Protección contra Servicio Nacional de Migraciones

Chillán, treinta y uno de agosto de dos mil veintiséis.

Vistos: 1°.- Que comparece el abogado Alejandro Antonio Ibáñez Martínez, en representación de don nombre reservado, de doña nombre reservado, y de la hija menor de edad de ambos, la niña nombre reservado, todos nacionales de Haití; quien interpone acción constitucional de protección en contra del Servicio Nacional de Migraciones, representado por su Director Nacional, y en contra de la Subsecretaría del Interior, dependiente del Ministerio del Interior y Seguridad Pública, representada por el Subsecretario del Interior, por la omisión ilegal y arbitraria en que habrían incurrido al mantener sin resolución definitiva la solicitud de reconocimiento de la condición de refugiado del grupo familiar recurrente.

Refiere que don nombre reservado presentó ante la autoridad migratoria chilena su solicitud de reconocimiento de la condición de refugiado, individualizada por el propio Servicio Nacional de Migraciones como solicitud N°NUM000, de fecha 23 de marzo de 2023, en cuyo formulario familiar se incluyó a su cónyuge, doña nombre reservado, y a la hija de ambos, la niña nombre reservado, nacida el NUM001 de 2020. Añade que don nombre reservado, de profesión abogado, perteneciente al Barreau de la Croix-des- Bouquets y miembro de la Federación de Colegios de Abogados de Haití, fundó su solicitud en haber abandonado su país de origen a raíz de un contexto de persecución política, violencia generalizada, amenazas de muerte por parte de bandas armadas y control territorial de dichas organizaciones, vinculado en particular a la persecución sufrida por abogados y personas que reclamaban por la muerte de la abogada nombre reservado.

Expone que mediante Oficio Ordinario N° NUM002, de 12 de diciembre de 2024, la Jefa del Departamento de Refugio y Protección Internacional del Servicio Nacional de Migraciones citó a don nombre reservado a entrevista de elegibilidad para el día 12 de febrero de 2025, diligencia calificada por la propia autoridad como elemento esencial del trámite, la cual se llevó a cabo en la fecha señalada, sin que hasta la interposición del recurso se haya dictado ni notificado acto administrativo terminal que reconozca o rechace la condición de refugiado solicitada.

Argumenta que dicha omisión es ilegal, por cuanto desconoce la estructura procedimental prevista en la Ley N°20.430, en especial su artículo 19, que entrega al Ministerio del Interior, a través de resolución del Subsecretario del Interior, la decisión sobre el otorgamiento, rechazo, cesación, cancelación o revocación de la condición de refugiado, considerando los antecedentes y recomendaciones de la Comisión de Reconocimiento de la Condición de Refugiado; y por infringir los principios de no devolución, no discriminación, trato más favorable y unidad familiar consagrados en los artículos 3, 4, 9 y 13 de la misma ley, el deber de procedimiento racional y justo que impone la Ley N°21.325, y el interés superior del niño reconocido en el artículo 4 de dicha ley y en el artículo 3 del Decreto Supremo N°296. Sostiene que la omisión es, además, arbitraria por carecer de razonabilidad y proporcionalidad, en tanto la Administración no ha explicado la dilación ni ha dado curso al procedimiento pese a encontrarse superada la entrevista de elegibilidad que ella misma calificó como esencial.

Sostiene que la referida omisión priva, perturba y amenaza el legítimo ejercicio de las garantías consagradas en los numerales 1°, 2°, 3°, 4°, 7°, 14° y 24° del artículo 19 de la Constitución Política de la República, esto es, el derecho a la vida e integridad física y psíquica, la igualdad ante la ley, el debido proceso administrativo, la protección de la vida privada y familiar, la libertad personal y seguridad individual, el derecho de petición y la afectación patrimonial derivada de la precarización prolongada de sus derechos y permisos migratorios, todo ello en relación con el principio de no devolución, la unidad familiar y el interés superior de la niña nombre reservado.

