Protección contra Colegio nombre reservado

Chillán, once de agosto de dos mil veinticinco.

Vistos 1°.- Que comparece el abogado don Juan Pablo Ortega Arroyo, actuando en representación de doña nombre reservado, madre de la adolescente nombre reservado e interpone recurso de protección en contra del Colegio nombre reservado, representado legalmente por don nombre reservado, por haber vulnerado, en su concepto, las garantías constitucionales consagradas en el artículo 19 Nº 1, 2, 3, 11 y 24 de la Constitución Política de la República.

Señala que la recurrente es la madre de la estudiante nombre reservado, que cursa segundo medio en el Colegio nombre reservado de la ciudad de Chillán, quien fue injustamente expulsada a través del denominado informe concluyente de fecha 13 de junio del año en curso. Sostiene que dicha expulsión no es procedente, ya que no hay participación atribuible a la estudiante nombre reservado en el hecho acaecido el día 15 de mayo del año en curso, medida que se adoptó faltando a los principios que rigen el debido proceso y la proporcionalidad de la sanción.

Agrega que los supuestos hechos que llevaron a la imposición de la sanción máxima de expulsión, se radican en que el día 15 de mayo del presente año, según lo que se señala en el denominado informe concluyente, su representada la alumna nombre reservado “INCITA A SU COMPAÑERA nombre reservado A AGREDIR A LA ESTUDIANTE nombre reservado (ESTUDIANTE QUE HABÍA SIDO AGREDIDA EL DÍA ANTERIOR POR nombre reservado) GRABA LA AGRESIÓN, EN EL CUAL SE EVIDENCIA QUE LO HACE DE FORMA PREVIA A CUANDO EL HECHO SE CONSTATA Y SE LO COMPARTE A nombre reservado PARA QUE ESTA LO SUBA A LAS REDES SOCIALES”. El día anterior, esto es el 14 de mayo de año 2025, nombre reservado tuvo una pelea con la adolescente nombre reservado, que consistió en tirones de pelo, lo que claramente no corresponde dentro de la conducta que se debe tener dentro de un establecimiento educacional, pero sólo consistió en dicha conducta recíproca, sancionándose por parte del colegio sólo a nombre reservado, estableciéndose como medida disciplinaria la carta de condicionalidad, pese a que la adolescente nombre reservado, al momento de ser separadas, insultó con palabras de grueso calibre a uno de los docentes presentes.

Indica que su representada no pudo aportar ninguna prueba durante la investigación de ese incidente, ya que sólo se le permitió presentar una carta de descargos y una carta de apelación, vulnerando la recurrida con su actuar el principio del debido proceso y la igualdad ante la ley. En este sentido, la medida adoptada por el Colegio recurrido, según se desprende del denominado informe concluyente, para aplicar la máxima sanción (expulsión), se sustenta en las declaraciones de tres estudiantes que señalan que nombre reservado, planeó e incitó a que la estudiante nombre reservado agrediera a nombre reservado, hecho que es descartado por la recurrente, ya que ella estaba acompañada de cuatro compañeros cuando ocurrió la pelea entre nombre reservado y nombre reservado.

Sostiene que la recurrida con su actuar vuelve a vulnerar el principio del debido proceso y la igualdad ante la ley, ya que no permitió que su representada, presentara prueba alguna, respecto de la grave imputación que se le formula.

Asimismo, la presidenta de curso nombre reservado, del segundo medio “B”, también intentó presentar una carta al colegio, señalando que nombre reservado, no tenía ninguna participación en dicha pelea, pero no se la recibieron, elemento que también considera como indispensable al momento de desarrollar la investigación.

Finalmente, resulta aún más llamativo, que la propia adolescente nombre reservado, haya señalado en su declaración que nadie la incitó a pelear, ni menos nombre reservado, restándole todo valor a la propia declaración de la involucrada, lo que evidentemente desvirtúa la acusación formulada por el colegio.

