Protección contra Resolución Exenta NUM000

Chillán, cinco de septiembre de dos mil veinticinco.

Vistos: 1°.- Que, comparece el abogado Cristian Alejandro Sobarzo Sanhueza, interponiendo recurso de protección en favor de nombre reservado, y en contra de la Resolución Exenta NUM000, de fecha 28 de mayo de 2025, dictada por el Prefecto de Carabineros de Chillán, coronel nombre reservado

Soto Moeller.

Expresa que el acto arbitrario e ilegal que priva, perturba y amenaza las Garantías de su representado se materializó en la resolución mencionada, dictada por la referida autoridad de Carabineros, y por medio del cual dispuso la Baja de las filas de la Institución del recurrente, con efectos inmediatos.

Relata que hasta el día 29 de mayo del presente año, el recurrente se desempeñaba como funcionario de Carabineros de Chile, con el grado de Sargento primero, de dotación de la Segunda Comisaría de Chillán, dependiente de la nombre reservado Número 17, con buen desempeño en sus funciones profesionales. Sin embargo, expone, la trayectoria policial del recurrente finalizó abruptamente, a contar de las 00:00 horas del día 29 de mayo de este año, fecha en que se entiende produce efectos la Resolución objeto del recurso.

Explica, que los hechos que fundamentan el acto recurrido están consignados en el mismo, los que transcribe, y que en resumen consisten en que el día 27 de mayo del año en curso, una mujer acompañada de un menor, hizo entrega de una billetera color negro, con documentación personal en su interior y que momentos antes había encontrado en la vía pública botada. La especie fue revisada por el funcionario de guardia, constatando que contenía la cédula de identidad de una mujer, una tarjeta bancaria y documentos personales; sin dinero. El Carabinero depositó la especie en el primer cajón del escritorio del Suboficial de Guardia, para entregarla a su propietaria, una vez ésta se presentase en la Tenencia.

Posteriormente, en horas de la mañana del día 28, se presentó un hombre mayor de edad en el Destacamento, exponiendo que la documentación pertenecía a su cónyuge. El mencionado funcionario, procedió a revisar el cajón donde había dejado los documentos el día anterior, no encontrando la billetera en el mueble, como tampoco en sus alrededores. En vista de lo anterior, se comunicó telefónicamente con el Sargento Primero nombre reservado, quien se encontraba saliente del Servicio segunda Guardia en la Tenencia ya individualizada, consultándole respecto a la billetera extraviada, quien manifestó que no la había visto.

Prosigue exponiendo los hechos que fundamentan la Resolución, precisando que el Teniente nombre reservado, revisó la Sala de Guardia y lugares circundantes, sin encontrar la especie, optando por realizarle una llamada telefónica al Sargento Primero nombre reservado, para consultar sobre la billetera, respondiéndole éste que no había visto la mencionada especie. A continuación, refiere, el citado Jefe de Tenencia, procedió a revisar el Sistema de Cámaras de Vigilancia del Interior del Cuartel, verificando que funcionario nombre reservado, había recibido la billetera y la había guardado en el primer cajón del escritorio del Suboficial de Guardia cerca de las 13:30 horas, observando además, que ningún otro funcionario la había manipulado, sino hasta cerca de las 20:30 horas, cuando el Sargento Primero nombre reservado, como Suboficial de Segunda Guardia, abrió el primer cajón del escritorio del Suboficial de Guardia y manipuló la billetera, revisándola por unos segundos, trasladándose hacia la parte trasera de la Sala de Guardia, donde mantenía sus especies personales encima de un mueble, no volviéndose a observar la billetera en sus manos, una vez que regresó a su puesto de servicio.

Expone que los hechos relatados, y que se plasman en la Resolución Exenta NUM000, de fecha 28.05.2025, no se condicen en todo con lo que verdaderamente ocurrió, y que es materia de investigación por parte del Ministerio Público. No obstante, prosigue, el Sr. nombre reservado decidió aplicar a su representado y recurrente de protección la “Baja de las filas por conducta mala y esto con efectos inmediatos”, es decir, la proporcionalidad que debe existir en todo proceso sancionatorio, no se visualiza en este caso, ya que, la conducta que se reprocha, no es evidente y existe un proceso penal investigativo, donde su representado ni siquiera mantiene calidad de imputado. Indica que el Sr. nombre reservado, sin observar el principio de proporcionalidad que debe orientar la potestad con la que cuenta para aplicar sanciones disciplinarias determinó aplicar la sanción o medida más gravosa y lapidaria de las que prevé la normativa institucional, esta es la Baja de las Filas en forma inmediata y sin que se instruya previamente un sumario administrativo que le permita a su representado ofrecer prueba de descargo, declarar, impugnar determinados actos, entre otras garantías que están en el marco de un debido proceso administrativo.

