nombre reservado con CORPORACIÓN ADMINISTRATIVA DEL PODER JUDICIAL

Chillán, trece de mayo de dos mil veinticuatro.

Vistos:

1°.- Con fecha 22 de abril de 2024, comparece el abogado Ignacio Antonio León Montero, obrando en beneficio de doña Claudia Andrea Montero Céspedes, abogada, ambos para estos efectos con domicilio en domicilio reservado, interponiendo recurso de protección en contra de la Corporación Administrativa del Poder Judicial, representada legalmente por don nombre reservado, ambos con domicilio en domicilio reservado% de las remuneraciones de su representada.

Refiere como fundamentos de hecho de la acción interpuesta que, con fecha 28 de diciembre de 2023 la Corporación Administrativa del Poder Judicial fue notificada de un embargo decretado por el 1° Juzgado Civil de Chillán en causa Rol C-4733-2015, que recayó sobre las remuneraciones de la jueza doña Claudia Andrea Montero Céspedes, hasta el monto de $64.134.415, señalándose específicamente los siguientes bienes a embargar: “dineros correspondientes a asignación profesional, asignación judicial, componente base, asignación de modernización, asignación de responsabilidad, asignación de nivelación, bonificación artículo 10 Ley 18.675, bonificación Ley 18.575, asignación de casa, bonificación Ley 18.717, incremento DL 3.501.” Sin embargo, la recurrida remite un oficio al 1° Juzgado de Letras de Chillán, señalando que hay normativa contradictoria al respecto, que las remuneraciones serian inembargables y se solicita pronunciamiento del Tribunal al respecto para efectos de determinar cómo proceder frente al embargo notificado.

Luego, indica que, con fecha 23 de febrero de 2024 se presentó por parte del ejecutante de la causa civil ya referida, un recurso de protección ante esta Corte, causa rol 172-2024, donde se alegó que la CAPJ no había dado cumplimiento a la resolución que decretó el embargo y que dicha institución se encontraba en desacato. Añade que, la Corte se pronunció acogiendo dicha acción, transcribiendo en lo pertinente el fallo, y que la Corporación Administrativa del Poder Judicial cumplió lo ordenado, informando que desde el mes de Abril de 2024 se procederá mensualmente a la retención de las remuneraciones de la recurrente, hasta completar el monto de $64.134.415, respecto de los siguientes componentes de remuneración: asignación profesional; asignación judicial; componente base; asignación de modernización; asignación de responsabilidad; asignación de nivelación; bonificación artículo 10 ley 18.675; bonificación ley 18.575; asignación de casa; bonificación ley 18.717 e incremento D.L. 3.501. Y que, una vez practicada la retención respectiva, debía comunicarlo al 1° Juzgado Civil de Chillán, indicando de manera expresa los dineros y componentes respectivos, actividad que debe realizar mensualmente hasta completar el monto total embargado.

Plantea el letrado, que con fecha 19 de abril del año en curso la recurrente toma conocimiento al recibir su liquidación de remuneraciones, que después de los descuentos, percibe la suma de $9.143, reteniéndose de manera ilegal y arbitraria el 99.8% de la misma. Destaca que, dicha circunstancia no ha sido informada en la causa civil, y no se determina expresamente y de manera exacta cuáles son los dineros y componentes retenidos, sostiene que, simplemente se retuvo el 99.8% de las mismas, sin existir fundamento jurídico alguno que justificara tal actuar, vulnerándose en consecuencia, el texto expreso de ley al excederse no solo de los componentes respectos los cuales se trabó embargo in limine litis, sino que además respecto de cualquier limitación que establece el legislador, en razón del principio de protección de las remuneraciones, contraviniendo, así, la regla general de la inembargabilidad de las mismas.

