nombre reservado con MINISTERIO DE BB.NN. PUNTA ARENAS

Chillán, dieciséis de noviembre de dos mil veintidós.

Visto:

1°.- Que comparece el abogado Rogers Mariangel Oviedo, en favor de nombre reservado. Interpone recurso de protección de garantías constitucionales en contra del Ministerio de Bienes Nacionales, representado por doña nombre reservado, Ministra de Bienes Nacionales; doña nombre reservado, Subsecretaria de Bienes Nacionales y de don nombre reservado, Secretario Regional Ministerial de Bienes Nacionales en la Región del Ñuble, por haber dictado dicho Ministerio, a través de la Subsecretaría de Bienes Nacionales, la Resolución Exenta RA N°324/675/2022 de fecha 28 de junio de 2022, mediante la cual se puso término anticipado de la designación a contrata del recurrente, al constituir dicho acto administrativo un actuar ilegal y arbitrario que le priva de sus garantías constitucionales.

Expone que el señor nombre reservado es un abogado que previo a su designación a contrata, prestó servicios profesionales bajo la modalidad a honorarios al Ministerio de Bines Nacionales, en la SEREMI de Ñuble, a partir del 01 de agosto y hasta el 31 de diciembre del año 2020. Posteriormente, mediante la Resolución Exenta RA N°324/128/2021, de fecha 18 de febrero del año 2021, la contratación a honorarios fue renovada para todo el año 2021, esto es, entre el 01 de enero y el 31 de diciembre, para cumplir semejantes funciones en la SEREMI del Ñuble de Bienes Nacionales. Mediante Resolución Exenta RA N°324/186/2022 de fecha 07 de febrero pasado, el mismo Ministerio de Bienes Nacionales dispuso la designación a contrata del recurrente.

Manifiesta que, no obstante lo anterior, mediante Resolución Exenta RA N°324/675/2022, se dispuso el término anticipado del nombramiento en su calidad de Encargado de la Unidad Jurídica en la SEREMI de Bienes Nacionales de la Región del Ñuble, en circunstancias, que tal designación se extendía hasta el día 31 de diciembre del 2022, según lo dispuso la Resolución Exenta RA N°321/186/2022 de 07 de febrero del 2022 del citado Ministerio.

Agrega que, la recurrida indica como fundamento del acto administrativo, que “en el marco de la instalación de la actual administración -léase Gobierno del Presidente Boric, asumido el 11 de marzo del presente- se procedió a revisar el funcionamiento de las Secretarias Regionales del Ministerio de Bienes Nacionales, detectándose que la Unidad Jurídica de la Región del Ñuble presenta deficiencias relativas al grado de cumplimiento y obtención de resultados de las labores encomendadas”, deficiencias que desarrolla luego en la misma resolución. Considera que tal acto administrativo es ilegal y arbitrario porque la norma legal del Estatuto Administrativo que contempla los cargos “a contrata” establece la vigencia máxima anual de tales nombramientos, la que sólo puede prorrogarse según el mecanismo que la misma indica o bien en caso de “no ser necesarios los servicios de los servidores”, prescindir de los mismos mediante el respectivo acto debidamente fundado en razones objetivas particulares, específicas y concretas que operen respecto del funcionario a contrata que no se le respeta su nombramiento, y no en consideraciones generales a propósito de la asunción en el gobierno de un nuevo conglomerado político, como en el caso sublite.

Aduce que, el actuar del Ministerio de Bienes Nacionales no satisface las exigencias legales y jurisprudenciales, vulnerando las garantías constitucionales consagradas en el artículo 19 N°2 y N° 24, referidos a la igualdad ante la ley al derecho de propiedad que la Constitución garantiza al recurrente en relación al empleo público que desempeñaba, las remuneraciones respectivas y el derecho inherente a no ser desvinculado a través de un procedimiento ilegítimo que está fuera del marco legal.

Termina, solicitando a esta Corte, acoger el recurso en todas sus partes, dejando sin efecto el acto recurrido, Resolución Exenta RA N°324/675/2022, por el cual se puso término anticipado a la designación a contrata de don nombre reservado, que regía hasta el 31 de diciembre del 2022, disponiéndose la inmediata reincorporación a sus funciones con expresa continuidad de las remuneraciones devengadas desde el momento en que se produjo la separación hasta la efectiva reincorporación, reintegro que se debe realizar en las mismas condiciones en las que se desempeñaba al momento de ser desvinculado, todo con expresa condena en costas.

