Protección contra SUPERINTENDENCIA DE SEGURIDAD SOCIAL

C Chillán, nueve de octubre de dos mil veinticinco.

VISTO: 1°.- Que, comparece el abogado don Sebastián Caroca Colarte, quien actuando en representación de doña nombre reservado, trabajadora de la educación, Rut NUM000, interpone recurso de protección en contra de la SUPERINTENDENCIA DE SEGURIDAD SOCIAL (SUCESO), legalmente representada por doña nombre reservado, ingeniera comercial, ambas con domicilio en domicilio reservado, y en contra de la COMISIÓN De MEDICINA PREVENTIVA E INVALIDEZ DE LA REGIÓN DE ÑUBLE (COMPIN), representada legalmente por doña nombre reservado, ambas con domicilio en domicilio reservado, por el accionar ilegal y arbitrario consistente en el rechazo de la licencia médica N°NUM001, solicitando a Iltma. Corte adopte las medidas tendientes a cautelar el legítimo ejercicio de los derechos establecidos en el artículo 19 N°18 y 24 de la Constitución Política de la República, los que estima vulnerados.

Refiere el recurrente, y como fundamento de la acción constitucional por él interpuesta, que la recurrida, Superintendencia de Seguridad Social, confirmó el rechazo efectuado por la COMPIN Región de Ñuble, respecto de la licencia N°NUM001, extendida por un total de 30 días a contar del 2 de abril de 2025, lo que se manifiesta en la Resolución REX N°NUM002, esgrimiéndose como fundamento del rechazo que el reposo no se encontraba justificado en base a los antecedentes clínicos y administrativos tenidos a la vista, los cuales evidenciaban lesiones de carácter crónico no susceptible de modificar con el reposo, de manera que no se justifica la prolongación de éste más allá del período previamente autorizado.

Aduce asimismo que, a mayor abundamiento, la Superintendencia de Pensiones, a través de su respectiva Comisión Médica, emitió el dictamen ejecutoriado con fecha 10 de marzo de 2022, y por medio del cual se le reconoció a su representada un 53% de menoscabo de su capacidad de trabajo, acordando en consecuencia, aceptar invalidez transitoria parcial, determinación ésta que el recurrente considera un error, sosteniendo al respecto que las patologías que dieron origen y otorgaron un 53% de invalidez parcial, son idénticas a la patología que indica por la cual se extendió los días de reposo de la licencia médica reclamada.

Expresa el actor que su representada mantiene un diagnóstico crónico de “MENICECTOMÍA Y MENISCORRAFIA DERECHA, TRASTORNO DE LA C MARCHA POR GONALGIA BILATERAL, CONDROPATÍA ROTULIANA IZQUIERDA”, el que fue emitido por el Dr. nombre reservado, médico cirujano, cuadro médico que se encuentra debidamente acreditado por los exámenes, resonancias e informes médicos, señalando que no obstante el diagnóstico referido, la recurrente no ha sido declarada de salud irrecuperable, por lo que el tratamiento y el reposo extendido por el Dr. Pizarro mantiene rol terapéutico.

Finalmente, indica que en el caso de autos la justificación para el rechazo de la licencia fue meramente nominal, contradictorio e injustificado, sin que previamente se haya efectuado una investigación adecuada para haber adoptado una resolución más precisa.

En razón de lo anterior, sostiene que el rechazo de la licencia médica reclamada, es infundado, por lo que solicita, al amparo de la ley, se autorice el pago por estimar que las recurridas han actuado de manera arbitraria e ilegal. 2°.- Que, informando el recurso la abogada doña Romina Andrea Ugalde Rañileo, en representación de la Superintendencia de Seguridad Social, viene en solicitar primeramente que se declare a la presente acción de protección como improcedente, por cuanto la materia sobre la que realmente versa dice relación con un derecho perteneciente al sistema de seguridad social, establecido en el numeral 18 del artículo 19 de la Constitución Política de la República, que no está amparado por la acción cautelar que motiva estos autos.

En efecto, la autorización, rechazo o modificación de una licencia médica que se extienda de conformidad con el artículo 149 del DFL N°1, de 2005, del Ministerio de Salud y el Decreto Supremo N°3/84, sobre Autorización de Licencias Médicas; las reconsideraciones y apelaciones que se deduzcan respecto de las resoluciones de los organismos administradores de este derecho, a saber, las Instituciones de Salud Previsional (Isapres) y la Comisiones de Medicina Preventiva e Invalidez (COMPIN) y el pago, según corresponda, de la prestación pecuniaria por éstas originadas, esto es, el subsidio por incapacidad laboral (regulado en el DFL N°44/78, del Ministerio del Trabajo y Previsión Social, y por lo tanto, se encuentran expresamente excluidas por el constituyente, del ámbito de la acción de protección.

