nombre reservado con ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE SAN IGNACIO

Chillán, veinticinco de septiembre de dos mil veinticinco.

Visto:

1°.- Que, comparece don nombre reservado, funcionario municipal, por sí mismo, interponiendo acción de protección contra la Caja de Compensación de Asignación Familiar Los Andes y contra la Municipalidad de San Ignacio, por vulnerar éstas con su actuar, la garantía constitucional prevista en el artículo 19 N° 24 de nuestra Carta Fundamental.

Señala que en el mes de febrero de 2022, contrajo un crédito de consumo con la recurrida Caja de Compensación Los Andes denominado “crédito social”, el cual fue pactado en diversas cuotas, cuyos pagos se efectuarían acorde con lo establecido en el artículo 98, inciso final, del decreto con fuerza de ley N° 1, de 1980, del Ministerio de Defensa Nacional, esto es previo descuento de la remuneración mensual. Sin embargo, en el mes de junio del año 2022, renunció a su cargo en la Policía de Investigaciones, única fuente de ingresos, de manera que cayó en una insolvencia que no le permitió cubrir sus deudas, entre ellas el crédito señalado.

Expone que producto de lo anterior, se acercó a buscar una solución con la recurrida, quien sólo le ofreció la repactar la deuda, cuestión que no aceptó. Añade que desde que se constituyó en mora, la caja de compensación, no efectuó gestión alguna tendiente a obtener el pago Indica que posteriormente, en enero del año en curso, comenzó a prestar servicios en el departamento de salud de la Municipalidad de San Ignacio y desde el mes de abril tomó conocimiento del actuar ilegal y arbitrario de ambas recurridas, consistente en el descuento que se practicaría a su liquidación de sueldo, por un monto de $644.696, por concepto del crédito social pactado en el año 2022.

Indica que no ha recibido explicaciones por parte de la Municipalidad, más que el descuento obedece a lo requerido por la Caja de Compensación, aplicándole el mismo descuento en el mes de mayo.

Considera que el cobro ha sido antojadizo, además de ilegal, pues se ha obrado contraviniendo lo dispuesto en el artículo 1° de la Ley N° 18.833, haciendo presente además que el artículo 95 de la ley N° 18.883, limita los descuentos en favor de las cajas de compensación al 15% de la remuneración, por tratarse de descuentos voluntarios, aun cuando se trate de servidores públicos. Añade que el valor de lo descontado directamente de su remuneración es totalmente caprichoso, pues el recurrido no informa la fuente de la cual proceden tales descuentos, como, asimismo, los cálculos aritméticos mediante el cual han arribado a dicha cantidad de dinero, vulnerando su derecho de propiedad.

Finaliza solicitando a esta Corte, se sirva tener por deducido recurso de protección a su favor, en contra de la Caja de Compensación de Asignación Familiar Los Andes y en contra de la Municipalidad de San Ignacio, ambas debidamente individualizadas por intermedio de sus representantes, darle tramitación y en definitiva acogerlo en todas sus partes, y declarar arbitrario e ilegal los hechos descritos en el cuerpo principal de esta presentación, ordenándose a estas a fin de restablecer el imperio del derecho: 1) abstenerse de continuar obteniendo el pago del crédito social otorgado al actor vía descuentos de mis remuneraciones; 2) proceder a la devolución de los montos indebidamente descontados a partir del reinicio de las deducciones anotadas; y 3) condenar en costas a las recurridas.

2°.- Que, comparece informando la abogada Inés Riquelme Arao, en representación de la Caja de Compensación de Asignación Familiar de Los Andes y expone que su representada con fecha 26 de abril de 2022 otorgó al señor nombre reservado la operación de crédito código N° 014CON203508261, por un capital inicial de $18.351.198.-, a una tasa de Interés mensual de 1.3%, pagadero en un plazo de 60 meses, con una cuota mensual de $468.927.-, cuyo primer vencimiento correspondió a fecha 30 de junio de 2022. De ellas, las cuotas de los meses de junio a octubre de 2022 N°1 a n°5) fueron pagadas entre el 30 de junio de 2022 y el 13 de junio de 2025. De manera que el crédito en cuestión se encuentra en morosidad por la diferencia de la cuota de julio de 2022 y por las cuotas de los meses de agosto de 2022 a mayo de 2025, cuotas de la N° 06 a la N° 36, por lo nos encontramos ante un crédito plenamente vigente, actualmente exigible y cuyas acciones no se encuentran prescritas, por lo que su recaudación de acuerdo al mecanismo establecido en el artículo 22 de la Ley N°18.833 es pertinente y oportuno.

