nombre reservado con TESORERÍA GENERAL DE LA REPUBLICA DE CHILE

Chillán, dieciséis de febrero de dos mil veintiuno.

Visto:

1°.- Que comparece doña nombre reservado, quien recurre de protección contra el Servicio de Impuestos Internos y contra la Tesorería General de la República, debido a la grave conculcación del artículo 19 N°1 de nuestra Carta fundamental, respecto al derecho a la vida y a la integridad física y psíquica; 19 N° 2, derecho a la igualdad y no discriminación; 19 N° 3, debido proceso y 19 N° 24, en relación a su derecho de propiedad.

Para fundar su acción refiere que en mérito de la entrada en vigencia de la Ley N°21.252, que establece un financiamiento con aporte fiscal para la protección de los ingresos de la clase media, la primera semana del mes de agosto del 2020, ingresó a la página del Servicio de Impuestos Internos para solicitar el aporte fiscal de $500.000, pues, se vio afectada económicamente por la pandemia Covid-19. Asevera que la página web presentaba problemas, inconsistencias y errores numéricos respecto de sus ingresos del año 2019 y del mes de julio del año 2020. Luego, el día 08 de agosto del año 2020, recibió un correo electrónico de parte del Servicio de Impuestos Internos, en el que le señalaban que ella indicó respecto del mes de julio que recibió $0 ingresos, por lo que la petición podría contener información incompleta o con errores, y eventualmente, no cumplir con los requisitos establecidos en la ley para acceder al bono, dándole un plazo para modificar o desistirse de su petición. En dicha misiva se le estaba imputando el error de la cifra que aparecía en el sistema y, como es sabido, esto fue una falla imputable exclusivamente al Servicio de Impuestos Internos.

Agrega que, el 9 de agosto último, presentó un reclamo en la página web del “Servicio de Impuestos Internos”, basándose en las informaciones y aclaraciones que circulaban en los medios informativos oficiales del país, de parte del Ministro de Hacienda, Ignacio Briones, del Director Nacional del Servicio de Impuestos Internos, Fernando Barraza L., y de la Subdirectora de Fiscalización del Servicio de Impuestos Internos, nombre reservado, donde cada uno de ellos, entregaba informaciones diferentes, en especial, la última, que en una entrevista señaló, en palabras simples, que "El monto total tributable es el resultado que se obtiene al restar el sueldo bruto con los descuentos de cotizaciones". En definitiva, los errores y deficiencias tecnológicas que presentaba la página web del Servicio Impuestos Internos y los diferentes comentarios del proceso de postulación que entregaban las autoridades, la llenaron de confusiones, dudas y le imposibilitaron postular oportunamente.

Añade que el 14 de agosto del año pasado, la recurrida, respondiendo su reclamo, le enseña la forma de cálculo de las remuneraciones para acceder al beneficio y cómo encontrar dentro de la página web del Servicio los montos correspondientes a sus remuneraciones. Como esta respuesta no satisfacía su pretensión, ya que no solucionaba el error de sus ingresos del período 2019 y del mes de julio 2020, postuló con la información que aparecía en ese momento en la página web de la recurrida, sin perjuicio que en la especie cumplía con los requisitos contemplados en la Ley N°21.252 en su artículo 4 numeral 1 letra A, en relación al artículo 2 numerales 1, 2 y 3 letra B y artículo 3 numeral 1 letra A y numeral 2 letra B.

A continuación, precisa que con fecha 04 de octubre del año 2020, recibió notificación por correo electrónico del Servicio de Impuestos Internos, indicándole que luego de analizar sus antecedentes no cumplía con los requisitos establecidos en la Ley N°21.252, por lo que debería restituir el monto del Aporte Fiscal (Bono Clase Media) al cual accedió. El 29 de noviembre del año 2020, presentó una petición administrativa donde explicó su situación y argumentó su pretensión, a través del Folio 77320264505, cuya resolución se le notificó el 6 de diciembre del año 2020, la que indicaba nuevamente que no cumplía con los requisitos para obtener el bono, otorgándole como plazo máximo para restituir los montos percibidos el 31/12/2020.

