Protección contra Ilustre Municipalidad de Pinto

Chillán, nueve de julio de dos mil veintiséis.

Visto:

1º.- Que, comparece doña nombre reservado, cédula de identidad N° RUT reservado, interponiendo acción de protección de garantías constitucionales en contra de la Ilustre Municipalidad de Pinto, representada legalmente por su Alcalde, don Jairo Alexis Del nombre reservado, por el acto que califica de ilegal y arbitrario consistente en la dictación del Decreto Alcaldicio N° 183 de fecha 31 de marzo de 2026, que declaró su salud incompatible con el desempeño del cargo y dispuso la vacancia del mismo, y su posterior confirmación mediante el Decreto Alcaldicio N° 111 de fecha 7 de mayo de 2026, que rechazó el respectivo recurso de reposición.

Expone, como antecedentes de hecho, que ingresó a prestar servicios desempeñándose como Auxiliar de Servicio del CESFAM de la comuna de Pinto, contando con 21 años de trayectoria en la institución. Refiere que, producto de complejas contingencias de salud originadas por una coxartrosis bilateral severa, debió hacer uso de licencias médicas acumulando un total de 722 días en los últimos dos años, iniciando además un proceso de invalidez previsional en el año 2022 ante su AFP. Añade que la Municipalidad requirió la evaluación de la Comisión de Medicina Preventiva e Invalidez (COMPIN), entidad que, mediante Resolución Folio N° 20157970 de fecha 11 de marzo de 2026, dictaminó que su estado de salud es recuperable. Denuncia que, pese a lo anterior y a encontrarse con licencias médicas vigentes, el municipio dictó los decretos impugnados. Asimismo, acusa falta de debida notificación de la resolución de su recurso de reposición.

En cuanto al derecho, sostiene que la resolución carece de motivación y fundamentación, constituyendo una falta de proporcionalidad, un abuso de potestades y una desviación de poder al truncar su proceso de seguridad social. Estima que dicho actuar conculca sus garantías constitucionales consagradas en el artículo 19 N° 1, N° 2, N° 18 y N° 24 de la Constitución Política de la República, esto es, el derecho a la vida e integridad física y psíquica, la igualdad ante la ley, el derecho a la seguridad social y el derecho de propiedad.

Termina pidiendo que se acoja el recurso, se dejen sin efecto los actos recurridos y se ordene su reincorporación inmediata a sus funciones, con el pago íntegro de sus remuneraciones y costas.

2º.- Que, informa el abogado don Misael Sepúlveda Castillo, en representación de la Ilustre Municipalidad de Pinto, solicitando el rechazo de la acción de protección en todas sus partes.

En relación con los antecedentes fácticos, expone que la Administración constató que la recurrente hizo uso de 722 días de licencia médica durante los últimos dos años, superando ampliamente el margen legal, lo que representa un ausentismo del 98,8% en dicho período. Indica que, en cumplimiento de la normativa vigente, se requirió previamente el pronunciamiento de la COMPIN, la cual determinó que la salud de la funcionaria era recuperable.

Respecto de los fundamentos de derecho, afirma que el Alcalde actuó dentro de sus competencias exclusivas conferidas por el artículo 48 letra g) de la Ley N° 19.378, en concordancia con los artículos 147 y 148 de la Ley N° 18.883. Argumenta, apoyado en jurisprudencia de la Contraloría General de la República (Dictamen N° E527522 de 14 de agosto de 2024) y de la Excelentísima Corte Suprema, que la declaración de salud recuperable por parte de la COMPIN no constituye un impedimento para que el jefe superior del servicio ejerza su potestad de declarar la vacancia por ausentismo prolongado. Sostiene que la decisión fue adoptada en observancia del principio de servicialidad, velando por la continuidad y eficiencia en la prestación de los servicios de salud municipal a la comunidad, y que el acto se encuentra debidamente fundamentado y ajustado a derecho.

