias el Juez de Letras del Trabajo, a través de una demanda laboral ordinaria.

Respecto de doña nombre reservado, señala que es una tecnóloga médica, de 62 años, dependiente del Hospital Herminda Martin de Chillán; que el Instituto de Seguridad Laboral acogió el diagnóstico de Enfermedad Profesional por REX. 972711 del 02/01/2005; que dicho diagnóstico laboral es nombre reservado Mieloide nombre reservado; que en marzo de 2009 inicia y mantiene controles médicos periódicos en el prestador Hospital Clínico de la Universidad de Chile, bajo coberturas de la Ley 16.744; y que desde junio de 2009, el equipo médico tratante reporta que su enfermedad laboral hematológica se encuentra en remisión completa. Asimismo -agrega- la señora nombre reservado presenta una serie de enfermedades de origen común y que no son cubiertas por el Seguro de Administración del Instituto de Seguridad Laboral. A contar del 08 de febrero 2022, previa evaluación técnica - clínica y administrativa del caso, se determinó el cambio de prestador médico y se iniciaron las atenciones en un nuevo prestador, esto es en el Hospital del Profesor, que corresponde a un establecimiento de atención cerrada y de Alta complejidad según el registro de Prestadores acreditados por la Superintendencia de Salud, bajo el N°44 y vigente hasta el 2023. Dicho cambio se notificó el 08 de febrero de 2022, mediante Ordinario Nº43. De acuerdo con el plan de tratamiento informado por el prestador a este Instituto, y toda vez que la patología de origen profesional se encuentra en remisión, se determinó que la señora nombre reservado debería mantener un régimen de control de su estado de salud en el recinto médico con una periodicidad de 3 meses, de acuerdo a informe médico de fecha 09 de octubre de 2009, y posteriormente de seis meses. Hace presente que la recurrente cuenta con indicación médica de acompañante, la que fue autorizada por el Departamento de Medicina Laboral. Adicionalmente se le ha otorgado una tarjeta de alimentación, la que se recarga previo a cada control médico y con los montos establecidos en Rex N°35 y anteriormente se entregaban vales de alimentación.

Añade que en su oportunidad el motivo de la derivación a Santiago de la recurrente fue la falta de especialistas y de hospitales de alta complejidad y resolutividad en la Región del Bio Bío; que nunca ha requerido de hospitalización; que no es efectivo que haya tenido controles cada dos meses; que desde la remisión los controles fueron establecidos con periodicidad de tres meses y luego de seis meses; que en su expediente no se registra reclamo respecto a dificultades con la cobertura de los gastos de acompañante; que conforme a lo solicitado por el médico tratante del año 2019 el medio de transporte para ella es el tren; que la alegación en orden a que durante el período que abarca el estado de excepción por emergencia sanitaria, los controles fueron mínimos, que los medicamentos en algunos momentos fueron solventados por ella misma y que la entrega de los mismos por parte del prestador fue esporádica, se explica precisamente por las restricciones de movilidad, cuarentenas, falta de stock de medicamentos en general y todas las situaciones que el país debió soportar debido a la crisis sanitaria provocada por el Covid 19.

En cuanto a la alegación relativa a que el ISL se ha negado a cubrir otras patologías, indica que éstas son propias de la edad y que por aplicación estricta de la ley Nº16.744 no son susceptibles de ser cubiertas por el seguro y han de ser solventadas mediante el sistema de salud de la reclamante. Aclara que tampoco se le indicó que el convenio con el Hospital Clínico de la Universidad de Chile había terminado, sino que las prestaciones que se le otorgan a ella en específico llegaban a su fin con esta institución hospitalaria, y es esta situación la que se refleja en el Ordinario Nº42 de febrero de 2022, de manera que esta forma, se ha mantenido otorgando los cuidados de la salud que la interesada requiere en relación a su condición médica.

