Protección contra resolución EXENTA NUM001

Chillán, treinta y uno de julio de dos mil veinticinco.

VISTOS: 1°.- Que, comparece don nombre reservado, Rut: NUM000, ejecutivo de ventas, quien recure de protección en contra de la resolución EXENTA NUM001, de fecha 24 de marzo de 2025, dictada por la SUPERINTENDENCIA DE SEGURIDAD SOCIAL (SUSESO), con domicilio en domicilio reservado, y mediante la cual rechazó el recurso de reconsideración interpuesto por esta parte, respecto de dos licencias médicas rechazadas que presentó, a saber: las N°s NUM002 у NUM003, confirmando lo ya resuelto por el mismo organismo (unidad médica) con fecha 24 de marzo de 2024, que a su vez confirma lo resuelto por la unidad de resolución abreviada, con fecha 15 de enero de 2025.

Refiere el recurrente, y como fundamento de la acción constitucional por él interpuesta, que recurrió a la SUPERINTENDENCIA con fecha 31 de diciembre de 2024, reclamando el rechazo del COMPIN REGIÓN DE ÑUBLE, de las aludidas licencias médicas, extendidas por un total de 60 días a contar del día 20 de agosto de 2024, teniendo como fundamento REPOSO NO JUSTIFICADO, por las razones que da cuenta la misma resolución EXENTA NUM004 de fecha 15 de enero de 2025, la que pide dar por reproducida, pero en el fondo sin una fundamentación clara y precisa de carácter jurídico y/o médico que justifique dicho rechazo, sino que solo mediante una especie de resolución estándar.

Sostiene que, dentro de los plazos administrativos correspondientes, en particular el día 22 de enero de 2025, pidió reconsideración de lo resuelto, pero el COMPIN, mantuvo el rechazo de las licencias médicas en cuestión, según da cuenta la resolución EXENTA NUM005, la que pide dar por reproducida, adoleciendo de las mismas falencias que la anterior. Finalmente, y agotando la discusión administrativa, el día 01 de abril de 2025, dentro de plazos correspondientes, dedujo reconsideración final, la que también fue rechazada por los mismos motivos, según da cuenta la resolución EXENTA NUM001, cuyo tenor pide dar por reproducidos.

Indica que tanto la COMPIN como la Superintendencia del ramo, como organismos técnicos, deben actuar en el marco de sus atribuciones legales y con estricto apego a los criterios médicos de orden general, previamente definidos, dentro de sus competencias y apoyados en motivaciones suficientes para resultar idóneas, pero en este caso particular, no fue así, resultando la Resolución EXENTA recurrida de protección, del todo ilegal, lo mismo que las resoluciones relacionadas o previas, por cuanto son contrarias al ordenamiento jurídico, ya que vulnera los artículos 3 y 40 de la Ley N°19.880 Sobre Procedimiento Administrativo, la Circular N°2067 de 2003 de Superintendencia de Seguridad Social y el artículo 16 del DS N°3 de 1984 del Ministerio de Salud, pasando a ser un acto administrativo infundado tanto desde el punto de vista técnico, esto es, en orden a expresar las razones médicas en que sustenta el rechazo, tanto desde el punto de vista fáctico, en orden a señalar los hechos en que se basa la decisión denegatoria.

Aduce que la resolución reclamada debe ajustarse al contenido que le impone el artículo 40 de la Ley N°19.880 que señala específicamente que "las resoluciones contendrán la decisión, que será fundada, debiendo expresar asimismo los recursos que contra la misma procedan, órgano administrativo o judicial ante el que hubiera que presentarse y plazo para interponerlos, sin perjuicio de que los interesados puedan ejercitar cualquier otro que estimen oportuno".

Por lo mismo, conformarse con anotar en el formulario que no se probó la incapacidad laboral, que el informe médico aportado no permite probar incapacidad, o que el reposo es injustificado o hay salud irrecuperable, importa una manifiesta falta de fundamentación o motivación.

En concordancia con lo anterior, se debe recalcar que el acto administrativo debe ser necesariamente inteligible para el ciudadano en orden a que éste mediante una sola lectura pueda entender racionalmente los argumentos tanto fácticos, médicos y jurídicos que se esgrimen para fundar la decisión del órgano perteneciente a la administración del Estado, lo que evidentemente no se cumple en este caso que sometemos a la consideración de V.S.I.

