nombre reservado con SERVICIO LOCAL DE EDUCACIÓN PUNILLA CORDILLERA

Chillán, veinticuatro de julio de dos mil veinticinco.

Visto:

1°.- Que, comparece el abogado don Juan Antonio Orozco Vera, en favor de doña nombre reservado, interponiendo recurso de protección en contra del Servicio Local de Educación Pública Punilla Cordillera, representada legalmente por su Directora Ejecutiva don nombre reservado, debido a la conculcación de las garantías constitucionales en la dictación de Resolución Exenta N° 852 de fecha 05 de junio del 2025, que resuelve rechazar el recurso de reposición contra Resolución Exenta N° 627 de fecha 13 de mayo del 2025, mediante el cual se puso término a la relación laboral de su representada, por la causal contemplado en el artículo 72 de la ley 19.070.

Expone que respecto de la contratación de su representada esta se materializó mediante Decreto N°209 de fecha 28 de enero de 2020, dictado por el Departamento de Educación de Ñiquén, para desempeñar el cargo de Educadora de Párvulo por un total de 44 horas, en calidad de indefinido a contar del 1 de febrero de 2020. Posteriormente, en virtud de la Ley 21.040 fue traspasada de los Servicios Educativos Municipales al SLEP Punilla Cordillera. Agrega que desde el año 2023 se encuentra en tramitación de validación el título profesional de su representada, sin que exista a la fecha pronunciamiento de rechazo o de reconocimiento por parte de la Universidad de Chile.

Hace presente que respecto del sumario administrativo en contra de su representada este se inicio el 25 de marzo de 2024, por resolución exenta N° 271/2024, el que culmina con el acto administrativo que se impugna por el cual se declara el sobreseimiento de la investigada y se ordena poner fin a su nombramiento conforme el artículo 72 de la Ley 19.070. Indica que se recurrió respecto del acto administrativo ejercitando la acción dispuesta en el artículo 59 de la Ley 19.880, y artículo 10 de la Ley 18.575. Transcribe el tenor literal de los fundamentos del recurso de reposición administrativo interpuesto en contra del acto administrativo, el cual fue desechado por la autoridad por resolución exenta N° 852 de fecha 5 de junio de 2025.

Explica que las ilegalidades y arbitrariedades del acto administrativo se fundan en que la recurrente estaba contratada a plazo indefinido desde febrero de 2020, encontrándose su validación de título profesional en trámite de validación desde el 2023, por lo que a criterio del letrado puede ejercer funciones de docente.

Agrega que la recurrente ha sido discriminada al poner fin a su nombramiento sin señalar la causal de término, haciendo referencia para el término de la relación laboral infracción a las normas de revisión de actos administrativos, aplicación indebida de dictámenes de contraloría e irrogándose atribuciones exclusivas de otra persona jurídica de derecho público, procediéndose con omisión e infracción al reglamento de ejercicio de la función docente.

Sostiene que en el caso de acto administrativo impugnado existe una infracción al artículo 72 de la Ley 19.070, puesto que de las 13 causales descritas para poner término a la función de los docentes del sector público, la resolución exenta N° 627, no hace referencia a ninguna de ellas. Alega que no establece la causal especifica de término cuando éstas tienen un tratamiento distinto en cuanto su aplicación y consecuencias indemnizatorias, así como la forma de cálculo, determina la ilegalidad del acto, cuestión evidente y de la cual se concluye por la sola lectura, lo que de mantenerse genera el perjuicio de mantener el término de la relación laboral por una situación similar a la de un término sin causal legal.

Identifica además en su recurso como normas infringidas al artículo 6° del Decreto con Fuerza de Ley N°3, de 2006, del MINEDUC que fija texto refundido, coordinado y sistematizado del Decreto con Fuerza de Ley N°153, de 1981, del Ministerio de Educación, en relación con el artículo 3 N° 3 y 8 letra a) del Decreto 352 que reglamenta ejercicio de la función docente; artículo 23° transitorio de la Ley 21.040; artículos 11, 37 bis, 41 , 53 y 61 de la Ley 19.880; artículo 2320 del Código Civil; Art. 7 de la Constitución Política de la República y artículo 2 de la ley 18.575.

