Protección contra mi representado

Chillán, dos de octubre de dos mil veinticinco.

VISTO: 1°.- Que, comparece el abogado Juan Claudio Sandoval Toledo, en representación de nombre reservado, interponiendo recurso de protección contra la editorial de “Mega Investiga”, cuyo director de prensa es don nombre reservado, y contra el Ministerio Público, representado por el Fiscal Nacional, don Ángel Valencia Vásquez, por haber incurrido en actos y omisiones ilegales y arbitrarias cometidos por los recurridos, denunciando la vulneración de las garantías consagradas en los numerales 4 y 24 del artículo 19 de la Carta Fundamental.

Expresa que su representado se encuentra actualmente querellado en causa RIT 4445- 2024 del Juzgado de Garantía de Chillán, la que, a su vez, está sujeta a reserva por orden judicial, y además en etapa desformalizada, por lo que, no se encuentra sujeto a medida cautelar alguna, ni se le ha comunicado investigación formal a su respecto.

Agrega que con fecha 26 de mayo del presente año, fue subida a la plataforma digital de “Mega Noticias”, sección “Mega Investiga” un reportaje a cargo del periodista nombre reservado, titulada “Procultura: Declaraciones, correos y escuchas dibujan el presunto fraude del convenio que nombre reservado ganó en el Gore Ñuble”

Detalla que en la publicación referida se le atribuye, sin hacer referencia alguna al principio de presunción de inocencia, participación en una serie de hechos que, a juicio del periodista, serían constitutivas de delito, mostrando una serie de antecedentes, los cuales, conforme se tratará en el apartado correspondiente de este recurso, no tenemos claro ni su veracidad, ni su origen, ni como se habrían filtrado a la prensa.

Indica que la exposición de antecedentes que se encuentran sujetos a reserva por el Juzgado de Garantía de Chillán, relata una verdadera “dinámica de ejecución” de un supuesto ilícito en que su representado habría tenido participación, que no se basa sino en una serie de antecedentes filtrados de dudosa procedencia, sumado a verdaderos “rumores de pasillo” que se exponen de forma masiva al público como una verdad asentada absoluta y objetivamente.

Añade que la plataforma en la que fue subida este supuesto reportaje, es el medio de comunicación masivo con mayor rating e índice de visitas en su vertiente online, así reza de un artículo publicado por el propio recurrente, por lo que esta información maliciosa y con sesgos sensacionalistas ya ha sido vista por un enorme número de personas.

Sostiene que la exposición tan masiva y pública de antecedentes investigativos de una causa desformalizada y con secreto decretado por orden judicial, llevan inclusive a pensar que dicha revelación es dolosa, pues es el mismo emisor quien reconoce que los antecedentes que está revelando se encuentran sujetos a reserva que se “habrían filtrado” al emisor, en ese sentido, estima que la conducta desplegada podría llegar inclusive a ser constitutiva del delito de revelación de secreto y calumnias, puesto que es el propio emisor quien revela su actuar doloso, publicando “a sabiendas” de la reserva decretada por orden judicial.

Precisa que la reserva de dichos antecedentes que finalmente son publicados, se encuentra encargada por mandato legal al Ministerio Público, quien personificado en el fiscal titular de la causa, es la única entidad que tiene libre acceso a todos los elementos investigativos y a consecuencia de ello, es el único responsable de su custodia y resguardo, en ese sentido el persecutor incurre en acción y/o omisión ilegal al proveer de dichos antecedentes a distintos medios de prensa. Añade que, en la audiencia de cautela de garantías celebrada con fecha 10 de abril de 2025 en el Juzgado de Garantía de Chillán, la defensa técnica del co- denunciado en esta causa, don nombre reservado hizo presente la filtración de información por parte del Ministerio Público, oficiando el tribunal de garantía en el considerando cuarto de la resolución al persecutor en aras que la entrega de toda copia de antecedentes de investigación debía realizarse previa autorización judicial.

Estima que la publicación dolosa de este “reportaje” (sic) ha causado gravísimo perjuicio tanto en la persona, como en la honra, derecho al buen nombre y presunción de inocencia de mi representado, como en su grupo familiar, así, su círculo más cercano, ha sido objeto de reproche social en sus lugares de trabajo y en sus círculos sociales producto de la conducta gravísima que ha llevado adelante el recurrido.

Sostiene que el recurso está presentado oportunamente, pues apenas tuvo conocimiento del reportaje, dedujo la presente acción con la mayor rapidez y celeridad posible, teniendo presente que la actuación ilegal y arbitraria denunciada se realizó el 26 de mayo de 2025, se encuentra dentro de plazo.

Plantea que los hechos vulneran las garantías consagradas en los números 4 y 24 del artículo 19 de la Constitución Política de la República.

