nombre reservado con nombre reservado

Chillán, ocho de agosto de dos mil veinticinco.

VISTOS:

1°.- Que, comparece don Víctor Manuel Barros Saavedra, abogado, quien actuando en representación convencional de doña nombre reservado, labores de casa, cédula de identidad N°RUT reservado, y don nombre reservado, pensionado, cédula de identidad N°RUT reservado, ambos domiciliados en domicilio reservado, interpone acción de Protección Constitucional en contra de don nombre reservado y doña nombre reservado, se ignora Rut, profesión un oficio de ambos, con domicilio en domicilio reservado.

Refiere el recurrente, y como fundamento de la acción constitucional por él interpuesta, que en tiempo y forma, y de conformidad a lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, y el Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre Tramitación y Fallo del Recurso de Protección de Garantías Constitucionales, viene en interponer acción constitucional de protección en contra de don nombre reservado, y doña nombre reservado, por haber actuado en forma ilegal y arbitraria vulnerando las garantías constitucionales de sus representados y que se encuentran consagradas en los numerales 3 inciso 5º y 24 del artículo 19 de la Constitución Política de la República, solicitando se acoja la presente acción de protección, se adopten las providencias que US. Iltma. estime necesarias para restablecer el imperio del derecho, y condene en costas a los recurridos.

Sostiene el recurrente que sus representados, doña nombre reservado y don nombre reservado, en su calidad de socios de la sociedad conyugal habida entre ambos, son dueños del inmueble ubicado en domicilio reservado, Provincia de Ñuble, de una superficie aproximada de una coma cuarenta y una hectáreas y deslinda NORTE: nombre reservado, separado por cerco, SUR: Antes, con camino vecinal que lo separa de nombre reservado y nombre reservado, en línea quebrada de dos parcialidades, separado por cerco, hoy nombre reservado camino vecinal de por medio y nombre reservado, en línea quebrada de dos parcialidades, separado por cerco ORIENTE: nombre reservado; PONIENTE: antes, camino vecinal que lo separa de nombre reservado; hoy, nombre reservado en un sector y, en otro sector, con Sucesión nombre reservado, camino vecinal de por medio. El título de dominio se encuentra inscrito a nombre de sus representados a fojas 57 número 18 del Registro de Propiedad del año 2002, a cargo del Conservador de Bienes Raíces de San Carlos.

A su turno, los recurridos son dueños del LOTE TRES, resultante de la subdivisión del resto del inmueble ubicado en el lugar Cape, comuna de San Carlos, lote tres que tiene una superficie de cero coma cincuenta hectáreas y deslinda: NORESTE, con lote cuatro de la actual subdivisión en noventa y cuatro metros; SURESTE, sucesión Guerrero Heldens, en cincuenta y tres coma tres metros, separado por cerco; SUROESTE, antes, nombre reservado, hoy con nombre reservado en noventa y cuatro metros; y NOROESTE, con servidumbre de tránsito del resto del predio en cincuenta y tres coma tres metros, separado por cerco. Su dominio corre inscrito a fojas 2804 número 2795 del Registro de Propiedad del año 2021, a cargo del Conservador de Bienes Raíces de San Carlos.

Además del lote singularizado en la cláusula anterior, los recurridos son dueños de la nuda propiedad y “usuarios” del resto del predio resultante de la subdivisión del resto del inmueble ubicado en el lugar Cape, predio Santa nombre reservado, hoy Lote Uno de la Comuna de San Carlos, el resto del predio de una superficie de dos coma sesenta y una hectáreas y que deslinda: NORESTE; Arturo Senin, en noventa y cinco metros, separado por cerco; SURESTE, Sucesión nombre reservado, en doscientos cincuenta y dos metros separado por cerco; con lote cuatro de la actual subdivisión en sesenta y ocho coma cuatro metros y en rentache coma siete metros, con la subdivisión anterior y con lote tres de la subdivisión actual en cuarenta y tres coma tres metros; SUROESTE, con lote número cuatro de la actual subdivisión en noventa aro metros; NOROESTE, con Arturo Senin, en cuatrocientos cuarenta y ocho coma cinco metros, separado por cerco. Inscrito su dominio a fojas 818 número 805 del Registro de Propiedad del año 2020 a cargo del Conservador de Bienes Raíces de San Carlos.