En consecuencia, señala, la medida administrativa es arbitraria e ilegal, ya que, por una parte no se condice con lo que disponen los artículo 11 y 41 de la ley N° 19.880, que prescribe la obligación de fundamentar las resoluciones. Además, estima que el acto recurrido vulnera las garantías constitucionales establecidas en el artículo 19 N° 2, 3 y 24 de la Constitución Política de la República.

Argumenta que la Baja de la Institución tiene carácter de Condicional, dado que aún debe darse inicio a un sumario administrativo en que podría resultar absuelto de todos los cargos o imponérsele una sanción que no implique su baja definitiva de la institución, debiendo en dicho caso ser reintegrado al servicio activo. Así, la Baja por Conducta Mala se encuentra contemplada en el artículo Indica que la norma citada permite que la baja por conducta mala sea aplicada inmediatamente, sin esperar el resultado del Sumario Administrativo, solamente cuando la falta investigada fuere de tal gravedad que haga inconveniente la permanencia del funcionario en la Institución, y que por un lado el inculpado haya confesado su responsabilidad, o bien, esta sea evidente, es decir aparte de ser la falta de una gran envergadura, es necesario que la misma haya sido confesada por el responsable o sea palmaria.

Argumenta que – en el presente caso- la parte recurrida dispuso la baja con efectos inmediatos del recurrente, según los fundamentos vertidos en la Resolución Exenta NUM000, y de conformidad a lo establecido en el artículo 127 N° 4, inciso quinto del reglamento N° 8, de Carabineros de Chile, a raíz de la denuncia efectuada en contra de su representado, a raíz de un supuesto hurto falta, en el cual no ha sido detenido ni posee calidad de imputado en el proceso penal.

Por lo tanto, estima, la Resolución recurrida no habría cumplido con uno de los supuestos de hecho que la normativa aplicada dispone, al no ser la falta investigada de carácter evidente respecto del recurrente, ni tampoco haber sido confesada por éste, siendo por ende ilegal, por no ceñirse a la normativa reglamentaria y arbitraria, al ser pronunciada sin la debida motivación, y proporcionalidad.

Cita jurisprudencia.

Continua argumentando que la Resolución Exenta NUM000, es ilegal y arbitraria, se dan los supuestos para concluir que se privó al Sr. nombre reservado, del derecho garantizado en el artículo 19 N° 2, de la Constitución Política de la Republica, esto es la igualdad ante la ley, por aplicarle una medida de ultima ratio, establecida únicamente para caso de excepción confesado o evidenciados más allá de toda duda razonable, que deben ser calificados de graves, importantes y trascedentes, lo que en la especie no ocurre, siendo tratado, por ende, con un trato diferente respecto de aquellos funcionario que se les aplica una medida expulsiva al término de un sumario administrativo donde se establezca fehacientemente cual es la responsabilidad en los hechos investigados, y en definitiva su real participación y reproche administrativo.

Por otra parte, expone, se ha vulnerado al recurrente la garantía consagrada y protegida en el numeral 24 del artículo 19 de la Constitución Política de la República pues se ha afectado, con su baja con efectos inmediatos, su derecho a percibir las remuneraciones correspondientes.

Explica que la privación de las remuneraciones se fundamenta en lo dispuesto en el artículo 127 N° 4, letra b) del Reglamento de Selección y Ascensos del Personal de Carabineros N° 8, que cita. Sin embargo, a criterio de la parte recurrente, es necesario fijar el alcance de dicha normativa, dado que de su razonada lectura se infiere que, en ningún caso, faculta al recurrido para los efectos de privar a un funcionario de sus remuneraciones, menos aún si no existe un Sumario Administrativo terminado.

Sostiene la recurrente que la acción intentada es admisible, refiriendo que desde el año 2015, la Excma. Corte Suprema ha declarado que, frente a la inexistencia de un contencioso administrativo general para impugnar reglamentos o los demás actos administrativos de efectos individuales, es idóneo el presente mecanismo.

