RADIO INTERACTIVA Y CARIVISION LTDA con SUBSECRETARÍA DE TRANSPORTES - MINISTERIO DE TRANSPORTES Y TELEC

Chillán, ocho de septiembre de dos mil veintiséis.

VISTO.

1°.- Que comparece el abogado don Juan Carlos Baeza Guevara a nombre y en favor de Sociedad de Radio y Televisión Carivisión Limitada, interponiendo acción constitucional de protección en contra de la Tesorería General de la República y subsidiariamente o solidariamente en contra del Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones.

Que, en cuanto a los antecedentes de hecho, la recurrente expone que con fecha 22 de abril de 2026 solicitó a través del formulario 22, una devolución de $ 2.713.586, la cual fue debidamente autorizada por el Servicio de Impuestos Internos el 6 de mayo de 2026.

Sin embargo, el 15 de mayo del mismo año, Tesorería General de la República aplicó un descuento sobre el monto autorizado por un total de $2.604.622 a título de compensación por una eventual deuda que tendría con dicho organismo.

En otro orden de ideas, explica que la recurrente paga por concepto de espectro radial un impuesto que determina año a año el Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones, el que se cancela a través del formulario 20.

Señala que, para el año 2025, los recurridos, actuando de manera ilegal y arbitraria, proceden a cobrar el doble de dichos emolumentos. Situación que se evidencia a través de dos avisos de recibo de Tesorería de fecha 31 de diciembre de 2025, que correspondían al pago del periodo 2025 por la suma de $ 1.443.692.-, y el cobro indebido realizado a través del aviso de recibo de tesorería por la suma de $ 2.524.375.- Explica que la recurrente procedió al pago normal de la primera suma, como lo hacía todos los años, pero que, respecto del segundo, Tesorería General de la República, actuando de manera ilegal y arbitraria, procede a descontar dicha suma de la devolución de impuestos correspondiente a la renta que ya había sido autorizada por el Servicio de Impuestos Internos.

Respecto el acto recurrido, se hace presente que la recurrente ejerce hace años el rubro comercial que da origen a este impuesto, por lo que maneja las fechas de pagos, los montos y los motivos de dichos impuestos, por lo que le sorprendió que haya ocurrido esta situación y que no haya sido resuelta por ninguna de las instituciones intervinientes. Asimismo, señala que tampoco fue informada previamente de dicha situación, la que sólo conoció al producirse el descuento de la devolución, ya autorizada en su favor.

Enfatiza que la Tesorería General de la República no se encuentra facultada a compensar deudas que provengan de obligaciones erróneamente duplicadas, como tampoco a retener sumas de las cuales sea acreedora, a título de excedentes de operaciones de devolución de impuestos para compensar deudas fiscales, al ser una facultad expresamente regulada en nuestro ordenamiento jurídico, que no aplica al caso de marras.

A continuación, refiere que con la actuación arbitraria y/o ilegal recurrida se está vulnerando los derechos y garantías constitucionales consagrados en favor de la recurrente contenidos en el artículo 19 Nº2 Igualdad ante la ley; Nº3 igual protección de la ley, en el ejercicio de los derechos; Nº 20 la igual repartición de los tributos en proporción a las rentas o en la progresión o forma que fije la ley; Nº 22 ganó (sic.) discriminación, arbitraria del trato que deben dar el Estado y sus organismos en materia económica; Nº24 el derecho de propiedad en sus diversas especies sobre toda clase de bienes corporales o incorporales de la Constitución Política de la República.

Finaliza su presentación solicitando que se acoja el recurso interpuesto, se declare que se ha incurrido en una actuación arbitraria e ilegal con causa en los hechos denunciados y se deje sin efecto la retención y posterior compensación de un monto de hasta $2.604.622, debiendo ser la referida suma restituida inmediatamente por la recurrida al recurrente, dentro de tercero día, con los reajustes e intereses legales que procedan, así como cualquier otra medida para restablecer el imperio del derecho y asegurar la debida protección del recurrente, con expresa condenación de costas.

2°.- Que evacúa informe don nombre reservado, Director Regional Tesorero de Ñuble, solicitando su rechazo con costas.