Indica que, de la sola lectura del denominado informe concluyente, se puede apreciar primero, que no se contiene la declaración de la estudiante nombre reservado que agredió a nombre reservado, la cual resulta fundamental para poder determinar el grado de participación de nombre reservado, en la supuesta incitación a la pelea. Además, no se han podido efectuar los respectivos descargos por parte de la recurrente, conculcando su garantía como adolescente de ser escuchado y considerado en procedimiento racional y justo, ya que efectivamente nombre reservado grabó la pelea dentro de la sala, pero no la difundió en las redes sociales como se señala en el propio informe, sino que fue su compañera nombre reservado, quien la subió a la red social Instagram.

Agrega que del mismo modo, se infringe el principio del non bis in idem, al volver a sancionar por un hecho que ocurrió con anterioridad a nombre reservado, por la pelea que un día antes había sostenido con la adolescente nombre reservado, sancionándola nuevamente por un hecho anterior, que ya se había resuelto, por cierto sin cumplir tampoco con el debido proceso y el principio de la proporcionalidad, ya que sólo se sancionó a una alumna, por lo que claramente la conducta de la recurrida aparece como ilegal y arbitraria.

Indica que conforme con las pruebas que se rindieron, se acredita que: a.- Efectivamente el día 15 de mayo del presente año, existió una pelea dentro de la sala del segundo medio B, en la que participaron las adolescentes nombre reservado y nombre reservado. b.- Que efectivamente nombre reservado, grabó con su teléfono la pelea. c.- Que otro compañero de clases, también grabó con su propio celular la pelea. d.- Que la grabación de video realizada por nombre reservado, la compartió en forma privada, con su compañera de curso nombre reservado, quien se la pidió para mostrárselas a su madre. e.- Que fue nombre reservado, quien subió el video de la pelea a las redes sociales, sin que supiera de esto nombre reservado. f.- Que nombre reservado, no ha podido presentar ninguna prueba relativa a que ella no tuvo ninguna participación en la pelea de nombre reservado y nombre reservado, la cual grabó con la finalidad que no la culparan a ella precisamente de lo ocurrido. g.- Que el Colegio nombre reservado, no se ha hecho cargo de la declaración de nombre reservado, quien es categórica al señalar que nadie la incitó a la pelear el día 15 de mayo, ni el motivo de la misma, obviando que nombre reservado, tuvo conductas abusivas (maltrato escolar) con ella, desde octavo básico, ya que nombre reservado, sufre de un trastorno de espectro autista (T.E.A.), situación que se lo sacaba en cara delante de sus compañeros para que no se juntaran con ella. 8.- Que, conforme a lo anterior, se sanciona con la medida de expulsión a nombre reservado, como se señala en las conclusiones del informe, sin acreditar y ponderar adecuadamente las pruebas, faltando evidentemente al principio de proporcionalidad de las sanciones.

Imputa a la recurrida un acto ilegal y arbitrario que priva y perturba a la recurrente, del legítimo ejercicio de las garantías consagradas en el artículo 19 Nº 1, 2, 3, 11 y 24 de la Constitución Política del Estado, derechos que figuran dentro del catálogo de aquellos protegidos por la acción de protección, pues el actuar de la recurrida constituye una amenaza al legítimo derecho consagrado en numeral 1°, el derecho a la vida y la integridad física y psíquica de su representada, ya que, nombre reservado se encuentra sin un colegio donde poder continuar sus estudios, afectando claramente su situación emocional, produciendo un estrés a ella y su familia. Sostiene que el acto ilegal y arbitrario de la recurrida, importa para la recurrente que el establecimiento educacional no proporcionó las instancias para poder presentar sus descargos con la información que se encontraba disponible en el expediente de la investigación; tampoco se dio lugar a presentar medios de prueba para apoyar las alegaciones de los apoderados, no se tomaron las providencias adecuadas para llevar adelante la investigación, y en definitiva, se limitó la posibilidad de ejercer el derecho a defensa de la estudiante expulsada.