Termina solicitando que se acoja el recurso, declarando que la Resolución Exenta Nº NUM001 de fecha 22 de octubre de 2024, sea declarada arbitraria e ilegal, por cuanto, afecta las garantías constitucionales consagradas en el artículo 19 en sus numerales 2, 3 inciso 4º y 24 de la Constitución Política de la República, ordenándose a la recurrida la urgente e inmediata reincorporación a la Institución de Carabineros de Chile del referido ex Sargento 1° de Carabineros nombre reservado, y por tanto, deje sin efecto la Resolución Exenta NUM000, con costas. 2°.- Que, al informar, don nombre reservado subrogante, expresa que conforme a los antecedentes tenidos a la vista, se estableció que alrededor de las 13:00 horas del día 28 de mayo 2025, el Jefe de Tenencia de Carabineros "Chillán Oriente", Teniente Sebastián nombre reservado, recepcionó el Oficio NUM002, de la fecha citada, confeccionado por el Sargento nombre reservado

Inostroza, Suboficial de Primera Guardia del destacamento, donde informa que cerca de las 14:30 horas del 27 de mayo, mientras él se encontraba de Primera Guardia en la Tenencia, ingresó al Cuartel una mujer acompañada de un menor, haciendo entrega de una billetera color negro, con documentación personal en su interior y que momentos antes había encontrado abandonada en la vía pública.

Agrega que una vez recepcionada la billetera, el Sargento nombre reservado la revisó constatando que contenía la cédula de identidad de una mujer, una tarjeta bancaria y documentos personales, sin dinero, optando por dejarla en el primer cajón del escritorio del Suboficial de Guardia, para entregarla a su propietaria, una vez ésta se presentara en la Tenencia.

Añade que el día siguiente, se presentó un hombre en el destacamento, señalando que la señalada billetera pertenecía a su cónyuge. El funcionario revisó el cajón donde había depositado los documentos el día anterior, no encontrando la billetera en el mueble, como tampoco en sus zonas circundantes. En seguida, se comunicó telefónicamente con el Sargento Primero nombre reservado, hoy recurrente, quien se encontraba saliente del Servicio de la Segunda Guardia en dicha Tenencia, consultándole por la billetera extraviada, quien manifestó que no la había visto.

En vista de lo anterior, señala, el citado Jefe de Tenencia, procedió a revisar el Sistema de Cámaras de Vigilancia del Interior del Cuartel, verificando que el Sargento nombre reservado había recibido la billetera y la había guardado en el primer cajón del escritorio del Suboficial de Guardia cerca de las 13:30 horas observando, además, que ningún otro funcionario había manipulado la especie, hasta que a las 20:30 horas, el Sargento Primero nombre reservado, como Suboficial de Segunda Guardia, abrió el primer cajón del escritorio del Suboficial de Guardia y manipuló la billetera, revisándola por unos segundos, para luego trasladarse hacia la parte trasera de la Sala de Guardia, donde mantenía sus especies personales encima de un mueble, no volviéndose a observar la billetera en sus manos, una vez que regresó a su servicio.

Agrava la acción del recurrente, expresa, el hecho que en la revisión efectuada al Sistema de Cámaras de Vigilancia Interior de la Tenencia de Carabineros "Chillán Oriente", se demuestra a través de la grabación que, desde el horario en el Sargento 2do. nombre reservado recepciona la billetera, cerca de las 14:30 horas del 27.05.2025, ningún funcionario de Carabineros, se acercó al escritorio del Suboficial de Guardia, como tampoco, nadie manipuló la billetera de color negro, a excepción del Sargento 1ro. nombre reservado, una vez que éste recepciona el Servicio de 2da.

Guardia, hasta que lo finaliza a las 08:00 horas del día 28.05.2025, faltando a la verdad al Jefe de Tenencia en forma telefónica, cuando manifiesta que él, en ningún momento vio y/o manipuló la billetera color negro.

Expone que el artículo 127 N°4, inciso quinto del Reglamento de Selección y Ascenso del Personal, N°8 establece los requisitos que deben concurrir para aplicar la sanción disciplinaria de Baja por Conducta Mala, con efectos inmediatos, a saber, que la falta sea de tal gravedad que haga inconveniente la permanencia del funcionario en la Institución y que el inculpado este confeso en su responsabilidad o ésta se haga evidente.

Arguye que, acorde al mérito de la cuenta cursada por la Segunda Comisaria de Carabineros de Chillán, se configuran las exigencias normativas para aplicar dicha medida al recurrente, atendido a que los hechos en los que participó revisten características de gravedad y transcendencia, haciendo presente que la evaluación de los antecedentes y la calificación de mayor o menor gravedad de una falta que origina la aplicación de una medida disciplinaria, queda entregada a la autoridad competente, en este caso, al Prefecto. Cita Dictámenes de la Contraloría General de la República.