Menciona que el Tribunal rechazó la solicitud de exclusión de embargo respecto los componentes de la remuneración de su representada, lo cual está siendo apelado en la sede procesal correspondiente Añade que, en los hechos se configura una grave discriminación arbitraria en contra de la recurrente, y que bajo ningún caso puede considerarse que la exigua suma de $9.143 cumple con proteger el carácter alimentario de la remuneración; y que solo en razón de su cargo, por no ser aplicable el artículo 57 del Código del Trabajo, le dejan en una situación de incerteza, en cuanto al monto que se busca embargar, respecto del sueldo. Suma, en este sentido el artículo 445 del Código de Procedimiento Civil, y cita en lo pertinente un pronunciamiento de la Excma. Corte Suprema, causa rol 185-2019, que concuerda con el artículo 57 del Código del Trabajo.

Así las cosas, estima amenazado, perturbado y privado el derecho de igualdad ante la ley, ante la justicia y de propiedad garantizados en el artículo 19 numerales 2, 3 y 24 de la Constitución Política de la Republica, en relación con los artículos 445 nº 1 del Código de Procedimiento Civil y artículos 2465, 1618 y 10 del Código Civil y demás normas constitucionales y legales aplicables.

Concluye solicitando a esta Corte, se acoja en todas sus partes el recurso, ordenando dejar sin efecto la retención practicada respecto la remuneración de su representada, con expresa condena en costas, sin perjuicio de las medidas que se estime pertinentes para reestablecer el imperio del derecho.

2°.- Al informar el abogado Cristian Andrés Castillo García, en representación de la Corporación Administrativa del Poder Judicial, hace referencia en primer término a la historia de la causa Rol C-4733-2015 del 1° Juzgado Civil de Chillán, la traba del embargo de fecha 28 de diciembre de 2023, el oficio remitido al 1° Juzgado Civil de Chillán de fecha 09 de febrero de 2024, el que trascribe, y destaca que la Corporación no se negó a hacer efectivo el embargo decretado por el 1° Juzgado Civil de Chillán, si no que solicitó expresamente que “a fin de que esta institución pueda dar estricto cumplimiento a la resolución judicial de SS., sin incurrir en vulneración de garantías respecto de la ejecutada, en lo concerniente a los derechos emanados de su calidad de funcionario, se estima necesario que el tribunal pueda precisar el alcance del embargo decretado”.

Posteriormente hace alusión al recurso de protección, causa rol N° 172-2024, presentado por la ejecutante de la causa ya singularizada, el cual fue acogido, transcribiendo en lo pertinente el fallo de esta Corte; y añade que, se informó tanto a la Ilustrísima Corte de Apelaciones de Chillán como al 1° Juzgado Civil de la misma ciudad, que desde el mes de abril de 2024 se daría estricto cumplimiento a lo resuelto por ambas judicaturas, procediendo mensualmente a la retención de las remuneraciones de la Jueza doña Claudia Montero Céspedes, hasta completar el monto de $64.134.415, respecto de los siguientes componentes de su remuneración: i) asignación profesional, ii) asignación judicial, iii) componente base, iv) asignación de modernización, v) asignación de responsabilidad, vi) asignación de nivelación, vii) bonificación artículo 10 Ley 18.675, viii) bonificación Ley 18.575, ix) asignación de casa, x) bonificación Ley 18.717 y, xi) incremento DL 3.501.

A continuación detalla la liquidación de remuneraciones de la recurrente, destacando las distintas asignaciones y bonificaciones retenidas por concepto de embargo; señala que, el total de haberes en la remuneración de la recurrente en el mes de abril de 2024 fue la suma de $8.291.401, que los respectivos descuentos previsionales, de salud e impuesto único fue la suma de $1.735.216, quedando un remanente por la suma de $6.556.185; agrega que, el total de los emolumentos que componen la remuneración y que fueron objeto de embargo, corresponden a la suma de $6.547.042. En consecuencia y aplicando la diferencia entre estas últimas cifras, arroja la suma de $9.143, que fue lo efectivamente pagado. Hace presente que, los descuentos voluntarios por un total de $2.029.137 no fueron aplicados por no tener un alcance líquido. Y que, la suma de $6.547.042 fue remitida al 1° Juzgado Civil de Chillán.