Indica que desde hace muchos años la línea divisoria entre las propiedades del recurrido y recurrentes, ha estado claramente establecida y delimitada por un cerco de postes de acacia, madera (pallets) y malla de alambres. Al interior de sus predios, esto es, por el costado sur del cerco, aproximadamente a unos 10 a 15 centímetros de la línea divisoria, los recurrentes plantaron una línea de árboles del tipo Cipres y Crategus, simulando una pared de árboles y arbustos que, además de hermosear sus terrenos, permitía dar privacidad a sus predios, sumado a todas las bondades aparejadas a la vegetación que adorna una propiedad rústica.

El statu quo vigente entre estas propiedades vecinas, pacífico y consolidado por años, fue recientemente alterado por el recurrido, don nombre reservado quien, a instancias o con autorización de doña nombre reservado, sin mediar aviso, consulta a sus vecinos, ni respeto alguno por los límites establecidos y consolidados por años, aproximadamente con fecha 14 de junio del presente año 2025, procedió a talar parcialmente y dañar de forma grave e irreversible la totalidad de los árboles que forman parte del cerco vivo emplazado entre 10 a 15 centímetros de la propiedad de sus representados.

La forma del corte efectuado no es irrelevante ni menos antojadiza, fue planeada y con una finalidad evidente.

Expresa que conforme se aprecia de la fotografía que fue acompañada a estos autos, es posible advertir la forma del corte ejecutado por el recurrido nombre reservado, literalmente “vuela” todo el follaje en uno sólo de los costados de los árboles que forman la pared, lo que evidentemente altera su natural distribución de peso, promoviendo su inclinación, lo que sumado a la artificiosa debilitación del terreno mediante una zanja emplazada innecesariamente cerca de los postes del cerco divisorio, aumenta aún más el mencionado riesgo de caída de los árboles, a lo que se debe sumar que al costado poniente de la propiedad de sus representados, se encuentra emplazada una casa habitación a no más de cuatro metros del cerco divisorio dañado por el recurrido, lo que evidentemente expone a que una eventual caída de los árboles alcance su casa, quizá no hoy ni mañana, pero irremediablemente ocurrirá dicho evento de no mediar una debida reparación y corrección de las condiciones artificiales que provocan la amenaza.

Agrega que los daños en el cerco vivo y la construcción de una zanja a escasos centímetros del cerco divisorio de su propiedad, son hechos bastante agresivos, que les causan gran temor y que acontecen en la clandestinidad, aprovechando la poca frecuencia con que los recurrentes visitan esa zona de su predio, ubicada en el límite norte de su propiedad raíz (exactamente el otro extremo de su casa) que, aunque de pequeñas dimensiones (1,5 has. aprox.), por el hecho de ser más bien angosta, resulta tener una longitud de relativa importancia para los recurrentes, más aún cuando trabajan todo el día en los invernaderos y les queda poco tiempo para recorrer el lugar más “a trasmano” y no cultivado de su propiedad.

Sostiene que el actuar de los recurridos constituye un acto arbitrario e ilegal que conculca de manera flagrante las garantías constitucionales de sus representados, específicamente:

a) Derecho de Propiedad (Art. 19 N°24 de la Constitución Política de la República): El artículo 19 N°24 de la Constitución Política de la República asegura a todas las personas “el derecho de propiedad en sus diversas especies sobre toda clase de bienes corporales o incorporales”. Este derecho confiere a su titular la facultad de usar, gozar y disponer de la cosa sobre la que se tiene un derecho de dominio, como indiscutidamente acontece con las especies dañadas. Los árboles talados y dañados injustificadamente por el recurrido nombre reservado se encontraban inequívocamente al interior de la propiedad de sus representados, entre 10 y 15 centímetros al interior de la línea de deslinde. Al talar estos árboles, sin título o derecho que lo justifique, y sin recurrir a los cauces legales que el ordenamiento jurídico contempla para resolver lo que crea que es su derecho, don nombre reservado ha privado y perturbado ilegítimamente a sus representados en el legítimo ejercicio de su derecho de propiedad sobre los inmuebles que les pertenecen, así como los árboles que se encuentran en su interior.