En cuanto a las garantías constitucionales vulneradas, por el acto impugnado, señala los numerales 2 y 24 del artículo 19 de la Constitución Política de la República.

Termina pidiendo en base a la normas legales que invoca se tenga por presentado recurso de protección en contra del Servicio Local de Educación Pública Punilla Cordillera, representado legalmente por su directora ejecutiva don nombre reservado, y que en definitiva se deje sin efecto Resolución Exenta N° 852 de fecha 05 de junio del 2025 que resuelve rechazar el recurso de reposición contra Resolución Exenta n° 627 de fecha 13 de mayo del 2025, que resuelve poner término a la relación laboral de doña nombre reservado, por la causal contemplado en el artículo 72 de la ley 19.070. Reestableciendo los efectos del nombramiento de su representada. Asimismo, se ordene el reintegro inmediato de la recurrente en sus funciones y el pago de sus remuneraciones y todo beneficio asociado a su nombramiento, por todo el tiempo indebidamente separado de funciones, con los reajustes e intereses legales, sin perjuicio de otras medidas que esta Corte estime pertinentes para restablecer el imperio del derecho, con costas.

2°.- Que, informa el abogado don Iván Ramírez Contreras, en representación del Servicio Local de Educación Pública Punilla Cordillera, solicitando el rechazo de la acción incoada, con costas, ya que no se configuran los presupuestos constitucionales ni legales para su interposición, debiendo ser considerada necesaria y consecuencialmente improcedente al no existir acto u omisión de la autoridad que pueda ser calificado de arbitrario o ilegal, y que, a su vez, atente en contra de alguna de las garantías consagradas en el artículo 19 y protegidas en el artículo 20 de la Constitución Política de la República.

Explica que la ley N°21.040 creo el Servicio Local de Educación Pública Punilla Cordillera, el objeto de los Servicios Locales será proveer, a través de los establecimientos educacionales de su dependencia, el servicio educacional en los niveles y modalidades que corresponda, debiendo orientar su acción de conformidad a los principios de la educación pública establecidos en el artículo 5. Hace presente que el territorio por el cual este servicio local tiene su competencia corresponde a las comunas de Pinto, Coihueco, San Fabián, Ñiquén y San Carlos, donde fueron traspasados un total de 96 establecimiento educacionales, un total aproximado de 11.000 alumnos y una dotación aproximada de 2.700 de funcionarios, entre otras cosas .

En virtud de lo anterior, el día 01 de enero de 2024 se realizó el traspaso del Servicio Educativo siendo de esta manera el Servicio Local de Educación Pública Punilla Cordillera el nuevo sostenedor de los establecimientos públicos, requiriéndose la designación de docentes y contratación de asistentes de la educación. Ahora bien, el traspaso de los docentes conforme al artículo cuadragésimo primero de la ley 21.040, se materializo por el solo ministerio de la ley y sin solución de continuidad, para ello era necesario que conforme artículo vigésimo primero de la misma, las municipalidades que prestaban el servicio educacional, directamente o a través de corporaciones municipales, remitieran al Ministerio de Educación, toda la información necesaria para el adecuado traspaso, con una anticipación de al menos seis meses antes de la entrada en funcionamiento del Servicio Local al cual deban traspasar el servicio educacional. Para el cumplimiento de lo anterior, las municipalidades debían dictar un decreto alcaldicio, de acuerdo a la normativa vigente, al cual se acompañaba el inventario de bienes y la nómina de personal. En caso de que un municipio no cumpla con las obligaciones establecidas en este artículo, se entenderá que se configurará causal de notable abandono de deberes respecto del alcalde.

