Protección contra Municipalidad de Tucapel

Chillán, veintiuno de septiembre de dos mil veintiséis.

VISTO: 1°.- Que comparece el abogado Mario Hidalgo Acuña, en representación de doña nombre reservado, contador auditor e ingeniero comercial, ex Directora de Control de la Municipalidad de Tucapel, quien interpone recurso de protección en contra de la Municipalidad de Tucapel, representada por su alcalde Jaime Veloso Jara, por estimar ilegales y arbitrarios los Decretos Alcaldicios N°NUM000, de 8 de mayo de 2026, que le aplicó la medida disciplinaria de destitución, y N°NUM001, de 25 de mayo del mismo año, que rechazó el recurso de reposición deducido en contra del primero, actos que, a su juicio, vulneran la garantía de igualdad ante la ley consagrada en el artículo 19 N°2 de la Constitución Política de la República.

Expone que la recurrente inició su relación estatutaria con la Municipalidad de Tucapel el 19 de marzo de 2007, inicialmente a contrata en el escalafón de técnicos, y que mediante Decreto N°NUM002, de 30 de junio de 2014, fue nombrada Directora de Control de dicha entidad edilicia, cargo que comenzó a ejercer el 1 de agosto de 2014, luego de haber ganado el respectivo concurso público, manteniéndose en él hasta el 8 de mayo de 2026, fecha en que fue notificada de su destitución, completando una vinculación funcionaria superior a diecinueve años.

Refiere que mediante Decreto Alcaldicio N°NUM003, de 13 de enero de 2026, se ordenó instruir un sumario administrativo destinado a determinar las eventuales responsabilidades administrativas derivadas de haber viajado al extranjero encontrándose durante un día con licencia médica, designándose como fiscal instructor a don nombre reservado. Añade que, con fecha 30 de abril de 2026, se le formuló un único cargo, consistente en: “Haber viajado al extranjero el día 30 de junio de 2023, estando con licencia médica N° NUM004, que vulnera el artículo 55 del Decreto N° 3 de 1984 del Ministerio de Salud, que aprueba el Reglamento de licencias médicas, artículo 58 letra g) de la ley 18.883 y artículo 52 de la ley 18.575 contraviene el principio de probidad administrativa”.

Señala que, concluida la investigación, el fiscal instructor propuso en su Vista Fiscal aplicar a la recurrente una multa equivalente al 5% de su remuneración mensual; no obstante, mediante Decreto Alcaldicio N°NUM000, de 8 de mayo de 2026, el alcalde decidió imponerle la sanción de destitución, prevista en los artículos 120 letra d) y 123 de la Ley N°18.883, por estimar configurada una infracción grave al principio de probidad administrativa. Contra esta decisión, la recurrente interpuso recurso de reposición el 15 de mayo de 2026, el que fue rechazado mediante Decreto Alcaldicio N°NUM001, de 25 de mayo del mismo año.

Sostiene que los actos impugnados son ilegales y arbitrarios por tres órdenes de consideraciones.

En primer término, alega que la sanción de destitución fue impuesta mientras se encontraba amparada por el estatuto de protección establecido en el artículo 88 A de la Ley N°18.883. Explica que el 16 de mayo de 2025 la hoy recurrente presentó, mediante el formulario correspondiente, una denuncia por hechos que calificó como constitutivos de acoso laboral en contra del alcalde subrogante de la Municipalidad de Tucapel, la que fue remitida por el alcalde titular a la Contraloría Regional del Biobío mediante Ordinario N°NUM005, de 19 de mayo de 2025. Añade que, mediante Oficio N°NUM006, de 13 de junio de 2025, el órgano contralor dispuso la instrucción de un sumario administrativo para indagar los hechos denunciados, atendido que las situaciones expuestas y su magnitud permitían calificarlos como indiciarios de acoso.

Posteriormente, mediante Resolución Exenta N°NUM007, de 21 de julio de 2025, la Contraloría ordenó instruir el correspondiente sumario y remitir copia de dicha resolución a la denunciante y al Jefe de Personal del municipio, a fin de velar por el cumplimiento de las medidas de protección contempladas en el artículo 88 A de la Ley N°18.883.