De tal forma, la materia respecto de la cual se esgrime la presente acción incide en un aspecto especifico del derecho a la seguridad social, reconocido y garantizado a todas las personas en el numeral 18 del artículo 19 de nuestra Carta Magna, que no está contemplado en la numeración taxativa que realiza el artículo 20, y, por lo tanto, no está amparado por esta especial acción cautelar, por lo que C solicita la improcedencia del presente recurso.

En subsidio de las alegaciones anteriores, señala que resulta necesario esclarecer cuál es el marco jurídico-normativo que regula la materia de la presente Acción de Protección, sosteniendo a este respecto que, en nuestro Sistema de Seguridad Social, existe cobertura para atender los distintos riesgos o contingencias sociales que ponen a los trabajadores en un estado de necesidad.

Tratándose de la pérdida de la capacidad de ganancia o incapacidad laboral por motivos de salud, ella puede ser permanente o transitoria, es decir que, para hacer uso de una licencia médica es necesario que el trabajador se encuentre impedido de trabajar por razones de salud en forma temporal, existiendo la posibilidad real y cierta de que recuperará la capacidad de trabajo y quedará en condiciones de reincorporarse a la vida laboral.

Para el caso de las dolencias que causan incapacidades laborales permanentes, nuestro sistema de seguridad social contempla las pensiones de invalidez, las que tratándose de trabajadores afectos al Sistema de Pensiones creado por el D.L. N°3.500, de 1980, son evaluadas y declaradas por las Comisiones Médicas de la Superintendencia de Pensiones. En el caso de los trabajadores afectos a alguna institución de previsión del antiguo régimen previsional (ex Cajas de Previsión y ex Servicio de Seguro Social) hoy fusionadas en el Instituto de Previsión Social (I.P.S.), las evaluaciones de incapacidad o invalidez son conocidas por las Comisiones de Medicina Preventiva e Invalidez de las Secretarías Regionales Ministeriales de Salud (SEREMIS).

Sostiene asimismo la letrada que, mediante RESOLUCIÓN EXENTA N°NUM002, de fecha 30 de mayo de 2025, la Superintendencia de Seguridad Social resolvió lo siguiente: “Que, esta Superintendencia estudió los antecedentes y con su mérito concluyó que el reposo prescrito por la licencia médica N°NUM001, no se encontraba justificado. Esta conclusión se basa en que los antecedentes clínicos y administrativos tenidos a la vista, evidencian lesiones de carácter crónico no susceptibles de modificar con el reposo, por lo que no se justifica la prolongación del reposo más allá del período previamente autorizado.

Que, a mayor abundamiento, la Superintendencia de Pensiones, a través de su respectiva Comisión Médica, ha emitido el Dictamen ejecutoriado con fecha 10 de marzo del 2022, por medio del cual se le ha reconocido a la Sra. nombre reservado

nombre reservado un 53% de menoscabo de su capacidad de trabajo, acordando, en consecuencia, aceptar invalidez transitoria parcial. Que, conforme a lo señalado, en las situaciones en que una persona afiliada al Sistema del D.L. N°3.500, de C 1980, las Comisiones Médicas respectivas le han fijado un grado de incapacidad que le da derecho a pensión de invalidez, es posible autorizar las licencias médicas que estén en curso, hasta el término de aquella que estaba vigente al quedar ejecutoriado el dictamen de invalidez, rechazándose las que se presenten a continuación.

Termina manifestando que los pronunciamientos que en materia de licencias médicas emite la Superintendencia de Seguridad Social, se hacen en su calidad de autoridad técnica de control de las instituciones de previsión, teniendo como funciones esenciales la de “supervigilar y juzgar la gestión administrativa de las instituciones de previsión social y la de calificar la legalidad de los ingresos, así como la oportunidad y finalidad de los egresos e inversiones de los fondos de las instituciones de previsión y de los beneficios que se otorguen a los imponentes”, por lo que el actuar de su representada se enmarca dentro del ámbito de sus competencias, no existiendo en consecuencia un acto ilegal y arbitrario.