Lo anterior, era necesario para que conforme al artículo vigésimo segundo de la ley 21.040, el Ministerio de Educación dictase una o más resoluciones que individualicen los bienes muebles e inmuebles y personal que le serían traspasados, las cuales debían ser remitidas al Servicio Local respectivo, dentro de los diez días hábiles siguientes a su entrada en funcionamiento, hecho que nunca ocurrió, por lo que, para dar continuidad al servicio educativo, este servicio local, mediante los ordinarios N°395 de fecha 13 de junio de 2024, Ord. N°429 de fecha 11 de julio de 2024 y Ord. N°584 de fecha 02 de octubre de 2024, solicitó los buenos oficios de la Dirección de Educación Pública, a fin de que le remitan todas las resoluciones por las cuales se constata el traspaso del servicio educativo administrado anteriormente por los municipios de Pinto, Coihueco, San Fabián, San Carlos y Ñiquén, al SLEP Punilla Cordillera y sus resoluciones modificatorias, o copias legalizadas ante notario o ministro de fe, esto, en forma física. Lo anterior, toda vez que, no han sido notificados formalmente de dichos actos administrativos y sus anexos, y en consecuencia solo se le entregó por mano 3 resoluciones relativas a inmuebles, aun quedando pendiente la entrega de las otras resoluciones por las cuales se constata el traspaso del servicio educativo, siendo sumamente necesarias, conforme lo dispone la ley de procedimientos administrativos y el principio del debido proceso, en el sentido que las resoluciones producen sus efectos una vez que son notificadas legalmente, no existiendo en este caso formalmente el referido acto de notificación. A modo de ejemplo señala como uno de inconvenientes informados al no contar con las Resoluciones en comento, es que existe una diferencia en la dotación traspasada, particularmente del análisis de la información previa al traspaso y las resoluciones que constan en el portal web de trasparencia de la Dirección de educación pública. Lo anterior da cuenta de las dificultades del proceso de traspaso del servicio educativo y la voluntad de este servicio local, de obtener la documentación necesaria para un correcto funcionamiento.

En cuanto a los antecedentes de hecho en que se funda el recurso de protección interpuesto, señala que con fecha 25 de marzo de 2024, se ordenó mediante resolución exenta N°271/2024, iniciar sumario administrativo en contra de doña nombre reservado.

Con fecha 27 de enero de 2025, se despachó por correo electrónico una resolución interna de la fiscalía, la cual contenía la solicitud de informar respecto de autorizaciones docentes, particularmente relacionadas con doña nombre reservado. Posteriormente, el 29 de enero de 2025, se remitió dicha solicitud a la Subdirectora (S) de la UATP, Sra. nombre reservado, para que informara los antecedentes disponibles sobre la mencionada funcionaria.

Asimismo, con fecha 7 de febrero de 2024, mediante el Ordinario N°117/2024, el SLEP Punilla Cordillera solicitó a la División de Servicios Consulares del Departamento de Análisis y Validación de Documentos del Ministerio de Relaciones Exteriores un informe respecto de doña nombre reservado. La respuesta, contenida en el Oficio Público N°1817, indicó que no se registran antecedentes respecto de esa persona, ya que no existe convenio con Venezuela para el reconocimiento automático de títulos profesionales. En estos casos, los ciudadanos venezolanos deben realizar la revalidación correspondiente ante la Universidad de Chile.

Por su parte, la SEREMI de Educación de Ñuble, mediante el Oficio Ordinario N°0217 de fecha 13 de febrero de 2025, informó que doña nombre reservado no presenta registros de solicitudes de autorización docente aprobadas ni rechazadas entre los años 2016 y 2025.

Con fecha 14 de marzo de 2025, a través de una resolución interna, se resolvió la suspensión preventiva de doña nombre reservado de sus funciones. El 1 de abril de 2025 se despachó la diligencia investigativa N°1, solicitando que, en el plazo de tres días hábiles, acompañara el título que acreditara su revalidación para ejercer la docencia en Chile, conforme lo establece el Decreto N°352 del Ministerio de Educación. Durante el mismo día informó la recurrente que su título se encontraba en trámite de revalidación ante la Universidad de Chile, siendo cerrado con fecha 7 de abril de 2025 el proceso investigativo.