Expone que de la simple lectura de los hechos se puede concluir que la recurrente pretende realizar alegaciones que deben ser vistas en otras instancias – como lo son las alegaciones de fondo – en una acción constitucional que debe basarse en derechos indubitados e integrados sin discusión al patrimonio de la afectada.

Por lo demás, hace presente que el acto de la Tesorería no es ilegal, ya que la compensación tributaria es una potestad legal expresa consagrada en el DFL N° 178 de 1981 y en el artículo 51 del Código Tributario. Siendo un mecanismo automático, la compensación opera por el ministerio de la ley una vez que coexisten obligaciones recíprocas líquidas y exigibles entre el Estado y el contribuyente. No requiere de una fase previa de negociación bilateral ni de un juicio ejecutivo para materializarse.

En otro orden de ideas, señala que tampoco existe arbitrariedad, toda vez que la actuación de su representada se basa en antecedentes técnicos de la Subtel. Detalla que, al momento de la operación, existía en los sistemas de la TGR una deuda cargada y válida: al existir un título de cobro emanado de la autoridad técnica competente, la TGR está obligada legalmente a ejecutar la recaudación y compensación, actuar de otro modo constituiría un notable abandono de sus deberes de recaudación fiscal.

Por último, reitera que la presente acción resulta inadecuada para determinar si un cobro técnico está duplicado, requiriendo, como vías idóneas, un procedimiento administrativo de rectificación ante la Subtel o un reclamo de giros. Así las cosas, no se podrá configurar ninguna transgresión a los numerales 2, 3, 20, 22 y 24 del artículo 19 de la Constitución.

En cuanto al derecho de propiedad, el dinero fue retenido para extinguir una deuda registrada en el sistema fiscal bajo un acto administrativo que goza de presunción de legalidad. Y en cuanto a la igualdad ante la ley, se aplicó a la recurrente exactamente el mismo procedimiento automatizado de compensación que rige para la totalidad de los contribuyentes del país que presentan saldos deudores pendientes.

3°.- Que, con fecha catorce de agosto de dos mil veintiséis y en mérito de lo obrado en autos, se hace efectivo el apercibimiento decretado y se procede a prescindir del informe solicitado a la recurrida Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones.

4°.- Que, el mismo día de la vista del recurso esta Corte decreta como medida para mejor resolver lo siguiente: “Ofíciese al Secretario Ministerial de Transporte y Telecomunicaciones de Ñuble a fin de que informe en el plazo de 48 horas si la recurrente, Sociedad de Radio y Televisión Carivisión Limitada, Rut RUT reservado; pagó el formulario 20 correspondiente al año 2025 y la fecha en que ello ocurrió y en el evento de no haber ocurrido informe si se ordenó a Tesorería General de la República la retención del mismo”.

5°.- Que, a folio 25, con fecha 1 de septiembre de 2026, se recepcionó oficio de la subsecretaria de Telecomunicaciones dando cumplimiento a la medida decretada.

Informando que, de acuerdo al artículo 31 de la Ley N° 18.168, General de Telecomunicaciones los concesionarios, permisionarios y titulares de licencias de servicios de telecomunicaciones que utilicen el espectro radioeléctrico y que requieran de dichas autorizaciones para operar de acuerdo con lo establecido en los artículos 8° y 9° de la misma Ley y los de la Ley N° 18.838, que crea el Consejo Nacional de Televisión, están –salvo excepciones expresamente contempladas a nivel de ley- afectos al pago de los derechos que se señalan en los siguientes artículos de la ley 18.168, los que son a beneficio fiscal.

El valor de los derechos de utilización del espectro radioeléctrico está regulado en el artículo 32 de la Ley, dependiendo de diversos factores (tipo de servicio, frecuencia, potencia, número de transmisores, etc.) y el detalle de su cálculo y liquidación está establecido en el Decreto Supremo N° 281 de 2001, del Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones, que Aprueba Reglamento que Fija Procedimientos de Cálculo para el Cobro de los Derechos por Utilización del Espectro Radioeléctrico (en adelante, el “Reglamento”).

