Protección contra Ilustre Municipalidad de Chillán

Chillán, uno de agosto de dos mil veinticinco.

Vistos:

1°.- Comparece el Directorio Comunal de Chillán del Colegio de Profesores A.G, legalmente representados por don nombre reservado, nombre reservado, nombre reservado, Herex nombre reservado, y nombre reservado, interponiendo acción de protección en contra de la Ilustre Municipalidad de Chillán, representada legalmente por nombre reservado.

Exponen que el directorio nacional del Colegio de Profesores de Chile convocó a un nuevo paro nacional, el cual tendrá una duración de 48 horas y que reunirá a docentes de Valparaíso con el objetivo de marchar hasta las afueras del Congreso Nacional para hacer valer sus inquietudes, así las cosas, se ha masificado una carta, en la cual el Colegio de Profesores busca que se avance en la denominada “agenda corta”, detallando en su escrito los puntos concretos sobre los cuales esperan respuesta. Así las cosas, el 28 de mayo del año en curso se remite al jede de DAEM, don nombre reservado, tal convocatoria por medio de WhatsApp, y que posteriormente los días 29 y 30 de mayo se sostuvieron comunicaciones telefónicas con el referido a fin de acordar las horas que se recuperarían, llegando al acuerdo que se realizarían a fin de año y que no se haría descuento por las horas en paro.

Continúa indicando que posteriormente el 2 de junio, se informa en reunión con delegados gremiales las convocatorias a realizarse los días 4 y 5 de junio, y que el 7 de junio del año en curso, don nombre reservado, le envía a don nombre reservado, antes individualizado, el oficio E93773/2025 de la Contralora General, relativo al paro, y posteriormente complementado por el oficio E93887/2025, los cuales cita en su parte pertinente, y destacando que se harían efectivos los respectivos descuentos de remuneraciones que procedan.

Señala que el 11 de junio de 2025, en reunión con directivos del DAEM y directivos del Colegio de Profesores de la comuna de Chillán informan que “Se les envió una orden de Contraloría donde no pueden no descontar”, quedando claro que se descontaría según las horas de clases que le correspondía cada docente en su establecimiento municipal, los días 4 y 5 de junio. Para posteriormente el 13 de junio en reunión con directores de establecimientos educacionales municipales y directorios de DAEM, se les informa que se les descontará los dos días, alegando que es lo que les resulta más práctico puesto que no tendrían que realizar la búsqueda de horarios de los docentes y la correspondiente constatación para los días 4 y 5 de junio, resultándoles más cómodo descontar 2 días de los 30 de cada mes, sin tener la seguridad si el docente se encontraba efectivamente o no en el establecimiento educacional, así las cosas el 16 de junio se les hace llegar por parte del DAEM a los directores, una planilla para ingresar a los docentes que fueron a paro, otorgándoles como plazo hasta el 19 del mismo mes.

En cuanto al derecho, estiman vulnerado el derecho a la justa retribución, consagrado en el artículo 19 N°16 de la Constitución Política de la República, en base a los antecedentes ya expuestos, alegando, asimismo, la arbitrariedad de los oficios E93773/2025 y E93887/2025, sosteniendo que tienen mayor valor jurídico los dictámenes que un oficio, es en ese sentido que argumentan el hecho de que existen dictámenes de la Contraloría General de la República, los cuales están vigentes al momento de realizarse el paro de los docentes y que regulan tal situación mencionando a modo de ejemplo los dictámenes N° 521122/2009, 91879/2015, 2247/2016, 91155/2014.

En cuanto al derecho a huelga y lo establecido en el artículo 19 N°16, inciso 5, de la Constitución Política de la República, esgrimen que la Contralora General de la República, omitió que existe una ley que establece los procedimientos para determinar las corporaciones o empresas cuyos trabajadores están sometidos a la prohibición establecida en tal inciso, no encontrándose dentro de aquellas los establecimientos educacionales, puesto que no se consideran como servicio esencial de utilidad pública cuya paralización cause grave daño a la salud, la economía del país, al abastecimiento de la población o a la seguridad nacional. Agregando que derecho a huelga se encuentra reconocido por el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de la ONU, destacando que la OIT ha estimado que el derecho a huelga es un derecho fundamental de los trabajadores, citando jurisprudencia de la Excma. Corte Suprema.