En el caso de autos, no es discutible, que la Administración cuenta con la habilitación legal para confirmar el rechazo a una licencia médica; sin embargo, en la resolución impugnada por vía recurso de protección, es evidente que no se expresaron por la recurrida las motivaciones que la impulsaron a adoptar tal determinación, resultando al menos escueta la sola referencia a los antecedentes médicos y administrativos evaluados que no permiten establecer la existencia de una incapacidad laboral más allá de 270 días de reposo ya autorizados por la misma patología, sin que se les singularice ni que se contenga alguna alusión al contenido de éste o un desarrollo que, previo a su enunciación, permitan a la administrada comprender el argumento que de manera hilada sustente el rechazo a su reposo con base en criterios objetivos que, finalmente, justifiquen la suspensión del reposo.

Por otro lado, expresa que la resolución reclamada no fundamenta por qué los antecedentes aportados por esta parte no justifican la prórroga del reposo, en circunstancias que el médico tratante, nombre reservado, señaló en tres certificados de fechas 17 de septiembre de 2024; 13 de noviembre de 2024; y 31 de enero de 2025, que la extensión de las licencias se encontraba medicamente justificada, haciendo presente que los dos primeros certificados médicos son anteriores al rechazo de las licencias y el último, emitido antes de la solicitud de reconsideración, se señalan también cada uno de los síntomas que aún persistían y lo que hacía aconsejable, de acuerdo a su opinión médica especializada, prolongar el descanso por más de los 270 días autorizados que señala la COMPIN, realizándose con rigurosidad médica la prolongación del descanso y su posterior pago.

Finalmente, refiere que el actuar de la recurrida conculca el derecho a la vida e integridad física y psíquica contenidos en el Artículo 19 N°1 de la Constitución Política de la República. Se conculca también el artículo 19 N°3 de la Constitución, el cual dispone que "La Constitución asegura a todos las personas: Toda sentencia de un órgano que ejerza jurisdicción debe fundarse en un proceso previo legalmente tramitado. Corresponderá al legislador establecer las garantías de un procedimiento y una investigación racionales y justos". En efecto, el acto administrativo, Resolución Exenta impugnada de la SUSESO, se ha dictado con infracción garantía constitucional del debido proceso, ya que, en su tramitación, no se ha dado cumplimiento a la exigencia de la fundamentación, en conformidad a lo dispuesto en los artículos 3 y 40 de la LEY N°19.880. Por último, en la especie se ha vulnerado el derecho de propiedad consagrado en el artículo 19 N°24 de la Constitución, por cuanto al mantener el rechazo de las licencias médicas impide percibir el subsidio por enfermedad, lo que implica un perjuicio patrimonial derivado del derecho de dominio que se tiene sobre tal prestación, derecho que en la especie se ha vulnerada por el acto administrativo recurrido.

En razón de lo expresado, pide tener por interpuesto dentro del término legal el recurso de protección, admitirlo a tramitación y en definitiva acoger el mismo en todas sus partes, declarando arbitraria e ilegal la resolución recurrida, esto es la resolución EXENTA NUM001, de la SUSESO, dejándola sin efecto, y declarando en su reemplazo que las licencias médicas números NUM002 у NUM003 queden aceptadas, debiendo proceder al pago del subsidio por incapacidad correspondiente a ellas, o bien que se adopten las medidas que V.S. Ilustrísima estime pertinentes para reestablecer el imperio del derecho. 2°.- Que, informando doña ROMINA ANDREA UGALDE RAÑILEO, abogada, en representación de la recurrida la SUPERINTENDENCIA DE SEGURIDAD SOCIAL, solicita que se declare la extemporaneidad del presente recurso, por haber sido éste interpuesto en forma extemporánea.

Respecto de la acción de protección interpuesta por el Sr. nombre reservado alega previo a informar el fondo del asunto, la falta de oportunidad en su ejercicio, por cuanto ha sido interpuesta una vez vencido el plazo fatal de 30 días corridos previsto para hacer valer esta excepcional acción de rango constitucional.

Como se desprende del expediente de autos, la acción de que se trata fue interpuesta con fecha 24 de junio de 2025, en circunstancias que el Sr. nombre reservado reclamó ante esta Superintendencia, en 3 oportunidades.

En una primera oportunidad, el Sr. nombre reservado concurrió con fecha 31 de diciembre de 2025 ante la Superintendencia de Seguridad Social, reclamando por cuanto la COMPIN REGIÓN DE ÑUBLE, confirmó el rechazo de las licencias médicas N°s NUM002, NUM003, extendidas por un total de 60 días a contar del 20 de agosto de 2024, por reposo no justificado.