En razón de lo expresado solicita tener por evacuado el informe de rigor, y con su mérito rechazar el recurso en todas sus partes, con costas. 3°.- Que, informando don nombre reservado, Presidente (S) de la Comisión de Medicina Preventiva e Invalidez, Región de Ñuble, señala que doña nombre reservado, presenta un extenso historial de licencias médicas, iniciado en el año 2021 y prolongado hasta la fecha, caracterizado por largos períodos de ausentismo laboral, conforme al siguiente detalle:

Año 2021: 354 días de reposo Año 2022: 105 días de reposo Año 2023: 290 días de reposo Año 2024: 295 días de reposo Año 2025: 90 días de reposo Señala que dentro de estos períodos, COMPIN resolvió rechazar dos licencias médicas, las números NUM003 y la NUM001, esta última la que incide en el presente recurso, fundado en que conforme al artículo 16 del Decreto Supremo N°3 de 1984, se faculta a su representada para rechazar licencias médicas cuando éstas carezcan de fundamento clínico suficiente que demuestre de manera clara que el reposo indicado posee carácter terapéutico, es decir, que la recuperación de la patología depende del mismo.

Sostiene asimismo que, a partir del mes de mayo del año 2004, en adelante, no se han aportado antecedentes clínicos suficientes que expliquen la prolongación del reposo más allá de lo establecido por la literatura médica C científica, la cual señala un promedio de hasta seis meses post cirugía de meniscos para la recuperación funcional, padecimiento de que adolece la recurrente.

Expresa que mantener un reposo prolongado sin modificación del tratamiento ni continuidad de terapia kinésica, no aporta beneficio alguno a la recuperación de la usuaria, configurándose más bien como un mecanismo de justificación de ausentismo laboral.

Agrega también que la recurrente tiene 61 años, encontrándose en edad legal de jubilar por vejez, y que a partir de marzo de 2022 percibe una pensión de invalidez parcial por patologías consideradas irrecuperables. En consecuencia, la actual enfermedad refuerza el carácter irreversible de su condición global de salud, quedando de manifiesto que el reposo prolongado no cumple una finalidad curativa, sino más bien de carácter pensionatorio, toda vez que su capacidad residual de trabajo no presenta posibilidades de recuperación.

Termina manifestando que la recurrente no ha presentado nuevas licencias posteriores a la que venció el 2 de mayo de 2025, lo que hace presumir su reintegro laboral, hecho que por lo demás confirma que la licencia rechazada carecía de finalidad terapéutica, ya que cese del reposo no obedeció a la indicación de mejoría clínica sino al rechazo administrativo efectuado por COMPIN.

En virtud de lo expresado, solicita tener por informado el recurso. 4°.- Que, para analizar el asunto planteado por la presente vía, resulta conveniente consignar que el recurso de Protección de Garantías Constitucionales establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye, jurídicamente una acción de naturaleza cautelar, desinada a amparar el libre ejercicio de las garantías y derechos preexistentes que esa misma disposición enumera, mediante la adopción de medidas de resguardo ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que impida, amague o perturbe ese ejercicio. Surge de lo transcrito, que es requisito sine qua non, para que pueda prosperar la mentada acción cautelar, que exista un acto u omisión ilegal, esto es, contrario a la ley, o bien arbitrario, entendiéndose por tal aquel que es fruto del mero capricho de quien lo ejecuta o incurre en él, acto u omisión que debe provocar, además, algunas de las situaciones ya indicadas y que afecte una o más de las garantías constitucionales protegidas, consideración que resulta básica para el examen y la decisión de cualquier recurso como el que se ha interpuesto. 5°.- Que, cabe reflexionar, a la luz de lo recién expuesto, que esta acción de C cautela de derechos constitucionales constituye una vía destinada a dar protección respecto de garantías cuya existencia se encuentre indubitada. 6º.- Que, respecto a la excepción de improcedencia de la acción de protección opuesta por la recurrida, Superintendencia de Seguridad Social, fundada en que el derecho a licencia médica formaría parte de la seguridad social que no se encuentra amparado por esta vía cautelar, cabe señalar que si bien el otorgamiento de licencias médicas y el subsidio por incapacidad laboral al cual éstas pueden dar origen se insertan dentro del marco del derecho a la seguridad social reconocido en el artículo 19 N°18 de la Carta Fundamental, no es menos cierto que lo que se censura por la recurrente es la falta de motivación de la resolución que confirmó el rechazo de su licencia médica, lo que podría significar una vulneración a las garantías de igualdad ante la ley y el derecho de propiedad sobre prestaciones económicas a las que el ordenamiento jurídico le otorga titularidad y cuya afectación la habilita para recurrir a esta vía urgente y excepcional de protección, razón por la cual dicha alegación será desestimada. 7°.- Que en cuanto a la actuación que cupo a la recurrida Superintendencia de Seguridad Social, ha de indicarse que la citada Ley 20.585 ha entregado a este órgano de la Administración del Estado el cumplimiento de ciertas funciones con el objetivo de asegurar el otorgamiento, uso correcto de la licencia médica y una adecuada protección del cotizante y beneficiario sea de una Institución de Salud Previsional o del Fondo Nacional de Salud. En este contexto y en lo que atañe al caso sobre que versa el recurso, la valoración de los antecedentes acompañados por esta recurrida permiten descartar cualquier tipo de ilegalidad o arbitrariedad en su proceder, pues demuestran que la decisión adoptada, además de encontrar soporte legal, no se sustentó en el mero capricho de la autoridad que intervino en la misma, quien, por el contrario, emitió su parecer de orden técnico con pleno apego a la normativa que regula el derecho denominado licencia médica, en una decisión apoyada en la revisión de los profesionales médicos de la COMPIN y, a mayor abundamiento, por los profesionales médicos especializados de la Superintendencia de Seguridad Social, según se advierte del informe respectivo. 8°.- Que, en relación a la actuación que por esta vía se impugna a la recurrida Comisión de Medicina Preventiva e Invalidez (COMPIN), debe tenerse en consideración lo que dispone la normativa que regula la materia. El artículo 16 del Decreto Supremo N°3/84, que Aprueba Reglamento de Autorización de Licencias Médicas, prescribe que tanto la COMPIN, la Unidad de Licencias Médicas o la Isapre, en su caso, podrán rechazar o aprobar las licencias médicas;