Por lo expuesto, solicita se decrete que se deja sin efecto la expulsión de la alumna nombre reservado, ordenando que se debe reintegrar en forma inmediata a su curso para continuar con sus clases, cerrar el primer semestre y continuar en forma regular con el segundo semestre lectivo, con expresa condenación en costas, sin perjuicio de todas las medidas que se dispongan respecto de estas garantías conculcadas o de otra que pudiere aparecer conculcadas. 2°.- Que informando la recurrida señala que la estudiante nombre reservado fue expulsada del Colegio nombre reservado por infringir gravemente el “Reglamento Interno de Convivencia Escolar “, esto mediante resolución de fecha día 13 de junio del año en curso, luego de la investigación correspondiente. Indica que no ha incurrido en actos u omisiones arbitrarios o ilegales que hayan afectado, privado perturbado o amenazado el legítimo ejercicio de los derechos de la adolescente, toda vez que la decisión adoptada es del todo procedente y ajustada a derecho, pues la familia y estudiante recibieron copia del acta de entrevista y del denominado “Informe Concluyente” del proceso indagatorio el que fue elaborado de conformidad con los protocolos institucionales, resguardando la transparencia y legalidad del proceso y la expulsión decretada, es del todo procedente conforme a su “Reglamento de Convivencia Escolar“ y se ajusta tanto a un debido proceso como al de proporcionalidad.

Indica que el día 14 de mayo de 2025, la estudiante nombre reservado agrede, sin provocación alguna, a la estudiante nombre reservado, compañera de curso del 2° Medio “B”, en el patio del establecimiento. La estudiante se acercó a nombre reservado con la intención de conversar, ante la negativa de esta última, nombre reservado sigue a nombre reservado y la agrede por la espalda, tirándole el cabello, produciéndose tironeos y golpes, que lesionaron a la afectada. A raíz de esta acción, ambas caen al suelo, momento en el cual nombre reservado continuó con la agresión mediante golpes, los cuales fueron respondidos por nombre reservado en defensa propia. Este hecho ocurrió en el patio del establecimiento en el horario de recreo, agresión que fue presenciada por diversos estudiantes de distintos niveles, lo que generó una grave alteración a la convivencia escolar. De acuerdo a los antecedentes recabados, con fecha 14 de mayo del presente año, el establecimiento decide activar “Protocolo de Actuación ante situaciones de maltrato entre miembros de la comunidad educativa”.

Funcionarias entrevistan a los padres de las estudiantes involucradas de manera individual, informando lo ocurrido, explicando la contención emocional realizada a las alumnas, además de solicitar el diálogo reflexivo de los hechos en casa.

Agrega que los hechos son denunciados al Ministerio Público.

Señala que el día 15 de mayo último la estudiante nombre reservado, incita a su compañera nombre reservado a agredir a la estudiante nombre reservado, quien ya había sido violentada el día anterior por la alumna nombre reservado, quién graba la agresión. En dicha grabación, se evidencia que lo hace de forma previa al hecho mismo y luego comparte dicha grabación a nombre reservado, alumna del 2° Medio “B” y dada la gravedad de los antecedentes se aplica el “Reglamento Interno de Convivencia Escolar” del establecimiento.

Indica que, como parte de este proceso, se llevaron a cabo entrevistas individuales con las estudiantes involucradas, así como con estudiantes que fueron testigos presenciales, además, se tomaron declaraciones a docentes y asistentes de la educación que presenciaron o fueron informados directamente del conflicto, se efectuó la revisión de las cámaras de seguridad del establecimiento, a fin de obtener registros audiovisuales que pudieran aportar mayor claridad y objetividad al análisis de la situación. Todo este proceso indagatorio se realizó resguardando los principios de imparcialidad, confidencialidad, respeto a la integridad de los estudiantes y el debido proceso.

Agrega que se entrevista a la estudiante nombre reservado para recabar antecedentes, instancia donde reconoce haber grabado la agresión y compartirla a su compañera nombre reservado, quien la sube a sus redes sociales. En dicha instancia la estudiante nombre reservado muestra desde su celular la grabación a funcionarias del establecimiento, donde consta que comienza a grabar de forma previa al momento en que se inicia la agresión y con fecha 15 de mayo, el psicólogo del establecimiento, Sr. nombre reservado llevó a cabo una entrevista a la estudiante nombre reservado, en el marco del procedimiento disciplinario iniciado tras el incidente ocurrido con su compañera nombre reservado, que reconoció haber sido quien agredió físicamente a su compañera, acto que generó una grave alteración en el clima de aula en el curso segundo medio B y también en el resto de la comunidad estudiantil.