Se concluye que el reposo no se encuentra justificado, lo que se expresa por RESOLUCIÓN EXENTA NUM004, de fecha 15 de enero de 2025.

Luego, concurrió el Sr. nombre reservado con fecha 22 de enero de 2025 a esta Superintendencia de Seguridad Social, solicitando se reconsidere el dictamen NUM004de fecha 15 de enero de 2025 mediante el cual se confirmó lo resuelto por la COMPIN REGIÓN DE ÑUBLE, en orden de mantener el rechazo de las licencias médicas N°s NUM002, NUM003, extendidas por un total de 60 días a contar del 20 de agosto de 2024, por reposo no justificado.

Se concluye que el reposo no se encuentra justificado, lo que se expresa por RESOLUCIÓN EXENTA NUM005, de fecha 24 de marzo de 2025.

Finalmente, concurrió el Sr. nombre reservado con fecha 01 de abril de 2025 ante la Superintendencia de Seguridad Social, solicitando se reconsidere el dictamen NUM005 de fecha 24 de marzo de 2025 mediante el cual se confirmó lo resuelto por la COMPIN REGIÓN DE ÑUBLE, en orden de mantener el rechazo de las licencias médicas N°s NUM002, NUM003, extendidas por un total de 60 días a contar del 20 de agosto de 2024, por reposo no justificado.

Se concluye que el reposo no se encuentra justificado, lo que se expresa por RESOLUCIÓN EXENTA NUM001, de fecha 26 de mayo de 2025.

De tal manera, existe la certeza que el Sr. nombre reservado tomó conocimiento del acto administrativo, con fecha 24 de marzo de 2025 respecto al rechazo de las licencias médicas NUM002, NUM003 por RESOLUCIÓN EXENTA NUM005, de fecha 24 de marzo de 2025, fechas desde las cuales corresponde computar el plazo fatal de 30 días corridos, de acuerdo con lo dispuesto en el número primero del Auto Acordado de la EXCMA. Corte Suprema que regula la tramitación y fallo de la Acción de Protección.

Ahora bien, según se advierte del expediente administrativo que los dictámenes fueron despachados para notificación el 24 de marzo de 2025.

Por tanto, el plazo señalado precedentemente venció a más tardar el 23 de abril de 2025 en circunstancias que el presente recurso fue presentado recién, el 24 de junio de 2025, esto es, fuera de plazo.

En razón de lo expresado, la letrada solicita rechazar la acción de protección de autos, por haber sido ejercida de forma extemporánea, respecto de las licencias médicas indicadas, con costas.

Sin perjuicio de lo recientemente expuesto, solicita que se declare a la presente Acción de Protección como improcedente por cuanto la materia sobre la que realmente versa, dice relación con un derecho perteneciente al sistema de seguridad social, establecido en el numeral 18 del artículo 19 de la Constitución Política de la República, que no está amparado por la acción cautelar que motiva estos autos.

En efecto, la autorización, rechazo o modificación de una licencia médica que se extienda de conformidad con el artículo 149 del DFL N°1, de 2005, del Ministerio de Salud y el Decreto Supremo N°3/84, sobre Autorización de Licencias Médicas; las reconsideraciones y apelaciones que se deduzcan respecto de las resoluciones de los organismos administradores de este derecho, a saber, las Instituciones de Salud Previsional (Isapres) y la Comisiones de Medicina Preventiva e Invalidez (COMPIN) y el pago, según corresponda, de la prestación pecuniaria por éstas originadas, esto es, el subsidio por incapacidad laboral (regulado en el DFL N°44/78, del Ministerio del Trabajo y Previsión Social), son materias que sin duda alguna pertenecen al campo de la Seguridad Social, y por lo tanto, se encuentran expresamente excluidas por el constituyente, del ámbito de la acción de protección.

De tal forma, la materia respecto de la cual se esgrime la presente acción incide en un aspecto especifico del derecho a la seguridad social, reconocido y garantizado a todas las personas en el numeral 18 del artículo 19 de nuestra Carta Magna, que no está contemplado en la numeración taxativa que realiza el artículo 20, y, por lo tanto, no está amparado por esta especial acción cautelar.

En subsidio de lo anterior, y en cuanto al fondo del asunto, resulta necesario esclarecer cuál es el marco jurídico-normativo que regula la materia de la presente Acción de Protección. 1.- El derecho a licencia médica. Marco legal regulador.