2°.- Que al informar don nombre reservado, Secretario Regional Ministerial de Bienes Nacionales de la Región de Ñuble, refiere en primer término, que el recurso debe ser rechazado por haberse presentado en forma extemporánea, ya que el recurrente ha interpuesto acción de tutela laboral en virtud del mismo acto administrativo objeto del presente recurso. Así, ya existe radicado ante el Juzgado de Letras del Trabajo de Chillán, con fecha 25 de agosto del año 2022, procedimiento ordinario de tutela laboral por vulneración de derechos constitucionales, resuelto por el Tribunal con fecha 26 de agosto de 2022, donde consta que el recurrente tuvo conocimiento del acto administrativo con fecha 10 de junio de 2022 y no el 29 de agosto como trata de explicar en su recurso. El plazo de treinta días que señala el Auto Acordado que regula el recurso de protección venció el 10 de julio de 2022.

Para el caso que se estime que la acción de protección ha sido presentada dentro del plazo legal, sostiene que la acción incoada es improcedente, por cuanto, tanto la doctrina nacional como la jurisprudencia, están contestes en que la naturaleza del recurso de protección es de acción cautelar, excepcional, razón por las cuales tiene una tramitación breve y sumaria, urgente e informal. Lo que se pretende con esta acción de protección excede y rebasa con creces las materias que naturalmente deben y pueden ser conocidas por este recurso, dada su naturaleza cautelar, mediante la cual no es posible ni pertinente declarar derechos nuevos ni tutelar meras expectativas como aquella que pretende el recurrente, existiendo en el ordenamiento jurídico vías ordinarias y especiales de lato conocimiento para dichos efectos.

En el caso de marras, los hechos materia del recurso se encuentran siendo conocidos en un procedimiento de tutela laboral ante el Juzgado de Letras del Trabajo de Chillán, autos RIT T-110-2022, caratulados “nombre reservado con Seremi de Bienes Nacionales de Ñuble”, cuya demanda fue presentada con fecha 25 de agosto de 2022, a la que se le dio curso, citando a audiencia preparatoria para el 25 de noviembre de 2022. Entonces, en ese procedimiento se resolverá la procedencia de la desvinculación del recurrente, no siendo posible que existan dos acciones paralelas respecto a los mismos hechos que pudiesen llevar a decisiones contradictorias.

Conforme a lo anterior, no existe ilegalidad o arbitrariedad atribuible al Ministerio de Bienes Nacionales, ya que la potestad ejercida por la autoridad administrativa para poner término al vínculo que genera para el funcionario los servicios “a contrata”, se encuentra regulada en la Ley N° 18.834 sobre Estatuto Administrativo, norma que en su artículo 2° letra c) establece expresamente que el empleo a contrata es aquel de carácter transitorio, y por tanto, a diferencia del cargo de planta, la contrata se encuentra definida por su duración siempre limitada en el tiempo. Esta distinción es sustancial para entender el actuar de la autoridad y la legalidad del acto recurrido. Así, el Servicio ha obrado en todo momento conforme a derecho, de manera que no se verifica en la especie la concurrencia de un acto u omisión ilegal o arbitrario en el que se pueda fundar una acción de naturaleza cautelar, como es el recurso de protección, lo que apoya en jurisprudencia administrativa y judicial que cita y transcribe.

Finaliza su presentación, solicitando a la Corte, tener por informado el recurso de protección, rechazándolo en todas sus partes, con expresa condenación en costas.

3°.- Que, para analizar el asunto planteado por la presente vía, resulta conveniente consignar que el recurso de Protección de Garantías Constitucionales, establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye jurídicamente una acción, destinada a amparar el legítimo ejercicio de las garantías y derechos preexistentes que en esa misma disposición se enumeran, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben tomar ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que priva, o amenace ese atributo.

4°.- Que, es requisito indispensable de la acción de protección, la existencia de un acto u omisión ilegal, esto es, contrario a la ley, o arbitrario, producto del mero capricho de quién incurre en él, y que provoque algunas de las situaciones o efectos que se han indicado, afectando a una o más de las garantías -preexistentes- protegidas, consideración que resulta básica para el examen y la decisión de cualquier recurso como el que se ha interpuesto.

5°.- Que, cabe reflexionar, a la luz de lo recién expuesto, que esta acción de cautela de derechos constitucionales constituye una vía destinada a dar protección respecto de garantías cuya existencia se encuentre indubitada.