Advierte que el funcionario investigado tendrá el derecho de ejercer las instancias de impugnación a partir de la notificación de la vista fiscal, en la forma y plazos que regula el Reglamento de Sumarios Administrativos, añadiendo que si se aplicare en definitiva una sanción que no sea su baja, será reintegrado a la Institución.

En el mismo sentido, expone que a contar de la fecha en que se haga efectiva la sanción disciplinaria expulsiva, el funcionario, quedará desvinculado de las filas Institucionales, atendido lo cual desde esa fecha no tiene derecho a percibir las remuneraciones del empleo en actividad tal como lo ha precisado la Contraloría General de la República en los dictámenes que cita.

Hace presente que con fecha 28 de mayo de 2025, la mencionada Prefectura dictó la Orden N° NUM003 mediante la que se dispuso la instrucción del respectivo Sumario Administrativo, el que se encuentra en tramitación con diligencias pendientes, por lo que no se ha vulnerado ninguna de las garantías constitucionales señaladas por el recurrente en su Recurso de Protección, además de señalar que existió ilegalidad o arbitrariedad, por parte del mando que dictó la resolución de baja con efectos inmediatos, si no que por el contrario dicha medida se encuentra establecida en el Ordenamiento Jurídico.

Sostiene que la Resolución Exenta N° NUM000, de fecha 28.05.2025, se encuentra debidamente fundamentada por la autoridad competente que la emitió, de conformidad a lo señalado en los antecedentes anteriormente expuestos. Señala que Carabineros de Chile tiene un sistema disciplinario especial al cual está sujeto el personal Institucional, según se desprende de lo estipulado en el inciso final del artículo 36, de la Ley N° 18961, Orgánica Constitucional de Carabineros, en relación con el artículo 23, N° 2, letra E), del Reglamento de Disciplina de Carabineros de Chile.

Agrega que la Contraloría General de la República ha indicado que la determinación de mayor o menor gravedad de la falta cometida por el personal institucional queda entregada a la calificación de la Jefatura Institucional respectiva (dictamen N°35714, del año 2017). En otras palabras, es la Autoridad Institucional la que aprecia y pondera los hechos para determinar la sanción o medida a aplicar, sin perjuicio que ello deba expresarse en un acto administrativo motivado, lo que sí ocurrió en la especie.

Sostiene que el artículo 127, N° 4, inciso quinto, Reglamento de Selección y Ascensos del Personal de Carabineros, N° 08, preceptúa: "No obstante lo anterior, cuando la comisión de una falta que dé origen a un Sumario Administrativo o Investigación, fuere de tal gravedad que ha a inconveniente la permanencia del funcionario en la Institución, y, el inculpado confiese su responsabilidad, o ésta se haga evidente, el Jefe que ordene la instrucción del Sumario podrá eliminarlo de inmediato por conducta mala, sin expresar nota de conducta hasta la terminación de la pieza sumarial o de la investigación, oportunidad en la cual deberá fijar la nota que en definitiva le corresponda, o bien, modificar o dejar sin efecto la causal de baja, según el mérito del Sumario o investigación".

En otras palabras, argumenta, al consignar la norma reglamentaria que el funcionario será eliminado no apunta a una mera liberación del servicio, sino a la exclusión o desvinculación del recurso humano, con todas las consecuencias pecuniarias que ello conlleva, pues elimina la causa legal para proceder al pago de la remuneración, entre otros aspectos.

No obstante, señala, tal como se sigue del tenor literal de las normas citadas, la medida no es absoluta, sino condicionada al resultado del procedimiento administrativo y una vez firme, se consolidan los efectos que ya produjo desde la notificación de esa Baja con efectos inmediatos.

Expone que a mayor abundamiento, en la letra C.1) de la parte Resolutiva del acto administrativo impugnado, se hizo presente textualmente que: "la baja por conducta mala con efectos inmediatos que por este acto se aplica, tiene el carácter de condicional, y se encuentra sujeta al resultado final del sumario administrativo, asistiéndoles al ex funcionario y recurrente, el derecho a ejercer las instancias de impugnación de impugnación reglamentarias, en la etapa procesal correspondiente, esto es, a partir de la notificación de la Vista Fiscal, en la forma y plazo que regula el Reglamento de Sumarios Administrativos, N° 15"; dejándose expresa constancia que: "si se le aplicare en definitiva una sanción que no importe necesariamente su bala, serán reintegrados a la Institución".