Estima que la recurrida con su actuar ha afectado gravemente sus Derechos Fundamentales en cuanto a su integridad psíquica, perturbación y amenaza a su patrimonio, sintiéndose discriminada arbitrariamente respecto de los demás beneficiarios e incluso hizo un incorrecto uso e interpretación de la norma, ya que aplicó un concepto no contemplado en la ley que es el factor “Monto Total Tributable”, contradiciendo el principio jurídico del derecho público “que se puede hacer todo aquello que la ley expresamente lo permita”, ya que dice relación de un beneficio social por parte del Estado.

Finalmente, pide: 1º Se acoja el recurso de protección interpuesto; 2º Se elimine todo dato o información en el sistema registral, computacional o de otra índole que manejen las recurridas, donde aparezca como deudora del Aporte Fiscal de $500.000, sus reajustes e intereses; 3° Que se le exima de la obligación de devolver y/o reintegrar el Aporte Fiscal de $500.000 que motiva la presente acción constitucional a las cuentas bancarias, arcas fiscales u otros medios que las recurridas utilicen para percibir dineros adeudados; 4° Que se condene en costas a las recurridas, atento a lo temerario de su actuar.

2°. – Que, al informar el Director Regional de la Tesorería Regional de Ñuble, don Javier Enrique Valdés Jiménez, solicita el rechazo de la acción entablada con costas, en consideración a que en el recurso no se expone ninguna actuación ni acto administrativo atribuible al Servicio que amerite un comportamiento arbitrario o ilegal que pueda ser impugnado. Luego, detalla como actuaciones efectuadas por el Servicio relativas a la peticionaria, las siguientes: a. Que, con fecha 21 de agosto de 2020 se realizó pago del bono clase media mediante depósito en Cuenta RUT de Banco Estado a nombre de la actora, por la suma de quinientos mil pesos ($500.000). b. Que, con fecha 24 de septiembre de 2020 se realizó pago del bono clase media mediante depósito en Cuenta RUT de Banco Estado a nombre de la actora, por la suma de doscientos veintisiete mil seiscientos veintiún pesos ($227.621).

3°. - Que al informar don nombre reservado, Director de la Dirección Regional Chillán del Servicio de Impuestos Internos, indica que de acuerdo con la información que se registra en el Sistema Integrado de Cumplimiento Tributario, la recurrente registra inicio de actividades, en segunda categoría, a contar del 24.02.2012, en otras actividades de Servicios Personales. Con fecha 17.08.2020, ingresó la solicitud Folio N°2402889, en la plataforma creada para solicitar el Bono Clase Media o Aporte Fiscal no Reembolsable que establece la Ley N° 21.252, declarando como ingreso del mes de julio 2020, un monto de $490.000, y una disminución de sus ingresos del 40%, por lo que se accedió a lo solicitado, procediendo la Tesorería General de la República, a su entrega.