Argumenta que, en virtud de aquella denuncia, la recurrente quedó amparada por la prohibición de ser objeto de medidas disciplinarias de suspensión del empleo o destitución desde la presentación de la denuncia y hasta noventa días después de terminado el procedimiento disciplinario incoado a partir de ella.

De este modo, sostiene que al dictarse el Decreto Alcaldicio N°NUM000, el 8 de mayo de 2026, el sumario instruido por la Contraloría aún no había concluido y, por consiguiente, la autoridad municipal se encontraba legalmente impedida de aplicar la medida de destitución, de manera que el acto sería contrario al artículo 88 A de la Ley N°18.883.

En segundo lugar, alega falta de fundamentación de los actos recurridos.

Expresa que, pese a que el fiscal instructor propuso únicamente una multa del 5% de la remuneración mensual, el alcalde optó por aplicar la sanción más gravosa contemplada en el Estatuto Administrativo para Funcionarios Municipales, sin explicar suficientemente las razones que justificaban apartarse de la propuesta formulada en la Vista Fiscal ni de qué manera el hecho investigado configuraba una infracción grave al principio de probidad administrativa. Afirma que la mera cita de disposiciones legales y la referencia a un informe jurídico no satisfacen el deber de motivación, especialmente atendida la intensidad de la sanción impuesta.

En tercer término, sostiene que la sanción resulta desproporcionada atendidas las circunstancias concretas en que ocurrieron los hechos. Explica que la recurrente planificó su viaje al extranjero con más de dos meses de anticipación a la fecha de la licencia; que para hacerlo solicitó y obtuvo feriado legal, permiso administrativo y permiso sin goce de remuneraciones; que el 25 de junio de 2023 la recurrente sufrió una quemadura con agua caliente en su antebrazo y muñeca derecha, por la que consultó en la Clínica Los Andes de Los Ángeles al día siguiente, ocasión en que se le extendió licencia médica por cuatro días, cuyo reposo comenzó el 27 de junio de 2023, de modo que el último día coincidió con el 30 de junio, fecha de inicio de su viaje al extranjero.

Agrega que la decisión administrativa no ponderó dicho contexto, la circunstancia de que la licencia obedecía a una dolencia real, la inexistencia de perjuicio para el patrimonio municipal o el funcionamiento del servicio, sus más de diecinueve años de desempeño funcionario ni su irreprochable conducta anterior, pues durante todo ese período no había sido objeto de sanciones disciplinarias.

Sostiene que tales circunstancias debieron ser consideradas al graduar la responsabilidad, especialmente porque la destitución no sólo determina la pérdida del empleo, sino también las consecuencias legales asociadas a dicha medida.

Afirma, que calificar el hecho de salir al extranjero durante un día encontrándose con licencia médica como una infracción grave al principio de probidad administrativa, imponiendo consecuencialmente la destitución, carece de justificación racional suficiente y vulnera el principio de proporcionalidad, pues la autoridad habría prescindido de una adecuada ponderación de las circunstancias fácticas y de las atenuantes concurrentes.

En cuanto a la garantía constitucional afectada, sostiene que los actos impugnados vulneran la igualdad ante la ley, prevista en el artículo 19 N°2 de la Constitución Política de la República, toda vez que se aplicó a la recurrente una medida disciplinaria que, según afirma, se encontraba legalmente prohibida por el artículo 88 A de la Ley N°18.883 y, además, sin la debida fundamentación y sin que concurra una infracción de gravedad suficiente para justificarla, otorgándole un tratamiento jurídico distinto de aquel exigido por el ordenamiento jurídico.