Finaliza señalando que, la recurrida actúa de forma arbitraria al determinar el descuento por dos días, a raíz del paro de profesores, existiendo previamente un acuerdo entre el jefe del DAEM y el Presidente del Colegio de Profesores de Chillán, el cual se guio por los innumerables dictámenes de la Contraloría General de la República, aún vigentes, en donde se permite la recuperación de clases en cumplimiento de las horas asignadas, careciendo de facultades para ordenar la rebaja de los estipendios, vulnerando lo dispuesto en el artículo 19N°16 antes mencionado.

2°.- Que informa la abogada Alejandra Jiménez Constanzo, en representación de la Ilustre Municipalidad de Chillán, alegando en primer término la inadmisibilidad del recurso, por no cumplimiento de requisitos formales, señala que se requiere de la existencia de un derecho claro e indubitados, lo cual no se desprende de la fundamentación esgrimida por los recurrentes, además el asunto discutido en autos, excede con creces la finalidad y objetivo específico y determinado que tiene esta acción cautelar, argumentando que la misma recurrente reconoce que existió adhesión y paralización de actividades los días 4 y 5 de junio, materia que es de lato conocimiento, siendo objeto de un procedimiento ordinario laboral en los términos del artículo 420 del Código del Trabajo, citando al respecto jurisprudencia de la Excma. Corte Suprema.

En cuanto al fondo indica que, la Contraloría General de la República, mediante Oficios E93773/2025 y E93887/2025 instruye a los municipios, a raíz del paro de profesores de fecha 04 y 05 de junio de 2025, informar sobre las medidas que se tomaron a consecuencia de dicha paralización de actividades, indicando además que se transgreden los artículo 3, 5 y 28 de la ley N° 18.575, toda vez que, las entidades que forman parte de la Administración del Estado se encuentran obligadas a cumplir los principios de continuidad del servicio público; de eficiencia y eficacia, lo que implica satisfacer las necesidades colectivas en forma regular y continua, como también velar por la eficiente e idónea administración de los medios públicos y por el debido cumplimiento de la función pública, y que mediante el dictamen N° 52.122, de 2009, de Contraloría, se ha precisado que la ausencia de los servidores públicos de sus labores por adherir voluntariamente a una paralización irregular de actividades implica necesariamente el descuento a sus remuneraciones del valor del tiempo no trabajado, por cuanto esa situación no configura causal que justifique la inasistencia.

Hace presente en cuanto al Oficio E93887/2025, que complementa el Oficio N° 93773/2025, que Contraloría se ha referido que, en conformidad al ordenamiento jurídico, el personal docente está obligado a cumplir la jornada de trabajo fijada en su designación o contratación, encontrándose facultado para dejar de laborar sólo cuando haga uso de sus feriados, licencias médicas o permisos administrativos, entendiéndose su ausencia justificada en las situaciones en que se vean impedidos de desempeñar el cargo por concurrir caso fortuito o fuerza mayor, por lo que toda paralización de actividades vulnera el artículo 19 N°16, inciso quinto, de la Constitución Política de la República, no pudiendo declararse en huelga los funcionarios del Estado ni de las municipalidades.