Con fecha 02.10.2020, y en virtud de nuevos antecedentes que fueron aportados al Servicio por la Superintendencia de Pensiones, la Superintendencia de Seguridad Social y la Administradora de Fondos de Cesantía, se procedió a la revisión de la solicitud de Aporte Fiscal, detectándose una discrepancia entre el monto auto declarado por la recurrente como sueldo tributable durante el mes de julio de 2020, y el monto real calculado a partir de sus cotizaciones previsionales obligatorias. Tal situación le fue informada, mediante carta de aviso remitida por correo electrónico, con fecha 04.10.2020, en la que se le señaló que no cumplía con los requisitos establecidos en la Ley N° 21.252, por lo que debía restituir el monto del Aporte Fiscal al cual había accedido, lo que podía realizar hasta el 30.11.2020, a través del sitio web de la Tesorería General de la República (TGR). Asimismo, se le indicó que “Si Ud. cuenta con antecedentes específicos que demuestren que sí cumple con el requisito ya señalado, tendrá la posibilidad de aportarlos a través de nuestro sistema de Peticiones Administrativas y Otras Solicitudes, seleccionando la materia “Antecedentes Restitución Bono Clase Media”. El día 29.11.2020, la recurrente presentó solicitud Folio N° 77320264505, pidiendo se revisara su situación y se le reconociera la calidad de beneficiario del “Bono Clase Media”, la que, tras el análisis de los antecedentes aportados, fue rechazada con fecha 06.12.2020, pues conforme a la información que posee el Servicio y que fuera también proporcionada por la recurrente, la renta tributable del mes de julio declarada en la respectiva solicitud de bono era errada, por cuanto, ésta correspondía a la suma de $635.853, y no de $490.000, como había informado. Por su parte, el Ingreso Promedio Mensual del año 2019 de la actora, por concepto de remuneraciones o sueldos informados por su empleador a través de la Declaración Jurada 1887 sobre rentas del art. 42 Nº 1 (sueldos), otros componentes de la remuneración y retenciones del Impuesto Único de Segunda Categoría de la Ley de la Renta, debidamente reajustado, era de $814.089. En consecuencia, al comparar el ingreso promedio percibido durante el año 2019, con la remuneración imponible del mes de julio de 2020, se estableció que la disminución para ese período había sido de 21,89%, lo que implicaba que no cumplía el requisito esencial para acceder a este beneficio, consistente en tener una baja de sus ingresos de al menos en un 30%.

Aduce que la presente acción de protección es inadmisible por extemporaneidad, toda vez que del libelo del recurso se aprecia que, la acción interpuesta estaría dirigida en contra del acto que habría rechazado su solicitud Folio N° 77320264505, y que ordenó la restitución del aporte fiscal obtenido por doña nombre reservado. Pero no es la resolución que desechó la petición administrativa interpuesta por la recurrente, la que solicita restituir el Aporte Fiscal indebidamente percibido, sino que es la carta aviso, remitida por correo electrónico con fecha 04.10.2020, la que le informó dicha circunstancia. En consecuencia, el acto que supuestamente conculcaría sus garantías fundamentales sería este último. Es más, en su libelo señala expresamente, que, por medio de la notificación por correo electrónico de fecha 04.10.2020, se habrían afectado las garantías constitucionales que denuncia. Por ello, careciendo la petición administrativa interpuesta por la recurrente de la aptitud para suspender o interrumpir el plazo de 30 días previsto en el artículo 1º, del Auto Acordado, de la Excma. Corte Suprema del año 2015, sobre Tramitación del Recurso de Protección, resulta meridianamente claro que, esta acción ha sido interpuesta en forma extemporánea.

Argumenta a continuación, que el recurso de protección es improcedente, pues, no existe actuar ilegal o arbitrario por parte de su representada ya que la carta aviso remitida a la recurrente, mediante correo electrónico de fecha 04.10.2020, a través de la cual se le comunica que no cumple con los requisitos para acceder al Aporte Fiscal, es una mera invitación para que restituya voluntariamente el beneficio indebidamente percibido, en el marco de las atribuciones que el artículo 13, inciso segundo, de la Ley N° 21.252, en relación con el artículo 33, inciso primero, número ii, del Código Tributario, confiere al Servicio.

Afirma que lejos de constituir una acción de cobro, como se pretende por la recurrente, tenía por objeto informarle de la existencia de un método especial de devolución, que resultaba más beneficioso que aquel establecido en el artículo 12 de la Ley N° 21.252. Además, la Ley N°21.252, otorgó a esa repartición, labores distintas a las habituales y excepcionales, las que además, se enmarcan dentro una situación de contingencia nacional; por lo que su implementación no ha estado ajena a ciertos inconvenientes; sobre todo en relación a la falta de antecedentes con que contaba el Servicio para verificar el cumplimiento de los respectivos requisitos; toda vez que, la información que generalmente se solicita a los contribuyentes y terceros, es para los fines propios de sus facultades de fiscalización.