Sostiene que todos los reclamos que formula la recurrente se explican por la relación de confianza que generó durante los 15 años que se atendió en el mismo lugar y con el mismo profesional, pero que en nada se relacionan con la capacidad profesional o técnica o incluso administrativa que poseen ambas instituciones, puesto que, para los efectos de la cobertura del seguro, ambas son equivalentes. En relación a que los exámenes realizados fueron procesados en un laboratorio clínico cuya calidad no le satisface, se trata de una aseveración estrictamente subjetiva ya que el laboratorio se encuentra debidamente autorizado y certificado por los organismos competentes.

En relación con don nombre reservado, dice que es un trabajador activo, de 61 años, tecnólogo médico de profesión y funcionario público del Servicio de Salud Ñuble, con funciones en el Hospital del Carmen; que fue reconocido con diagnóstico de Enfermedad Profesional (EP) acogida según REX. 971507 del 02/01/2007; que a contar del año 2008 inicia sus controles médicos periódicos en el Hospital Clínico de la Universidad de Chile, lugar en que se ha mantenido bajo las coberturas de la Ley 16.744; que desde octubre de 2017, el equipo médico tratante reporta que su enfermedad laboral hematológica se encuentra en remisión completa; que a contar del mes de febrero de 2022 sus controles se derivaron al Hospital del Profesor, en la ciudad de Santiago, entidad de atención cerrada y de alta complejidad según el registro de Prestadores acreditados por la Superintendencia de Salud, bajo el N°44 y vigente hasta el 2023. Añade que la periodicidad de estos controles es de tres meses; que debe viajar desde Chillán a Santiago; que en la ficha clínica del recurrente no existe indicación de viajar acompañado; que los reembolsos de traslados han sido enterados de acuerdo al procedimiento establecido internamente por el ISL, en la Resolución Exenta Nº35; que de la misma manera en que se han efectuado las respectivas recargas en su tarjeta de alimentación; que en el año 2019 se remitieron sus antecedentes a la Compin Ñuble para efectos de declarar su grado de incapacidad para ganar su sustento, el que se propuso en un 45%, sin embargo, dicho proceso se retiró de la evaluación en atención a la solicitud del interesado.

Respecto del cambio de prestador para efectos de los controles médicos, se reiteran los mismos argumentos explicitados a propósito de la otra recurrente, en el sentido de que nunca se les notificó el término del convenio con el prestador Hospital Clínico de la Universidad de Chile, sino que se les notificó del acto administrativo que determinó el reemplazo del prestador en lo que a los recurrentes respecta. En relación con este acto administrativo señala que el recurrente no efectuó reclamo alguno ante la Superintendencia de Seguridad Social.

En cuanto a las garantías que estiman conculcadas, señala que no existe una omisión que implique un incumplimiento de las obligaciones del Instituto de Seguridad Laboral, lo que se refleja en que ambos recurrentes hasta la fecha, y aun superando la edad legal para pensionarse, se mantienen trabajando, lo que indica que su salud aun es compatible con el servicio, puesto que tampoco han sido destituidos de sus cargos por salud incompatible. Agrega que el ISL ha actuado de manera legal otorgando las prestaciones médicas y económicas, en los términos establecidos por los manuales institucionales, buscando siempre otorgar las mejores condiciones en el cumplimiento de su cometido; que no ha habido arbitrariedad en la decisión del cambio de prestador, puesto que la misma se fundamenta en sus facultades legales y de eficiencia en la administración de las prestaciones y se le ha otorgado a los interesados la posibilidad de recurrir vía administrativa en los términos dispuestos por la Ley Nº19.880, facultad que no fue ejercida por los aquellos.

Termina solicitando que se rechace el recurso de protección por extemporáneo; en subsidio, por improcedente y señalar que el actuar del ISL no ha sido arbitrario ni tampoco ilegal, y que en consecuencia no se ha conculcado la garantía constitucional que fundamenta el recurso, con costas.