Termina solicitando que se acoja el recurso y como medidas para restablecer el imperio del derecho y asegurar la debida protección de la actora se decida que: 1.- se dejan sin efecto los Decretos N°s NUM000, de fecha 8 de mayo de 2026, y NUM001, de fecha 25 de mayo de 2026, que, respectivamente, aplicó a la recurrente la medida disciplinaria de destitución y rechazó el recurso de reposición interpuesto en contra del Decreto N° NUM000; 2.- la recurrente debe ser reincorporada a sus labores, en las mismas condiciones en la que se desempeñaba al momento de ser destituida; 3.- la Municipalidad de Tucapel deberá pagar a la recurrente las remuneraciones y cotizaciones previsionales por todo el tiempo que estuvo indebidamente separada de sus labores desde el 8 de mayo de 2026, fecha en se le notificó el acto administrativo de destitución y dejó de desempeñarse en su cargo hasta su efectiva reincorporación, con los reajustes e intereses establecidos en la ley. 4.- la Municipalidad de Tucapel deberá pagar las costas del recurso. 2°.- Que, complementando el recurso de protección deducido, la actora expone a folio 9 que el Alcalde de la Municipalidad recurrida acogió el recurso de reposición interpuesto por tres funcionarias que habían sido destituidas por viajar al extranjero estando con licencia médica, imponiéndoles una medida disciplinaria de menor entidad.

Afirma que tal circunstancia demuestra el trato discriminatorio y arbitrario que recibió la recurrente respecto de las otras funcionarias que, encontrándose en una situación incluso más gravosa, ya que salieron al extranjero con licencia médica por más de un día, en definitiva no se vieron afectadas con la pérdida de su empleo y no se les aplicó la inhabilidad para ocupar un empleo público por cinco años, como si le ocurrió a la recurrente. 3°.- Que el abogado Guillermo Escárate Delgado en representación de la Municipalidad de Tucapel informa el recurso y solicita su rechazo íntegro, con expresa condena en costas, por estimar que los actos cuestionados no son ilegales ni arbitrarios y que no se ha vulnerado la garantía de igualdad ante la ley invocada por la recurrente.

Señala que mediante Decreto Alcaldicio N°NUM003, de 13 de enero de 2026, se ordenó instruir un sumario administrativo por el viaje efectuado por la recurrente al extranjero mientras se encontraba con licencia médica; que se formuló un único cargo por haber viajado el 30 de junio de 2023 estando vigente la licencia médica N°NUM004; que, concluido el procedimiento, mediante Decreto Alcaldicio N°NUM000 se aprobó la Vista Fiscal y se aplicó la medida disciplinaria de destitución; y que la reposición deducida por la afectada fue posteriormente desestimada.

Explica que el origen del procedimiento disciplinario se encuentra en el Oficio de la Contraloría General de la República folio NUM008, de 22 de mayo de 2025, por medio del cual se remitió una nómina de funcionarios que, encontrándose con licencia médica, registraban viajes fuera del país durante los años 2023 y 2024, figurando entre ellos la recurrente. Señala que el ente contralor ordenó la instrucción inmediata de un procedimiento destinado a determinar las eventuales responsabilidades comprometidas por infracciones al principio de probidad administrativa.

Añade que inicialmente se dictó el Decreto Alcaldicio N°NUM009, de 26 de mayo de 2025, designándose fiscal a don nombre reservado, quien informó su inhabilidad atendida la calidad de Directora de Control de la funcionaria investigada. Remitidos los antecedentes a la Contraloría, ésta dispuso que el municipio continuara con la tramitación del procedimiento, razón por la cual mediante Decreto Alcaldicio N°NUM003, de 13 de enero de 2026, se ordenó su prosecución por el fiscal originalmente designado.

Sostiene que el procedimiento disciplinario se desarrolló con arreglo a los artículos 118 y siguientes de la Ley N°18.883, otorgándose a la recurrente las oportunidades correspondientes para declarar, formular descargos y acompañar antecedentes, por lo que estima respetadas las garantías propias de un procedimiento racional y justo. Expresa que, ponderados los antecedentes reunidos, se tuvo por acreditada la infracción al principio de probidad administrativa y que el alcalde, en ejercicio de su potestad disciplinaria, estimó procedente aplicar la destitución atendida la gravedad de la conducta, la calidad directiva de la funcionaria y el interés general comprometido.