Precisa que en relación a los referidos derechos, lo que corresponde a la Subsecretaría es el giro anual de los mismos a través de la emisión del Formulario 20 (o folio 20), que se comunica a la Tesorería General de la República (en adelante, “la Tesorería”), mientras que el cobro de los derechos ya girados, así como el ejercicio de las facultades de cobro ejecutivo, condonación de los mismos, celebración de convenios de pago u otras que reconozca la legislación tributaria, corresponden íntegra y exclusivamente a la Tesorería.

Agrega que, la sociedad recurrente, Radio y Televisión Carivisión Limitada, es titular de veinticinco (25) concesiones de radiodifusión sonora y una (1) de radiodifusión televisiva que individualizan en una tabla incorporada en el oficio.

Con relación a lo específicamente solicitado por la medida decretada informan que durante el año 2025 se emitieron a la recurrente dos folios con relación a los derechos por la utilización del espectro: 1) Folio N° 1057864, emitido el 11 de diciembre de 2025 por un monto de 36,3 UTM y fecha de vencimiento el 31 de diciembre del mismo mes, correspondiente al servicio de radiodifusión sonora, el que aparece pagado con fecha 13 de mayo 2025 (sic). A este Folio correspondería el CID 12260101172225123102014917, por la suma de $2.524.375, del periodo 2025, a que hace referencia el recurrente en su libelo. 2) Folio N° 1058373, emitido el 11 de diciembre de 2025 por un monto de 20,76 UTM y fecha de vencimiento el 31 de diciembre del mismo mes, correspondiente al servicio de radiodifusión televisiva, el que fue pagado con fecha 30 de diciembre de 2025. A este Folio correspondería el CID 12260101172325123102014310, por la suma de $1.443.692, del periodo 2025, a que hace referencia el recurrente en su libelo.

Agrega que los Folios anteriores no corresponden a duplicaciones erróneas o indebidas del Ministerio o la Subsecretaría, sino al giro que efectivamente corresponde efectuar por los derechos devengados en el año 2025 por cada una de las concesiones, de radiodifusión sonora y de radiodifusión de televisión de libre recepción, de que es titular la recurrente.

Por otra parte, cabe hacer presente que el sistema de consulta de pagos de Tesorería no les arroja si el pago se concretó por la vía de pago voluntario del contribuyente recurrente, retención u otro medio alternativo.

Finalmente, precisa que la Subsecretaría no ordenó a Tesorería la retención de monto adeudado alguno, ya que, como se indicó, dicha facultad corresponde exclusivamente a dicho organismo, careciendo su parte de competencias en la materia.

6°.- Que, para analizar el asunto planteado por la presente vía, resulta conveniente consignar que el recurso de Protección de Garantías Constitucionales, establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye jurídicamente una acción, destinada a amparar el legítimo ejercicio de las garantías y derechos preexistentes que en esa misma disposición se enumeran, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben tomar ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que priva, o amenace ese atributo.

7°.- Que, es requisito indispensable de la acción de protección, la existencia de un acto u omisión ilegal, esto es, contrario a la ley, o arbitrario, producto del mero capricho de quién incurre en él, y que provoque algunas de las situaciones o efectos que se han indicado, afectando a una o más de las garantías -preexistentes- protegidas, consideración que resulta básica para el examen y la decisión de cualquier recurso como el que se ha interpuesto.

8°.- Que, cabe reflexionar, a la luz de lo recién expuesto, que esta acción de cautela de derechos constitucionales constituye una vía destinada a dar protección respecto de garantías cuya existencia se encuentre indubitada.

9°.- Que la recurrente fundamenta su recurso en que anualmente paga por concepto de espectro radial un impuesto que determina el Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones, el que se cancela a través del formulario 20, y el año 2025, los recurridos, actuando de manera ilegal y arbitraria, proceden a cobrar el doble de dichos emolumentos, a través de dos avisos de recibo de Tesorería de fecha 31 de diciembre de 2025, que correspondían al pago del periodo 2025 por la suma de $ 1.443.692.-, y el cobro indebido realizado a través del aviso de recibo de tesorería por la suma de $ 2.524.375.- Explica que la recurrente procedió al pago normal de la primera suma, como lo hacía todos los años, pero que, respecto del segundo, Tesorería General de la República, actuando de manera ilegal y arbitraria, procede a descontar dicha suma de la devolución de impuestos correspondiente a la renta, que ya había sido autorizada por el Servicio de Impuestos Internos, no encontrándose la Tesorería facultada a compensar deudas que provengan de obligaciones erróneamente duplicadas.