3°.- Que, al informar don nombre reservado, en representación de la recurrida, Subsecretaría del Trabajo, dependiente del Ministerio del Trabajo y Previsión Social, refiere que el Instituto de Seguridad Laboral es la entidad pública encargada de administrar el Seguro Social contra Riesgos de Accidentes del Trabajo y Enfermedades Profesionales, establecido en la Ley 16.744; que el Ministerio, al tomar conocimiento de la presente acción cautelar, instruyó a la Superintendencia de Seguridad Social, órgano fiscalizador directo del Instituto de Seguridad Laboral, que recabe los todos los antecedentes sobre la situación expuesta por los recurrentes y adopte las medidas necesarias, de estimarse procedente, y acto seguido, solicitó al Instituto de Seguridad Laboral, evacuar un informe sobre los hechos expuestos por los actores.

Estima que el recurso carece de fundamentos de hecho y de derecho y solicita que sea rechazado, con costas.

En relación con lo aseverado por la Sra. nombre reservado respecto a que el cambio de prestador clínico pone en riesgo su derecho a la vida e integridad física, indica que el Hospital del Profesor, es un establecimiento de atención cerrada y de alta complejidad, con registro vigente en calidad de prestador acreditado por la Superintendencia de Salud, bajo el N°44, hasta el año 2023 y que para el otorgamiento de los servicios que requiera la actora, cuenta con medios propios y tercerizados de primer nivel, de carácter hospitalario, de laboratorios y de personal médico especialista. Además, se debe tener presente que la enfermedad laboral de la recurrente (leucemia mieloide crónica) desde el mes de junio de 2009 -según informe del equipo médico tratante del Hospital Clínico de la Universidad de Chile- se encuentra en remisión completa; que el ISL ha efectuado los reembolsos de pasajes personales y de acompañante y ha cubierto los gastos de alimentación y alojamiento para la Sra. nombre reservado y su acompañante, como asimismo, la entrega sin costos de todos los medicamentos relativos a su enfermedad, debiendo tener presente las dificultades propias del período de pandemia durante los años 2020-2021.

Indica que en ningún caso se ha incurrido en una vulneración de la garantía establecida en el artículo 19 N°1 de la Carta fundamental por parte del Instituto recurrido, entidad sin fines de lucro, cuya esencia es la recuperación de los trabajadores y trabajadoras del país.

Finalmente, señala que el convenio con el Hospital Clínico de la Universidad de Chile y el Instituto de Seguridad Laboral, sigue vigente, pero dada la evolución favorable de la enfermedad de la recurrente, al estado de remisión completa, se decidió la modificación del prestador clínico, lo que se comunicó a la actora el 8 de febrero de 2022, sin que se haya ejercido recurso administrativo ni tampoco judicial.

En cuanto con lo aseverado por el Sr. nombre reservado, respecto del cambio de prestador clínico, y que dicha modificación pone en riesgo su derecho a la vida e integridad física, indica que el Hospital del Profesor es un establecimiento de atención cerrada y de alta complejidad, con registro vigente en calidad de Prestador acreditado por la Superintendencia de Salud, bajo el N°44, hasta el año 2023 y que para el otorgamiento de los servicios que requiera el actor, cuenta con medios propios y tercerizados de primer nivel, de carácter hospitalario, de laboratorios y de personal médico especialista. Además, se debe tener presente que según el informe del equipo médico del Hospital Clínico de la Universidad de Chile, desde el mes de febrero de 2019, la enfermedad laboral del recurrente, leucemia linfática crónica, se encuentra en remisión completa.

Respecto a las afirmaciones acerca de cambio de facultativos en sus consultas clínicas en el nuevo prestador y que a su entender, no tendrían las especialidades requeridas para atender su enfermedad, sostiene que estas resultan antojadizas y sin sustento.