Mediante Oficio registrado bajo FOLIO E71389/2025 de fecha 29 de abril de 2025, la Contraloría General de la República informó el rechazo de la denuncia por presuntos actos de hostigamiento, señalando que no existían antecedentes que permitieran fundamentar tal acusación. Asimismo, precisó que los títulos profesionales obtenidos en el extranjero deben someterse a un proceso de reconocimiento, revalidación y convalidación, y que no se apreciaba irregularidad en el actuar del servicio al requerir dicha acreditación. Además, indicó que la entidad de control no interviene en procesos disciplinarios en curso.

Considerando lo anterior y lo dispuesto en el artículo 24 del Estatuto Docente (Ley 19.070), en su numeral cuarto, el cual establece que los profesionales de la educación deben poseer título habilitante legalmente reconocido, situación que no pudo ser verificada en la investigación, se concluye que no se configuran antecedentes suficientes para continuar el procedimiento disciplinario. Atendido lo anterior se aplicó el sobreseimiento del proceso investigativo, dado que el ejercicio docente requiere, además, el acto formal del ex sostenedor (DAEM Ñiquén) solicitando autorización docente, hecho que no ocurrió. Mientras tanto, la Sra. nombre reservado continúa tramitando la revalidación de su título ante la Universidad de Chile.

Sin perjuicio de lo anterior, considerando lo establecido en la normativa vigente que regula la actividad docente, en especial el Decreto Ley N°352, la Ley 19.070 (Estatuto Docente), la Ley 18.834 (Estatuto Administrativo), y la Ley 18.883 (Estatuto Administrativo para Funcionarios Municipales), se concluye conforme al artículo 71 del Estatuto Docente que los profesionales de la educación del sector municipal están regidos por este Estatuto y, supletoriamente, por el Código del Trabajo y sus leyes complementarias.

En tal sentido, el artículo 72 letra i) del mismo cuerpo legal establece como causal de término de la relación laboral la pérdida sobreviniente de alguno de los requisitos de incorporación a la dotación docente.

En este caso, se logró acreditar que doña nombre reservado nunca cumplió con los requisitos necesarios para formar parte de la dotación docente, pues tales antecedentes no existieron, tal como consta en la carpeta investigativa.

Por todo lo anterior, el fiscal instructor propuso a la directora ejecutiva del Servicio Local de Educación Pública Punilla Cordillera, aplicar el sobreseimiento del proceso disciplinario en curso y, disponer el término de la relación laboral. Debido a lo anterior, con fecha 13 de mayo del 2025 se aprueba mediante resolución exenta N° 627 el informe de vista fiscal, el que fue recurrido por medio de la reposición interpuesta por el abogado Juan Antonio Orozco Vera el día 20 de mayo de 2025, el que fue rechazado mediante resolución exenta N°852 de fecha 05 de junio de 2025.

Hace presente que con el objeto de dar término a todo este proceso administrativo se dictó la resolución exenta de término de la relación laboral N° 892 de fecha 11 de junio de 2025, resolución que fue dictada por la unidad de Gestión de Personas del SLEP Punilla Cordillera y notificada por carta certificada el día 11 de junio de 2025.Finalmente el día 07 de julio de 2025 se dicta la resolución exenta N°980 que dispone la nulidad del nombramiento de doña nombre reservado, realizado por el DAEM de la Ilustre Municipalidad de Ñiquén En cuanto a la decisión del término o cese respecto del nombramiento de la señora nombre reservado, este encuentra su fundamento jurídico en los artículos 2, 24 de la Ley 19.070. Así como lo dispuesto, en el artículo 3°, numeral 3 del Decreto N° 352 de 2003 del Ministerio de Educación.

Agrega que, el dictamen N° E44868, de 2020, señala que los extranjeros en posesión de un título otorgado fuera del país, para poder ejercer en Chile, deben haber obtenido el reconocimiento, revalidación o convalidación del respectivo diploma por la Universidad de Chile, conforme a lo previsto en el artículo 6° del decreto con fuerza de ley N° 153, de 1981, del Ministerio de Educación, sin perjuicio de lo que puedan disponer sobre el particular determinados tratados internacionales, dicho títulos además deberán ser sometidos a los procedimiento de legalización establecido por la ley.