Indica que una vez que se constató la gravedad de los hechos, Rectoría determina la apertura del “Protocolo de Actuación frente a Situaciones gravísimas que alteran gravemente la convivencia escolar” – aula segura y el 16 de mayo de 2025, se realizó una entrevista presencial en dependencias del establecimiento, con la participación de la estudiante, rectoría, la encargada de convivencia escolar y los apoderados de la estudiante nombre reservado. En dicha instancia, se procedió a informar a los apoderados y a la estudiante de manera formal el cierre del proceso indagatorio con respecto al primer hecho de agresión hacia la estudiante nombre reservado, ocurrida el 14 de mayo, donde se establece la medida disciplinaria de “Carta de Condicionalidad”. Se les informa a los apoderados del nuevo proceso indagatorio para esclarecer este segundo hecho y la participación de nombre reservado en éste. Los apoderados toman conocimiento de la gravedad de los hechos ocurridos y se les indica, que una vez recabados todos los antecedentes se les notificará de las medidas correspondientes frente a este nuevo incidente.

Agrega que con fecha 26 de mayo de 2025, se realizó una entrevista en que se procedió a informar a los apoderados y a la estudiante indicada de manera formal, de acuerdo a los antecedentes recabados por medio de entrevistas a estudiantes, relatos de hechos de profesores, asistentes de la educación, y revisión de cámaras, el inicio de un proceso sancionatorio con eventual medida de expulsión. En dicha instancia se informa a los apoderados que la estudiante nombre reservado el 15 de mayo, reconoce por medio de una entrevista haber grabado y compartido la agresión de su compañera. Los apoderados toman conocimiento del procedimiento que se llevará en curso y de las siguientes medidas de resguardo: aplicación de suspensión de 10 días hábiles como medida cautelar. Se le informa a la familia que tiene la oportunidad de presentar sus descargos dentro del plazo de 10 días.

Señala que con fecha 06 de junio de 2025, los apoderados doña nombre reservado, don nombre reservado y la estudiante nombre reservado presentan sus descargos de forma escrita a rectoría, realizándose una entrevista presencial en dependencias del establecimiento, en la cual se informó de manera formal, la decisión de continuar con la medida disciplinaria de expulsión por Reglamento Interno. Los apoderados toman conocimiento del proceso en curso y de las medidas de resguardo. Se les informa, que pueden presentar “reconsideración” de la medida en un plazo de 5 días hábiles, además, que continúa la medida cautelar de suspensión de la estudiante por 5 días y que se mantienen las medidas de resguardo pedagógicas.

Con fecha 12 de junio de 2025, se presenta solicitud de “reconsideración” de la medida y Rectoría cita a Consejo Consultivo de Profesores de forma presencial para consultar sobre si se acepta o rechaza la reconsideración. En dicha instancia, se presentan los antecedentes del caso al Consejo de Profesores, el cual se pronuncia de forma escrita, en que 21 profesores, correspondiente al cien por ciento de los asistentes, expresan que rechazan la reconsideración y el día 13 de junio 2025, se realizó una entrevista presencial en dependencias del establecimiento con la participación de Rectoría, la Encargada de Convivencia Escolar, los apoderados de la estudiante nombre reservado y ésta última, oportunidad en que se procedió a informar de manera formal, la decisión firme de expulsión.

Respecto a la decisión de expulsión, indica que se ha regido de acuerdo a lo estipulado en su “Reglamento Interno de Convivencia Escolar”, que establece que las “FALTAS GRAVÍSIMAS: Implican toda actitud o acto donde se vea gravemente alterada la convivencia escolar, causando perjuicio grave, daño físico, psicológico y/o moral a cualquiera de los miembros de la comunidad educativa o un tercero que se encuentre en instalaciones del establecimiento. Se consideran también Faltas Gravísimas todos aquellos actos y/o situaciones que, por su carácter presuntamente constitutivo de delito, deben ser denunciados ante los organismos pertinentes”. En el caso en que los alumnos/as cometan una falta gravísima (la primera), siempre y cuando sus características y dinámica no se encuentren sustentadas como un hecho que afecta gravemente la convivencia escolar, el establecimiento podrá aplicar inmediatamente “Carta de Condicionalidad”.