C reducir o ampliar el período de reposo solicitado o cambiarlo de total a parcial y viceversa. En todos estos casos, agrega la norma, se dejará constancia de la resolución o pronunciamiento respectivo, con los fundamentos tenidos a la vista para adoptar la medida, en el formulario digital o de papel de la respectiva licencia.

Pues bien, en este marco normativo es que la Comisión de Medicina Preventiva e Invalidez, rechazó la licencia médica de la recurrente, correspondiente a un periodo de 30 días, a contar del 02 de abril de 2025, no observándose en este proceso ilegalidad ni arbitrariedad alguna que pueda atribuírsele a la COMPIN, sin perjuicio de tenerse también en consideración que el rechazo de la licencia, aparece debidamente fundamentado. 9°.- Que, en otro orden de ideas, resulta necesario hacer presente que, de los antecedentes del recurso, fluye de manera evidente y palmaria que la recurrente percibe en la actualidad pensión de invalidez, y de conformidad con lo preceptuado en el artículo 75 del Decreto Supremo N°57 de 1991, del Ministerio del Trabajo y Previsión Social, las pensiones de invalidez establecidas por la ley serán incompatibles con los subsidios de incapacidad laboral que el afiliado pudiese generar por las mismas causas que produjeron la invalidez, motivo por el cual no correspondía autorizar la licencia médica que ha dado lugar a la presente acción constitucional, conclusión ésta que contribuye asimismo al rechazo del presente arbitrio. 10°.- Que, en razón de lo expuesto en los motivos anteriores y por no configurarse en la especie el supuesto básico que justifica brindar protección constitucional, cual es la existencia de un acto o una omisión que pueda ser calificado de arbitrario o ilegal, el recurso de protección deducido en esta oportunidad debe ser necesariamente desestimado.

Por estas consideraciones y visto, además, lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y Auto Acordado de la Corte Suprema sobre Tramitación y Fallo del Recurso de Protección de Garantías Constitucionales, se rechaza, sin costas, el deducido por el abogado don Sebastián Caroca Colarte, por su representada doña nombre reservado, en contra de la SUPERINTENDENCIA DE SEGURIDAD SOCIAL (SUCESO) y la COMISIÓN DE MEDICINA PREVENTIVA E INVALIDEZ (COMPIN).

Notifíquese, regístrese y, hecho, archívese.

En su oportunidad, dese cumplimiento al numeral 14 del Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre tramitación y fallo del Recurso de Protección.

Redacción a cargo del Abogado Integrante Señor Juan Antonio De la Hoz C Fonseca, quien no firma por no haber integrado hoy.

ROL N° 534-2025-PROTECCIÓN.