Finalmente cita el texto del artículo 63 de la ley N° 18.575, señalando al efecto que mediante el dictamen N°E34420, de 2020, la Contraloría General ha precisado que siendo la ley la que ha previsto expresamente la invalidez de los actos de designación viciados por una inhabilidad legal, a la autoridad únicamente le compete declarar tal circunstancia. Asimismo, la concurrencia de una inhabilidad vicia el correspondiente acto de nombramiento en forma permanente y no puede entenderse superada por el solo transcurso del tiempo.

Argumenta que el actuar del Servicio Local de Educación Pública Punilla, se ajustó a derecho respetando el debido proceso y apegándose a los procedimientos establecidos en la norma legal que rige en estas materias, no existiendo ningún acto arbitrario e ilegal que vulnere las garantías constitucionales alegadas por la recurrente.

Termina pidiendo tener por evacuado el informe requerido, solicitando sea rechazado en todas sus partes, con costas.

3°.- Que, para analizar el asunto planteado por la presente vía, resulta conveniente consignar que el recurso de Protección de Garantías Constitucionales establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye, jurídicamente una acción de naturaleza cautelar, destinada a amparar el libre ejercicio de las garantías y derechos preexistentes que esa misma disposición enumera, mediante la adopción de medidas de resguardo ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que impida, amague o perturbe ese ejercicio. Surge de lo transcrito, que es requisito sine qua non para que pueda prosperar la mentada acción cautelar, que exista un acto u omisión ilegal, esto es, contrario a la ley, o bien arbitrario, entendiéndose por tal aquel que es fruto del mero capricho de quien lo ejecuta o incurre en él, acto u omisión que debe provocar, además, algunas de las situaciones ya indicadas y que afecte una o más de las garantías constitucionales protegidas, consideración ésta que resulta básica para el examen y la decisión de cualquier recurso como el que se ha interpuesto.

4.- Que, cabe reflexionar, a la luz de lo recién expuesto, que esta acción de cautela de derechos constitucionales constituye una vía destinada a dar protección respecto de garantías cuya existencia se encuentre indubitada.

5º.- Que, para resolver el asunto sometido a la decisión de esta Corte, debe tenerse en cuenta que conforme al N°1 del artículo 19, de la ley 21.040 que Crea el Sistema de Educación Pública, corresponderá especialmente a los Servicios Locales, respecto de los establecimientos educacionales de su dependencia: “Velar por que cada uno de los establecimientos educacionales de su dependencia cuente con un equipo directivo y docente en permanente desarrollo profesional y que participe en un trabajo colaborativo constante. La dotación deberá ser suficiente para cumplir con los objetivos señalados en los números 2, 3, 4 y 5 de este mismo artículo, de conformidad con lo establecido en el artículo 46, letra b), de esta ley.”

6°.- Que, conviene dejar constancia sobre la situación legal de la recurrente. Obrando en efecto es un hecho no controvertido que la señora nombre reservado, ingresó a prestar servicios para la Ilte. Municipalidad de Ñiquén, para desempeñarse como educadora de párvulo en una sala cuna dependiente del mismo Municipio. Asimismo, cabe tener por acreditado que la docente obtuvo su titulo profesional en el extranjero específicamente en la República de Venezuela. Además, cabe consignar, que a la data que empezó a prestar servicios en el Municipio antedicho la señora nombre reservado, ingresó una solicitud de revalidación de su título profesional ante la Universidad de Chile. Asimismo, cabe tener por acreditado que en virtud de la Ley 21.040 se produjo el traspaso de los Departamentos de Educación Municipales a los denominados SLEP o también llamados Servicio Locales de Educación Pública.

Asimismo, es un hecho de la causa, que la recurrida durante el proceso de traspaso de los establecimientos educacionales sustanció un sumario administrativo sin dirigirlo específicamente en contra de la recurrente, el que concluyó con el sobreseimiento de los antecedentes a partir de la propuesta del Fiscal sumariante.