Sostiene que para los casos en que los alumnos/as cometan dos faltas gravísimas, siempre y cuando sus características y dinámica no se encuentren sustentadas como hechos que afecten gravemente la convivencia escolar y no se encuentren contempladas dentro de las causales de “Aula Segura”, el establecimiento podrá, según sea el caso aplicar Expulsión por Reglamento Interno o Cancelación de Matrícula.

Agrega que la estudiante nombre reservado el día 15 de mayo, reconoce por medio de una entrevista haber comenzado a grabar antes que se iniciará la agresión y haber compartido este vídeo con nombre reservado. Si bien nombre reservado no reconoce haber incitado esta segunda agresión, por medio de al menos 3 distintos testimonios de compañeros dan cuenta que nombre reservado “planeó" e incitó a que la estudiante nombre reservado agrediera a nombre reservado, aspecto que no fue considerado en la estipulación de la segunda falta gravísima y en concordancia con la Ley General de Educación que establece como especialmente graves los hechos de violencia, ya sea física o psicológica, la rectoría de este establecimiento tomó la decisión firme de expulsión de la estudiante nombre reservado por reglamento interno.

En lo concerniente a la transgresión del debido proceso y principio de legalidad, señala que tanto la estudiante como su familia contaron con diversas instancias formales para presentar antecedentes y ejercer su derecho a defensa.

En cuanto se reclama no considerar la carta de nombre reservado y no considerar la declaración de la alumna nombre reservado, expresa que, según los registros de asistencia, la estudiante nombre reservado se encontraba ausente el día 15 de mayo de 2025, fecha en la que ocurrieron los hechos investigados, por lo que no presenció directamente los acontecimientos y, por lo tanto, no contaba con elementos presenciales para emitir un testimonio directo sobre lo sucedido. Respecto a la transgresión del principio de proporcionalidad de la sanción aplicada a la estudiante, sostiene que la determinación de las sanciones aplicadas a nombre reservado, se basó en los antecedentes recabados durante el proceso investigativo, en cumplimiento estricto del “Reglamento Interno de Convivencia Escolar” del Colegio nombre reservado, detalladas a continuación: • Carta de condicionalidad: Aplicada como consecuencia de su participación en la agresión ocurrida el día 14 de mayo del presente año, la cual fue considerada una falta gravísima que afectó directamente la convivencia escolar y la integridad de una compañera. • Expulsión por Reglamento Interno: sanción determinada tras la comisión de una segunda falta gravísima, ocurrida el 15 de mayo, en la que la estudiante incurrió en una conducta tipificada por el reglamento institucional como: “Fotografiar, grabar o publicar a pares o miembros de la comunidad educativa en situaciones que puedan comprometer su dignidad y/o moral, fotografiar, filmar situaciones que expongan prendas de ropa interior, cambios de prendas en camarines, baños u otras”

En lo referente a la acusación de transgresión al principio non bis in idem, sostiene que las medidas disciplinarias adoptadas como establecimiento con respecto a los hechos ocurridos el 14 de mayo y el 15 de mayo corresponden a hechos distintos y las sanciones impuestas son independientes una de otra, por lo que no se ha sancionado dos veces un mismo hecho.

Finalmente indica que su parte adoptó todas y cada una de las medidas tendientes a esclarecer los hechos ocurridos los días 14 y 15 de mayo de 2025, por lo que solicita no hacer lugar al recurso de protección deducido en autos, en ninguna de sus partes, con costas. 3º.- Que para analizar el asunto planteado por la presente vía, resulta conveniente consignar que el recurso de Protección de Garantías Constitucionales, establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye jurídicamente una acción, destinada a amparar el legítimo ejercicio de las garantías y derechos preexistentes que en esa misma disposición se enumeran, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben tomar ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que prive, perturbe o amenace ese atributo. 4º.- Que, como se desprende de lo señalado precedentemente, es requisito indispensable de la acción de protección, la existencia de un acto u omisión ilegal, esto es, contrario a la ley, o arbitrario, producto del mero capricho de quién incurre en él, y que provoque algunas de las situaciones o efectos que se han indicado, afectando a una o más de las garantías-preexistentes- protegidas, consideración ésta que resulta básica para el examen y la decisión de cualquier recurso como el que se ha interpuesto. 5º.- Que, cabe reflexionar, a la luz de lo recién expuesto, que esta acción de cautela de derechos constitucionales constituye una vía destinada a dar protección respecto de garantías cuya existencia se encuentre indubitada. 6°. - Que, en la especie, se ha ejercido la presente acción de cautela de derechos constitucionales, en favor de la alumna recurrente que actualmente cursa segundo año de enseñanza media, por haberse aplicado en su contra la sanción de expulsión del establecimiento escolar, tras la imputación de hechos que configuran dos infracciones calificadas como gravísimas según la normativa interna del establecimiento recurrido, consistentes en participar en la agresión a una compañera ocurrida el día 14 de mayo último y fotografiar, grabar o publicar a pares o miembros de la comunidad educativa en situaciones que puedan comprometer su dignidad y/o moral, ocurrida el 15 de mayo de 2025.