Finalmente pide que esta Corte tenga por interpuesta la acción, la admita a tramitación y la acoja en todas sus partes, declarando ilegal y arbitraria la omisión recurrida y ordenando a los recurridos informar el estado de la solicitud y dictar, dentro del plazo de 30 días corridos o el que S.S.I. determine, la resolución final, fundada y debidamente notificada, que resuelva la solicitud de reconocimiento de la condición de refugiado del grupo familiar, considerando expresamente el principio de no devolución, el interés superior de la niña, la unidad familiar y la calidad profesional de don nombre reservado; ordenando además adoptar las medidas necesarias para resguardar la permanencia regular de los recurrentes y decretar, como medida cautelar, que los recurridos se abstengan de disponer cualquier medida de expulsión, devolución o reconducción que los exponga al retorno a Haití mientras la solicitud no sea resuelta conforme a derecho. 2°.- Que al informar el abogado Diego Esteban Valenzuela Esparza, en representación de la Subsecretaría del Interior, señala que la normativa aplicable corresponde a la Ley N°20.430 y a su reglamento, contenido en el Decreto Supremo N°837, de 2010, del entonces Ministerio del Interior. Explica que, conforme al artículo 19 de dicha ley, el otorgamiento, rechazo, cesación, cancelación o revocación de la condición de refugiado es resuelto por el Ministerio del Interior, mediante resolución del Subsecretario del Interior, exenta del trámite de toma de razón, considerando los antecedentes y recomendaciones de la Comisión de Reconocimiento de la Condición de Refugiado creada en el artículo 20 de la misma ley. Agrega que, conforme al artículo 24, el Subsecretario dispone de una Secretaría Técnica que, en los hechos, es ejercida por el Departamento de Refugio y Protección Internacional del Servicio Nacional de Migraciones, órgano encargado de la entrevista de elegibilidad, etapa obligatoria y esencial según el artículo 30 de la ley, y de la recopilación de información sobre el país de origen conforme al artículo 31.

Refiere que, según lo informado internamente por el Servicio Nacional de Migraciones, la parte recurrente solicitó el reconocimiento de su condición de refugiado con fecha 23 de marzo de 2023, encontrándose dicho trámite, a la fecha del informe, en etapa de análisis ante la Secretaría Técnica del Departamento de Refugio y Protección Internacional, esto es, en una etapa previa a aquella en que corresponde a esa Subsecretaría entrar a conocer del asunto, por lo que, concluida dicha tramitación, el acto administrativo respectivo será debidamente notificado a la parte recurrente.

Argumenta la inexistencia de una omisión arbitraria o ilegal, sosteniendo que las solicitudes de esta naturaleza son sometidas a un análisis particularmente exhaustivo, justificado por la relevancia de reconocer a una persona extranjera como beneficiaria de una protección especial del Estado. Añade que dichas solicitudes constituyen el ejercicio del derecho de petición del artículo 19 N°14 de la Constitución, que no genera obligación de acogimiento para la autoridad.

Precisa que sólo en el año 2024 se recibieron 2.498 solicitudes de esta naturaleza y 555 en 2025, cifras que contextualiza señalando que entre los años 2010 y 2019 se registraron alrededor de 16.300 solicitudes, mientras que sólo entre 2021 y 2025 se contabilizaron más de 15.600, lo que a su juicio descarta toda arbitrariedad en el tiempo de tramitación. Sostiene que, de acuerdo con la reiterada jurisprudencia de la Excma. Corte Suprema y de la Contraloría General de la República, el plazo máximo de seis meses que el artículo 27 de la Ley N°19.880 establece para todo procedimiento administrativo no reviste el carácter de fatal, citando en apoyo de su tesis las causas ROL N°115.064-2022, N°252.117-2023, N°182.755-2023, N°147.371-2023 y N°149.658-2023, así como los dictámenes de la Contraloría General de la República N°45.312, de 2013, N°7.626, de 2014, y N°E170.194, de 2021, agregando que la Ley N°20.430 no establece plazos para la tramitación de esta clase de solicitudes.