Que por su parte la Tesorería sostiene que su actuación se basa en antecedentes técnicos de la Subtel y detalla que, al momento de la operación, existía en los sistemas de la TGR una deuda cargada y válida.

Por otro lado, la Subsecretaria de Telecomunicaciones informa que durante el año 2025 se emitieron a la recurrente dos folios con relación a los derechos por la utilización del espectro: Folio 1057864 emitido el 11 de diciembre de 2025 por $ 2.524.375, que aparece pagado el 13 de mayo de 2025(sic) y Folio 1058373, emitido el 11 de diciembre de 2025 por $ 1.443.692, pagado el 30 de diciembre de 2025.

Agrega los folios anteriores no corresponden a duplicaciones erróneas o indebidas del Ministerio o la Subsecretaría, sino al giro que efectivamente corresponde efectuar por los derechos devengados en el año 2025 por cada una de las concesiones, de radiodifusión sonora y de radiodifusión de televisión de libre recepción, de que es titular la recurrente. Hace presente que el sistema de consulta de pagos de Tesorería nos arroja el estado de pago pero sin indicar si ello se concretó por la vía de pago voluntario del contribuyente recurrente, retención u otro medio alternativo.

10°.- Que conforme al artículo 6° del Estatuto Orgánico del Servicio de Tesorería “se autoriza al Tesorero General de la República para compensar deudas de contribuyentes con créditos de éstos contra el Fisco, cuando los documentos respectivos estén en la Tesorería en condiciones de ser pagados, extinguiéndose las obligaciones hasta la concurrencia de la de menor valor.”

11°.- Que, de lo precedentemente expuesto, es posible advertir que no se está frente a derechos indubitados que autoricen el ejercicio de esta vía cautelar de urgencia de derechos fundamentales, la que requiere precisamente de la existencia de éstos para poder prosperar; por cuanto los hechos materia del recurso se encuentran negados por la recurrida y controvertidos por todas las partes, no existiendo elementos de convicción claros que demuestren la efectividad de la versión de alguna de las mismas.

En efecto lo sostenido por la parte recurrente es que existe una duplicación de cobros en el año 2025, lo que es negado por la Subsecretaría de Telecomunicaciones y la Tesorería señala que procedió a la retención de la devolución de impuestos por existir en sus sistemas una deuda cargada y válida.

Que de acuerdo con lo anterior, se aprecia que la discusión en orden a si ha existido o no una duplicación en el cobro del tributo mencionado debe ser ventilado mediante el ejercicio de las acciones correspondientes.

12°.- Que, a consecuencia de lo razonado precedentemente, no es posible establecer la existencia de actos ilegales o arbitrarios de parte de los recurridos, ya que no está acreditado el supuesto básico de los hechos denunciados, esto es, la duplicación de cobros, sino que, por el contrario, se encuentran controvertidos, por lo que no estamos en presencia de un derecho indubitado por parte del recurrente, lo que lleva n necesariamente a desestimar el recurso interpuesto.

Por estas consideraciones y atendido, además, lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre tramitación y fallo del recurso de protección, se RECHAZA, sin costas, el recurso de protección interpuesto por don Juan Carlos Baeza Guevara a favor de Sociedad de Radio y Televisión Carivisión Limitada, en contra de la Tesorería General de la República y el Ministerio de Transporte y Telecomunicaciones.

Notifíquese.

En su oportunidad, dese cumplimiento al numeral 14 del Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre tramitación y fallo del Recurso de Protección, regístrese y, hecho, archívese.

Redacción a cargo del Ministro Sr. Guillermo Arcos, quien no firma por encontrarse ausente en comisión de servicios.

No firma el abogado integrante Cristian Coloma Fuentes, no obstante haber concurrido a la vista y al acuerdo, por no haber integrado sala el día de hoy.

Rol N° 504-2026 PROTECCIÓN.