En nuestro Sistema de Seguridad Social, existe cobertura para atender los distintos riesgos o contingencias sociales que ponen a los trabajadores en un estado de necesidad.

Tratándose de la pérdida de la capacidad de ganancia o incapacidad laboral por motivos de salud, ella puede ser permanente o transitoria.

Respecto de incapacidades laborales temporales, es decir, aquellas que suspenden transitoriamente la capacidad de ganancia del trabajador, existe el beneficio denominado LICENCIA MÉDICA, regulado en el citado D.F.L.

Nº1, del año 2005, y en el D.S. Nº3, del año 1984, ambos del Ministerio de Salud, la que una vez autorizada por el Organismo competente, esto es, una COMPIN o INSTITUCIÓN DE SALUD PREVISIONAL (ISAPRE), puede dar derecho, de cumplirse los requisitos legales, al pago de subsidio por incapacidad laboral (regulado en el D.F.L. Nº44, del año 1978, del Ministerio del Trabajo y Previsión Social), o al pago de la remuneración en el caso de los trabajadores afectos a estatutos especiales, entre ellos, los pertenecientes al sector público y municipal.

En estas situaciones de suspensión transitoria de la capacidad de ganancia, el trabajador debe hacer uso de licencia médica, esto es, reposo, el que, unido en la mayoría de los casos a un tratamiento médico farmacológico o de otro tipo, debe conducir a que el trabajador recupere su salud y quede en condiciones de reintegrarse a su trabajo.

Cabe agregar que conforme a lo indicado en el artículo 1° del citado D.S N°3 de 1980 del Ministerio de Salud, lo esencial para la autorización de las licencias médicas es la posibilidad real y cierta de que el trabajador recupere la capacidad de trabajo y quede en condiciones de reincorporarse a la vida laboral, sea que la incapacidad laboral temporal haya sido por un cuadro aislado incluso que sea una patología crónica e irrecuperable, ya que hay algunas situaciones en que se puede autorizar licencias médicas extendidas por diagnósticos crónicos e irrecuperables que no van a desaparecer totalmente con el uso de licencias médica, siempre que después de un período de reposo vaya a producirse la reincorporación laboral del trabajador con su capacidad residual de trabajo.

El derecho a licencia médica está contemplado en el artículo 149 del D.F.L. Nº1, de 2005, del Ministerio de Salud cuerpo legal que, como ya se indicó, promulgó el texto refundido, coordinado y sistematizado de, entre otras, la Ley N°18.469, que regula el Ejercicio del Derecho Constitucional a la Protección de la Salud y que crea un Régimen de Prestaciones de Salud al efecto.

El aludido artículo 149 se encarga de señalar, en su parte pertinente que: “Los trabajadores afiliados, dependientes o independientes, que hagan uso de licencia por incapacidad total o parcial para trabajar, por enfermedad que no sea profesional o accidente que no sea del trabajo, tendrán derecho a percibir un subsidio de enfermedad, cuyo otorgamiento se regirá por las normas del Decreto con Fuerza de Ley Nº44, de 1978, del Ministerio del Trabajo y Previsión Social”.

En virtud del artículo 156 del mencionado D.F.L., el beneficio de licencia médica también les es aplicable a los afiliados a alguna Institución de Salud Previsional.

La licencia médica está definida en el artículo 1º del Decreto Supremo Nº3, del año 1984, del Ministerio de Salud, que contempla el Reglamento sobre autorización de licencias médicas, en los siguientes términos: “ Para los efectos de este reglamento, se entiende por licencia médica el derecho que tiene el trabajador de ausentarse o reducir su jornada de trabajo, durante un determinado lapso de tiempo, en cumplimiento de una indicación profesional certificada por un médico cirujano, cirujano dentista o matrona, reconocida por su empleador en su caso, y autorizada por la Comisión de Medicina Preventiva e Invalidez –Compin- de la Secretaría Regional Ministerial de Salud –Seremi- o Institución de Salud Previsional según corresponda, durante cuya vigencia podrá gozar de subsidio especial con cargo a la entidad de previsión, institución o fondo especial respectivo...”.

