nombre reservado con UNIVERSIDAD DE LOS LAGOS

Chillán, nueve de diciembre de dos mil veintidós.

Vistos:

1°.- Que, comparece el abogado don ORLANDO JAVIER LONCON CARCAMO a favor de don nombre reservado, deduciendo acción de Protección Constitucional en contra de la UNIVERSIDAD DE LOS LAGOS., representada legalmente por don nombre reservado, o quien lo subrogue o reemplace, por la acción ilegal y arbitraria cometida por la recurrida según se indicará y de acuerdo a lo expuesto en comunicación electrónica que indica de fecha 11 de agosto de 2022 sobre información por causa de morosidad en el pago de contraprestaciones educacionales, condicionando por tanto, la entrega de documentación al referido pago, lo cual constituye afectación a garantías constitucionales previstas en el artículo 19 N° 2 y N° 24 respectivamente de la Constitución Política de la República.

Al fundar su presentación, señala que su representado ingresa a la Universidad de Los Lagos, Sede Santiago en el mes de marzo de 2009 al programa de pregrado de la Carrera de Ingeniería de Ejecución en Administración, Mención en Administración Pública, normada por Decreto Universitario N° 2255 del 16 de mayo de 2005 correspondiente a 8 semestres académicos; que en el mes de diciembre de 2012, don nombre reservado adquiere la calidad de egresado, encontrándose pendiente el examen de título, y respecto del cual, estaba impedido de realizar por exigencia de la propia casa de Estudios ante la existencia de deuda arancelaria. Seguidamente, y con el afán de regularizar su situación financiera, en el mes de octubre de 2017 repacta la deuda universitaria, lo cual permitió llevar a cabo el Examen de Título en el mes de enero de 2018 con resultado desfavorable en primera instancia. No obstante, ello, en el mes de marzo de 2018 aprueba el referido Examen con nota 5.5, para el Título Profesional previamente indicado.

Que, una vez aprobado el examen, don nombre reservado comienza los trámites de certificación de título mediante los medios disponibles por la Universidad, siendo estos, por vía electrónica o a través de requerimiento personal en la Sede; todas y cada una de las solicitudes con resultados infructuosos por existir mora en el pago de aranceles.

Luego, añade que, la recurrida ha tenido siempre un actuar evasivo ante el requerimiento del recurrente de autos, por tanto, una conducta permanente, limitándose siempre ha derivarlo a la denominada “Dirección de Finanzas” y a la empresa externa de cobranzas.

Hace presente que, ha cumplido con todos los requisitos curriculares de acuerdo con el Plan de Estudios de la Carrera de Ingeniería de Ejecución en Administración, mención Administración Pública quedando de manifiesto un ejercicio ilegitimo de derechos por parte de la Universidad quien confunde los deberes y obligaciones en el marco contractual de prestación de servicios con las propias prerrogativas que le asisten al recurrido por el alcance de los objetivos propuestos en el referido Plan.

Sostiene que la conducta arbitraria de la recurrida ha impedido ejercer su profesión en propiedad y sobre la base de ello, se ha visto imposibilitado de postular a los concursos internos como asimismo participar de los sistemas de movilidad funcionaria en la institución pública a la cual pertenece, coartando sus derechos de mejorar su condición desde el estamento administrativo para con el profesional, viendo con todo, postergadas las opciones para generar mejoras remuneracionales que permitan el pago de las deudas contraídas con la Universidad.

Que, la actitud condicionante de la recurrida en cuanto establecer barreras que impiden la entrega del título, genera perjuicios y agravios en la persona del recurrente de autos, configurándose indubitablemente transgresión a los numerales 2 y 24 del artículo 19 de la Constitución Política de la República.

Finalmente, pide se tenga por interpuesto el recurso de protección en contra de la UNIVERSIDAD DE LOS LAGOS, representada legalmente por don nombre reservado, o quien lo subrogue o reemplace, ambos ya individualizados, y, en mérito de lo expuesto se sirva declararlo admisible, someterlo a tramitación, y en definitiva, previo informe de la recurrida, se sirva acogerlos, declarando que el actuar descrito resulta ilegal y arbitrario y, en consecuencia, se ordene a la recurrida la entrega inmediata del certificado de Titulo y Titulo correspondiente o en plazo que S.S.I disponga, restableciendo el derecho transgredido; por vulneración, perturbación y amenaza de las garantías establecidas en el artículo 19 N° 2 y N° 24 de la Constitución Política de la República, todo ello con expresa condena en costas.

2°.- Que, al informar el recurso la abogada doña MARÍA CECILIA VARELA BUSTOS, en representación de la UNIVERSIDAD DE LOS LAGOS, refiere que la Universidad de Los Lagos es una institución de educación superior del Estado de Chile creada por la ley 19.238 y regida por su Estatuto Orgánico contenido en el DFL N°1 de 1994 del Ministerio de Educación Pública, el que dispone en su artículo 3 que para el cumplimiento y promoción de sus fines y objetivos, y en virtud de ésta se prestó el servicio educativo al señor nombre reservado, permitiendo que éste se titulara de la carrera de Ingeniería en ejecución en Administración mención en Administración Pública.