6°.- Que, en cuanto a la alegación de extemporaneidad, debe precisarse que el acto recurrido es la Resolución Exenta RA N°324/675/2022, de 28 de junio de 2022, la cual le fue notificada al recurrente mediante correo electrónico el día 29 de agosto de 2022, luego, la acción cautelar en estudio fue presentada en esta Corte el día 28 de septiembre de 2022.

7°.- Que el artículo 1º del Auto Acordado de la Excelentísima Corte Suprema sobre tramitación del Recurso de Protección, establece que dicha acción cautelar se interpondrá ante la Corte de Apelaciones en cuya jurisdicción se hubiere cometido el acto o incurrido en la omisión arbitraria o ilegal que ocasionen privación, perturbación o amenaza en el legítimo ejercicio de las garantías constitucionales respectivas, dentro del plazo fatal de treinta días corridos contado desde la ejecución del acto o la ocurrencia de la omisión o, según la naturaleza de éstos, desde que se haya tenido noticias o conocimiento cierto de los mismos.

8°.- Que, en consecuencia, la presente acción de cautela de derechos constitucionales fue deducida dentro del plazo previsto en el referido Auto Acordado, por lo que el reclamo de extemporaneidad fundado en que el actor tuvo conocimiento del acto administrativo con fecha 10 de junio de 2022 debe ser rechazado, toda vez que, por una parte, esa fecha es anterior a la resolución impugnada, y además, el actor acreditó la fecha cierta en que fue notificado.

9°.- Que, en cuanto a la segunda alegación del recurrido, esto es, la improcedencia del arbitrio, porque los hechos materia del recurso son conocidos en un procedimiento de tutela laboral ante el Juzgado de Letras del Trabajo de Chillán, autos RIT T-110-2022 caratulado “nombre reservado con SEREMI de Bienes Nacionales de Ñuble”, conviene mencionar las siguientes actuaciones de las partes que se encuentran acreditadas en autos.

1.- Mediante Resolución Exenta RA N°324/675/2022, de fecha 28 de junio de 2022, de la Subsecretaria de Bienes Nacionales, se dispuso el término anticipado del nombramiento del actor en calidad de Encargado de la Unidad Jurídica en la SEREMI de Bienes Nacionales de la Región del Ñuble, designación que se extendía hasta el día 31 de diciembre del 2022.

2.- En la Resolución Exenta RA N°324/675/2022, se consignan como fundamentos de la medida adoptada por la autoridad administrativa, los siguientes:

“Que, atendida la relevancia de las funciones descritas, en el marco de la instalación de la actual administración se procedió a revisar el funcionamiento de las Secretarías Regionales Ministeriales de Bienes Nacionales, detectándose que la Unidad Jurídica de la Región de Ñuble presenta deficiencias relativas al grado de cumplimiento y obtención de resultados de las labores encomendadas.

Que, en concreto, la jefatura directa de don nombre reservado ha evidenciado una serie de deficiencias en el desempeño de sus funciones, relativas a retrasos en el cumplimiento de los encargos encomendados y, en general, a la falta de proactividad en los objetivos y labores descritos precedentemente.

Que, dentro de las actuales políticas y lineamientos ministeriales, se contempla como uno de los ejes de trabajo fortalecer técnicamente al Servicio, a fin de cumplir debidamente con la obligación de velar por una administración ordenada y eficiente del patrimonio público, cautelando siempre el interés fiscal.

Que, en este orden de consideraciones, resulta indispensable que los Encargados/as de las Unidades Jurídicas Regionales cuenten con profesionales con competencias y experiencia en materias de ordenamiento territorial, manejo de instrumentos de planificación territorial e instrumentos de gestión del patrimonio fiscal, a fin de dar cumplimiento a las necesidades públicas encomendadas por ley a las Secretarías Regionales Ministeriales.

Que, según dan cuenta los antecedentes presentados por don nombre reservado al Departamento de Gestión y Desarrollo de Personas, dependiente de la División Administrativa de este Servicio, el funcionario no cuenta con la experiencia y competencias descritas en el párrafo precedente.

Que, no es posible modificar la contratación de don nombre reservado para los efectos de que desempeñe otras labores en la Secretaría Regional Ministerial, toda vez que existen otros funcionarios profesionales que se encuentran desarrollando las labores propias de cada área.

Que, en razón de lo expuesto, y considerando especialmente la necesidad de fortalecer técnicamente a la Unidad Jurídica de la Región de Ñuble, es que se ha determinado que los servicios de don nombre reservado han dejado de ser necesarios para el Ministerio de Bienes Nacionales, procediendo a poner término anticipado a su contratación”.