Como se ha expuesto y de acuerdo con las normas ya referidas, la licencia médica es un derecho esencialmente temporal, cuya finalidad última es ayudar al trabajador afectado por una incapacidad temporal a recuperar su salud y reincorporarse a su actividad laboral. 2.- Justificaciones Médico-Administrativas Como consta en el expediente de autos, que el Sr. nombre reservado concurrió con fecha 31 de diciembre de 2024, ante la Superintendencia de Seguridad Social, reclamando por cuanto la COMPIN REGIÓN DE ÑUBLE, confirmó el rechazo de las licencias médicas N°s NUM002, NUM003, extendidas por un total de 60 días a contar del 20 de agosto de 2024, por reposo no justificado Al respecto mediante RESOLUCIÓN EXENTA NUM004, de fecha 15 de enero de 2025, la Superintendencia de Seguridad Social resolvió: “Que, esta Superintendencia estudió los antecedentes y con su mérito concluyó que el reposo prescrito por las licencias médicas N°s NUM002, NUM003, no se encontraba justificado. Esta conclusión se basa en que los antecedentes evaluados entre los que se encuentra el maestro histórico de licencias médicas y los informes del médico tratante, no permiten establecer incapacidad temporal más allá del periodo ya autorizado, el cual alcanza a 270 días por la misma patología. Los informes médicos no describen adecuadamente el compromiso funcional de los síntomas, su evolución ni los ajustes en el tratamiento que podrían justificar un rol terapéutico del reposo.”

Posteriormente, el Sr. nombre reservado concurrió con fecha 22 de enero de 2025 ante la Superintendencia de Seguridad Social, solicitando se reconsidere el dictamen NUM004 de fecha 15 de enero de 2025 mediante el cual se confirmó lo resuelto por la COMPIN REGIÓN DE ÑUBLE, en orden de mantener el rechazo de las licencias médicas N°s NUM002, NUM003, extendidas por un total de 60 días a contar del 20 de agosto de 2024, por reposo no justificado.

Al respecto mediante RESOLUCIÓN EXENTA NUM005, de fecha 24 de marzo de 2025, la Superintendencia de Seguridad Social resolvió: “Que, esta Superintendencia estudió los antecedentes y con su mérito concluyó que el reposo prescrito por las licencias médicas N°s NUM002, NUM003, no se encontraba justificado. Esta conclusión se basa en que los antecedentes médicos y administrativos evaluados, no permiten establecer la existencia de incapacidad laboral más allá de los 270 días de reposo ya autorizados por la misma patología. Que, los documentos adjuntos en esta reclamación no logran aportar nuevos elementos clínicos - severidad psicopatológica, compromiso funcional, necesidad de ajustes en el plan de tratamiento en relación a la respuesta de las intervenciones realizadas - que permitan fundamentar el rol terapéutico del reposo reclamado. Por lo tanto, no se puede concluir distinto al dictamen previamente emitido.”

Finalmente, concurrió el Sr. nombre reservado con fecha 01 de abril de 2025 ante la Superintendencia de Seguridad Social, solicitando se reconsidere el dictamen NUM005 de fecha 24 de marzo de 2025 mediante el cual se confirmó lo resuelto por la COMPIN REGIÓN DE ÑUBLE, en orden de mantener el rechazo de las licencias médicas N°s NUM002, NUM003, extendidas por un total de 60 días a contar del 20 de agosto de 2024, por reposo no justificado.

Al respecto mediante RESOLUCIÓN EXENTA NUM001, de fecha 26 de mayo de 2025, la Superintendencia de Seguridad Social resolvió: “Que, esta Superintendencia estudió los antecedentes y con su mérito concluyó que el reposo prescrito por las licencias médicas N°s NUM002, NUM003, no se encontraba justificado. Esta conclusión se basa en que los antecedentes médicos y administrativos evaluados, no permiten establecer la existencia de incapacidad laboral más allá de los 270 días de reposo ya autorizados por la misma patología. Que, los antecedentes adjuntos no describen disfuncionalidad o ajuste progresivo y oportuno de farmacoterapia acorde a extensión de reposo”.

Por otro lado, indica que en atención a los antecedentes clínicos, administrativos y normativos que obran en el expediente, esta Superintendencia concluye que los dictámenes impugnados por el recurrente se encuentran debidamente fundados, tanto en la documentación contenida en los expedientes NUM006, NUM007 y NUM008, como en lo dispuesto en el Decreto Supremo N°3, de 1984, del Ministerio de Salud, y en los criterios técnico-sanitarios aplicables al manejo de patologías psiquiátricas.

Las Resoluciones Exentas NUM004, NUM005 y NUM001, que confirmaron el rechazo de las licencias médicas N°s NUM002 y NUM003, resultan plenamente coherentes entre sí y con lo resuelto por la COMPIN competente, en cuanto a la falta de justificación clínica del reposo médico prescrito.