En cuanto a la situación de la recurrente, sostiene que se pudo verificar que ésta no cumplía con todos los requisitos exigidos por la ley para acceder al Aporte Fiscal, toda vez que, la disminución de sus ingresos fue de un 21,89% y no de un 40% como había declarado, incumpliéndose con ello el requisito del artículo 2º, N°2. Además, según da cuenta la operación de cálculo que transcribe, resulta que el Servicio ha actuado dentro las facultades que le fueron conferidas por la Ley N° 21.252, tanto al realizar la verificación del cumplimiento de los requisitos para el otorgamiento del Aporte Fiscal, como al solicitar la restitución de las sumas que hubieran sido percibidas indebidamente. En consecuencia, no existe arbitrariedad ni ilegalidad alguna en el desempeño de su labor, por el contrario, si no solicitara la restitución de las sumas entregadas a la recurrente, por un beneficio respecto del cual en realidad no cumple con los requisitos legales para obtenerlo, o no exigiera la aclaración de los respectivos antecedentes, implicaría un abandono de deberes por parte de la repartición fiscal, al no ejecutar el mandato señalado en el artículo 12 de la ley en comento, además de implicar una merma injustificada al patrimonio fiscal, que sirve para promover el bien común y satisfacer las necesidades públicas en forma continua y permanente. En este sentido, tales beneficios fueron dispuestos por el Estado para proteger los ingresos de la clase media, de aquellas personas que se han visto afectadas económicamente con motivo de la pandemia que aqueja a nuestro país, y que es financiado con recursos estatales.

Concluye que no existe por parte del organismo que representa un acto ilegal o arbitrario, en los términos expuestos en el artículo 20 de la Constitución Política de la República; por cuanto, ha dado cumplimiento a una labor que la ley puso dentro de la esfera de sus atribuciones, de acuerdo con el marco normativo vigente.

4°.- Que, el llamado recurso de protección se define como una acción cautelar de ciertos derechos fundamentales frente a los menoscabos que se puedan experimentar como consecuencia de acciones u omisiones ilegales o arbitrarias de la autoridad o de particulares.

Son presupuestos de esta acción cautelar:

a) que exista una acción u omisión ilegal o arbitraria;

b) que como consecuencia de la acción u omisión ilegal o arbitraria se prive, perturbe o amenace un derecho; y c) que dicho derecho esté señalado como objeto de tutela en forma taxativa en el artículo 20 de la Constitución Política de la República.

5°.- Que, como se desprende de lo manifestado, es requisito indispensable de la acción de protección, la existencia de un acto u omisión ilegal esto es, contrario a la ley o arbitrario, producto del mero capricho de quien incurre en él y que provoque algunas de las situaciones o efectos que se han indicado, afectando a una o más de las garantías -preexistentes- protegidas, consideración que resulta básica para el análisis y la decisión de cualquier recurso como el que se ha interpuesto.

6°.- Que el artículo 1º del Auto Acordado de la Excelentísima Corte Suprema sobre tramitación del recurso de protección, establece que dicha acción cautelar se interpondrá ante la Corte de Apelaciones en cuya jurisdicción se hubiere cometido el acto o incurrido en la omisión arbitraria o ilegal que ocasionen privación, perturbación o amenaza en el legítimo ejercicio de las garantías constitucionales respectivas, dentro del plazo fatal de treinta días corridos y contados desde la ejecución del acto o la ocurrencia de la omisión o, según la naturaleza de éstos, desde que se haya tenido noticias o conocimiento cierto de los mismos.