Por ello, refiere, es que, de acuerdo a lo establecido en el inciso final de ese artículo 127, N° 4, inciso final, del Reglamento de Selección y Ascensos del Personal de Carabineros, N° 08, establece: "[...] el funcionario que habiendo sido dado de baja en conformidad al inciso anterior, se le aplicare en definitiva sanción que no importe necesariamente su baja, será reintegrado en el grado que tenía antes de abandonar las filas determinándose su ubicación en el escalafón o rol respectivo, considerando el tiempo que permaneció alejado de la Institución".

En cuanto a la consecuencia remuneracional de la resolución, es decir la suspensión de los estipendios a los que tiene derecho a percibir el funcionario en tanto esté vigente la separación, sostiene que es ajustada a derecho, y que tal decisión está amparada en una serie de dictámenes de la Contraloría general de la República.

Estima que no se han vulnerado las garantías constitucionales invocadas por el actor, y que la decisión en contra de la que se recurre ha sido adoptada en conformidad a la normativa legal vigente, citando jurisprudencia y dictámenes de la Contraloría General de la República.

Termina solicitando el rechazo de la acción constitucional. 3°.- Que, consta en autos, el informe adicional de la institución recurrida, de fecha 25 de julio del presente año, dando cuenta que el proceso sumarial seguido en contra del recurrente se encuentra suspendido. 4°.- Que, consta en autos, un informe de la Fiscalía Local de Chillán del Ministerio Público, en que se consigna que el Sr. nombre reservado mantiene calidad de imputado, figurando como denunciante el Teniente Sebastián nombre reservado, en tanto la determinación de identidad de víctima es parte de una orden de investigar. Agrega que la causa se encuentra vigente, no judicializada y con diligencias de investigación pendientes. 5º.- Que para analizar el asunto planteado por la presente vía, resulta conveniente consignar que el recurso de Protección de Garantías Constitucionales, establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye jurídicamente una acción, destinada a amparar el legítimo ejercicio de las garantías y derechos preexistentes que en esa misma disposición se enumeran, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben tomar ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que prive, perturbe o amenace ese atributo. 6º.- Que, como se desprende de lo señalado precedentemente, es requisito indispensable de la acción de protección, la existencia de un acto u omisión ilegal, esto es, contrario a la ley, o arbitrario, producto del mero capricho de quién incurre en él, y que provoque algunas de las situaciones o efectos que se han indicado, afectando a una o más de las garantías - preexistentes- protegidas, consideración ésta que resulta básica para el examen y la decisión de cualquier recurso como el que se ha interpuesto. 7º.- Que, cabe reflexionar, a la luz de lo recién expuesto, que esta acción de cautela de derechos constitucionales constituye una vía destinada a dar protección respecto de garantías cuya existencia se encuentre indubitada. 8°.- Que, el fundamento central del recurrente consiste en haber sido destinatario de una resolución de “Baja por Conducta Mala”, fundada en lo prescrito por el artículo 127, Nro. 4), del Reglamento de Selección y Ascensos del Personal de Carabineros N° 8. Sostiene que dicha norma le sería inaplicable por no reunirse, a su respecto, los requisitos que ella establece, tanto por la ausencia de gravedad del hecho, como porque no lo ha reconocido, ni aparece acreditada de forma manifiesta. 9°.- Que, la recurrida por su parte, sostiene haber aplicado adecuadamente la medida impuesta, reconociendo que el funcionario se encuentra sometido a un proceso sumarial, y que los hechos fueron denunciados al Ministerio Público. 10°.- Que, atendida la situación planteada por el recurrente, debe tenerse en consideración que el artículo 127, Nro. 4), del Reglamento de Selección y Ascensos del Personal de Carabineros N° 8, dispone: “El personal de nombramiento institucional podrá ser eliminado de la Institución por las siguientes causales y en las condiciones que a continuación se indican: 4) Por conducta Mala: Establecida en Sumario Administrativo o por Investigación Simple por alguna de las siguientes causales: a) Por la comisión de faltas graves de tal naturaleza o entidad que lesionen gravemente la moralidad funcionaria o el prestigio de la Institución, el sistema jerárquico o disciplinario, que lo hagan merecedor de esta medida, y b) Por asistirle responsabilidad en crímenes o simples delitos de la jurisdicción militar u ordinaria, establecida en sentencia ejecutoriada.

Estas causales autorizarán la aplicación de la sanción disciplinaria de baja prevista en el N° 9 del artículo 25° del Reglamento de Disciplina, N° 11.