Según se desprende de la lectura del libelo, se impugna, en lo medular, la falta de proporcionalidad de la medida, y se esboza, en segundo término, la concurrencia de omisiones en el procedimiento disciplinario que atentan contra el debido proceso como garantía constitucional, al señalarse que no se permitió aportar medios probatorios y no se consideraron los descargos proporcionados. 7°. - Que el conflicto que motiva la presente acción debe ser analizado a la luz de lo prescrito por el Decreto con Fuerza de Ley N°2 de 1998 del Ministerio de Educación, sobre Subvención del Estado a Establecimientos Educacionales, cuyo artículo 6° letra d) dispone, en los párrafos pertinentes: “Sólo podrán aplicarse las sanciones o medidas disciplinarias contenidas en el reglamento interno, las que, en todo caso, estarán sujetas a los principios de proporcionalidad y de no discriminación arbitraria, y a lo dispuesto en el artículo 11 del decreto con fuerza de ley Nº2, de 2009, del Ministerio de Educación”. “Las medidas de expulsión y cancelación de matrícula sólo podrán aplicarse cuando sus causales estén claramente descritas en el reglamento interno del establecimiento o afecten gravemente la convivencia escolar, conforme a lo dispuesto en esta ley. Siempre se entenderá que afectan gravemente la convivencia escolar los actos cometidos por cualquier miembro de la comunidad educativa, tales como profesores, padres y apoderados, alumnos, asistentes de la educación, entre otros, de un establecimiento educacional, que causen daño a la integridad física o síquica de cualquiera de los miembros de la comunidad educativa o de terceros que se encuentren en las dependencias de los establecimientos, tales como agresiones de carácter sexual, agresiones físicas que produzcan lesiones, uso, porte, posesión y tenencia de armas o artefactos incendiarios, así como también los actos que atenten contra la infraestructura esencial para la prestación del servicio educativo por parte del establecimiento”. “Las medidas de expulsión o cancelación de matrícula sólo podrán adoptarse mediante un procedimiento previo, racional y justo que deberá estar contemplado en el reglamento interno del establecimiento, garantizando el derecho del estudiante afectado y/o del padre, madre o apoderado a realizar sus descargos y a solicitar la reconsideración de la medida. La decisión de expulsar o cancelar la matrícula a un estudiante sólo podrá ser adoptada por el director del establecimiento. Esta decisión, junto a sus fundamentos, deberá ser notificada por escrito al estudiante afectado y a su padre, madre o apoderado, según el caso, quienes podrán pedir la reconsideración de la medida dentro de quince días de su notificación, ante la misma autoridad, quien resolverá previa consulta al Consejo de Profesores. El Consejo deberá pronunciarse por escrito, debiendo tener a la vista el o los informes técnicos psicosociales pertinentes y que se encuentren disponibles.

El director deberá iniciar un procedimiento sancionatorio en los casos en que algún miembro de la comunidad educativa incurriere en alguna conducta grave o gravísima establecida como tal en los reglamentos internos de cada establecimiento, o que afecte gravemente la convivencia escolar, conforme a lo dispuesto en esta ley. El director tendrá la facultad de suspender, como medida cautelar y mientras dure el procedimiento sancionatorio, a los alumnos y miembros de la comunidad escolar que en un establecimiento educacional hubieren incurrido en alguna de las faltas graves o gravísimas establecidas como tales en los reglamentos internos de cada establecimiento, y que conlleven como sanción en los mismos, la expulsión o cancelación de la matrícula, o afecten gravemente la convivencia escolar, conforme a lo dispuesto en esta ley.