Termina pidiendo que se tenga por evacuado el informe y se rechace la acción de protección interpuesta, con costas.

3º.- Que, para analizar el asunto planteado por la presente vía, resulta conveniente consignar que el recurso de Protección de Garantías Constitucionales, establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye jurídicamente una acción, destinada a amparar el legítimo ejercicio de las garantías y derechos preexistentes que en esa misma disposición se enumeran, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben tomar ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que priva, o amenace ese atributo.

4°.- Que, es requisito indispensable de la acción de protección, la existencia de un acto u omisión ilegal, esto es, contrario a la ley, o arbitrario, producto del mero capricho de quién incurre en él, y que provoque algunas de las situaciones o efectos que se han indicado, afectando a una o más de las garantías -preexistentes- protegidas, consideración que resulta básica para el examen y la decisión de cualquier recurso como el que se ha interpuesto.

5°.- Que, cabe reflexionar, a la luz de lo recién expuesto, que esta acción de cautela de derechos constitucionales constituye una vía destinada a dar protección respecto de garantías cuya existencia se encuentre indubitada.

6°.- Que el artículo 144 de la Ley 18.883, sobre Estatuto Administrativo para Funcionarios Municipales, establece las causales por las cuales un funcionario cesa en el cargo, entre las que se encuentra la declaración de vacancia; y el artículo 147 letra a) señala que procede la declaración de vacancia por salud irrecuperable o incompatible con el desempeño del cargo.

Por su parte, el artículo 148 del mismo cuerpo legal prescribe: “El alcalde podrá considerar como salud incompatible con el desempeño del cargo, haber hecho uso de licencia médica en un lapso continuo o discontinuo superior a seis meses en los últimos dos años, sin mediar declaración de salud irrecuperable.”

No se considerará para el cómputo de los seis meses señalado en el inciso anterior, las licencias otorgadas en los casos a que se refiere el artículo 115 de este Estatuto y el Título II, del Libro II, del Código del Trabajo.

“El alcalde, para ejercer la facultad señalada en el inciso primero, deberá requerir previamente a la Comisión de Medicina Preventiva e Invalidez la evaluación del funcionario respecto a la condición de irrecuperabilidad de su salud y que no le permite desempeñar el cargo.”

A su turno, el artículo 149 establece que: “Si se hubiere declarado irrecuperable la salud de un funcionario, éste deberá retirarse de la municipalidad dentro del plazo de seis meses, contado desde la fecha en que se le notifique la resolución por la cual se declare su irrecuperabilidad. Si transcurrido este plazo el empleado no se retirare, procederá la declaración de vacancia del cargo. A contar de la fecha de la notificación y durante el referido plazo de seis meses el funcionario no estará obligado a trabajar y gozará de todas las remuneraciones correspondientes a su empleo, las que serán de cargo del empleador.”

7º.- Que las normas transcritas en el motivo precedente distinguen entre la declaración de vacancia por salud irrecuperable, y aquella dispuesta por salud incompatible con el desempeño del cargo.

En efecto, la declaración de vacancia por salud irrecuperable sólo puede fundamentarse en un antecedente médico que así lo establezca, emitido por el órgano técnico establecido al efecto, y que, eventualmente, habilita al funcionario para solicitar su jubilación anticipada por invalidez, permitiéndose, excepcionalmente, una vez notificada la resolución de irrecuperabilidad, que se pague al funcionario sus remuneraciones durante seis meses, sin necesidad de presentar licencia médica ni de desempeñar sus funciones, lapso tras el cual se procederá a declarar la vacancia del cargo, salvo retiro o jubilación anticipada del funcionario.