En el caso que se disponga la baja por la causa establecida en la letra b) del numeral 4, la Dirección General de Carabineros, previa calificación de los antecedentes determinará si la conducta del afectado reviste la gravedad necesaria para disponer su eliminación.

Ello siempre que no haya sido condenado por el delito de deserción, o pena aflictiva por otros delitos, en cuyo caso el licenciamiento será obligatorio.

No obstante lo anterior, cuando la comisión de una falta que dé origen a un Sumario Administrativo o Investigación, fuere de tal gravedad que haga inconveniente la permanencia del funcionario en la Institución, y, el inculpado confiese su responsabilidad, o ésta se haga evidente, el Jefe que ordene la instrucción del Sumario podrá eliminarlo de inmediato por “conducta mala”, sin expresar nota de conducta hasta la terminación de la pieza sumarial o de la investigación, oportunidad en la cual deberá fijar la nota que en definitiva corresponda, o bien, modificar o dejar sin efecto la causal de baja, según el mérito del Sumario o investigación.”

Con todo, el funcionario que, habiendo sido dado de baja en conformidad al inciso anterior, se le aplicará en definitiva sanción que no importe necesariamente su baja será reintegrado en el grado que tenía antes de abandonar las filas determinándose su ubicación en el escalafón o rol respectivo, considerando el tiempo que permaneció alejado de la Institución”. 11°.- Que, los hechos que han dado origen al acto recurrido, consisten que el funcionario nombre reservado, hoy recurrente, se habría apropiado de una especie corporal mueble consistente en una billetera, que a su vez, contenía una tarjeta bancaria de débito y una cédula de identidad, cuya avaluación, de acuerdo a la descripción informada por la propia recurrente, resulta evidentemente exigua, por lo que podría, a lo más, encuadrarse en la figura típica del artículo 494 bis del Código Penal. 12°.- Además de lo ya razonado, es necesario tener presente que el expediente sumarial se encuentra actualmente suspendido, y la investigación del Ministerio Público aún en etapa desformalizada, por lo que, es razonable prever que el funcionario sumariado, pueda beneficiarse con la prescripción de la acción penal para la persecución del supuesto ilícito. 13°.- Que, conforme a lo señalado previamente, la decisión del organismo recurrido, consistente en la separación funcionario, hoy recurrente, no se ajusta adecuadamente a los requisitos establecidos en la norma ya referida, especialmente en lo tocante a la gravedad de la falta, determinada por la cuantía del bien sobre el que habría recaído el hecho infraccional. 14°.- Que, además de lo ya considerado, se advierte que, al haberse dado aplicación a una medida tan drástica como la que ha sido objetada por el actor, sin ponderar, ni explicitar fundadamente la necesidad de la separación de funciones, en relación con la gravedad de la falta cometida, el actuar de la institución se torna desproporcionada, y con ello, para los efectos de la acción constitucional sub- lite, arbitraria, vulnerando las garantías contempladas en el artículo 19, numerales 2, 3 inciso 4º y 24 de la Constitución Política de la República, lo que amerita que se acoja la presente acción.

En este sentido, la E. Corte Suprema ha resuelto que una medida semejante, infringe la proporcionalidad de que deben estar revestidas las decisiones de los órganos del Estado que impliquen la adopción de medidas tan drásticas como lo son el cese de funciones y la pérdida de la fuente de remuneraciones. (Rol N°43.561-2024)

Por estas consideraciones, y de conformidad, además, con lo previsto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, y Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre Tramitación del Recurso de Protección de Garantías constitucionales, se acoge, sin costas, el deducido por el abogado Cristian Alejandro Sobarzo Sanhueza, en favor de nombre reservado, en contra de la Resolución Exenta NUM000, de fecha 28 de mayo de 2025, dictada por el Prefecto de Carabineros de Chillán, coronel nombre reservado

Soto Moeller, dejándose sin efecto la referida resolución, debiendo la recurrida dictar el acto administrativo necesario para reincorporar al actor a las filas de la Institución, en el lugar y grado en que éste se desempeñaba antes de su separación todo lo cual deberá cumplir en el plazo de 5 días hábiles, contado desde que esta sentencia quede firme.

Notifíquese.

Redacción a cargo del abogado integrante Baltazar Guajardo Carrasco quien no firma, no obstante haber concurrido a la vista de la causa y al acuerdo, por no integrar el día de hoy.

Rol N°529-2025.- PROTECCIÓN.