7°.- Que, de los antecedentes reunidos en autos, y en miras a resolver la alegación de extemporaneidad formulada por el Servicio de Impuestos Internos, debe precisarse que el acto que se denuncia como ilegal y arbitrario es el correo electrónico de fecha 4 de octubre de 2020, mediante el cual dicho Servicio, le comunicó a doña nombre reservado, que luego de revisar sus antecedentes se verificó que no cumplía con los requisitos establecidos en la Ley N°21.252, por lo que debería restituir el monto del Aporte Fiscal (Bono Clase Media) al cual accedió.

En tal sentido, la recurrente textualmente consigna: “esta respuesta de parte de la recurrida, que me indicaba que no cumplía con los requisitos para recibir el Aporte Fiscal, me afectó gravemente mis Derechos Fundamentales en cuanto a mi integridad psíquica ya que me sumergió en un estrés por la perturbación y amenaza a mi patrimonio y al saber que se me prohibió desde un comienzo acceder a este Aporte Fiscal, aun cuando cumplía con los requisitos; me discriminó arbitrariamente respecto de los demás beneficiarios e incluso hizo un incorrecto uso e interpretación de la norma…”, 8°.- Que, en consecuencia, encontrándose expresamente reconocido por la recurrente que tomó conocimiento el día 4 de octubre de 2020, del requerimiento de devolución del Aporte Fiscal al cual había accedido y, teniendo en especial consideración la circunstancia de haberse deducido la presente acción de cautela de derechos constitucionales con fecha 5 de enero de 2021, fluye que se ha superado con creces el plazo de 30 días establecido en el Auto Acordado sobre Tramitación y Fallo del Recurso de Protección para dicho efecto, razón por la cual la acción debe necesariamente ser rechazada, en razón de haberse interpuesto de manera extemporánea.

9°.- Que, sin perjuicio de lo anterior, el recurso de todas formas debe ser desestimado, por cuanto las actuaciones de las recurridas se han ajustado a derecho y no pueden ser consideradas ilegales o arbitrarias, toda vez que el artículo 2° de la Ley N°21.252, establece que para ser beneficiario del aporte fiscal denominado Bono Clase Media, las personas naturales deben cumplir los siguientes requisitos:

1) Que su promedio mensual de rentas percibidas en el año calendario 2019 sea igual o mayor a $400.000. Para efectos de esta determinación, las rentas se reajustarán según la variación del Índice de Precios al Consumidor entre el último día del mes anterior a su percepción y el último día del mes anterior al primer mes en el que se puede solicitar el beneficio que contempla esta ley, momento en que se verificará este requisito.

2) Que experimenten una disminución de, al menos, un 30%, de su ingreso mensual, determinada según la variación porcentual entre su Ingreso Promedio Mensual y su Ingreso Mensual, de acuerdo a lo contemplado en el artículo 3.

3) Que durante el período en que se puede solicitar el Aporte Fiscal o el beneficio que contempla esta ley, se encuentren en alguna de las siguientes situaciones:

a) Que estén percibiendo las prestaciones de la ley Nº 19.728, o aquellas prestaciones establecidas en otras disposiciones legales que se paguen con cargo a los fondos de dicha ley. Quedarán también comprendidas en esta letra las personas que se mantengan cesantes y hubieren percibido la totalidad de las prestaciones de la ley Nº 19.728 o que se paguen con cargo a los fondos de dicha ley de acuerdo a otra disposición legal;

b) Que perciban rentas del artículo 42 Nº 1 de la Ley sobre Impuesto a la Renta que se hayan visto disminuidas conforme al número 2) anterior y, en caso que corresponda, complementos de remuneración con cargo al seguro de cesantía por un pacto de reducción temporal de la jornada de trabajo conforme a la ley Nº 21.227;

c) Que no estén sujetos al régimen del seguro de cesantía por no haber ejercido la opción indicada en el artículo primero transitorio de la ley Nº 19.728, siempre que no perciban rentas del artículo 42 Nº 1 de la Ley sobre Impuesto a la Renta por encontrarse cesantes, o d) Personas naturales organizadas como empresas individuales, según contempla el inciso segundo del Nº 10 del artículo 2º de la Ley sobre Impuesto a la Renta.