Sostiene que, la Corporación Administrativa del Poder Judicial sólo se avocó a dar estricto cumplimiento a las resoluciones judiciales dictadas por el 1° Juzgado Civil de Chillán y por la Ilustrísima Corte de Apelaciones de Chillán, absteniéndose de cualquier calificación o incumplimiento. Estimando así, y citando el artículo 45 del Código Civil, y el artículo 76 de la Carta Fundamental, que su representada no ha actuado de forma ilegal ni arbitrara, ni ha realizado vulneración de derechos fundamentales alguna, sino que simplemente ha dado cumplimiento a lo decretado por los tribunales de justicia. Añade que, se deja entrever de la presentación de la recurrente que lo que reclama finalmente no el hecho de que la Corporación Administrativa del Poder Judicial haya practicado el descuento ordenado judicialmente, sino que argumenta respecto a la inembargabilidad de las remuneraciones, el carácter alimentario de las mismas y la no existencia de una normativa que regule este tema en cuanto a establecer límites para el descuento a aplicar, como si lo existe en el caso de los funcionarios sujetos al Estatuto Administrativo y a los trabajadores del sector privado sujetos al Código del Trabajo. Plantea que, en el fondo el reclamo de la recurrente no dice relación directamente con la actuación de la Corporación Administrativa del Poder Judicial, si no que, con las decisiones y resoluciones que se dictaron en contra suya y que determinaron que se procediera a un descuento de su remuneración en la forma en que se ha practicado.

Finaliza sosteniendo que, no se vislumbra una afectación al derecho de igualdad ante la ley, de la igual protección de la Ley en el ejercicio de sus derechos y al derecho de propiedad, al tenor de lo señalado por la actora: en consecuencia, solicita a esta Corte negar lugar a la protección solicitada, por no existir acto u omisión ilegal o arbitrario vulneratorio de derechos que pueda reprocharse a su representada.

3º.- Que para analizar el asunto planteado por la presente vía, resulta conveniente consignar que el recurso de Protección de Garantías Constitucionales, establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye jurídicamente una acción, destinada a amparar el legítimo ejercicio de las garantías y derechos preexistentes que en esa misma disposición se enumeran, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben tomar ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que prive, perturbe o amenace ese atributo.

4º.- Que, como se desprende de lo señalado precedentemente, es requisito indispensable de la acción de protección, la existencia de un acto u omisión ilegal, esto es, contrario a la ley, o arbitrario, producto del mero capricho de quién incurre en él, y que provoque algunas de las situaciones o efectos que se han indicado, afectando a una o más de las garantías -preexistentes- protegidas, consideración ésta que resulta básica para el examen y la decisión de cualquier recurso como el que se ha interpuesto.

5º.- Que, cabe reflexionar, a la luz de lo recién expuesto, que esta acción de cautela de derechos constitucionales constituye una vía destinada a dar protección respecto de garantías cuya existencia se encuentre indubitada.

6°.- Que, la recurrente estima que la Corporación administrativa del Poder Judicial, de manera ilegal y arbitraria efectuó con fecha 19 de abril pasado una retención por el 99.8% de las remuneraciones que le correspondían.