La jurisprudencia ha sido categórica al proteger el derecho de propiedad frente a actos de autotutela que alteran el statu quo. La acción de los recurridos es un claro despojo unilateral que afecta la propiedad ajena. La propiedad de los árboles, al estar dentro de la línea de deslinde de la propiedad del recurrente, constituye un derecho indubitado y preexistente de los recurrentes, por consiguiente, susceptible de protección constitucional.

b) La igual Protección de la Ley en el Ejercicio de sus Derechos y Prohibición de ser juzgado por comisiones especiales (Art. 19 N°3, inciso 5º, de la Constitución Política de la República): Por otra parte, el artículo 19 N°3 de la Carta Fundamental asegura la “igual protección de la ley en el ejercicio de sus derechos” y garantiza que “nadie podrá ser juzgado por comisiones especiales”.

En este sentido, el actuar de don nombre reservado, quien a instancias o con autorización de la recurrida nombre reservado, por su propia decisión y parecer, decidió talar los árboles en la propiedad de sus representados bajo la excusa de un supuesto “perjuicio” que jamás expuso ni en lo más mínimo, representa una clara actuación de autotutela o “justicia por mano propia” que la ley prohíbe en todas sus formas por el desprecio a la autoridad que intrínsicamente demuestra la conducta. La autotutela es inaceptable y está expresamente proscrita por nuestro ordenamiento jurídico.

De conformidad con lo expuesto, y lo dispuesto en los artículos 19 Nº3 y 24 y 20 de la Constitución Política de la República y demás normas pertinentes, solicita tener por interpuesta acción de protección de garantías constitucionales en contra de don nombre reservado, y doña nombre reservado, declarándolo admisible y en definitiva decretar:

1. Que los recurridos, don nombre reservado, y doña nombre reservado, han obrado de forma ilegal y arbitraria al talar y mandar o autorizar talar, respectivamente, además de afirmar que seguirán talando los árboles que componen el cerco vivo norte de la propiedad de sus representados, conculcando así su derecho de propiedad (Art. 19 N°24 CPR) y la igual protección de la ley en el ejercicio de sus derechos (Art. 19 N°3 CPR), al incurrir los recurridos en un acto de autotutela prohibida por nuestro ordenamiento jurídico.

2. Que los recurridos deben, a su costa y dentro de tercero día contado desde que la sentencia definitiva quede firme, restituir el estatu quo existente hasta antes del acto arbitrario e ilegal que se ha denunciado, adoptando para ello todas las medidas que VSI., estime conducentes para poner inmediato remedio a la agonía de las especies dañadas y recomponer el estado natural de las cosas previo al acto ilegal y arbitrario.

3. Que de igual forma se ordene a los recurridos cesar de inmediato y abstenerse de ejercer cualquier hecho acción que perturbe, prive o amenace el legítimo ejercicio del derecho de propiedad de mis representados.

4. Que se condene a los recurridos al pago de las costas de la causa, por haber tenido un actuar manifiestamente arbitrario e ilegal.

2º.- Que, informando el abogado, don Guido Sepúlveda Concha, en representación de los recurridos, nombre reservado y nombre reservado, manifiesta que sus mandantes son dueños del predio, Lote Tres, de una superficie de 0,50 hás. y que deslinda noreste con Lote Cuatro; sureste sucesión nombre reservado; sur oeste con nombre reservado y noreste con servidumbre de tránsito y se encuentra inscrito a nuestro nombre a fojas 2804 N°2795 del Registro de Propiedad del año 2021 del Conservador de Bienes Raíces de San Carlos. Su deslinde al lado sur en toda su extensión es con los recurrentes. Los separa un cerco de madera como se ve en las fotos acompañadas. Y, a 10 o 15 cm. de distancia aproximadamente, de dicho deslinde, los recurrentes plantaron una fila o línea de árboles del tipo ciprés Crataegus pretendiendo con ello instalar una pared de árboles y arbustos entre ambos predios.