En cuanto a la invocación del artículo 88 A de la Ley N°18.883, sostiene que dicha norma de protección ampara únicamente a los funcionarios que hayan ejercido las acciones descritas en las letras k) y l) del artículo 58 del mismo Estatuto, esto es, la denuncia de crímenes o simples delitos ante el Ministerio Público, o de hechos irregulares o de faltas al principio de probidad de que se tome conocimiento en el ejercicio de las funciones. Precisa que la denuncia formulada por la recurrente el 16 de mayo de 2025 en contra del administrador municipal, por hechos que calificó como acoso laboral conforme a la Ley N°21.643, es de una naturaleza distinta y no queda comprendida en dicho catálogo, por lo que la recurrente no se encuentra amparada por las normas de protección invocadas, agregando que el catálogo de derechos de carácter protector allí establecido no puede extenderse a otras situaciones no previstas expresamente ni interpretarse como una cláusula abierta, conforme al criterio contenido en el Dictamen N°15.405, de 2010, de la Contraloría General de la República.

Alega, asimismo, la improcedencia del recurso, por tratarse de una acción cautelar y extraordinaria que no constituye una instancia de declaración de derechos, sino de protección de aquellos que, siendo preexistentes e indubitados, se encuentren afectados por un acto u omisión ilegal o arbitraria, y que, por tanto, no resulta una vía idónea para revisar el mérito o la legalidad de las actuaciones desarrolladas dentro de un procedimiento disciplinario tramitado conforme a las normas legales y reglamentarias vigentes, invocando en tal sentido jurisprudencia de las nombre reservado y de Santiago. Añade que, de estimarse la existencia de vicios de legalidad, correspondía a la recurrente, quien se desempeñaba como Directora de Control del municipio desde el año 2014, ejercer el recurso de reclamación previsto en el artículo 156 de la Ley N°18.883 ante la Contraloría General de la República, dentro del plazo de diez días hábiles allí establecido, lo que no hizo.

Por consiguiente, afirma que no existe sustento de vulneración a la garantía del artículo 19 N°2 de la Constitución Política de la República, por cuanto la potestad sancionatoria se ejerció con pleno respeto al principio de legalidad, descartando toda ilegalidad o arbitrariedad en el actuar de la Municipalidad de Tucapel.

En cuanto a la igualdad ante la ley, sostiene que dicha garantía no exige un trato idéntico, sino que prohíbe diferencias arbitrarias, y que cada sumario administrativo se tramita respecto de funcionarios distintos y en circunstancias que no son necesariamente equivalentes, de manera que la comparación efectuada por la recurrente con la situación de otros funcionarios no logra evidenciar una afectación a la igualdad esencial invocada, máxime cuando a quien ejerce el cargo de Directora de Control Interno se le exige un mayor estándar de fidelidad al servicio y de probidad administrativa.

En cuanto a la falta de motivación, sostiene que los decretos recurridos contienen fundamentos fácticos y jurídicos suficientes y que la propia extensión de las alegaciones desarrolladas por la recurrente demuestra que conoció las razones de la decisión. Añade que los actos administrativos gozan de presunción de legalidad, imperio y exigibilidad y que no se configura la falta de motivación denunciada.

Por lo anterior, solicita tener por evacuado el informe y rechazar el recurso de protección en todas sus partes, con expresa condena en costas. 4°.- Que consta en autos el informe evacuado por la Contraloría Regional del Biobío, mediante el cual se hace presente que el 19 de mayo de 2025 la Municipalidad de Tucapel remitió, mediante Ordinario N°NUM005, la denuncia formulada por una funcionaria municipal en contra del alcalde subrogante por hechos que calificó como constitutivos de acoso laboral. Señala que, mediante Oficio N°NUM006 de 2025, acogió la petición de la actora en orden a que se instruyera un procedimiento administrativo disciplinario destinado a indagar los hechos denunciados.

Agrega que, posteriormente, mediante Resolución Exenta N°NUM007 de 2025, dispuso instruir un sumario administrativo en la Municipalidad de Tucapel para investigar y determinar la existencia de eventuales responsabilidades administrativas relacionadas con tales hechos, ordenando remitir copia de esa resolución tanto a la denunciante como al Jefe de Personal de la entidad edilicia, a fin de velar por el cumplimiento de las medidas de protección establecidas en el artículo 88 A de la Ley N°18.883.