Refiere que con fecha 28 de diciembre de 2023 dicha entidad fue notificada de un embargo decretado por el Primer Juzgado Civil de Chillán en causa Rol C-4733-2015, que recayó sobre las remuneraciones de la recurrente, hasta el monto de $64.134.415, indicándose en dicha acta, cada una de las asignaciones a embargar. Agrega que dicha Corporación remite al tribunal que conoce de la causa, un oficio, señalando que hay normativa contradictoria respecto a la inembargabilidad de las remuneraciones y solicita pronunciamiento del Tribunal al respecto para efectos de determinar cómo proceder frente al embargo notificado. Luego, indica que, con fecha 23 de febrero de 2024 se presentó por parte del ejecutante de la causa civil ya referida, un recurso de protección ante esta Corte, causa rol 172-2024, donde se alegó que la misma Corporación Administrativa del Poder Judicial no había dado cumplimiento a la resolución que decretó el embargo y que dicha institución se encontraba en desacato. A continuación, agrega que, esta Corte de Apelaciones se pronunció acogiendo dicha acción, y que la Corporación Administrativa del Poder Judicial cumplió lo ordenado e informa al tribunal que desde el mes de abril de 2024 se procederá mensualmente a la retención de las remuneraciones de la recurrente, hasta completar el monto de $64.134.415, respecto de los componentes de remuneración ya señalados anteriormente. Expone que, en los hechos se configura una grave discriminación arbitraria en contra de la recurrente, y que bajo ningún caso puede considerarse que la exigua suma de $9.143 cumple con proteger el carácter alimentario de la remuneración; y que solo en razón de su cargo, por no ser aplicable el artículo 57 del Código del Trabajo, le dejan en una situación de incerteza, en cuanto al monto que se persigue embargar, respecto del sueldo.

7°.- Que, el recurrente estima amenazado, perturbado y privado el derecho de igualdad ante la ley, ante la justicia y de propiedad garantizados en el artículo 19 numerales 2, 3 y 24 de la Constitución Política de la República, en relación con los artículos 445 Nº 1 del Código de Procedimiento Civil y artículos 2465, 1618 y 10 del Código Civil y demás normas constitucionales y legales aplicables y pide a esta Corte, se acoja en todas sus partes el recurso, ordenando dejar sin efecto la retención practicada respecto la remuneración de su representada, con expresa condena en costas, sin perjuicio de las medidas que se estime pertinentes para reestablecer el imperio del derecho.

8°.- Que, como primera cuestión, resulta necesario referirse a la existencia de la causa civil Rol C-4733-2015, seguida ante el Primer Juzgado Civil de Chillán, en la cual con fecha 28 de diciembre pasado se trabó embargo de los dineros correspondientes a ciertos componentes de la remuneración de la recurrente: asignación profesional, asignación judicial, componente base asignación de modernización, asignación de responsabilidad, asignación de nivelación, bonificación artículo 10, Ley 18.675, bonificación Ley 18.575, asignación de casa, bonificación Ley 18.717, incremento DL 3.501, todo lo cual fue debidamente notificado a las partes.

Ante la duda respecto a la legislación aplicable al embargo decretado, la Corporación Administrativa del Poder Judicial decidió con fecha 28 de diciembre de 2023, oficiar al Primer Juzgado Civil de Chillán, para solicitarle un pronunciamiento aclaratorio respecto de lo embargado; a razón de ello con fecha 12 de febrero pasado, la sentenciadora resolvió “Que atendido el expreso tenor del oficio, aparece evidente que la entidad informante ha comprendido a cabalidad los bienes sobre los cuales la actora solicitó trabar embargo; resultando innecesaria cualquier aclaración. En consecuencia, téngase presente la negativa de la Corporación Administrativa del Poder Judicial, oficina zonal Ñuble, a hacer efectivo el embargo por entender que se ha trabado sobre bienes inembargables. Póngase en conocimiento de las partes para los fines pertinentes”.

