nombre reservado con nombre reservado

Chillán, diecisiete de octubre de dos mil veintidós.

Resolviendo lo pendiente del escrito de folio 10: no ha lugar al oficio solicitado.

Vistos:

1°.- Que, comparece el abogado don Remberto Valdés Hueche, en representación de doña nombre reservado, quien interpone acción constitucional de protección en contra de doña nombre reservado, por el acto ilegal y arbitrario de la recurrida consistente en la destrucción del cerco existente en el predio de su representada e instalación en su lugar de un portón fuertemente cerrado.

Funda su recurso en que el día jueves 4 agosto, aproximadamente las 9.00 horas, dos personas destruyeron el cerco propiedad de su representada que marca el deslinde de la Parcela N°31 del proyecto de Parcelación “nombre reservado”, el cual es parte del Fundo Santa nombre reservado, sector Chillingüe, comuna de Coihueco, con el callejón denominado nombre reservado y una vez destruido el cerco, instalaron un portón en su lugar, el cual cerraron con cadena y candado. Al consultársele los motivos de su accionar, respondieron que lo hacían por encargo de doña nombre reservado, quien ratificó lo dicho, señalando que, efectivamente, ella había ordenado la destrucción del cerco existente y el reemplazo por un portón fuertemente cerrado, porque tenía derecho sobre ese sector del predio.

Afirma que la recurrente ha sufrido una perturbación al legítimo ejercicio de los derechos y garantías constitucionales garantizadas, especialmente causado por la alteración del status quo existente, por medio de la autotutela en los actos de la recurrida, lo cual implica una transgresión al derecho de igualdad en la protección ante la ley, previsto en el artículo 19 N°3 inciso cuarto y 24 de nuestra Carta Fundamental, pues su representada es dueña de su derecho real de usufructo sobre el inmueble.

Finalmente, pide que esta Corte acoja el presente recurso ordenando, como medida para restablecer el imperio del derecho, que la recurrida desarme y derribe en forma inmediata el portón levantado en forma arbitraria e ilegal, que impide el acceso y libre tránsito por el inmueble de cuyo usufructo es propietaria la recurrente, dentro del plazo de 5 días desde que quede firme y ejecutoriada la resolución que lo ordene; y que se abstengan de realizar cualquier nuevo acto tendiente a realizar obras de todo tipo y naturaleza en el predio de su representada y que se condene a la recurrida al pago de las costas de la causa.

2°.- Que, al informar doña nombre reservado, luego de resumir el recurso interpuesto en su contra, destaca que consta en el informe de Carabineros que obra en autos, que los cercos fueron sacados “del predio de la requerida”, es decir, de su madre.

Explica que con fecha 19 de septiembre de 2022 la recurrente, destruyó el cerco de su madre, atribuyéndose facultades de imperio que no tiene, de lo cual se efectuó la pertinente denuncia en la Subcomisaría de Carabineros de Coihueco, al que se le asignó el número de parte N° 829.

Agrega que no es primera vez que la recurrente, junto a su hermano, cometen este tipo de actos de destrozo en la propiedad aprovechándose de que su madre es de avanzada edad; que con fecha 19 de noviembre de 2018, y ante la sorpresa de llegar a su terreno y encontrarse que terceras personas habían ingresado dos máquinas, se pidió la presencia de notario público quien levantó acta de la veracidad de los hechos y se dejó la respectiva constancia ante Carabineros de la Subcomisaría de Coihueco; que posterior a ello la recurrente sacó sus máquinas, pero sin dejar de realizar destrozos, pues con fecha 04 de febrero de 2019, procedió a destrozar el cerco que divide la propiedad de su madre con la de ella y sacó un letrero que se había instalado en el lugar que decía “propiedad privada”. Su madre, nombre reservado, realizó una denuncia por daños en contra de la recurrente de autos, ya que había destruido el deslinde poniente de la propiedad, con la finalidad de unir el terreno de ella (y su familia) con el de su madre, al que se le asignó en el RUC 2000663668-4, investigación que actualmente se encuentra archivada.