Por último, cabe hacer presente a US. Ilustrísima que, tal como no existe acto ilegal o arbitrario de parte de la Superintendencia de Seguridad Social, pues como ya se indicó, mi representada se limitó a resolver la situación del Sr. nombre reservado, dentro del ámbito de su competencias, tampoco ha existido vulneración y ni siquiera amenaza como indica la contraria, derecho a la seguridad social ni se ha vulnerado el derecho de propiedad de la recurrente, reconocido a todas las personas en el numeral 24 del artículo 19 de nuestra Constitución Política, y en este caso respecto de un eventual derecho al subsidio por incapacidad laboral, como tampoco ningún otro derecho garantizado por nuestra Carta Fundamental.

En cuanto a la supuesta vulneración del derecho a la Seguridad Social, garantizados a todas las personas en el numeral 1° del artículo 19 de la Constitución Política de la República, el recurrente menciona afectación a su salud física y psíquica, afectación de algún derecho, cabe preguntarse cómo podría mi representada haber atentado contra dichas garantías, por cuanto, en su actuar, la Superintendencia se ha limitado a ejercer las facultades que la propia ley le ha conferido. Emitiendo así una resolución fundada en los documentos proporcionados por el propia recurrente en un proceso analizado por los especialistas de mi representada, en el cual se valoraron todos los antecedentes y se concluye que no cumple con la normativa vigente que se refiere a la “Guías Clínicas Referenciales Relativas a los Exámenes, Informes y Antecedentes que deberán Respaldar la Emisión de Licencias Médicas”, la que establece una serie de requisitos que el recurrente no cumple, entre ellos: “…otorgada por médico psiquiatra, incluir el trastorno de adaptación, trastorno de personalidad y el diagnostico principal, contar con un informe de médico psiquiatra, descripción de resistencia al tratamiento y evaluaciones periódicas…”.

En virtud de lo expuesto, los informes médicos y psicológicos acompañados son superficiales, no describen síntomas psicopatológicos de intensidad incapacitante ni compromiso funcional que contraindique la actividad laboral. Los Informes Médicos Tratantes (IMT) evaluados los días 30-10-2024, 13-11-2024 y 31-03-2025, señalan expresamente la ausencia de criterios de gravedad, lo que impide acreditar incapacidad laboral transitoria.

En cuanto al derecho de propiedad, cabe hacer presente a US. ILTMA., que el otorgamiento de una licencia médica por parte de un facultativo de la salud no implica el nacimiento de ningún derecho de propiedad en relación con un eventual subsidio por incapacidad laboral o remuneración según sea el caso. En efecto, de acuerdo con lo dispuesto en el D.S. Nº3, de 1984 y DFL.

Nº44, de 1978, del Ministerio del Trabajo y Previsión Social, para tener derecho al subsidio por incapacidad laboral se requiere cumplir con los siguientes requisitos: 1.- Una licencia médica autorizada por la entidad correspondiente (ISAPRE o COMPIN) 2.- Cumplimiento de los requisitos para tener derecho al subsidio por incapacidad laboral, los que varían de acuerdo a si se trata de un trabajador dependiente o independiente.

En consecuencia, no existe algún derecho de propiedad sobre eventuales subsidios, pues como se indicó para ello es necesario, como punto de partida, contar con una licencia médica autorizada, cuestión que como ya se ha indicado no media en la especie. Por lo cual, como podría mi representada “Impedir que el recurrente ejerza un derecho de dominio sobre remuneraciones” por las cuales no cumple el requisito, que es una licencia autorizada, no existe un legítimo ejercicio del derecho de propiedad que deba ser objeto de tutela constitucional, por cuanto no existen licencias médicas autorizadas, sino que, rechazadas sin generar, por lo tanto, el derecho que esgrime el recurrente de autos.