En cambio, la declaración de vacancia por salud incompatible con el desempeño del cargo, no otorga ninguno de los beneficios antes mencionados, pues ella se dispone “sin mediar declaración de salud irrecuperable” o, lo que es lo mismo, cuando la autoridad técnica establece que su salud es recuperable. En este punto, importa señalar que la incompatibilidad con el desempeño del cargo se traduce en el hecho de que, salvo excepciones legales, cualquiera sea la enfermedad que padezca el funcionario, y a pesar de ser recuperable, su condición médica resulta incompatible con el desempeño de la función pública, al no permitirle ejercer su cargo por más de seis meses dentro de un lapso de dos años.

8°.- Que, en otro orden de ideas, no se divisa o advierte la arbitrariedad que se reprocha, toda vez que el acto impugnado se sustenta en elementos objetivos y verificables, a saber: el requerimiento previo de evaluación formulado a la Comisión de Medicina Preventiva e Invalidez, en cumplimiento de lo dispuesto en el inciso tercero del artículo 148 de la Ley 18.883; la Resolución de Evaluación Folio N° 20157970, de 11 de marzo de 2026, que calificó la salud de la funcionaria como recuperable, descartando con ello su irrecuperabilidad; y la circunstancia acreditada y no controvertida de haber hecho uso de licencias médicas por 722 días en los últimos veinticuatro meses, lapso que excede con creces los seis meses que exige la norma, sin que conste ni se haya alegado que se trate de licencias excluidas del cómputo conforme al inciso segundo del citado artículo 148.

Además, el Decreto Alcaldicio N° 183, de 31 de marzo de 2026, y el Decreto Alcaldicio N° 111, de 07 de mayo de 2026, que la recurrente estima ilegales y arbitrarios, explicitan el marco normativo que habilita la decisión, el presupuesto fáctico en que ella descansa —el uso de licencias médicas por un lapso superior a seis meses en los últimos dos años, sin mediar declaración de salud irrecuperable— y la evaluación previa emitida por el órgano técnico competente, junto con la necesidad de proveer oportunamente el cargo de Auxiliar de Servicio del Departamento de Salud Municipal de Pinto (CESFAM Pinto) para asegurar la continuidad de la atención primaria de salud comunal, satisfaciendo de este modo la exigencia de motivación de los actos administrativos prevista en los artículos 11, inciso segundo, y 41, inciso cuarto, de la Ley N° 19.880.

9°.- Que, a mayor abundamiento, conviene precisar que en virtud del principio de servicialidad, también es deber de los jefes de los servicios velar por la continuidad de la prestación de los mismos para la satisfacción de las necesidades colectivas que justifican su existencia, motivo por el cual, en el presente caso, no mediando abuso o desviación de poder, no es ilegal ni arbitraria la declaración de vacancia de un cargo por salud incompatible de quien lo sirve, a objeto que sea proveído en forma y oportunamente a fin de cumplir con la función pública encomendada.

10°.- Que si bien la modificación introducida por el artículo 64 de la Ley 21.050, de 7 de diciembre de 2017, al artículo 148 de la Ley 18.883 tuvo por objeto establecer la necesidad de solicitar una evaluación a la Comisión de Medicina Preventiva e Invalidez (COMPIN) respecto del estado de salud del funcionario, en cuanto a si esta es recuperable o irrecuperable, ello no importa la derogación de la facultad del alcalde de declarar la vacancia del cargo por salud incompatible con el servicio. Por otra parte, la referida causal de vacancia opera sobre un período ya consolidado y no exige que el funcionario se encuentre con o sin licencia al momento de la dictación del decreto, por cuanto, exige únicamente haber hecho uso de licencia médica en un lapso continuo o discontinuo superior a seis meses en los últimos dos años. Tal es, por lo demás el criterio asentado por la Excma. Corte Suprema en sentencia de 1 de abril de 2026, dictada en causa Rol N° 10.739-2026, conforme al cual la autoridad puede declarar la vacancia del cargo por salud incompatible aun cuando la COMPIN haya calificado el estado de salud del funcionario como recuperable, toda vez que la exigencia de informe previo introducida por la Ley N° 21.050 constituye un antecedente técnico destinado a distinguir entre la salud irrecuperable y la incompatible, sin transformar dicho pronunciamiento en un elemento vinculante que limite la potestad del jefe superior del servicio cuando se configura el presupuesto temporal de la causal; criterio concordante, además, con la jurisprudencia administrativa de la Contraloría General de la República (Dictámenes N° 17.351, de 2018, y N° E188441, de 2022).