Precisa que no consta en el expediente sumarial documento alguno mediante el cual el Jefe de Personal de la Municipalidad de Tucapel haya informado que se le impidió velar por el cumplimiento de aquellas medidas de protección. Finalmente, informa que el sumario administrativo instruido por la Contraloría mediante Resolución Exenta N°NUM007 de 2025 se encontraba aún en tramitación, en etapa resolutiva, a la fecha de evacuarse el informe. 5°.- Que consta en el expediente lo informado por nombre reservado Antonio nombre reservado, Director de Administración y Finanzas de la Municipalidad de Tucapel, quien en su calidad de jefe de personal, expone acerca de los antecedentes relacionados con la denuncia formulada por la recurrente y las instrucciones impartidas en orden a resguardar las medidas de protección asociadas a ella.

Señala, en lo sustancial, que tomó conocimiento de la denuncia y de las instrucciones relativas a evitar represalias y mantener la continuidad del servicio, indicando que tales antecedentes fueron comunicados a las unidades pertinentes.

Asimismo, hace presente que, a la fecha de su informe, desconocía el contenido y resolución del sumario instruido por la Contraloría, atendido su carácter reservado. 6°.- Que, para analizar el asunto planteado por la presente vía, resulta conveniente consignar que el recurso de Protección de Garantías Constitucionales, establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye jurídicamente una acción, destinada a amparar el legítimo ejercicio de las garantías y derechos preexistentes que en esa misma disposición se enumeran, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben tomar ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que priva, o amenace ese atributo. 7°.- Que, es requisito indispensable de la acción de protección, la existencia de un acto u omisión ilegal, esto es, contrario a la ley, o arbitrario, producto del mero capricho de quién incurre en él, y que provoque algunas de las situaciones o efectos que se han indicado, afectando a una o más de las garantías preexistentes- protegidas, consideración que resulta básica para el examen y la decisión de cualquier recurso como el que se ha interpuesto. 8°.- Que, cabe reflexionar, a la luz de lo recién expuesto, que esta acción de cautela de derechos constitucionales constituye una vía destinada a dar protección respecto aquellos cuya existencia se encuentre indubitada. 9°.- Que la recurrente funda su acción en que la medida de destitución fue aplicada encontrándose amparada por el estatuto de protección del artículo 88 A de la Ley N°18.883; que los Decretos Alcaldicios N°NUM000 y N°NUM001 carecen de la debida fundamentación; y que la sanción impuesta resulta desproporcionada frente a los hechos acreditados en el sumario, todo lo cual, a su juicio, conculca la garantía de igualdad ante la ley consagrada en el artículo 19 N°2 de la Constitución Política de la República. 10°.- Que, en lo que respecta a la primera alegación, de los antecedentes acompañados y de lo informado por la Contraloría Regional del Biobío aparece que el sumario incoado a propósito de la denuncia de acoso laboral formulada por la recurrente el 16 de mayo de 2025 tiene por objeto investigar hechos distintos de los que motivaron la destitución de la actora. En efecto, el procedimiento disciplinario que culminó con el Decreto Alcaldicio N°NUM000 tuvo su origen en el Oficio Folio NUM008, de 22 de mayo de 2025, de la Contraloría General de la República, que dio cuenta de la nómina de funcionarios municipales que, encontrándose con licencia médica, registraban viajes al extranjero durante los años 2023 y 2024, y tuvo por único objeto determinar su responsabilidad administrativa por haber viajado al extranjero el 30 de junio de 2023 encontrándose con licencia médica. 11°.- Que, el artículo 88 A letra a) de la Ley N°18.883, en lo pertinente, prescribe: “Los funcionarios que ejerzan las acciones a que se refieren las letras k) y l) del artículo 58 tendrán los siguientes derechos: a) No podrán ser objeto de las medidas disciplinarias de suspensión del empleo o de destitución, desde la fecha en que el alcalde tenga por presentada la denuncia y hasta noventa días después de haber terminado la investigación sumaria o sumario, incoados a partir de la citada denuncia.”

Como se desprende de su texto, la norma transcrita tiene por objeto específico resguardar al funcionario que ha ejercido las acciones descritas en las letras k) y l) del artículo 58 del mismo cuerpo estatutario frente a eventuales represalias vinculadas precisamente con la denuncia formulada, impidiéndose, mientras se tramita el procedimiento incoado a partir de ella, la aplicación de las medidas de suspensión del empleo o destitución.