Producto de aquello, el ejecutante en dicha causa dedujo recurso de protección ante esta Corte de Apelaciones, Rol 172-2024, solicitando se ordenara el restablecimiento del derecho, disponiendo que la recurrida (Corporación Administrativa del Poder Judicial) debe dar cumplimiento inmediato a la resolución judicial de 5 de febrero de 2024, poniendo a disposición del Primer Juzgado Civil de Chillán, dentro de tercero día, los fondos embargados por receptor judicial. Con fecha 20 de marzo pasado esta Corte, acogiendo el recurso de protección deducido, consigna en su considerando Octavo:” Que conforme se ha dejado anotado, en los autos sobre cumplimiento ya referido, el Tribunal competente, dictó una resolución, dando lugar al embargo de ciertos componentes de la remuneración de la deudora; la que se notificó debidamente a la recurrida. Y en ese estado, esta última en vez de limitarse a cumplir la orden judicial, se permitió responder a la jueza con un oficio, en cuya materia se indica expresamente “inembargabilidad de remuneraciones”; luego termina señalando que “tal respuesta, a no dudarlo, constituye una calificación sobre el mérito de lo decidido por el Tribunal y además una negativa flagrante a cumplirlo, desde que, como se adelantó, la Corporación recurrida afirma categóricamente la inembargabilidad de los bienes, contrariando una resolución judicial y exige un pronunciamiento aclaratorio”, finalmente dicha sentencia “Ordena a esta última a dar estricto cumplimiento a la orden judicial de cinco de febrero pasado, dentro de tercero día y abstenerse en lo sucesivo de cualquier calificación o incumplimiento a órdenes judiciales.”

En razón de lo resuelto, la Corporación Administrativa cumplió con lo ordenado informando que desde el mes de abril de 2024 se realizará la retención mensual de las remuneraciones de doña Claudia Montero Céspedes, hasta completar el monto de $64.134.415, respecto de los componentes de su remuneración antes indicados.

En tal contexto, efectivamente con fecha 19 de abril pasado, a través de su liquidación de remuneraciones, la recurrente tomó conocimiento que una vez practicados los descuentos legales y la retención de las asignaciones embargadas, cuyo monto fue remitido al Primer Juzgado Civil de esta ciudad, percibiría un saldo líquido a pagar por la suma de $ 9.143.

9°.- Que, en este escenario, también se debe considerar lo dispuesto en el artículo 76 inciso primero de nuestra Carta Fundamental, que prescribe “La facultad de conocer las causas civiles y criminales, de resolverlas y de hacer ejecutar lo juzgado, pertenece exclusivamente a los tribunales establecidos por la ley. Ni el Presidente de la República ni el Congreso pueden, en caso alguno, ejercer funciones judiciales, avocarse causas pendientes, revisar los fundamentos o contenido de sus resoluciones o hacer revivir procesos fenecidos”

10°.- Que, la naturaleza de la acción de protección y el procedimiento especial, dispuesto para su tramitación, determinan que no es procedente emplear esta vía para la solución del conflicto sub lite, puesto que la materia en que se basa el libelo excede el ámbito de este recurso, ya que se trata de una controversia que está siendo conocida actualmente en sede civil, en la cual cada parte puede realizar las defensas y alegaciones que estime pertinente, e impugnar por los medios procesales previstos por la ley, aquellas decisiones jurisdiccionales que estime desfavorables.

11°.- Que, como corolario de lo que se viene exponiendo y razonando, y de acuerdo además, a los antecedentes que obran con ocasión del conocimiento del presente arbitrio, es dable colegir que la recurrida en lo relativo a las acciones denunciadas ha actuado ajustándose plenamente a derecho; dando cumplimiento estricto a una resolución judicial por lo que no puede calificarse su actuación como ilegal o arbitraria.

12°.- Que, atendido lo reflexionado precedentemente, resulta que no existe mérito para calificar la conducta denunciada como arbitraria o ilegal, de lo que se deriva que no se justificó vulneración de las garantías constitucionales invocadas por la actora, en consecuencia la acción cautelar incoada no podrá prosperar.

Por estas consideraciones, y atendido además lo dispuesto en el Artículo 20 de la Constitución Política de la República y Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre tramitación y fallo del recurso de protección, se rechaza, sin costas, el Recurso de Protección interpuesto por don nombre reservado, en representación de doña Claudia Montero Céspedes contra la Corporación Administrativa del Poder Judicial.

Regístrese, notifíquese y archívese.

Redacción de la abogada integrante Paula Cornejo Baraona.

ROL CORTE N° 516-2024 1