En razón de lo antes expresado, pide tener por evacuado el informe solicitado respecto de la acción de protección interpuesta por don nombre reservado y con su mérito rechazarlo en todas sus partes, con costas. 3°- Que para analizar el asunto planteado por la presente vía, resulta conveniente consignar que el recurso de Protección de Garantías Constitucionales establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye, jurídicamente una acción de naturaleza cautelar, destinada a amparar el libre ejercicio de las garantías y derechos preexistentes que esa misma disposición enumera, mediante la adopción de medidas de resguardo ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que impida, amague o perturbe ese ejercicio. Surge de lo transcrito, que es requisito sine qua non para que pueda prosperar la mentada acción cautelar, que exista un acto u omisión ilegal, esto es, contrario a la ley, o bien arbitrario, entendiéndose por tal aquel que es fruto del mero capricho de quien lo ejecuta o incurre en él, acto u omisión que debe provocar, además, algunas de las situaciones ya indicadas y que afecte una o más de las garantías constitucionales protegidas, consideración ésta que resulta básica para el examen y la decisión de cualquier recurso como el que se ha interpuesto. 4º.- Que, como se desprende de lo señalado precedentemente, es requisito indispensable de la acción de protección, la existencia de un acto u omisión ilegal, esto es, contrario a la ley, o arbitrario, producto del mero capricho de quién incurre en él, y que provoque algunas de las situaciones o efectos que se han indicado, afectando a una o más de las garantías - preexistentes- protegidas, consideración que resulta básica para el examen y la decisión de cualquier recurso como el que se ha interpuesto. 5.- Que, cabe reflexionar, a la luz de lo recién expuesto, que esta acción de cautela de derechos constitucionales constituye una vía destinada a dar protección respecto de garantías cuya existencia se encuentre indubitada. 6°.- Que, en cuanto a la petición de la recurrida en orden a que el recurso de autos sea declarado inadmisible por extemporáneo, ello no aparece así de lo actuado en estos antecedentes, toda vez que la conducta y decisión de la recurrida en orden a la negativa de pagar las licencias médicas al recurrente, se mantendría en el tiempo con todos sus efectos, y conforme ha sido resuelto invariablemente por la jurisprudencia de nuestros tribunales superiores, la acción no precluye mientras los efectos del acto que se considera vulneratorio continúen produciéndose, razón por la cual se desestimará este capítulo de alegación. 7°.- A su turno, la Superintendencia de Seguridad Social ha solicitado el rechazo de la presente acción constitucional, sosteniendo al efecto que el actuar de la institución lo ha sido con estricto apego a la normativa vigente, sin perjuicio que la situación no se encuentra protegida por el recurso de protección, por tratarse de materias de seguridad social. 8°.- Que en cuanto a la improcedencia de la acción por tratarse de posibles vulneraciones del derecho a la seguridad social y no estar éste bajo la protección constitucional que se pide, ella igualmente será desestimada, desde que consta que el arbitrio ha sido deducido por estimarse infringidas las garantías contenidas en los numerales 1, 2 y 24 del artículo 19 del Constitución Política de la República, las cuales se encuentran dentro del catálogo establecido en el artículo 20 del mismo cuerpo legal. 9°.- Que, en lo que respecta al fondo, necesario es tener presente lo dispuesto por el artículo 16 del Decreto Supremo N° 3, que aprueba el Reglamento de Autorización de Licencias Médicas por las COMPIN e Instituciones de Salud Previsional, y que, en lo pertinente, preceptúa: “La COMPIN, la Unidad de Licencias Médicas o la Isapre, en su caso, podrán rechazar o aprobar las licencias médicas; reducir o ampliar el período de reposo solicitado o cambiarlo de total a parcial y viceversa.