Sostiene, además, la inexistencia de una privación, perturbación o amenaza de garantías constitucionales, por cuanto la parte recurrente no ha acreditado la relación de causalidad entre la demora alegada y una vulneración concreta de sus derechos, citando en apoyo de su tesis el considerando primero de la sentencia de la Excma. Corte Suprema ROL 10.494-2023. Añade que, conforme al artículo 4 de la Ley N°20.430, el solo hecho de solicitar el reconocimiento de la condición de refugiado ampara a la persona extranjera bajo el principio de no devolución, y que, según los artículos 28 bis y 32 de la misma ley, se le otorga una visa de residencia temporal, gratuita, por el plazo de ocho meses, prorrogable durante toda la tramitación de la solicitud. Argumenta, finalmente, que acoger la acción implicaría una potencial vulneración a la igualdad ante la ley respecto de otros extranjeros que aguardan pronunciamiento por la vía regular, atendido el principio de no discriminación del artículo 8 de la Ley N°20.430, y que la acción de protección no es el medio idóneo para acelerar este tipo de procedimientos ni para instrumentalizar el otorgamiento de una concesión migratoria de carácter exclusivo y excepcional del Subsecretario del Interior, conforme lo ha resuelto la Excma.

Corte Suprema, entre otras, en las causas ROLES N°17.063-2024, N°38.220- 2023, N°32.598-2022 y N°52.030-2023.

Finaliza su presentación solicitando tener por evacuado el informe requerido a la Subsecretaría del Interior, resolviendo el rechazo de la acción de protección de autos por las razones expuestas, con expresa condena en costas a la parte recurrente, por no existir motivos plausibles para litigar. 3°.- Que al informar el abogado Manuel Espinoza Belmonte, por el Servicio Nacional de Migraciones, expone separadamente la situación migratoria de cada uno de los recurrentes. Respecto de don nombre reservado, señala que no constan entradas al país por paso habilitado, que con fecha 17 de enero de 2023 manifestó ante el Servicio Nacional de Migraciones su intención de acceder al procedimiento de reconocimiento de la condición de refugiado, que se le otorgó una visa de residencia temporaria, prorrogada en distintas oportunidades, siendo la última de ellas la dispuesta por Resolución Exenta N°NUM003, de 4 de diciembre de 2025, vigente hasta el 2 de septiembre de 2026,, y que con fecha 12 de diciembre de 2025 asistió a su entrevista de elegibilidad, encontrándose la solicitud actualmente en tramitación. En términos idénticos describe la situación de doña nombre reservado, indicando que su última prórroga de residencia temporaria fue otorgada por Resolución Exenta N°NUM004, de igual fecha, vigente hasta el 2 de septiembre de 2026, y que asistió a su entrevista de elegibilidad en la misma fecha. Respecto de la niña nombre reservado, indica que, conforme al artículo 45 y siguientes del Decreto N°177 del Ministerio del Interior, que permite a todo niño, niña o adolescente obtener un permiso de residencia con independencia de la situación migratoria de sus padres, se le otorgó un permiso de residencia mediante Resolución Exenta N°NUM005, de 2 de julio de 2024, por el plazo de dos años, prorrogado posteriormente mediante Resolución Exenta N°NUM006, de 4 de junio de 2026, con vigencia desde el 3 de julio de 2026 hasta el 3 de julio de 2028.