Sostiene que la variación de médicos no ha puesto en riesgo el derecho a la vida del recurrente, ya que la enfermedad profesional certificada está en estado remisión completo, según su médico tratante anterior; que el ISL ha efectuado los reembolsos de pasajes, alimentación y alojamiento derivados de tratamiento de recurrente y la entrega sin costo de todos los remedios, debiendo tenerse presente las dificultades propias del período de pandemia durante los años 2020-2021.

Indica que en ningún caso se ha incurrido en una vulneración de la garantía establecida en el artículo 19 N°1 de la Carta fundamental por parte del Instituto recurrido, entidad sin fines de lucro, cuya esencia es la recuperación de los trabajadores y trabajadoras del país.

Finalmente, señala que el convenio con el Hospital Clínico de la Universidad de Chile y el Instituto de Seguridad Laboral, sigue vigente, pero dada la evolución favorable de la enfermedad del recurrente, al estado de remisión completa, se decidió la modificación del prestador clínico, lo que se comunicó al actor el 8 de febrero de 2022, sin que se haya ejercido recurso administrativo ni tampoco judicial.

Destaca que después de 15 años de atención en el Hospital Clínico de la Universidad de Chile, y en razón de la evolución satisfactoria de la enfermedad laboral hematológica, de cada uno de los actores, se determinó el cambio a otro centro hospitalario que reúne todas las condiciones para tratar su actual estado de salud, que corresponde, en ambos recurrentes, al de remisión completa, lo que en caso alguno es una discriminación, sino que obedece a evaluaciones médicas y además permitirá que otros trabajadores y trabajadoras, al igual que doña nombre reservado y don nombre reservado, puedan recibir un tratamiento eficaz y oportuno en el Hospital Clínico de la Universidad de Chile, como lo obtuvieron los recurrentes sin costo alguno. Agrega que no se observa cómo el cambio de centro de atención médica, podría poner en riesgo el derecho a la vida invocado en el presente recurso de protección, si los actores cuentan y tienen cubiertas sus necesidades de atención y tratamientos clínicos por la Ley N°16.744.

4º.- Que para analizar el asunto planteado por la presente vía, resulta conveniente consignar que el recurso de Protección de Garantías Constitucionales, establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye jurídicamente una acción, destinada a amparar el legítimo ejercicio de las garantías y derechos preexistentes que en esa misma disposición se enumeran, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben tomar ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que prive, perturbe o amenace ese atributo.

5º.- Que, como se desprende de lo señalado precedentemente, es requisito indispensable de la acción de protección, la existencia de un acto u omisión ilegal, esto es, contrario a la ley, o arbitrario, producto del mero capricho de quién incurre en él, y que provoque algunas de las situaciones o efectos que se han indicado, afectando a una o más de las garantías -preexistentes- protegidas, consideración ésta que resulta básica para el examen y la decisión de cualquier recurso como el que se ha interpuesto.

6º.- Que, cabe reflexionar, a la luz de lo recién expuesto, que esta acción de cautela de derechos constitucionales constituye una vía destinada a dar protección respecto de garantías cuya existencia se encuentre indubitada.

7°.- Que los recurrentes radican la vulneración de su garantía del artículo 19 N°1 de la Constitución Política de la República en el cambio de prestador dispuesto por la recurrida Instituto de Seguridad Laboral, afirmando que el nuevo centro de salud asignado no cuenta con las condiciones necesarias para atender adecuadamente las patologías de origen profesional que padecen.

Por su parte las recurridas alegan la incompetencia de esta Corte de Apelaciones y la extemporaneidad del recurso; y en cuanto al fondo, que el prestador seleccionado satisface las necesidades de salud de los recurrentes, y que la modificación se produce en razón del actual estado de salud de éstos, cuyas afecciones se encuentran en remisión, por lo que estiman que no se ha incurrido en acto arbitrario o ilegal alguno.