Luego de describir el carácter social de los créditos otorgados por las cajas de compensación y el mecanismo de cobro del artículo 22 de la Ley N° 18.833, afirma que el mecanismo denominado vulgarmente como “descuento por planilla” se trata de un mecanismo especial de pago, inherente al régimen de ‘crédito social’ otorgado por las cajas de compensación, lo que tiende a disminuir el riesgo de éstas y, con ello, permite que el costo del crédito sea menor porque el pago del mismo se descuenta directamente de la remuneración del trabajador; Se trata de un mecanismo que no depende de la voluntad o decisión de las cajas de compensación, porque las reglas del caso lo establecen de forma perentoria u obligatoria. Tiene exactamente el mismo grado de obligatoriedad que el pago de las cotizaciones previsionales; y, que la obligatoriedad del ‘descuento por planilla’ recae sobre el empleador y precisamente por eso es que el sistema legal establece que se entiende que el trabajador paga el crédito al momento de aplicársele el descuento, según se sigue del art. 22 inc. 2º de la Ley Nº 18.833.

Explica, que de conformidad a lo expuesto, trabajador no puede oponerse ni negarse al ‘descuento por planilla’, porque la obligatoriedad mismo es un mecanismo normativo y propio del específico tipo de crédito otorgado y que es técnica y fácticamente imposible que pueda sostenerse que el funcionamiento del ‘descuento por planilla’ constituya una gestión de cobro por parte de la Caja Los Andes, puesto que dicho mecanismo aplica y funciona aun en el evento que su representada no haga nada o no lo desee, porque, como ya se dijo, no obedece ni depende de la voluntad del acreedor, sino que se trata de una obligación legal y reglamentaria para este especial tipo de ‘créditos sociales’.

Asimismo, añade que la obligación es actualmente exigible y que la prescripción debe ser declarada judicialmente. Así, la única forma para que opere la prescripción extintiva de derechos y obligaciones, es que esta sea alegada por quien quiere aprovecharse de ella, de tal manera que mientras no exista un pronunciamiento judicial emanado del Tribunal competente en la materia, la obligación de pagar la suma de dinero recibida en préstamo por la actora existe y es plenamente exigible.

Sostiene que no existe la vulneración de garantías constitucionales que alega el actor.

Finaliza solicitando a esta Corte tener por evacuado el informe solicitado, y en mérito de los argumentos planteados, rechazar el recurso de protección intentado en contra de Caja de Compensación de Asignación Familiar de Los Andes, por no existir acto ilegal o arbitrario cometido por ésta última en relación con los hechos expuestos.

3°.- Que, comparece el abogado Luis Parejas Mardones, en representación de la Municipalidad de San Ignacio, y expone que el recurrente es funcionario del Departamento de Salud Municipal, quien se encuentra con contrato a plazo fijo desde el 01 de enero de 2025, y como empleador están afiliados a Caja de Compensación Los Andes, por tal razón, ésta última remite todos los meses la nómina de descuentos por créditos contraídos para proceder a realizar el descuento por liquidación de sueldo.

Añade que en el mes de abril del año en curso, en la Nómina mensual de retención (Créditos y seguros) Número de Boletín 042025.0691413004002-0814 venía informado un descuento correspondiente a Crédito Social cuota 5/60 Sr. nombre reservado, por un monto del $644.696.-(crédito contraído con anterioridad), situación que de inmediato se le comunicó al funcionario y se hizo las consultas respectivas, ya que el monto excede el 15% legal, a lo que respondieron: "En respuesta al requerimiento de la empresa RUT RUT reservado, le comentamos que empresa debe descontar cuota y luego colaborador debe acercarse con su liquidación para indicar que pago excede el monto correspondiente".