11°- Que, en lo que corresponde a la alegación formal deducida por la recurrente consistente en no haber sido notificada de la resolución recaída en su recurso de reposición (Decreto Alcaldicio N° 111 de 7 de mayo de 2026), acusando con ello una vulneración a las normas del debido proceso y la Ley N° 19.880, cabe señalar que la misma ha de ser desestimada. En efecto, del análisis de la prueba documental aparejada por la recurrida al evacuar su informe, consta el acta de notificación personal de fecha 11 de mayo de 2026 a las 15:50 horas, en la cual el Ministro de Fe respectivo dejó constancia expresa que, habiéndose constituido en el domicilio de la actora, ésta se negó a firmar el documento. A mayor abundamiento, frente a dicha negativa, la entidad edilicia despachó con fecha 12 de mayo de 2026 a las 16:31 horas, el acto administrativo correspondiente mediante carta certificada a través de la empresa Correos de Chile, dirigida a la dirección registrada por la funcionaria (domicilio reservado). De este modo, fluye inequívocamente que la Administración Municipal dio estricto cumplimiento a las reglas sobre notificación de los actos administrativos consagradas en los artículos 46 y 47 de la Ley N° 19.880, perfeccionándose debidamente la comunicación del acto, por lo que no se advierte la ilegalidad ni la vulneración a la garantía de igualdad ante la ley o debido proceso denunciada por este concepto.

12°.- Que, conforme a lo expresado en los motivos precedentes, a criterio de esta Corte, el Decreto Alcaldicio N° 183, de 31 de marzo de 2026, y el Decreto Alcaldicio N° 111, de 07 de mayo de 2026, dictados por la Ilustre Municipalidad de Pinto, no son ilegales ni arbitrarios desde que han sido dictados por la autoridad competente, conforme a sus facultades, cumpliéndose los trámites legales y debidamente motivados, sin que se advierta vulneración de las garantías constitucionales invocadas por la recurrente.

Por estas consideraciones y visto además lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y en el Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre la materia, se declara que se rechaza, sin costas, el recurso de protección interpuesto por doña nombre reservado, en contra de la Ilustre Municipalidad de Pinto.

Acordada con el voto en contra del Abogado Integrante Señor Carlos Arzola Burgos, quien fue de parecer de acoger el recurso de protección por los siguientes fundamentos:

1°.- Que, la vigencia ininterrumpida de licencias médicas curativas y el trámite de un proceso de calificación de pensión de invalidez de la actora al momento de su cese resultan ser hechos de la máxima relevancia que determinan la ilegalidad y arbitrariedad de la actuación recurrida, por cuanto evidencian que no se trata de un mero ausentismo injustificado. En efecto, consta en autos que la señora nombre reservado, funcionaria con 21 años de servicio, padece de una patología de carácter grave (Coxartrosis bilateral severa), y que al momento de la dictación y notificación del acto de cese se encontraba haciendo uso continuo de licencias médicas, estando además sometida al proceso de invalidez previsional iniciado en el año 2022. La supuesta necesidad de asegurar la "continuidad del servicio" que esgrime la Administración no puede anteponerse a las garantías del sistema de seguridad social de una funcionaria que se encuentra legítimamente excusada de asistir a su trabajo y en proceso de recuperación técnica.