En conformidad a lo expuesto y tal como lo señala el dictamen N° E23910, de 2025, en aplicación de la reiterada y uniforme jurisprudencia de esa entidad Contralora, la ausencia de los profesionales de la educación de sus labores, por adherir voluntariamente a una paralización ilegal de actividades, conlleva necesariamente el descuento en sus remuneraciones del valor del tiempo no trabajado, por cuanto esa situación no configura ninguna causal que justifique su inasistencia, ni hace excepción al principio retributivo, y que tal como lo consigna Contraloría en el dictamen N° 7.207, de 2007, los descuentos de las remuneraciones por ausencias injustificadas constituyen deducciones ordenadas por la ley, la cual prohíbe percibir remuneración por el tiempo no trabajado, es por este motivo y que en cumplimiento de lo instruido por Contraloría, que la Dirección de Educación se encuentra obligada a descontar los días no trabajados por los docentes, adheridos al referido paro.

Señala que en conformidad a lo expuesto, se solicitó a los directores de los establecimientos que informen, mediante un planilla, los datos de los docentes que efectivamente se adhirieron y no ejercieron su funciones correspondientes, destacando que aún no existe decreto alcaldicio que disponga efectivamente el descuento, y que en cuanto al cálculo del descuento, éste deberá ser hecho en días y no en horas, puesto que según el portal Carrera Docente, las inasistencias por paro deben registrarse como ausencias no justificadas en días completos.

Indica que de los argumentos presentados, se desprende que no existe vulneración del derecho invocado por la recurrente, toda vez que el descuento procede por no haber ejercido su función principal y adherirse de forma ilegal a un paro, en circunstancias que la paralización de actividades está prohibida para los docentes del sistema municipal.

Respecto a los oficios mencionados por la recurrente indica que, debe hacerse presente que ellos no establecen una directriz en ordena a realizar descuentos, sino que solicitan que se informe a este órgano de control las medidas adoptadas para dar continuidad al servicio durante la paralización, y aquellas que han dispuesto para hacer efectivos los respectivos descuentos de remuneraciones que procedan, y que por su parte el oficio E98887/2025, que complementa el E93773/2025, realiza un análisis de la jurisprudencia administrativa que emana del mismo órgano contralor, y que tal como se menciona anteriormente, la ausencia de los profesionales de la educación de sus labores, por adherir voluntariamente a una paralización ilegal de actividades, conlleva necesariamente el descuento en sus remuneraciones del valor del tiempo no trabajado.

Por último, respecto al derecho a huelga, hace presente que no es necesario hacer mención a la ley 20.940, puesto que si bien los establecimientos educacionales no están en la referida lista que prohíbe las huelgas, dicha prohibición existe expresamente para los docentes de los establecimientos educacionales municipales, puesto que estos son funcionarios de la Municipalidad respectiva, los cuales se financian con fondos públicos según se desprende del decreto con fuerza de ley N° 2, de 1998, del MINEDUC, sobre subvención del Estado a establecimientos educacionales, por tanto los docentes están afectos a la prohibición que establece el artículo 19 N° 16 de la Constitución.

Finaliza solicitando tener por evacuado el informe requerido, y que en definitiva, se deseche el recurso de protección interpuesto, con costas.

3º.- Que para analizar el asunto planteado por la presente vía, resulta conveniente consignar que el recurso de Protección de Garantías Constitucionales, establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye jurídicamente una acción, destinada a amparar el legítimo ejercicio de las garantías y derechos preexistentes que en esa misma disposición se enumeran, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben tomar ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que prive, perturbe o amenace ese atributo.

4º.- Que, como se desprende de lo señalado precedentemente, es requisito indispensable de la acción de protección, la existencia de un acto u omisión ilegal, esto es, contrario a la ley, o arbitrario, producto del mero capricho de quién incurre en él, y que provoque algunas de las situaciones o efectos que se han indicado, afectando a una o más de las garantías -preexistentes- protegidas, consideración ésta que resulta básica para el examen y la decisión de cualquier recurso como el que se ha interpuesto.

5º.- Que, cabe reflexionar, a la luz de lo recién expuesto, que ésta acción de cautela de derechos constitucionales constituye una vía destinada a dar protección respecto de garantías cuya existencia se encuentre indubitada.