Luego, en el artículo 3, se establece qué debe entenderse para efectos de la aplicación de esta ley, por Ingreso Promedio Mensual e Ingreso Mensual.

10°.- Que, en relación a las atribuciones y obligaciones del Servicio de Impuestos Internos, el artículo 13 de la citada Ley N°21.252, dispone lo siguiente:

“Otórganse al Servicio de Impuestos Internos las atribuciones y facultades para la habilitación de una plataforma para solicitar el beneficio que contempla la presente ley, para la verificación de la procedencia del beneficio y las demás funciones que sean necesarias para su aplicación. Para estos efectos, el Servicio de Impuestos Internos, conforme a las normas del Código Tributario, podrá realizar notificaciones, comunicaciones, interpretar e impartir instrucciones, hacer efectivo lo señalado en el artículo 12 y demás actuaciones que sean pertinentes para cumplir con la finalidad de otorgar y determinar el beneficio que contempla esta ley.

En especial, el Servicio de Impuestos Internos podrá ejercer la facultad establecida en el número ii del inciso primero del artículo 33 del Código Tributario respecto de las devoluciones que corresponda realizar conforme a esta ley, y aplicar al efecto el procedimiento contemplado en el inciso segundo de dicho artículo, sin que sean aplicables las menciones contempladas en los números i a iv del mismo”.

Por su parte, el artículo 33 del Código Tributario, dispone que a fin de evitar el incumplimiento de las obligaciones tributarias, sea por errores del contribuyente o por su conocimiento imperfecto de las disposiciones u obligaciones tributarias, el Servicio podrá, con los antecedentes que obren en su poder, ejecutar las siguientes medidas preventivas y de colaboración: “ii. Enviar una comunicación al contribuyente para efectos meramente informativos si existen diferencias de información o de impuestos de acuerdo con los antecedentes que obren en su poder”.

En cuanto al procedimiento, el inciso segundo prescribe que “Para la realización de dichas actuaciones el Servicio en forma previa deberá realizar un aviso mediante correo electrónico a los contribuyentes que hayan aceptado dicha forma de notificación, o en caso que no la hayan aceptado, mediante publicación en el sitio personal del contribuyente, acompañado de un aviso mediante correo electrónico, en los términos del inciso segundo del artículo 11. Luego de efectuado dicho aviso sin que se haya constatado acción alguna del contribuyente en el plazo que determine el Servicio mediante resolución, el aviso se podrá llevar a cabo por otros medios que resulten expeditos”.

11°.- Que, de acuerdo al mérito de los antecedentes de hecho y de derecho expuestos en los acápites precedentes, se concluye que el Servicio de Impuestos Internos se encontraba legalmente facultado tanto para verificar la procedencia del beneficio solicitado por la recurrente como para requerir la devolución del Aporte Fiscal, al establecer que la señora nombre reservado accedió a este sin cumplir los requisitos para ello, razón por la que el acto impugnado no puede ser tildado de ilegal o arbitrario.

Siguiendo el mismo razonamiento, tampoco pueden ser calificadas como ilegales o arbitrarias las actuaciones de la Tesorería General de la República acreditadas en autos.

Por estas consideraciones y atendido, además, lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre Tramitación y Fallo del Recurso de Protección, se rechaza, sin costas, el recurso interpuesto por doña nombre reservado, contra el Servicio de Impuestos Internos y la Tesorería General de la República.

Notifíquese.

En su oportunidad, dese cumplimiento al numeral 14 del Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre tramitación y fallo del Recurso de Protección, regístrese y, hecho, archívese.

Redacción a cargo de la Ministra señora Paulina Gallardo García.

ROL N° 5-2021-PROTECCIÓN.- 10