Tal prohibición, sin embargo, no puede extenderse a un procedimiento disciplinario diverso, iniciado por una causa distinta e independiente de la denuncia protegida, pues ello importaría convertir la norma de resguardo en inmunidad absoluta frente a cualquier responsabilidad administrativa, lo que no se aviene con la evidente finalidad de la norma. Por consiguiente, la alegación fundada en el artículo 88 A de la Ley N°18.883 no puede prosperar. 12°.- Que, en cuanto a la falta de fundamentación alegada, cabe tener presente que el Decreto Alcaldicio N°NUM000 se sustenta en los cargos formulados por el fiscal instructor, en la vista fiscal y en el informe jurídico, instrumentos que dan cuenta de los hechos investigados, de la normativa que se estimó infringida y de las razones por las cuales la autoridad edilicia calificó la conducta como una infracción grave al principio de probidad administrativa, apartándose de la sanción propuesta en la vista fiscal en ejercicio de la atribución que le confiere el inciso final del artículo 120 de la Ley N°18.883. Asimismo, el Decreto Alcaldicio N°NUM001 se hizo cargo de las alegaciones formuladas en el recurso de reposición.

De lo anterior fluye que la recurrente tuvo cabal conocimiento de los fundamentos de hecho y de derecho de la decisión adoptada, no configurándose, por consiguiente, la falta de motivación denunciada. 13°.- Que, en lo referente a la falta de proporcionalidad de la sanción, se constata que las circunstancias invocadas por la recurrente dicen relación con aspectos de mérito de la decisión disciplinaria y con la ponderación de circunstancias atenuantes, cuestiones que fueron analizadas en sede administrativa y que no resultan, por regla general, susceptibles de revisión por esta vía cautelar de urgencia, pues ello importaría transformar el recurso de protección en una instancia de revisión del mérito de las decisiones disciplinarias, finalidad ajena a su naturaleza y objeto. 14°.- Que, a mayor abundamiento es útil tener presente que la Excma.

Corte Suprema, en un caso semejante, resolvió: “Quinto: Que cabe tener presente que el artículo 8° de la Constitución Política exige a autoridades y funcionaros públicos dar estricto cumplimiento al principio de probidad en todas sus actuaciones, debiendo, por tanto, observar una conducta funcionaria intachable y un desempeño honesto y leal de la función o cargo, con preeminencia del interés general sobre el particular, y el artículo 123 del Estatuto Administrativo para funcionarios municipales, prescribe que la medida disciplinaria de destitución procederá cuando los hechos constitutivos de la infracción vulneren gravemente el principio de probidad administrativa.

Sexto: Que, en el caso de autos, la conducta que determinó la infracción y la aplicación de la sanción, vale decir, hacer uso indebido de una licencia médica para fines particulares, como lo es un viaje fuera del territorio nacional, ajeno a la finalidad que el reposo contemplaba, a fin de obtener descansos y beneficios económicos por sobre los que otorga la ley estatutaria al resto de los funcionarios municipales, afectando el debido cumplimiento de las funciones del órgano y la satisfacción de las necesidades colectivas, de manera regular y continua, junto con el consiguiente menoscabo del patrimonio municipal, constituyen elementos propios de una afectación de carácter grave a la probidad, y, por tanto, la autoridad municipal al aplicar la medida de destitución actuó dentro de la esfera de sus atribuciones y en resguardo del interés general.” (SCS 16 de diciembre de 2025, Rol 52.153-2025). 15°.- Que, respecto a la comparación efectuada por la recurrente con la situación de otras tres funcionarias municipales a quienes, tras acogerse su recurso de reposición, se les reemplazó la medida de destitución por una sanción de menor entidad, cabe considerar que cada procedimiento disciplinario se tramita y resuelve en atención a las circunstancias particulares del caso concreto, sin que la sola existencia de decisiones distintas en otros sumarios administrativos, seguidos contra funcionarios diversos y en contextos fácticos no necesariamente equivalentes, configure por sí sola una discriminación arbitraria. 16°.- Que, conforme a lo razonado precedentemente, no se advierte que los Decretos Alcaldicios N°NUM000 y N°NUM001 adolezcan de ilegalidad o arbitrariedad, ni que su dictación haya conculcado la garantía de igualdad ante la ley consagrada en el artículo 19 N°2 de la Constitución Política de la República, razón por la cual la presente acción constitucional no puede prosperar.