2°.- Que, en cuanto al dictamen del organismo técnico (COMPIN), previo a la dictación del decreto alcaldicio de vacancia, la recurrida solicitó en conformidad al artículo 148 de la Ley N° 18.883, la evaluación del estado de salud a la Comisión de Medicina Preventiva e Invalidez (COMPIN). Con fecha 11 de marzo de 2026, dicho organismo técnico de carácter especializado emitió la Resolución de Evaluación Folio N° 20157970, mediante la cual resolvió y certificó expresamente que la actora presenta un estado de salud RECUPERABLE. Dicha resolución de la autoridad médica se encuentra firme y consentida por todas las partes, no habiendo sido objeto de impugnación alguna por la Municipalidad recurrida. Con dicho dictamen de la COMPIN, el Alcalde de la Ilustre Municipalidad de Pinto procedió a dictar el Decreto Alcaldicio N° 183 con fecha 31 de marzo de 2026 (confirmado por el Decreto N° 111 de 7 de mayo), notificándolo materialmente mientras la funcionaria se encontraba en pleno reposo médico.

3°.- Que, en opinión de éste disidente, los decretos impugnados a la luz de los antecedentes que obran en autos revisten el carácter de ilegales y arbitrarios, toda vez que infringen la normativa que regula la causal de salud incompatible, ignoran el carácter vinculante de las decisiones de los órganos técnicos especializados del Estado, siendo en consecuencia inmotivados. De acuerdo con el artículo 48 letra g) de la Ley N° 19.378 (Estatuto de Atención Primaria de Salud), los funcionarios de una dotación municipal dejarán de pertenecer a ella por "Salud irrecuperable, o incompatible con el desempeño de su cargo, de conformidad a lo dispuesto en la ley N° 18.883". Por su parte, el artículo 148 de la Ley N° 18.883 prescribe en su inciso tercero (incorporado por el artículo 64 de la Ley N° 21.050) que el Alcalde, para ejercer la facultad de decretar la vacancia por salud incompatible, "deberá requerir previamente a la Comisión de Medicina Preventiva e Invalidez la evaluación del funcionario respecto a la condición de irrecuperabilidad de su salud y que no le permite desempeñar el cargo". Al respecto, el único sentido lógico y alcance de la modificación introducida por la ley 21.050 consiste en la exigencia del pronunciamiento del organismo técnico de la evaluación del funcionario, alejando dicha decisión desvinculatoria de la mera discrecionalidad de la autoridad política. Como señala la doctrina administrativa autorizada, “la ley entrega un espacio de maniobra a la decisión administrativa llamado margen de apreciación y dictamen". La Administración puede asumir diversos comportamientos frente al acaecimiento de unos determinados hechos, surgiendo una distinción entre potestades regladas y potestades discrecionales, y si bien ambas son regladas, los márgenes de apreciación para la potestad discrecional son más amplios en consideración a su facultad de opción y la graduación que se haga dentro de la solución elegida (nombre reservado. Derecho Administrativo General, 2ª Edición, 2011. Pag. 90). Es así que el alcalde podrá declarar la vacancia, pero requiere el pronunciamiento técnico respecto de la incompatibilidad de ejercer el cargo. Admitir que una autoridad edilicia no médica y sin especialización técnica pueda resolver en sentido diametralmente opuesto a la calificación científica del órgano competente vaciaría de todo contenido útil la reforma introducida por la Ley N° 21.050. El trámite del informe previo obligatorio pasaría a ser un mero rito formal, desprovisto de su función garantista.