Como antecedentes de derecho, explica que con fecha 20 de febrero de 2024 entró en vigencia la Ley N°21.655, que modificó la Ley N°20.430 estableciendo una etapa inicial en el procedimiento de determinación de la condición de refugiado, pero que, por haberse presentado la solicitud de los recurrentes con anterioridad a dicha modificación, corresponde aplicar la normativa vigente a la época de su presentación. En ese sentido, señala que conforme al artículo 36 bis del entonces vigente Reglamento de la Ley N°20.430, el procedimiento se iniciaba con la formalización personal y presencial de la solicitud ante la Sección de Refugio y Reasentamiento del Servicio Nacional de Migraciones o sus Direcciones Regionales, conforme a los requisitos del artículo 37 del Reglamento, y que, tratándose de extranjeros de ingreso clandestino, el artículo 8° del mismo cuerpo reglamentario les permitía formalizar su solicitud sin perjuicio de la infracción cometida, debiendo presentarse ante la autoridad contralora de fronteras dentro de los 10 días siguientes a ésta. Añade que, en cumplimiento de lo ordenado por la Excma. Corte Suprema en sentencia de 20 de marzo de 2023, causa Rol 115005-2022, ese Servicio aprobó, mediante Resolución Exenta N°21.726, de 11 de mayo de 2023, el "Manual de Procedimiento Administrativo del Departamento de Refugio y Reasentamiento del Servicio Nacional de Migraciones".

Argumenta la falta de legitimación pasiva de esa parte, señalando que, conforme al artículo 19 de la Ley N°20.430, el Servicio Nacional de Migraciones no es la autoridad facultada por la ley para emitir un pronunciamiento final sobre la solicitud de refugio, correspondiendo dicha atribución al Subsecretario del Interior, y que, habiéndose pronunciado el Servicio respecto de la solicitud de los recurrentes al otorgarles y prorrogarles la visa de residencia temporaria mientras se encuentra pendiente su tramitación, no existe labor pendiente de su parte.

Sostiene, además, la inexistencia de ilegalidad en el tiempo de tramitación, señalando que el plazo de seis meses del artículo 27 de la Ley N°19.880 puede ser excedido por caso fortuito o fuerza mayor, circunstancia que a su juicio concurre en la especie por el aumento exponencial de los flujos migratorios hacia el país. Cita en apoyo de su tesis el fallo de la Excma. Corte Suprema, de 10 de mayo de 2023, causa rol N°13364-2023, que confirmó que dicho plazo no es de naturaleza fatal, así como el fallo de esta misma Corte, de 12 de octubre de 2023, causa rol N°3151-2023, que rechazó una acción de protección análoga por no haberse acreditado en qué forma la pendencia de una solicitud migratoria de un residente regular conculcaba garantías constitucionales.

Finaliza su presentación solicitando tener por evacuado el informe requerido, y el rechazo de la acción constitucional de protección en todas sus partes respecto del extranjero recurrente, por no existir acción u omisión ilegal o arbitraria de parte de esa autoridad que prive, perturbe o amenace el legítimo ejercicio de alguno de los derechos enumerados en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, así como el rechazo de la condena en costas a ese Servicio. 4°.- Que, es requisito indispensable de la acción de protección, la existencia de un acto u omisión ilegal, esto es, contrario a la ley, o arbitrario, producto del mero capricho de quién incurre en él, y que provoque algunas de las situaciones o efectos que se han indicado, afectando a una o más de las garantías -preexistentes- protegidas, consideración que resulta básica para el examen y la decisión de cualquier recurso como el que se ha interpuesto. 5°.- Que, cabe reflexionar, a la luz de lo recién expuesto, que esta acción de cautela de derechos constitucionales constituye una vía destinada a dar protección respecto de garantías cuya existencia se encuentre indubitada. 6°.- Que, como se indicó el acto que se denuncia como ilegal y arbitrario por el recurrente es la mantención sin resolución por un tiempo prolongado de su solicitud de reconocimiento de la condición de refugiado que incluye a su grupo familiar, manifestando que dicha solicitud fue formulada con fecha 23 de marzo de 2023, habiéndose acreditado con los documentos acompañados al recurso que ya el 12 de febrero de 2025 se habría llevado a cabo la entrevista de elegibilidad, sin que a la fecha exista un pronunciamiento final por parte de la administración, habiendo transcurrido en total más de tres años a la fecha. 7°.- Que, consta del informe evacuado por la Subsecretaria del interior que dicha solicitud se encuentra en etapa de análisis ante la Secretaría Técnica del Departamento de Refugio y Protección Internacional del Servicio Nacional de Migraciones, es decir, previo a la etapa de pronunciamiento reservada a la Subsecretaria. 8°.- Que, el artículo 24 de la ley 20.430 establece: “El Subsecretario del Interior, o quien este designe dispondrá de una Secretaría Técnica, que asistirá a la Comisión de Reconocimiento de la Condición de Refugiado. Las funciones de esta Secretaría deberán determinarse en el reglamento interno que fije la referida Comisión, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 22 N°7 de la presente ley”. 9°.-Que, en tal contexto, si bien el Servicio Nacional de Migraciones al momento de evacuar informe alega la falta de legitimación pasiva por no ser la autoridad llamada por ley para emitir pronunciamiento en las solicitudes de refugio, y que por ende, no podría dictar el acto terminal, lo cierto es que, igualmente, en su carácter de Secretaría Técnica está llamado a tramitar dentro de un plazo razonable las solicitudes que se le presenten, a fin de que queden en estado de ser resueltas por la Subsecretaria del interior.