Señala que posterior a eso el funcionario informó que había hecho las gestiones en Caja y le estaban entregando un ticket para hacer devolución del monto que excede el pago. En los meses de Abril, Mayo y Junio el descuento se realizó por 6544.696.- en Julio llegó la planilla por $300.504.- y en este mes de Agosto 2025 por $656.889.- Sostiene que han actuado conforme a requerimiento legalmente fundado, no ha obrado por iniciativa propia, ni ha efectuado descuentos discrecionalmente. Por el contrario, los descuentos realizados se originaron en el sistema de “descuento Inter caja” conforme a las normas que regulan a las Cajas de Compensación y el DFL N°1 de 1980 del Ministerio del Trabajo y Previsión Social, así como la Ley N° 18.833, por lo que el actuar de esta Municipalidad se limitó exclusivamente a cumplir con dicho requerimiento, sin que exista margen de discrecionalidad o facultad de cuestionamiento de fondo del mismo, toda vez que la norma aplicable impone a los empleadores públicos la obligación de cumplir con los mandatos de descuento intercaja válidamente emitidos por las Cajas, salvo orden judicial en contrario.

Señala que la deuda es exigible y no se encuentra prescrita, por lo que el descuento es plenamente procedente, conforme a lo dispuesto en el artículo 22 de la Ley N° 18.833 y el artículo 98 del DFL N°1 de 1980. De este modo, no corresponde atribuir ilegalidad o arbitrariedad a su representada, ni vulneración de la garantía constitucional del derecho de propiedad.

Asimismo, hace presente que el recurso de protección no es la vía idónea para debatir el fondo de una controversia de carácter contractual o crediticia, como lo es la validez del cobro de una deuda, los intereses aplicados o el monto descontado. Tales materias deben ser conocidas y resueltas mediante procedimientos judiciales de lato conocimiento, como los juicios declarativos o ejecutivos, y no por la vía excepcional y cautelar del recurso de protección, el cual exige que se trate de una vulneración de garantías constitucionales actuales, manifiestas y no discutibles.

Finaliza solicitando a esta Corte, tener por evacuado el presente informe en derecho, rechazando en todas sus partes el recurso de protección interpuesto en contra de la Ilustre Municipalidad de San Ignacio, con expresa declaración de que no ha existido ilegalidad ni arbitrariedad alguna en su actuar.

4°.- Que, para analizar el asunto planteado por la presente vía, resulta conveniente consignar que el recurso de Protección de Garantías Constitucionales, establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye jurídicamente una acción, destinada a amparar el legítimo ejercicio de las garantías y derechos preexistentes que en esa misma disposición se enumeran, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben tomar ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que priva, o amenace ese atributo.

5°.- Que, es requisito indispensable de la acción de protección, la existencia de un acto u omisión ilegal, esto es, contrario a la ley, o arbitrario, producto del mero capricho de quién incurre en él, y que provoque algunas de las situaciones o efectos que se han indicado, afectando a una o más de las garantías -preexistentes- protegidas, consideración que resulta básica para el examen y la decisión de cualquier recurso como el que se ha interpuesto.

6°.- Que, cabe reflexionar, a la luz de lo recién expuesto, que esta acción de cautela de derechos constitucionales constituye una vía destinada a dar protección respecto de garantías cuya existencia se encuentre indubitada.

7°.- Que, en síntesis, el recurrente reclama en contra del acto arbitrario e ilegal que imputa a los recurridos, consistente en el descuento de sus liquidaciones, por un crédito que mantiene con Caja de Compensación Los Andes, acto que estima arbitrario, ilegal y abusivo, por no existir una resolución judicial o administrativa que ordene el pago, tratándose de una deuda que podría encontrarse prescrita, por cuanto hace más de cinco años la obligación cayó en mora, según sus dichos, rectificando luego, al señalar que la mora se produjo hace tres años.