El director deberá notificar la decisión de suspender al alumno, junto a sus fundamentos, por escrito al estudiante afectado y a su madre, padre o apoderado, según corresponda. En los procedimientos sancionatorios en los que se haya utilizado la medida cautelar de suspensión, habrá un plazo máximo de diez días hábiles para resolver, desde la respectiva notificación de la medida cautelar. En dichos procedimientos se deberán respetar los principios del debido proceso, tales como la presunción de inocencia, bilateralidad, derecho a presentar pruebas, entre otros.

Contra la resolución que imponga el procedimiento establecido en los párrafos anteriores se podrá pedir la reconsideración de la medida dentro del plazo de cinco días contado desde la respectiva notificación, ante la misma autoridad, quien resolverá previa consulta al Consejo de Profesores, el que deberá pronunciarse por escrito. La interposición de la referida reconsideración ampliará el plazo de suspensión del alumno hasta culminar su tramitación.

La imposición de la medida cautelar de suspensión no podrá ser considerada como sanción cuando resuelto el procedimiento se imponga una sanción más gravosa a la misma, como son la expulsión o la cancelación de la matrícula.

El director, una vez que haya aplicado la medida de expulsión o cancelación de matrícula, deberá informar de aquella a la Dirección Regional respectiva de la Superintendencia de Educación, dentro del plazo de cinco días hábiles, a fin de que ésta revise, en la forma, el cumplimiento del procedimiento descrito en los párrafos anteriores. Corresponderá al Ministerio de Educación velar por la reubicación del estudiante afectado por la medida y adoptar las medidas de apoyo necesarias.

El Ministerio de Educación, a través de la Secretaría Regional Ministerial respectiva, velará por la reubicación del estudiante sancionado, en establecimientos que cuenten con profesionales que presten apoyo psicosocial, y adoptará las medidas para su adecuada inserción en la comunidad escolar.

Además, informará de cada procedimiento sancionatorio que derive en una expulsión, a la Defensoría de los Derechos de la Niñez, cuando se trate de menores de edad”. 8°. - Que revisado el procedimiento que concluye en la expulsión de nombre reservado, corresponde determinar en base a los antecedentes y alegaciones planteadas si se verifica en éste, vulneración de derechos para la recurrente.

Resulta necesario indicar que, respecto de la primera falta cometida por la recurrente, del tenor del recurso aparece que, si bien se reclama respecto de la decisión de expulsión, no existe un reproche directo en cuanto a la decisión de condicionalidad de la alumna, adoptada por haber participado ésta en un riña con otra compañera al interior del establecimiento, conducta que según el reglamento interno configura una falta gravísima. 9°.- Que en cuanto a la investigación del hecho ocurrido el 15 de mayo último, con la prueba documental acompañada a folio 6 consistente en expediente de investigación, se tiene por probado que el establecimiento educacional inició un proceso de investigación contra la estudiante de conformidad al Reglamento Interno de Convivencia Escolar y la Ley N° 21.128, con la finalidad de determinar la veracidad de la infracción supuestamente cometida.