En todos estos casos se dejará constancia de la resolución o pronunciamiento respectivo, con los fundamentos tenidos a la vista para adoptar la medida, en el formulario digital o de papel de la respectiva licencia”. Asimismo, en su artículo 21 indica que: “Para el mejor acierto de las autorizaciones, rechazos, reducción o ampliación de los períodos de reposo solicitados y otras modificaciones a las licencias, la COMPIN, la Unidad de Licencias Médicas o la ISAPRE correspondiente, podrán disponer de acuerdo con sus medios, alguna de las siguientes medidas: a) Practicar o solicitar nuevos exámenes o interconsultas; b) Disponer que se visite a la trabajadora en su domicilio o lugar de reposo indicado en el formulario de licencia, por el funcionario que se designe; c) Solicitar al empleador el envío de informes o antecedentes complementarios de carácter administrativo, laboral o previsional de la trabajadora; d) Solicitar al profesional que haya expedido la licencia médica que informe sobre los antecedentes clínicos complementarios que obren en su conocimiento, relativos a la salud de la trabajadora; e) Disponer cualquier otra medida informativa que permita una mejor resolución de la licencia médica.” 10.- Que, conforme a los antecedentes que fueron aportados, fluye de manera evidente que la decisión de la recurrida, en cuanto a confirmar el rechazo del pago de las licencias médicas objeto de este recurso, no se apoya en ningún elemento de convicción objetivo que lleve a estimar racionalmente que el reposo ordenado no se encuentra justificado, carencia que la priva de contenido, sin que sea dable discernir que aquella se basta a sí misma, si no ofrece los elementos de juicio necesarios que permitan comprenderla y entender la razón por la cual se le niega el derecho a dicho reposo. 11°.- Que, desde otra perspectiva, conforme a la normativa relacionada, la recurrida puede recabar los antecedentes que habiliten adoptar una providencia fundada frente a los requerimientos de los usuarios del sistema, lo cual no ha ocurrido en la especie, sin que se hayan agregado otros antecedentes relevantes que lleven a estimar improcedente la orden de reposo, toda vez que no se han dispuesto nuevos exámenes o evaluaciones actualizadas para determinar la condición actual de salud de la recurrente, lo que torna arbitraria la actuación de la recurrida y vulnera la garantía de igualdad ante la ley, debiendo adoptarse, en consecuencia, las medidas que restablezcan el imperio del derecho. 12°.- Que, por lo demás, parece insoslayable reflexionar que, de acuerdo a la normativa precedentemente reseñada, es factible sostener que la COMPIN directamente o a instancias de la Superintendencia, con miras a acatar el mandato legal consistente en resolver las apelaciones promovidas por los afiliados contra los decretos del régimen de salud, puede recabar los antecedentes que habiliten adoptar una providencia fundada frente a los requerimientos de los usuarios del sistema, cometido omitido injustificadamente en el presente caso. 13°.- Que, en consecuencia, la conducta del organismo recurrido no se ajustó a la reglamentación que rige la materia sometida al conocimiento de esta Corte, tanto por no especificar los fundamentos al no decretar nuevos exámenes o disponer una evaluación médica con el propósito de esclarecer la condición actual de salud del recurrente.

En atención a lo expuesto, tanto la ausencia de justificación, como la circunstancia de no haber sometido al paciente a nuevos exámenes, controles o una evaluación clínica por los servicios administrativos competentes, son componentes que debieron detallarse con mayor rigurosidad antes de resolver el asunto en sede administrativa, diligencias imprescindibles para dar mayor certeza al diagnóstico y no dejarlo sujeto a la mera discrecionalidad de la recurrida, con la posterior falta de pago de las licencias médicas correspondientes. 14°.- Que, en razón de lo expuesto se torna del todo arbitrario desestimar el pago de licencias médicas concedidas por facultativos sin ningún motivo adicional suministrado por la entidad criticada, simplemente sobre la base de la ponderación de los antecedentes tenidos a la vista, sin un elemento de juicio complementario de contraste para disipar frente al paciente cualquier duda, en especial, sometiéndolo a evaluaciones médicas accesorias. En tal evento, ante términos tan definitivos para las personas, cabe exigir un mínimo de diligencia a la autoridad, sobre quien pesa la obligación de actuar de oficio y con respeto por los principios de no discriminación, objetividad y rigurosidad en su proceder. 15°.- Que, de esta manera, se advierte que la negativa del pago de las licencias médicas que indica el actor, implica de parte de la autoridad el desempeño de una facultad formal simplemente potestativa, con desconocimiento de la certeza y seguridad jurídica a que la ciudadanía tiene derecho, al ejercitar sus derechos, en concreto, máxime si en la presente situación se hallan involucradas garantías primordialmente protegidas por el constituyente, como la vida y la salud de las personas.

Por estas consideraciones, y de conformidad, además, con lo previsto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, y Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre Tramitación del Recurso de Protección de Garantías Constitucionales, se acoge, sin costas, el deducido por don nombre reservado, en contra de la SUPERINTENDENCIA DE SEGURIDAD SOCIAL (SUSESO), debiendo la recurrida disponer que la Comisión de Medicina Preventiva e Invalidez del domicilio del recurrente, encargue un informe pericial médico acerca de las patologías que da cuenta el recurso, a fin de determinar la procedencia de los días de reposo que disponen las licencias médicas materia de autos y, cumplido ello, se pronuncie nuevamente acerca de las licencias médicas denegadas.

Notifíquese.

En su oportunidad, dese cumplimiento al numeral 14 del Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre tramitación y fallo del Recurso de Protección.

Regístrese y, hecho, archívese.

Redacción a cargo del Abogado Integrante señor Juan Antonio De La Hoz Fonseca.

No firma la señora nombre reservado, no obstante haber concurrido a la vista de la causa y al acuerdo, por haber cesado en el cargo de Ministra suplente.

Rol N°515-2025-PROTECCIÓN.