Señala que la única dueña de la Hijuela número Cinco, que comprende el Lote B cinco de la división de la propiedad ubicada en Culenar, comuna de Coihueco, es su madre; que dicha propiedad tiene una superficie de uno coma ocho mil trescientas setenta y cinco hectáreas, y cuyos deslindes son: Norte, con lote B cuatro de la misma propiedad que nace de la subdivisión; Este, con nombre reservado separado por camino vecinal; Sur, con lote B seis de la misma propiedad, que nace de la subdivisión; y Oeste, con nombre reservado. Su propiedad se encuentra inscrita en el Registro de Propiedad del Conservador de Bienes Raíces de Chillán, a fojas 3989 vuelta, número 3091 del año 1998, y amparada bajo el Rol de avalúo del Servicio de impuestos internos N° 96-112, de la comuna de Coihueco; que ella como hija de la recurrida es quien se encarga de las labores de limpieza y mantención de la propiedad y de administrar todos los bienes de su madre, en virtud de un mandato general; que entre las partes han tenido innumerables altercados a lo largo del último tiempo, existiendo denuncias, constancias y demás problemas Afirma que el status quo que se ha mantenido es el dominio y posesión de la Sra. nombre reservado, obviamente no libre de perturbaciones, pero es ella quien mantiene la propiedad cercada, limpia, sembrada, lo que es concordante con el informe policial que obra en autos, en donde se reconoce, que el cerco está en el predio de “la requerida” y es quien tiene la llave de acceso al predio, lo que también constituye presunción de posesión; que no existe, por ende, de su parte una perturbación en el legítimo ejercicio de los derechos de la parte recurrente, pues el portón al que alude la recurrente en su recurso efectivamente fue instalado, pero en ningún caso este está edificado sobre la propiedad de la recurrente y tampoco su construcción fue con ocasión de destrozo como lo señala en su recurso, pues dicho portón delimita la propiedad.

Detalla que la propiedad la adquirió por adjudicación en partición y liquidación de comunidad, mediante escritura pública, otorgada ante el Notario de Chillán don nombre reservado, de fecha 08 de mayo de 1998; que el título originario fue otorgado por prescripción especial conforme a las normas del D.L. 2.695 de 1979, a través de Resolución del Ministerio de Bienes Nacionales, de la Región del Bio Bío, de fecha 10 de noviembre de 1986, inscrito en el conservador de Bienes Raíces de Chillán a nombre de “nombre reservado, Luis Aurelio, José Bernardino, Rosa Amalia, Angela Domitila, Patricio, José, Serafín, nombre reservado y nombre reservado y nombre reservado”, a fojas 1512, número 2781, del Registro de Propiedad del Conservador de Bienes Raíces de Chillán correspondiente al año 1986. Indica que posterior a ello se practicó una subdivisión a fin de adjudicar a cada uno de los comuneros un lote.

Sostiene que los cercos aludidos fueron puestos dentro de los límites de su propiedad, conforme lo prevé el artículo 582 del Código Civil, por lo que no se configura autotutela alguna, desde que no se afectó los derechos de la recurrente.

Respecto al derecho de usufructo alegado por la recurrente, señala que de la inscripción que se encuentra acompañada en autos se desprende que el supuesto derecho de usufructo lo habría adquirido de don nombre reservado, en virtud de contrato suscrito por escritura pública el día 26 de septiembre de 2007; sin embargo, ésta persona no era dueña del inmueble, sobre el cual constituyó usufructo, pues la propietaria de la porción de terreno sobre el cual recae el supuesto usufructo es su madre, doña nombre reservado.

Añade que desde que su madre es dueña han transcurrido 24 años de dominio exclusivo, aún antes ella era propietaria en comunidad desde el año 1986 y hasta el día de hoy ejerce posesión, y es dueña sin que nadie le haya controvertido a la fecha su derecho. Por lo tanto, el dominio se encuentra consolidado a favor de su madre, por lo tanto, la recurrente no tiene derecho de propiedad sobre un derecho de usufructo que nunca llegó a adquirir. Y, en todo caso, lo que pretende discutir por medio del recurso de protección, es un asunto que debe conocerse y fallarse en un juicio de lato conocimiento, por la naturaleza de la discusión que se plantea, no siendo el recurso de autos la vía idónea para conocer estas materias.

Finalmente pide que se tenga por evacuado el informe, y en la oportunidad procesal correspondiente, rechazar el recurso de protección, condenando en costas a la recurrente.

3°.- Que, informa Carabineros de Chile que se constituyó en calle nombre reservado sin número, comuna de Coihueco, levantando acta de la diligencia, la cual señala que el funcionario policial “(…) logra apreciar en dicho predio en el costado poniente el cual colinda con el terreno del denunciante se verifica que se encontraba en el lugar una cerca de 02 metros de ancho al parecer con alambres de púas la cual fue sacada de su base, manteniendo el resto del predio cerrado en su totalidad...”