Señala el letrado que dicho deslinde lo levantaron con la finalidad de simular una pared de árboles y arbustos que “además de hermosear sus terrenos, permitía dar privacidad a sus predios, sumado a todas las bondades”.

Lamentablemente, y sin ninguna consulta de los vecinos, plantaron estos árboles a 10 o 15 cm. de la línea divisoria (es decir, a un jeme de distancia del deslinde).

Ahora bien, natural, o lógicamente quienes debieran cuidar y podar dichos árboles son los recurrentes, sin embargo, sus representados han debido hacer ese trabajo periódicamente, para evitar perjuicios y problemas porque las ramas están todas encima de su predio, donde tienen plantaciones de hortalizas (repollo, coliflores, porotos, etc.) y además invernaderos. Hace presente que el ciprés es un árbol que produce resina, y según informes acompañados en autos, se acredita que la resina causa daño.

Hace presente que, según informes técnicos, el ciprés puede liberar sustancias químicas (resinas) al suelo, que inhiben el crecimiento de plantas cercanas, la absorción de nutrientes, fotosíntesis y respiración de otras plantas y puede competir con ellas por agua, luz y nutrientes. Agrega que sus mandantes son pequeños agricultores hortaliceros y de ello viven.

Destaca que el punto fundamental de la queja apunta a que habrían procedido a talar parcialmente y dañar de forma grave e irreversible la totalidad de estos árboles que forman parte del cerco vivo. A continuación, hablan de corte y ya no de tala, lo que es importante porque sus representados no han talado árboles, siendo pertinente señalar que talar es cortar por el pie masas de árboles, destruir o arrasar. Solo han podado porque no tienen obligación de soportar las ramas que de lleno caen en su predio predio y las raíces. Además, se quejan por una zanja que está en su terreno y a medio metro del cerco común, que no es acequia ni canal de riego y no causa ningún perjuicio y está destinado a desaguar aguas que pueden acumularse en el predio porque un exceso de agua reviene las hortalizas.

En otro orden de ideas, expresa que a sus representados se les acusa de afectar el derecho de propiedad protegido constitucionalmente, además, una supuesta autotutela que habrían ejercido sus mandantes. Ni lo uno ni lo otro.

Aduce el letrado que informa, que los recurrentes no han considerado el artículo 942 del Código Civil que dice a la letra “si un árbol extiende sus ramas sobre suelo ajeno, o penetra en él con sus raíces, podrá el dueño del suelo exigir que se corte la parte excedente de las ramas y cortar él mismo las raíces. Lo cual se entiende aun cuando el árbol esté plantado a la distancia debida”.

Afirma que como se puede apreciar, sus mandantes han hecho una correcta aplicación de dicha disposición civil. Y más aún, respecto a las raíces, incluso, se acepta la autotutela. La infracción la están cometiendo los recurrentes y se probará oportunamente el daño que causan las ramas y las raíces que de lleno caen en la propiedad de sus representados, tal como se demuestra en una de las fotos acompañadas al informe, donde se precia que un invernadero está sufriendo las consecuencias de la resina.

En consecuencia, no hay tal tala pero sí los recurridos han hecho el trabajo que le corresponde a los recurrentes porque no tienen obligación de soportar ni las raíces ni la extensión de ramas que dan a su predio. Agrega que las relaciones vecinales con los recurrentes han sido siempre conflictivas, a pesar del parentesco que existe, lo que hace imposible una conversación.

Del modo indicado, sostiene que los recurridos no han infringido ningún derecho constitucional del cual temerariamente pretenden valerse los recurrentes. En efecto, no se ha afectado el derecho de propiedad y tampoco ha habido autotutela.

Por lo razonado precedentemente, pide tener por formulados descargos y rechazar el recurso de protección, con expresa condenación en costas.