6°.- Que, en primer término, es menester dejar anotado que el recurso se ha enderezado en contra la Municipalidad de Chillán, en su calidad de empleadora de los docentes recurrentes, sin que se haya ejercido acción respecto de Contraloría General de la República.

7°.- Que en cuanto a la alegación que efectúa la parte recurrida en estrados, referente a la improcedencia de la acción cautelar por no constituir esta una de carácter popular, debe ser rechazada en atención a que la agrupación gremial recurrente acciona a nombre de quienes se verán afectados por los descuentos a sus remuneraciones, quienes si bien no son individualizados, se trata en todo caso de un colectivo determinable y afectado por una medida que consideran ilegal y arbitraria.

8°.- Que el hecho denunciado como vulnerador de garantías constitucionales en el libelo consiste en la practica de descuentos de remuneración a los docentes que participaron de las movilizaciones del gremio llevadas a cabo los días 4 y 5 de junio pasado, cuestión que ha sido instruida a las Municipalidades, entre ellas la recurrida, por el ente contralor, quien ha oficiado pidiendo información respecto de las medidas tomadas, en particular, el descuento de remuneración por la ausencia de los docentes adheridos al paro.

Que, para la recurrida, las instrucciones impartidas por Contraloría General de la República tienen carácter de obligatorias, sin que pueda cuestionarse o negarse la práctica de ellas.

En este entendido, el acto cuestionado en el presente arbitrio no surge unilateralmente de una decisión de la recurrida, sino que es consecuencia de una instrucción impartida por quien tiene la facultad de impartir instrucciones acerca de como interpretar y aplicar la normativa, en este caso, la Ley 18.575, motivo que resulta suficiente para rechazar la acción incoada.

9°.- Que, a mayor abundamiento, la Carta Fundamental, restringe el derecho a huelga de los funcionarios Municipales, razón por la que sumarse a la convocatoria de movilización que tuvo lugar los días 4 y 5 de junio pasado, no constituye un motivo de ausencia justificada, resultando procedente, como lo ha señalado la Contraloría en sus últimos dictámenes, el descuento de los periodos no trabajados.

En efecto, dicha prohibición, establecida en el artículo 19, Nº 16, inciso final, de la Constitución, no es, sino que la manifestación del principio de continuidad del servicio; principio basal del Derecho Administrativo, conforme a éste, los órganos de la Administración deben atender el interés general que la ley les ha encomendado, que importa satisfacer necesidades colectivas, en forma regular y continua.

10°.- Que, en cuanto a si el descuento instruido por el ente Contralor, esto es dos días de remuneración, debiera ajustarse únicamente a las horas de jornada en que se produjo la ausencia, tal materia no puede ser dilucidada por medio de la presente acción extraordinaria de carácter cautelar por cuanto ésta no constituye una instancia de declaración de derechos, sino de protección de aquéllos que, siendo preexistentes e indubitados, se encuentren afectados por alguna acción u omisión ilegal o arbitraria y por ende en situación de ser amparados, motivo por el cual el presente recurso no podrá prosperar, sin perjuicio de otras acciones que pudieren corresponder a los actores.

Por estas consideraciones y visto lo dispuesto en los artículos 19 y 20 de la Constitución Política de la República y en el Auto Acordado de la Excelentísima Corte Suprema sobre Tramitación del Recurso de Protección de Garantías Constitucionales, se rechaza, sin costas, el deducido por el Directorio Comunal de Chillán del Colegio de Profesores A.G. en contra de la Ilustre Municipalidad de Chillan.

Notifíquese.

En su oportunidad, dese cumplimiento al numeral 14 del Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre Tramitación sobre tramitación y fallo del Recurso de Protección.

Regístrese y, hecho, archívese.

Redacción a cargo del Ministro Sr. Guillermo Arcos Salinas.

No firma el Abogado Integrante señor Baltazar Guajardo Carrasco, no obstante haber concurrido a la vista de la causa y al acuerdo, por no haber integrado el día de hoy.

ROL N°505-2025 -PROTECCIÓN