4°.- Que, en tal sentido, la Excma. Corte Suprema en sentencia Rol N° 7.368-2024 ha razonado de forma categórica: “Quinto: Que, de lo expuesto, fluye que la intención legislativa, al momento de establecerse la obligatoriedad del informe previo de la Compin, fue que un organismo técnico estudiara los antecedentes del funcionario, a fin de determinar si su salud resulta o no recuperable, pronunciamiento que al emanar del órgano técnico competente al efecto, resulta vinculante para el servicio público; y, en este sentido, de declararse que la salud es recuperable, no es posible aplicar en el caso la causal... Sexto: Que, en efecto, y al tenor de lo sostenido por este Tribunal en las causas antes citadas, la anterior es la única interpretación que, por un lado, materializa la intención del legislador y, por otro, permite dar sentido a la dictación de la Ley Nº 21.050, puesto que -de otra forma- aun cuando el organismo técnico hubiere emitido un pronunciamiento, se permitiría que la autoridad administrativa no especializada resolviera en contrario, dejando desprovisto de todo fundamento el establecimiento de un informe obligatorio en relación a la irrecuperabilidad de la salud del funcionario. (...) Octavo: Que (...) la autoridad debe ser especialmente diligente en la fundamentación del ejercicio de una potestad discrecional, lo que no por ello se encuentra exenta, claro está, del control jurisdiccional cuando la misma se ha ejercido al margen de la legalidad o de manera arbitraria (...) lo cierto es que la sola declaración de recuperabilidad de la salud sin evaluación de la compatibilidad con el cargo, determina la interdicción del ejercicio de la facultad concedida al Jefe de Servicio para declarar la vacancia del cargo”.

En el presente caso, la conducta de la recurrida se constituye como una abierta vía de hecho: el alcalde reconoce expresamente en los considerandos que la COMPIN calificó la salud de la funcionaria como "recuperable"; sin embargo, mediante un salto lógico inaceptable, decide apartarse de dicho juicio médico para decretar la vacancia. Con ello, la recurrida actuó al margen de la legalidad estatutaria, adoleciendo el acto impugnado de un vicio de nulidad insanable.

5°.- Que, sumado a lo anterior, la utilización de la potestad legal de vacancia respecto de una funcionaria que se encuentra debidamente excusada de asistir a su lugar de trabajo por gozar de reposo curativo debidamente autorizado y sometida a la evaluación para pensión de invalidez, constituye una desviación de poder. El profesor nombre reservado (nombre reservado. Derecho Administrativo General, 2ª Edición, 2011, pag. 119), señala que "frente a la inexistencia o error en los motivos del acto administrativo, en particular de los motivos de hecho, la resolución adolecerá de un vicio de abuso o exceso de poder y podrá ser tachada de arbitraria". Si la Administración utiliza una potestad legal para un fin distinto de aquel previsto por el legislador, incurre en el vicio de desviación de poder. En este caso, el uso intempestivo de la declaración de vacancia respecto de una persona con 21 años de servicio y patologías graves, interrumpe su legítimo derecho de acogerse a los mecanismos de la Seguridad Social, dejándola sin cobertura y frustrando de paso su proceso de declaración de invalidez ante su AFP. Todo lo anterior, transforma la atribución en carente de racionalidad, afectando de forma directa el derecho a la integridad física y psíquica de la recurrente y su derecho fundamental a la seguridad social, consagrados en el artículo 19 N° 1 y N° 18 de la Constitución Política.

6°.- Que, por estas consideraciones, el disidente es de la opinión de acoger el recurso de protección deducido a favor de doña nombre reservado, dejándose sin efecto el Decreto Alcaldicio N° 183 de 31 de marzo de 2026 y el Decreto Alcaldicio N° 111 de 7 de mayo de 2026 de la Ilustre Municipalidad de Pinto, debiendo disponerse el mantenimiento del vínculo estatutario de la funcionaria, y la continuidad en el pago y tramitación de sus remuneraciones, licencias médicas y beneficios que hubiere dejado de percibir durante el tiempo que duró la separación indebida, permitiendo con ello la normal tramitación de su proceso de salud y seguridad social.

Regístrese, notifíquese y archívese, en su oportunidad.

Redacción del fallo y del voto disidente a cargo del Abogado Integrante Carlos Arzola Burgos, quien no firma por no haber integrado hoy.

R.I.C. 500-2026-Protección.-