Por estas consideraciones y de conformidad, además, con lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y en el Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema, se resuelve que, se rechaza, sin costas, la acción de protección deducida por doña nombre reservado en contra de la Municipalidad de Tucapel, representada por su alcalde don Jaime Veloso Jara.

Acordada con el voto en contra de la ministra Erica Pezoa Gallegos, quien estuvo por acoger el recurso de protección deducido, dejar sin efecto los Decretos Alcaldicios N° NUM000, de fecha 8 de mayo de 2026 y N° NUM001, de 25 de mayo de 2026 y ordenar la reincorporación de la actora, disponiéndose el pago de las remuneraciones desde la aplicación de la medida de destitución hasta su efectiva reincorporación, en virtud de las siguientes consideraciones: 1°.- Que primeramente conviene precisar que, conforme a las alegaciones de las partes y los antecedentes allegados a estos autos, son hechos no controvertidos los siguientes: a) la recurrente, planificó su viaje al extranjero y adquirió el paquete turístico correspondiente el 20 de abril de 2023, esto es, con más de dos meses de anticipación a la fecha de su partida, prevista para el 30 de junio de 2023. b) Con fecha 5 de mayo de 2023 la funcionaria solicitó feriado legal por 9 días, desde el 30 de junio al 12 de julio de 2023, y permiso administrativo por los días 13 y 14 de julio de 2023, que le fueron concedidos por la propia municipalidad recurrida mediante los Decretos Exentos de Personal números NUM010 y NUM011, de 5 de mayo de 2023.

A lo anterior se sumó el permiso sin goce de remuneraciones por 15 días, otorgado mediante Decreto Alcaldicio N°NUM012, de 6 de julio de 2023, para el período comprendido entre el 15 y el 31 de julio de ese año. c) La licencia médica N°NUM004 tuvo un carácter sobreviniente respecto de la planificación y autorización del referido viaje. En efecto, aquella fue otorgada el 26 de junio de 2023, a consecuencia de la quemadura de segundo grado sufrida por la recurrente el día anterior en su antebrazo y muñeca derecha, según consta del dato de atención de urgencias de la Clínica Los Andes de Los Ángeles, disponiéndose un reposo de cuatro días, desde el 27 hasta el 30 de junio de 2023. d) El período amparado por la licencia médica se superpuso, en un único día (el 30 de junio de 2023) con el feriado legal ya autorizado, jornada en que, precisamente, se iniciaba tanto el feriado legal concedido como el vuelo de ida al extranjero. e) El 16 de mayo de 2025, esto es, con anterioridad a la dictación de los decretos impugnados y al inicio del sumario por viaje al extranjero con licencia, la recurrente había presentado una denuncia por hechos que calificó como constitutivos de acoso laboral en contra del alcalde subrogante de la Municipalidad de Tucapel, la que fue remitida a la Contraloría Regional del Biobío y dio origen a la instrucción de un sumario administrativo, encontrándose éste, según lo informado por dicho órgano contralor, aún en tramitación a la fecha de evacuarse su informe. f) Por Resolución N° NUM013 de 1 de septiembre de 2026, el Contralor Regional de la Contraloría Regional del Bio Bio aprueba el sumario administrativo y la vista fiscal y propone aplicar al alcalde subrogante Francisco Javier Dueñas Aguayo, la medida disciplinaria de suspensión del empleo por dos meses con goce de un 50% de las remuneraciones y anotación de demérito de 6 puntos en el factor de calificación correspondiente, por los hechos denunciados por la recurrente. 2°.- Que, sobre la base de los hechos reseñados, a la recurrente sí le asiste la protección contemplada en el artículo 88 A de la Ley N°18.883.

En efecto, dicha disposición establece, en términos amplios y sin distinción alguna, que el funcionario denunciante no podrá ser objeto de las medidas disciplinarias de suspensión del empleo o destitución desde la presentación de la denuncia y hasta noventa días después de terminado el procedimiento disciplinario incoado a partir de ella, sin que su tenor literal condicione dicha protección a que la eventual medida disciplinaria guarde relación de causalidad con los hechos denunciados.