Durante el procedimiento aparece que se tomó declaración a diversos estudiantes y docentes que estuvieron presentes al momento de la pelea entre dos estudiantes, momentos en que se grabó ésta. Asimismo, se advierte que se indagaron las cámaras del establecimiento dejando constancia en el proceso de ello y se les entregó la posibilidad de presentar los descargos correspondientes. Ahora bien, revisado el expediente administrativo se constata que si bien formalmente se inició la indagación del hecho imputado a la alumna consistente en fotografiar, grabar o publicar a pares o miembros de la comunidad educativa en situaciones que puedan comprometer su dignidad y/o moral, en concreto, para acreditar el cargo formulado solo se cuenta con declaraciones y cámaras de seguridad sin que en la investigación exista ninguna diligencia destinada a verificar la efectividad de lo alegado en los descargos, lo que era de su competencia por cuanto toda indagación debe ser objetiva a fin de esclarecer no solo aspectos que perjudican al investigado sino también aquellos que lo benefician como era, en este caso, si efectivamente el video fue compartido en redes sociales u otro medio de difusión. 10°.- Que aun cuando la normativa interna del establecimiento establece un sistema disciplinario para los alumnos que asisten a él y que la conducta imputada -de ser acreditada- está descrita en el reglamento interno como una falta gravísima, en los hechos se observa que el colegio recurrido no estuvo en condiciones de satisfacer el estándar del procedimiento vigente por cuanto no se estableció un periodo en que la estudiante pudiera aportar medios probatorios, desatendiendo con ello su propia reglamentación, en cuanto dispone a propósito de las medidas disciplinarias extremas, que el procedimiento establecido en forma previa a la aplicación de una medida disciplinaria, debe considerar al menos, la comunicación al estudiante de la falta establecida en el Reglamento Interno por la cual se le pretende sancionar; respete la presunción de inocencia; garantice el derecho a ser escuchado (descargos) y de entregar los antecedentes para su defensa; se resuelva de manera fundada y en un plazo razonable; y garantice el derecho a solicitar la revisión de la medida antes de su aplicación, sin perjuicio del respeto al resto de los atributos que integran el debido proceso. 11°.- Que, por lo antes razonado, la medida de expulsión adoptada por el recurrido además de no ajustarse al procedimiento establecido, aparece desproporcionada conforme a los antecedentes de la investigación.

Por consiguiente, sin perjuicio de reconocer la existencia de una normativa que regula el procedimiento sancionatorio, en el caso de autos la medida impuesta deviene en arbitraria ya que no consta, como se dijo, la existencia de un periodo en que los apoderados de nombre reservado pudieran rendir prueba. 12°.- Que a mayor abundamiento, y sin perjuicio de lo expuesto en los motivos anteriores, corresponde indicar que el procedimiento sancionatorio, asimismo, presenta un defecto en su sustanciación, consistente en la circunstancia que al momento de ocurrencia del segundo hecho que se le atribuye a la alumna recurrente, ésta no se encontraba en conocimiento que producto de su conducta desplegada el 14 de mayo último (primer hecho) había sido sancionada con la aplicación de una carta de condicionalidad de la matricula en el establecimiento recurrido.

Lo anterior impide, que por el segundo hecho se aplique la medida de expulsión, teniendo en especial consideración que la primera sanción tiene aparejado -como aparece en la carta de condicionalidad de fecha 16 de mayo de 2025-, que el colegio se compromete a apoyar de manera interdisciplinaria a la estudiante con un monitoreo sistemático de las acciones durante el semestre por parte de la Encargada de Convivencia Escolar y asesor de la convivencia, las cuales serán informadas al apoderado, medida que por falta de notificación no pudo ser aplicada oportunamente, y por ende, no comenzó a regir, tanto como medida de advertencia para la estudiante ni como apoyo a su proceso educativo. 13°.- Que por lo anterior resulta esencial indicar que, para alcanzar los fines académicos generales o particulares del proyecto educativo elegido, la permanencia de la alumna queda supeditada a la conducta y disciplina que ésta debe mantener dentro del establecimiento. Sin embargo, en el caso de autos, el establecimiento recurrido no demostró la razonabilidad de la medida adoptada en la oportunidad en que fue decidida, por los defectos ya expuestos. 14°.- Que, en las condiciones anotadas, la decisión que se recurre importó un acto que vulnera el derecho de la hija del recurrente garantizado en el artículo 19 N° 2 de la Carta Fundamental, desde que no se otorgó un periodo para aportar sus pruebas, adoptándose la decisión de expulsión sin que previamente se le comunicara y entrara en vigencia la carta de condicionalidad.

Por estas consideraciones y de conformidad, además, con lo prevenido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y Auto Acordado sobre la materia, se resuelve que, SE ACOGE, sin costas, el recurso de protección interpuesto por el abogado don Juan Pablo Ortega Arroyo, en representación de doña nombre reservado, madre de la adolescente nombre reservado en contra de Colegio nombre reservado, y se decide que se deja sin efecto la medida de expulsión, debiendo ser reincorporada la mencionada estudiante.

Regístrese, comuníquese y archívese en su oportunidad.

Redacción del señor nombre reservado, quien no firma por haber cesado en el cargo de Fiscal Judicial subrogante.

Rol N°535-2025 – Protección.