3º.- Que, para analizar el asunto planteado por la presente vía, resulta conveniente consignar que el recurso de Protección de Garantías Constitucionales, establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye jurídicamente una acción de naturaleza cautelar, destinada a amparar el libre ejercicio de las garantías y derechos preexistentes que en esa misma disposición se enumeran, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben tomar ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que prive, perturbe o amenace ese atributo. Surge de lo transcrito en consecuencia, que es requisito sine qua non para que pueda prosperar la mentada acción cautelar, que exista un acto u omisión ilegal, esto es, contrario a la ley, o bien arbitrario, entendiéndose por tal aquel que es fruto del mero capricho de quien lo ejecuta o incurre en él, acto u omisión que debe provocar, además, algunas de las situaciones ya indicadas y que afecte a una o más de las garantías constitucionales protegidas, consideración ésta que resulta básica para el examen y la decisión de cualquier recurso como el que se ha interpuesto.

4º.- Que, cabe reflexionar, a la luz de lo recién expresado, que esta acción de cautela de derechos constitucionales constituye una vía destinada a dar protección respecto de garantías cuya existencia se encuentre indubitada.

5º.- Que, conforme al relato efectuado por el recurrente en su presentación, es posible advertir que el acto que se denuncia como ilegal o arbitrario lo hace consistir en el actuar de los recurridos quienes, alterando una situación fáctica preexistente, procedieron a talar los árboles de su predio, lo que representa, según el actor, una clara acción de autotutela, o “justicia por mano propia”, lo que el ordenamiento jurídico prohíbe en todas sus formas.

6°.- Que, por su parte, los recurridos al evacuar el informe de rigor, manifiestan que en ningún momento han talado los árboles, pues explican que talar es cortar de raíz, en tanto que ellos solo se limitaron a podar las ramas que se extendían hacia su propiedad, las cuales ocasionaban daños en un invernadero con ocasión de la resina que caía de los cipreses, de manera que su accionar fue solo para evitar daños en su plantación de hortalizas, actividad ésta a la que se dedica el grupo familiar.

7°.- Que, para la adecuada resolución del presente arbitrio, resulta útil tener en consideración lo dispuesto en los artículos 941 y 942 del Código Civil, señalando la primera de las disposiciones legales precitadas, lo siguiente: ”El dueño de una casa tiene derecho para impedir que cerca de sus paredes haya depósito o corriente de agua o materias húmedas que puedan dañarla.

Tiene asimismo derecho para impedir que se planten árboles de menos distancia que la de 15 centímetros”.

A su vez, el artículo 942, prescribe: “Si un árbol extiende sus ramas sobre suelo ajeno, o penetra en él con sus raíces, podrá el dueño del suelo exigir que se corte la parte excedente de las ramas, y cortar él mismo las raíces.

Lo cual se entiende aun cuando el árbol esté plantado a la distancia debida”.

8°.- Que, de lo que se viene diciendo, fluye de manera evidente y palmaria que los recurridos hicieron uso de un derecho o facultad contenida en la disposición sustantiva referida en el motivo que antecede, lo que importa descartar que hayan incurrido en actos de autotutela proscritos por la ley, ni tampoco incurrieron en un acto ilegal y arbitrario.

9°.- Que, conforme a lo expresado en los motivos precedentes, a criterio de esta Corte no se divisa ilegalidad o arbitrariedad alguna en el accionar de los recurridos, toda vez que no se advierte de parte de ellos vulneración de alguna garantía constitucional que afecte a los recurrentes, no siendo posible, en consecuencia, tener por asentadas las circunstancias fácticas sobre las cuales se construyó el presente arbitrio, por lo que el presente recurso debe ser desestimado.

Por estas consideraciones y atendido, además, lo dispuesto en el art.20 de la Constitución Política de la República y Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre tramitación y fallo del recurso de Protección, se rechaza, sin costas, el aludido recurso interpuesto por el abogado don Víctor Manuel Barros Saavedra, en representación de nombre reservado y nombre reservado, en contra de nombre reservado y nombre reservado.

Notifíquese.

En su oportunidad, dese cumplimiento al numeral 14 del Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre tramitación y fallo del Recurso de Protección.

Regístrese y, hecho, archívese.

Redacción a cargo del Abogado Integrante don Juan Antonio De La Hoz Fonseca, quien no firma por no haber integrado el día de hoy.

ROL 532-2025-PROTECCION.