Por otro lado, restringir por vía interpretativa el ámbito de la norma únicamente a las medidas vinculadas con la denuncia formulada importa introducir una distinción que el legislador no hizo, y que, atendida la finalidad eminentemente protectora de la institución, corresponde interpretar de la manera más favorable a quien la invoca.

En tal contexto, el Decreto Alcaldicio N°NUM000, de 8 de mayo de 2026, que aplicó a la recurrente la medida disciplinaria de destitución y el Decreto N°NUM001, de 25 de mayo del mismo año que rechazó la reposición, resultan ser ilegales en tanto contravienen la prohibición contenida en el artículo 88 A letra a) de la Ley 18.883. 3°.- Que, sin perjuicio de lo razonado precedentemente, tampoco se advierte que los Decretos Alcaldicios N°NUM000 y N°NUM001 se encuentren debidamente fundados.

Sobre el particular conviene destacar que el fiscal instructor, ponderando la prueba rendida en el procedimiento, propuso en su vista fiscal la aplicación de una multa equivalente al 5% de la remuneración mensual de la recurrente, conforme al artículo 120 letra b) de la Ley N°18.883; sin embargo, el Decreto Alcaldicio N°NUM000 se apartó de dicha proposición para aplicar la sanción más gravosa del estatuto administrativo sin explicitar las razones concretas que justificaban tal decisión, más allá de la sola cita de las normas que se estiman infringidas y la remisión al informe jurídico de 7 de mayo de 2026, instrumentos que tampoco explican de qué manera el contexto fáctico descrito en el considerando 1° que precede resulta subsumible en una infracción grave al principio de probidad administrativa.

Tal falta de fundamentación resulta aún más relevante cuando los hechos establecidos permiten constatar que la funcionaria se procuró todas las autorizaciones correspondientes para la realización de su viaje, el que se encontraba totalmente cubierto con los días de feriado legal, permisos administrativos y sin goce de remuneraciones concedidos.

Así las cosas, el caso de marras difiere de aquellos conocidos en los sumarios administrativos que han sido objeto de acciones de protección, pues no puede sostenerse que la conducta de la recurrente estuvo encaminada a obtener descansos y beneficios económicos por sobre los que otorga la ley estatutaria al resto de los funcionarios municipales, afectando el debido cumplimiento de las funciones del órgano y la satisfacción de las necesidades colectivas, pues su ausencia del servicio se encontraba debidamente autorizada. 4°.- Que a la falta de motivación antes señalada se suma la ausencia de ponderación de la atenuante de irreprochable conducta que beneficiaba a la recurrente, quien se desempeñó como funcionaria municipal por más de diecinueve años sin registrar sanción disciplinaria alguna, así como de la brevedad de la infracción imputada, limitada a un único día, en que se superpuso el primer día de vacaciones, con el último de una licencia breve, concedida a raíz de un accidente doméstico.

A lo anterior cabe añadir que, a otras tres funcionarias municipales, investigadas en sumarios de idéntica naturaleza, a cuyo respecto el fiscal propuso sanciones más severas que a la recurrente, se les aplicó, en definitiva, una sanción de menor entidad, sin que dicho tratamiento diferenciado aparezca justificado en antecedentes objetivos. 5°.- Que, en consecuencia, la aplicación de la destitución encontrándose la recurrente amparada por la protección del artículo 88 A de la Ley N°18.883, unida a la falta de motivación suficiente de los actos recurridos y a la ausencia de ponderación de las circunstancias atenuantes y del contexto fáctico en que se produjo la infracción, determina que los Decretos Alcaldicios N°NUM000 y N°NUM001 resulten arbitrarios e ilegales, vulnerándose con ello la garantía de igualdad ante la ley consagrada en el artículo 19 N°2 de la Constitución Política de la República, por lo que, a juicio de esta disidente, el recurso de protección debió ser acogido.

Notifíquese.

En su oportunidad, dese cumplimiento al numeral 14 del Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre tramitación y fallo del Recurso de Protección.

Regístrese y, hecho, archívese.

Redacción a cargo de la ministra Erica Pezoa Gallegos.

No firma el abogado señor Coloma, no obstante haber concurrido a la vista de la causa y al acuerdo, por no haber integrado hoy.

Rol N°534-2026 Protección