Debido a lo señalado, si bien no puede acogerse el recurso a su respecto en el sentido de que se le ordene emitir pronunciamiento de la solicitud, sí está obligado a realizar todas las actuaciones necesarias para que el órgano competente se encuentre en condiciones de resolver. 10° Que, en el caso de marras, la demora en que ha incurrido la Administración no puede en ningún caso ser considerada como razonable, no siendo justificado el periodo mencionado. Atendido que ello implica infringir el principio de celeridad y conclusivo del procedimiento administrativo, establecidos en los artículos 7° y 8° de la ley 19.880, así como la exigencia de razonabilidad de las decisiones de la Administración y la prohibición de abuso o exceso de potestades de la misma, según disponen los artículos 53 y 2° de la Ley 18.575, Orgánica Constitucional de Bases Generales de la Administración del Estado. 10° Que, según lo expuesto, es posible concluir que la demora o dilación en que ha incurrido la administración es injustificada o irrazonable, afectando el legítimo derecho constitucional del recurrente para obtener una respuesta a su solicitud, y por ende, su igualdad ante la ley establecida en el artículo 19° N°2 de la Carta Fundamental, en tanto importa una discriminación en su contra en relación con el trato dispensado a otros interesados que, en situación jurídica equivalente, han podido tramitar debidamente sus solicitudes, obteniendo dentro de un plazo razonable una respuesta formal, en la que se contengan los fundamentos conforme a los cuales la autoridad adopta la decisión terminal pertinente.

Por estas consideraciones y de conformidad, además, con lo prevenido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y Auto Acordado de la excelentísima Corte Suprema, sobre la materia, se resuelve que se acoge el recurso de protección interpuesto por el abogado Alejandro Antonio Ibáñez Martínez, en representación de don nombre reservado, de doña nombre reservado, y de la hija menor de edad de ambos, la niña nombre reservado, sólo en cuanto se dispone que el Servicio Nacional de Migraciones deberá efectuar la tramitación respectiva para que la solicitud quede en estado de ser resuelta por la subsecretaria del interior en el plazo de 60 días corridos desde la notificación de la sentencia, debiendo la Subsecretaria del Interior, una vez recepcionados los antecedentes, emitir pronunciamiento en un plazo razonable atendida la extensa tramitación en que se ha incurrido. Notifíquese.

En su oportunidad, dese cumplimiento al numeral 14 del Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre tramitación y fallo del Recurso de Protección.

Regístrese y, hecho, archívese.

Redacción a cargo del ministro Guillermo Arcos Salinas.

No firma el abogado señor Coloma, no obstante haber concurrido a la vista de la causa y al acuerdo, por no haber integrado hoy.

ROL N°484-2026.- Protección.