3.- Con fecha 25 de agosto de 2022, el actor interpuso ante el Juzgado de Letras de Trabajo de Chillán, denuncia por vulneración de derechos fundamentales con ocasión del despido, nulidad del despido y demanda de cobro de prestaciones contra la SECRETARÍA REGIONAL MINISTERIAL DE BIENES NACIONALES DE LA REGIÓN DE ÑUBLE, RUT RUT reservado, representada legalmente por su Secretario Regional Ministerial, don nombre reservado.

En dicha presentación, el señor nombre reservado expone que con fecha 10 de junio de 2022, su ex empleadora, luego de asumir a finales de abril el actual Secretario Regional, le entrega notificación emanada del Jefe División Administrativa del Ministerio de Bienes Nacionales, en que se le comunica que la jefatura directa, el Secretario Regional don nombre reservado, habría evidenciado una serie de deficiencias en el desempeño de sus funciones, relativas a retrasos en el cumplimiento de encargos y, en general, a falta de proactividad en los objetivos y labores; concluyendo arbitrariamente en razón de tales argumentos poner término anticipado a su designación a contrata, por estimar que sus servicios han dejado de ser necesarios.

Ante el Juzgado del Trabajo, el actor invoca como fundamento de su denuncia lo dispuesto en el inciso segundo artículo 485 del Código del Trabajo, sosteniendo que la comunicación y decisión de la autoridad administrativa, obedece a su afinidad con el partido político Unión Demócrata Independiente, contrario a la ideología política del gobierno de turno, vulnerando su derecho a no ser discriminado por su opinión política, 4.- En subsidio de lo demandado en lo principal, el señor nombre reservado interpone en sede laboral, demanda de despido injustificado y cobro de prestaciones contra su ex empleadora, 5.- Que la causa laboral T-110-2022, caratulada “nombre reservado con Seremi de Bienes Nacionales de Ñuble”, está actualmente en tramitación ante el Juzgado de Letras del Trabajo de esta ciudad, encontrándose programada audiencia preparatoria para el 25 de noviembre de 2022.

10º. - Que, según queda de manifiesto de lo expuesto y consignado en los motivos precedentes, ante la decisión de la autoridad administrativa de poner término anticipado al nombramiento a contrata del actor como Encargado de la Unidad Jurídica en la SEREMI de Bienes Nacionales de la Región de Ñuble, el señor nombre reservado, previo a interponer la acción cautelar en análisis, efectuó ante el Juzgado de Letras del Trabajo de Chillán denuncia de tutela de derechos fundamentales, y en subsidio, dedujo demanda de despido injustificado y cobro de prestaciones, la cual se encuentra actualmente en tramitación.

11°.- Que, de esta manera, en autos se está frente a una situación jurídica en que no existen derechos indubitados o indiscutidos entre las partes que puedan ser objeto de protección por medio de este recurso.

Además, las alegaciones que se formulan, atendida su propia naturaleza, requieren plantearse, discutirse y en definitiva resolverse, en un procedimiento idóneo, de carácter declarativo, que asegure a ambas partes el pleno y completo ejercicio de sus acciones y derechos, naturaleza que ciertamente tiene el juicio laboral en tramitación y no presenta esta acción cautelar, por lo que el fundamento del recurso escapa a lo que puede resolverse por esta vía y, en consecuencia, tal circunstancia conduce indefectiblemente a que este arbitrio deba ser desestimado.

12°.- Que, lo razonando y concluido, aparece coherente con lo dispuesto en el inciso final del artículo 485 del Código del Trabajo, cuya interpretación conduce a evitar que se tramiten en paralelo una acción de protección y un procedimiento de tutela laboral. Entonces, habiendo ejercido el actor los derechos que la legislación laboral contempla, corresponde a dicha magistratura determinar si la autoridad ha incurrido en la vulneración de derechos fundamentales, pronunciándose sobre todas y cada una de las pretensiones del demandante.

Por estas consideraciones y atendido, además, lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre tramitación y fallo del Recurso de Protección, se rechaza, sin costas, el recurso de protección interpuesto por el abogado Rogers Mariangel Oviedo, en favor de nombre reservado, en contra del Ministerio de Bienes Nacionales.

Notifíquese.

En su oportunidad, dese cumplimiento al numeral 14 del Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre tramitación y fallo del Recurso de Protección, regístrese y, hecho, archívese.

Redacción a cargo de la Ministra señora Paulina Gallardo García.

Rol N°5242–2022 PROTECCIÓN.