Añade, además, que la norma le permite a la Universidad a fijar y exigir los aranceles de sus carreras y programas, así como los impuestos universitarios para los trámites de titulación de las mismas, se dispone que los alumnos que realicen el trámite de titulación, finalizado su respectivo plan de estudios, rendido satisfactoriamente su examen de título pagarán los valores allí indicados, correspondiendo a título profesional la suma total de $191.000. También, habilita a la Universidad a dictar normativa interna relativa a su estructura, procesos y procedimientos que regulan su quehacer institucional, las que son obligatorias para las distintas sedes y campus, sus funcionarios, académicos, estudiantes y egresados. La que se tradujo en la dictación del Decreto Universitario N°1863, de 2013, de la Universidad de Los Lagos, sobre Adecuación de estructura organizacional académica- administrativa, que establece que la Oficina de Títulos y Grados le corresponde la tramitación y el otorgamiento de los títulos y grados académicos otorgados por la Universidad, específicamente realizar los trámites administrativos de acuerdo a las disposiciones legales y reglamentarias para el otorgamiento de los Documentos Oficiales por estudios cursados en la Universidad.

Dice que a su vez, el Decreto Universitario N°1815, de 2018, de la Universidad de Los Lagos, que aprueba Reglamento General de Estudios de Pregrado, dispone en su Título XII del Otorgamiento de Diplomas y Certificados de Estudios que la Unidad de Títulos y Grados revisará el contenido del Expediente, a la luz de los planes de estudio y sus reglamentos vigentes, y elaborará el Acta de Título correspondiente, en la que se consignará la fecha del otorgamiento del título y el número de registro correspondiente. En general, todo egresado que requiera su certificado de título debe solicitarlo a la Oficina de Títulos y Grados y cancelar el monto que corresponde a los impuestos universitarios fijados para tales efectos, independiente de la deuda que mantenga el exestudiante por concepto de arancel de su carrera o programa, pudiendo en todo momento repactar la deuda morosa en caso que así lo desee.

Expone que, en el caso particular del recurrente, éste cursó la carrera de Ingeniería en ejecución en Administración mención en Administración Pública en la sede Santiago, rindiendo y aprobando su examen de título en el año 2018, en virtud de la Resolución de Solicitud Académica N°157, de 7 de mayo de 2018, que autorizó la rendición del referido examen. En septiembre de 2021, el señor nombre reservado se comunicó con la Coordinadora Académica de la Sede Santiago, doña nombre reservado, para consultar por la forma de obtener su título, procediendo ella a darle los datos de contacto del encargado de la unidad de Secretaría de Estudios y de la encargada de títulos, señora nombre reservado, ambos de la sede Santiago. Posteriormente, el primero de ellos, señor nombre reservado, le pide su rut para poder orientarlo mejor. En ambas oportunidades, no existe comunicación alguna que dé cuenta que se le esté condicionando la tramitación del certificado de título al pago de la deuda morosa, tal como puede en los correos electrónicos que el propio recurrente acompaño a su recurso.

Añade que, en agosto de 2022, el señor nombre reservado escribe a la Universidad manifestando su intención de ver el tema de la deuda que tiene con la Universidad, a lo que se le responde que su deuda se encuentra en la empresa externa de cobranza. En el mismo mes de agosto, la empresa de cobranza le remite un correo electrónico donde se le informa el detalle de su deuda en mora, constando en el asunto que dicha comunicación corresponde al Aviso 5 Informa deuda en mora y gastos de cobranza, no existiendo mención alguna a la tramitación del título del recurrente. Consultada la situación del trámite del título del señor nombre reservado a la Oficina de Títulos y Grados de la Universidad en la Casa Central y a la sede Santiago, se pudo constatar que el recurrente nunca se ha comunicado con la unidad encargada de la tramitación de títulos y su respectivos certificados, ni ha cancelado los impuestos universitarios correspondientes al trámite en cuestión de conformidad con los Decretos Universitarios que fijan los valores, tal como consta en correos electrónicos de fecha 25 de octubre y 2 de noviembre de 2022.

En consecuencia, dice, si el recurrente no ha solicitado la tramitación de su título ni pagado los impuestos universitarios, difícilmente puede entenderse que el señor nombre reservado ha realizado todas las gestiones necesarias para que se le entregue su certificado de título, y no existiendo requerimiento formal y efectivo, difícilmente la Universidad de Los Lagos ha podido condicionar dicha entrega al pago de una deuda morosa, por lo que no ha podido incurrir en acto ilegal y arbitrario alguno en contra del recurrente, siendo improcedente el recurso de protección.