7°.- Que, durante la tramitación del sumario se notificó a la recurrente sobre la necesidad de acreditar debidamente el hecho de contar con un titulo profesional revalidado en Chile, por cuanto el entregado al momento de ingresar a prestar servicios había sido simplemente apostillado y no revalidado. Frente a lo anterior la recurrente manifestó que la aludida revalidación se encontraba en trámite ante la Universidad de Chile. En definitiva frente a la situación antedicha la docente nombre reservado, fue desvinculada de su cargo de conformidad a lo dispuesto en el artículo 72 de la ley N° 19.070, en este punto resulta importante destacar que la recurrida no señaló ninguna causal legal para el término de la contratación aparatándose de ese modo de los distintos números que consagra el articulo 72; circunstancia esta que per se perjudica a la recurrente en la medida en que esta se encuentra impedida de conocer el fundamento fáctico de la decisión de la empleadora.

8°.- Que conforme a lo que se ha venido diciendo este Tribunal coincide con la alegación de la recurrente en cuanto a que el acto recurrido, esto es, el rechazo del recurso de reposición deducido en contra de la resolución que puso término a su contrato de trabajo, aparece desprovisto de la necesaria fundamentación que exige el derecho administrativo para todo acto de carácter terminal, como es el recurrido. Por cuanto no basta para entender satisfecho este requisito la sola enumeración de distintos preceptos legales aplicables al caso, sino que se requiere precisar detalladamente la razón motivo o fundamento de su dictación.

Debe también anotarse, que en la situación sub judice, la decisión de la autoridad administrativa ameritaba una correcta e integra fundamentación, teniendo especialmente en cuenta, que la docente desempeñaba sus funciones desde el 1 de febrero de 2020, sin que durante mas de cinco años consecutivos haya recibido observaciones sobre su documentación, respecto de la cual ella, además, se encuentra realizando las gestiones de validación ante la entidad competente, de tal manera que la demora en su tramitación no le es imputable a la actora.

A lo dicho se añade, que conforme lo consignado por el propio órgano recurrido, el traspaso de los establecimientos educacionales desde el sistema municipal a los Servicios Locales ha adolecido de una serie de falencias de índole administrativa, que han entorpecido y dilatado la correcta verificación de la documentación de los docentes, asunto que necesariamente deben corregir los municipios en coordinación con la actual autoridad, no resultando admisible que en dicho proceso se afecten las garantías fundamentales de quienes han trabajado como profesores, como es el caso de la señora nombre reservado.

9°.- Que, por otra parte y en concordancia con lo expuesto en el basamento previo, se echa también de menos que la recurrida no haya activado por si misma el proceso de revalidación del título de la recurrente en la Universidad de de Chile, por cuanto si así hubiere ocurrido sería posible que el conflicto o controversia objeto del presente recurso no se hubiere presentado.

10°.- Que conforme con lo dicho, estos sentenciadores son de criterio de concluir que el proceder del Servicio Local de Educación Pública Punilla Cordillera tuvo el carácter de ilegal y arbitrario en la medida que se apartó de lo dispuesto en los textos legales correspondientes y en particular en lo prescrito en el artículo 72 de la Ley 19070, la que por lo demás ni siquiera resultaba susceptible de ser aplicada de no mediar la ilegalidad y arbitrariedad de la recurrida, según antes se indicó.

Por estas consideraciones y de conformidad, además, con lo dispuesto en los artículos 19 y 20 de la Constitución Política de la República y Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre tramitación y fallo del recurso de protección de las garantías constitucionales, se acoge, sin costas, el recurso de protección deducido por el abogado don Juan Antonio Orozco Vera, en favor de doña nombre reservado, en contra del Servicio Local de Educación Pública Punilla Cordillera, dejando sin efectos el acto recurrido, ordenándose su reincorporación a las funciones para las cuales fue contratada y el pago de los estipendios y remuneraciones correspondientes al lapso durante el cual no ha prestado servicios en razón de las decisiones de la empleadora recurrida.

Notifíquese.

En su oportunidad, dese cumplimiento al numeral 14 del Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre tramitación y fallo del Recurso de Protección.

Regístrese y, hecho, archívese.

Redacción a cargo del Fiscal Judicial don nombre reservado.

ROL Nº 487-2025.- PROTECCION.