8°.-Que, conforme al Auto Acordado sobre tramitación y fallo del recurso de protección de las garantías constitucionales, éste debe interponerse ante la Corte de Apelaciones en cuya jurisdicción se hubiere cometido el acto o incurrido en la omisión arbitraria o ilegal que ocasionen privación, perturbación o amenaza en el legítimo ejercicio de las garantías constitucionales respectivas, o donde éstos hubieren producido sus efectos, a elección del recurrente. En el presente caso, dado que ambos recurrentes tienen domicilio en Chillán, es evidente que es en esta ciudad donde el acto que se impugna produce sus efectos, de modo que esta Corte es competente para conocer de este asunto, por lo que esta alegación debe ser desestimada.

9° Que, en lo relativo a la extemporaneidad alegada, ésta no puede ser acogida, en atención a que resultó establecido que los recurrentes son actualmente controlados en sus patologías por el Hospital del Profesor y siendo el cambio a este prestador el acto que se denuncia como ilegal y arbitrario, se puede concluir que este produce sus efectos de manera permanente, lo que impide concluir que la acción constitucional fue interpuesta fuera de plazo.

10° Que son hechos no discutidos los siguientes:

a) Los recurrentes presentan sendas enfermedades profesionales: nombre reservado Mieloide nombre reservado, la señora nombre reservado y nombre reservado, el señor nombre reservado, por las que fueron atendidos por más de trece años por el médico hematólogo nombre reservado, del Hospital Clínico de la Universidad de Chile, en la ciudad de Santiago.

b) Los recurrentes se encuentran actualmente con diagnóstico de remisión completa respecto de sus enfermedades de origen profesional, y sus atenciones dicen relación con un monitoreo periódico de control, cada tres o seis meses, según corresponda.

c) El actual prestador de salud de los recurrentes es el Hospital del Profesor, que corresponde a un establecimiento de atención cerrada y de alta complejidad, con registro vigente en calidad de Prestador acreditado por la Superintendencia de Salud.

11°.- Que el Instituto de Seguridad Laboral es la entidad pública encargada de administrar el seguro social contra riesgos de accidentes del trabajo y enfermedades profesionales establecido en la Ley 16.744 y para tal fin puede contratar el otorgamiento de las prestaciones médicas con los servicios de salud, las mutualidades de empleadores o con otros establecimientos de salud públicos o privados, conforme lo señala el artículo 10 de la citada ley. Asimismo, el párrafo 2° de la Ley 16.744 establece las prestaciones a que tienen derecho las víctimas de accidentes del trabajo o enfermedades profesionales.

De esta manera, atendido que el Instituto de Seguridad Laboral debe procurar la debida atención médica de los trabajadores y trabajadoras que se ven afectados por patologías de origen laboral, y tratándose de un sistema de salud proveído conforme a disposiciones técnicas y administrativas, y no un sistema de libre elección, la instancia para formular los cuestionamientos contenidos en el recurso es precisamente la sede administrativa, específicamente la Superintendencia de Seguridad Social mediante el recurso respectivo, lo que no se hizo por quienes ahora accionan de protección.

Sin perjuicio de lo anterior, conforme al mérito de los antecedentes acompañados al recurso, se puede establecer que el cambio de prestador respecto de los recurrentes se decidió en atención a su actual estado de salud, que ha evolucionado favorablemente, pues sus enfermedades se encuentran en remisión completa, lo cual consta de los informes emitidos por el médico tratante de los recurrentes.

12°.- Que, a juicio de esta Corte, el cambio de prestador no constituye per se una vulneración al derecho a la vida consagrado en el numeral primero del artículo 19 de nuestra Carta Fundamental, máxime considerando que ambos recurrentes han continuado recibiendo sus atenciones de salud periódicamente, han podido realizar sus exámenes, y se ha cubierto por la recurrida el costo de los traslados a la ciudad de Santiago y demás gastos asociados.

Así las cosas, se puede concluir que la decisión del Instituto de Seguridad Laboral de cambiar el prestador médico de los recurrentes no es ni ilegal ni arbitraria, pues ha sido adoptada dentro del ámbito de sus atribuciones legales y encuentra justificación en los informes del médico tratante que dan cuenta del actual estado de salud de los actores.