4°.- Que, para analizar el asunto planteado por la presente vía, resulta conveniente consignar que el recurso de Protección de Garantías Constitucionales, establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye jurídicamente una acción, destinada a amparar el legítimo ejercicio de las garantías y derechos preexistentes que en esa misma disposición se enumeran, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben tomar ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que priva, o amenace ese atributo.

5°.- Que, es requisito indispensable de la acción de protección, la existencia de un acto u omisión ilegal, esto es, contrario a la ley, o arbitrario, producto del mero capricho de quién incurre en él, y que provoque algunas de las situaciones o efectos que se han indicado, afectando a una o más de las garantías -preexistentes- protegidas, consideración que resulta básica para el examen y la decisión de cualquier recurso como el que se ha interpuesto.

6°.- Que, cabe reflexionar, a la luz de lo recién expuesto, que ésta acción de cautela de derechos constitucionales constituye una vía destinada a dar protección respecto de garantías cuya existencia se encuentre indubitada.

7°.- Que, se denuncia por la actora la actuación ilegal y arbitraria de la recurrida, al destruir un cerco de deslinde del inmueble de la primera y el levantamiento de uno nuevo con un portón, al que se le puso candado y se encuentra cerrado e impide el tránsito por el lugar, lo cual constituye una actuación de autotutela y afecta el derecho de propiedad de la recurrente.

8°.- Que la recurrida descarta la vulneración que se alega y sostiene que no se ha alterado el estado de cosas, puesto que el predio pertenece a su madre, atribuyendo la destrucción del cerco a la recurrente, situación que -afirma- se ha repetido en diversas ocasiones, a raíz de que la actora y su familia reclaman derechos que no tienen sobre el terreno. Reconoce la instalación de un cerco en el deslinde del predio de su madre, el que posee desde hace años. Sostiene además que el recurso de protección no es la vía para dirimir el conflicto planteado, por lo que pide su rechazo.

9°.- Que, de acuerdo con los antecedentes que se han incorporado, no ha sido posible dar por acreditada una actuación ilegal o arbitraria ejecutada por la recurrida, que pueda calificarse como vulneradora de las garantías constitucionales de la actora y que sea susceptible de ser subsanada por esta vía, puesto que, no ha resultado acreditado el hecho fundante del recurso, en cuanto a la destrucción de un cerco y el levantamiento de uno nuevo que limite las facultades que el derecho de usufructo le otorga a la actora. En efecto, de acuerdo a lo expresado por las partes y documentos acompañados, aparece que existe un claro conflicto jurídico en torno a los derechos que cada uno reclama sobre los inmuebles, no pudiendo determinarse en esta sede cautelar, primero la vigencia de las inscripciones en las que asilan los derechos que reclaman y, segundo, el límite de ellos en el terreno, que permita decidir si con la instalación o existencia del cerco y portón que se aprecia en las fotografías acompañadas, se vulnera algún derecho indubitado, puesto que esto, justamente, ha sido y está siendo discutido ante el 2° Juzgado Civil de esta ciudad, Rol N° 634-2018, como fuera señalado en estrados por el abogado de la recurrente.

10°.- Que, la controversia anotada no puede definirse en esta sede cautelar que solo tiene por objeto dar resguardo urgente a derechos indubitados frente a actuaciones u omisiones ilegales y arbitrarias de terceros, lo que, en definitiva, excluye la declaración de derechos controvertidos. Por ello, esta no es la vía idónea para la decisión que se pretende, sino, aquella contenciosa que corresponda, donde sea posible aportar las probanzas en apoyo de las posiciones que cada parte sostiene, todo lo cual lleva que la acción incoada deba ser desestimada.

Por estas consideraciones y de conformidad, además, con lo previsto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre Tramitación del Recurso de Protección de Garantías Constitucionales, se rechaza, sin costas el interpuesto por el abogado don Remberto Valdés Hueche a favor de doña nombre reservado, en contra de doña nombre reservado.

Notifíquese.

En su oportunidad, dese cumplimiento al numeral 14 del Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre tramitación y fallo del Recurso de Protección.

Redacción a cargo de la Ministra Érica Pezoa Gallegos.

No firma la ministra señora Gallardo, no obstante haber concurrido a la vista de la causa y al acuerdo, por encontrarse ausente haciendo uso de feriado.

Rol N° 5003-2022- PROTECCIÓN