Finalmente, pide tener por evacuado el informe requerido dentro del plazo y, con el mérito del proceso, se rechace el recurso de protección interpuesto por el señor nombre reservado en contra de la Universidad de Los Lagos, con expresa condenación en costas.

3°.- Que, para analizar el asunto planteado por la presente vía, resulta conveniente consignar, que el recurso de Protección de Garantías Constitucionales establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye, jurídicamente, una acción, destinada a amparar el legítimo ejercicio de las garantías y derechos preexistentes que en esa misma disposición se enumeran, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben tomar ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que priva, amenace ese atributo.

4º.- Que, como se desprende de lo señalado precedentemente, es requisito indispensable de la acción de protección, la existencia de un acto u omisión ilegal, esto es, contrario a la ley, o arbitrario, producto del mero capricho de quién incurre en él, y que provoque algunas de las situaciones o efectos que se han indicado, afectando a una o más de las garantías -preexistentes- protegidas, consideración que resulta básica para el examen y la decisión de cualquier recurso como el que se ha interpuesto.

5º.- Que, cabe reflexionar, a la luz de lo recién expuesto, que esta acción de cautela de derechos constitucionales constituye una vía destinada a dar protección respecto de garantías cuya existencia se encuentre indubitada.

6°.- Que, para resolver el asunto en examen corresponde recordar que el artículo 1º de la Ley N°21.091 sobre educación superior, prescribe: “La educación superior es un derecho, cuya provisión debe estar al alcance de todas las personas, de acuerdo a sus capacidades y méritos, sin discriminaciones arbitrarias, para que puedan desarrollar sus talentos; asimismo, debe servir al interés general de la sociedad y se ejerce conforme a la Constitución, la ley y los tratados internacionales ratificados por Chile y que se encuentren vigentes”.

De la lectura de la norma transcrita se puede apreciar con claridad que, aun materializándose a través de un vínculo contractual, las potestades de las instituciones de educación superior en el desarrollo de prestaciones de servicios educacionales encuentran como límite el irrestricto respeto a los derechos fundamentales de los educandos, según lo prescrito en la Carta Fundamental y en los instrumentos internacionales sobre la materia. Por ello, es dable concluir que, en esta especial relación jurídica, la mera vulneración de derechos fundamentales de los alumnos conlleva la inherente ilegalidad de la conducta.

7°.- Que, en la especie, tal vulneración de derechos derivaría de la negativa de la Universidad para otorgar el título universitario de Ingeniero de Ejecución en Administración mención Administración Pública, como consecuencia exclusiva de la existencia de obligaciones de dinero adeudadas por el recurrente a la Universidad recurrida.

Por su parte, la recurrida sostiene que no ha condicionado la entrega del título al pago de la deuda y que en Agosto de 2022 recibió un correo del recurrente preguntando por la deuda, a lo que se le dio respuesta, pero no ha solicitado formalmente la entrega del título.

8°.- Que efectivamente, el primer correo acompañado a la causa es del recurrente a la Universidad, de 10 de agosto de 2022, preguntando por el tema de su deuda para los efectos de obtener el título, informándosele que la deuda estaba en cobranza, pero no existe una negativa formal a la entrega del título por parte de la Universidad, ya que en comunicaciones posteriores sólo le informan que debe abrir un expediente de titulación y pagar el impuesto correspondiente.

9°.- Que, en consecuencia, y dado que no se ha acreditado por el recurrente que haya presentado su expediente de titulación, con los documentos correspondientes y pago de los derechos correspondientes a ello, y no estando acreditada la negativa de la Universidad a su tramitación, no se divisa una actuación arbitraria o ilegal de parte de la recurrida.

10°.- Que, sin perjuicio de lo anterior, y dado el tiempo transcurrido desde la primera presentación del recurrente, cuyo objetivo es la obtención de su título, se ordena a la recurrida dar la mayor celeridad a la presentación que deberá efectuar el recurrente para la obtención de su título, sin que para ello sea exigible el pago de la deuda que éste tenga con la Universidad, la que puede ser cobrada por la vía ordinaria.

Por lo expuesto, y de conformidad además con lo que dispone el artículo 20 de la Constitución Política de la República y el Auto Acordado de esta Corte sobre la materia, se rechaza, sin costas, el recurso de protección deducido por don nombre reservado, en representación de don nombre reservado en contra de la Universidad de Los Lagos.

Sin perjuicio de lo anterior, la Universidad deberá otorgar el grado académico sin considerar la morosidad que mantiene vigente el actor, debiendo permitirle a éste completar su proceso de titulación, una vez que formalice su solicitud.

Notifíquese.

En su oportunidad, dese cumplimiento al numeral 14 del Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre tramitación y fallo del Recurso de Protección, regístrese y, hecho, archívese.

Redacción a cargo del Abogado Integrante señor Gumercindo Quezada Blanco.

No firma el ministro señor Arcos, no obstante haber concurrido a la vista de la causa y al acuerdo, por encontrarse ausente haciendo uso de permiso.

ROL 5086-2022-PROTECCION