Por otro lado, las aseveraciones efectuadas en el recurso en cuanto a la menor calidad de las prestaciones por parte del Hospital del Profesor, no encuentran sustento en los antecedentes del recurso ni pueden ser abordadas en esta sede, máxime si, como ya se indicó, la decisión de cambio de prestador se basa en un fundamento técnico debidamente certificado.

Finalmente, conforme a lo informado por la Subsecretaría del Trabajo, sin perjuicio de lo que se resuelva en esta sede proteccional, dicha repartición instruyó a la Superintendencia de Seguridad Social, órgano fiscalizador directo del Instituto de Seguridad Laboral, que recabe los todos los antecedentes sobre la situación expuesta por los recurrentes y adopte las medidas necesarias, de estimarse procedente.

Como se observa, tanto por la inexistencia de acto ilegal o arbitrario de parte de los recurridos, como por la circunstancia de que la Superintendencia de Seguridad Social se encuentra actualmente en conocimiento de los reclamos efectuados por los recurrentes respecto del cambio de prestador, se impone el rechazo de esta acción cautelar.

Por estas consideraciones, y de conformidad, además, con lo previsto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, y Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre Tramitación del Recurso de Protección de Garantías Constitucionales, se rechaza, sin costas, el deducido por doña nombre reservado y don nombre reservado en contra del Instituto De Seguridad Laboral (ISL) y contra el Ministerio Del Trabajo y Previsión Social.

Acordado con el voto en contra del Fiscal Judicial Subrogante señor nombre reservado, quien fue de parecer de acoger la acción constitucional de protección, ordenando mantener al prestador de salud, en atención a que en su concepto en la comunicación de fecha 8 de febrero de 2022 en la cual se pone término a las prestaciones médicas de los recurrentes con el Hospital Clínico de la Universidad de Chile, no se consignan razones concretas para tal modificación del prestador de salud ni siquiera argumentaciones genéricas que la justifiquen, lo cual impide entender los motivos que se tuvo en consideración para determinar que se alterara el prestador médico. La falta de motivación que se advierte en el acto administrativo materia del presente recurso no permite analizar si la decisión de la autoridad se ajusta, en los hechos, a una facultad de la recurrida Instituto de Seguridad Laboral y, con ello, se vulnera el derecho a la igualdad ante la ley garantizado en el artículo 19 N° 2 de la Constitución Política de la República, al impedir efectuar una comparación respecto otro u otros que se puedan encontrar en similar situación. En efecto, conforme se ha entendido, la igualdad ante la ley consiste en que las normas jurídicas deben ser iguales para todas las personas que se encuentren en las mismas circunstancias y que no deben concederse privilegios ni imponerse obligaciones a unos que no beneficien o graven a otros que se hallen en condiciones similares. Empero, no puede apreciarse si una distinción es o no arbitraria si no se dan los fundamentos al momento de establecerla ni se exigen fundamentos al momento de aplicarla, lo que se traduce en una vulneración al derecho garantizado en el mencionado artículo 19 N° 2 de la Carta Fundamental del Estado. En consecuencia, de la lectura del acto administrativo que se revisa queda en evidencia que ésta no satisface el estándar de motivación exigido por la Ley N° 19.880. De lo expuesto aparece como arbitrario, esto es, como injusto, irracional y desproporcionado, desde que no se entiende cuál ha sido el criterio para alterar el prestador de salud respecto de los recurrentes, especialmente a la luz del deber de fundamentación de los actos administrativos que impone el artículo 11 de la Ley 19.880.

Notifíquese.

En su oportunidad, dese cumplimiento al numeral 14 del Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre tramitación y fallo del Recurso de Protección, regístrese y, hecho, archívese.

Redacción a cargo de la Ministra Titular Sra. Erica Livia Pezoa Gallegos, y la disidencia a cargo de su autor.

Rol 5352-2022- PROTECCION.