8°.- Que, para resolver, es conveniente tener presente el documento acompañado por la parte recurrida al informar, pagaré suscrito ante Notario Público de Chillán, de 26 de abril del año 2022, por nombre reservado, en favor a Caja de Compensación de Asignación Familiar de Los Andes, la suma de $18.778.519, pagadero en 60 cuotas, a contar del 30 de junio de 2022, en el que consta una cláusula de aceleración, que permite al acreedor exigir la solución íntegra de la suma debida, por el retardo del pago en más de treinta días corridos de todo o parte de cualquiera de las cuotas.

9°.- Que, la ley 18.833, que establece un nuevo estatuto general para las Cajas de Compensación de Asignación Familiar, sustitutivo del contenido en el Decreto con Fuerza de Ley N° 42, de 1978, del Ministerio del Trabajo y Previsión Social, dispone que las Cajas de Compensación podrán, según su artículo 21, establecer un régimen de prestaciones de crédito social, consistente en préstamos de dinero.

Añade su artículo 22, que lo adeudado por prestaciones de crédito social a una Caja de Compensación por un trabajador afiliado, deberá ser deducido de la remuneración por la entidad empleadora afiliada, retenido y remesado a la Caja acreedora, y se regirá por las mismas normas de pago y de cobro que las cotizaciones previsionales.

10°.- Que, en el contexto señalado, de los antecedentes hechos valer por los intervinientes, y lo dispuesto en la norma precitada, no se aprecia un actuar ilegal, arbitrario o abusivo, como lo cataloga la recurrente, de parte de la Caja de Compensación recurrida, por cuanto, de lo actuado se desprende que ésta se encuentra ejerciendo una facultad legal, en particular, aquella señalada en el artículo 22 de la ley 18.833, que ampara y permite a las Cajas de Compensación instar para que se deduzca de las remuneraciones de los afiliados, los créditos que éstos adeuden.

11°.- Que, conforme a lo anterior, y con relación a los derechos que el recurrente solicita le sean tutelados, aquello no puede ser satisfecho por la vía del recurso de protección, atendido que, y dada la naturaleza de los argumentos que motivan la actuación impugnada, resulta indudable que el derecho reclamado es de carácter dubitado, por cuanto no existe una declaración judicial que establezca, con certeza, la falta de exigibilidad de la obligación en que se amparan los descuentos, cuestión que debe ser determinada en un procedimiento legal, de lato conocimiento, por medio del cual el deudor invoque la prescripción de la deuda mantenida con la Caja de Compensación, de manera que, y procediendo los requisitos necesarios, pueda obtener una resolución judicial que declare extinguida la obligación, como lo alega.

Todo lo anterior, obliga a rechazar la acción de protección incoada, en contra de Caja de Compensación de Asignación Familiar de los Andes.

12°.- Que, con relación a la Municipalidad recurrida, por los argumentos ya señalados, y lo dispuesto en el artículo 22 de la ley 18.833, igualmente deberá rechazarse le presente recurso de protección, por cuanto, como entidad empleadora, la recurrida cumple con el mandato legal de efectuar la deducción de lo adeudado por prestaciones de crédito social a la Caja de Compensación de Asignación Familiar de Los Andes, por parte de don nombre reservado, de manera que no se vislumbra, en su actuar, una acción arbitraria o ilegal que merezca tutela por parte de esta Corte.

Por estas consideraciones y atendido, además, lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre tramitación y fallo del recurso de protección, se rechaza, sin costas, el interpuesto por don nombre reservado, en contra de Caja de Compensación de Asignación Familiar Los Andes y la Municipalidad de San Ignacio.

Notifíquese.

En su oportunidad, dese cumplimiento al numeral 14 del Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre tramitación y fallo del Recurso de Protección, regístrese y, hecho, archívese.

Redacción del Ministro señor Guillermo Arcos Salinas.

Rol N° 533-2025 PROTECCIÓN.