Expone que, producto de los actos y omisiones ilegales y arbitrarias, se ha visto perjudicado gravemente la honra, la vida privada y la de su familia al hacerse de manera pública y masiva un verdadero enjuiciamiento, calificándolo como autor de delitos atroces, en circunstancias que, no ha sido ni siquiera formalizado ni mucho menos condenado por ilícito alguno relatado en el reportaje ni por ningún otro. En esa línea, la primera infracción patente resulta de la “revelación” de antecedentes supuestamente forman parte de una investigación, en ese sentido, en el hipotético que dichos antecedentes fueran veraces, viene en publicar antecedentes de una investigación que el mismo reportaje califica como reservada. Existe asimismo una segunda infracción y más grave, relativa a la atribución de la comisión de delitos de manera pública, inclusive dándose la libertad de indicar supuestas fechas en las que yo habría prestado declaración. En esa línea, es menester que vuestra señoría ilustrísima tenga a la vista que, no podría sustentar esta acción si existiera sentencia condenatoria en contra de mi representado, situación que al día de hoy no han ocurrido.

En lo atingente a la segunda garantía denunciada, expresa que se refiere a la dimensión del “derecho sobre la propia imagen”, que ha sido dañada de manera profunda e irreparable, debido a que se le está sindicando de manera pública, masiva y directa como participe de una serie de delitos graves, sin existir sentencia condenatoria alguna a su respecto. Cita la sentencia pronunciada por la Excelentísima Corte Suprema en causa ROL 2506-2009.

Termina solicitando que al acoger el recurso se ordene de inmediato la eliminación del reportaje publicado a fecha 26 de mayo de 2025 titulado “Procultura: Declaraciones, correos y escuchas dibujan el presunto fraude del convenio que nombre reservado ganó en el Gore Ñuble”; Se ordene que en lo sucesivo los recurridos se abstengan de publicar información que se encuentre sujeta a reserva por orden judicial en la causa 4445-2024 del Juzgado de Garantía de Chillán; Se oficie al Ministerio Público a fin de que investigue sobre las filtraciones de información sujeta a reserva judicial, puesto que la conducta desplegada podría constituir delito de revelación de secreto, previsto y sancionado en el artículo 246 del Código Penal. 2°. - Que, informando, el abogado Ernesto Pacheco González, en representación de Megamedia S.A., sociedad anónima del giro comunicaciones, solicita el rechazo del recurso.

Expone que la Acción de Protección Carece de Objeto, Oportunidad y Falta Legitimación Pasiva de MEGAMEDIA. La acción de la especie carece de todo objeto desde el momento que S.S.I. no se encuentra en situación de adoptar medida alguna destinada a restablecer prontamente el imperio del derecho y/o a dispensar protección a la persona pretendidamente agraviada o a sus garantías — en el evento hipotético y remoto que resolviera que se dan los presupuestos de la acción de protección de autos— pues el reportaje titulado “Procultura:

Declaraciones, Correos y Escuchas Dibujan el Presunto Fraude del Convenio que nombre reservado Ganó en el Gore Ñuble”, fue publicado por MEGAMEDIA, el 26 de mayo de 2025, en su sitio web “meganoticias.cl”, y ya no se encuentra disponible para su visionado en plataforma medial o red social alguna de MEGAMEDIA, ya sea de su propiedad, o que se encuentre bajo su control o administración.

En efecto, expresa, MEGAMEDIA en ejercicio de su libertad de prensa e información, respecto de un hecho de interés público y dentro de su giro social como medio de comunicación, publicó el Reportaje en su sitio web meganoticias.cl. Pues bien, dicho Reportaje no se encuentra disponible para su visionado, actualmente, en dicho sitio web ni en ninguna otra plataforma medial o red social de propiedad de MEGAMEDIA o que se encuentre bajo su administración o control. En consecuencia, S.S.I. no se encuentra en situación de adoptar medida de protección alguna para restablecer el imperio del derecho y/o las garantías del Recurrente supuestamente amagadas, pues el también supuesto acto ilegal o arbitrario que se alega NO EXISTE. Su representada no puede ser sujeto pasivo de la acción constitucional de autos, pues no existe acción ilegal o arbitraria alguna que pueda imputársele o atribuírsele, pues los hechos en los cuales se los hace residir ya no existen.

En cualquier caso, expresa, aun cuando no está considerado actualmente, en el evento que MEGAMEDIA decidiera publicar en el futuro el Reportaje por existir algún hecho de interés general o público que así lo amerite o justifique nuevamente, las peticiones del Recurrente constituyen una verdadera censura previa. Tales peticiones, específicamente las dos primeras, que cita, constituyen a su juicio una evidente censura previa al solicitar, derechamente, que se le otorgue una verdadera “Prohibición de Informar” y la destrucción de material periodístico legítimo, fundadas en una supuesta “información maliciosa y con sesgos sensacionalistas”; en el hecho que el Recurrente califica la información contenida en el Reportaje como “dicha revelación es dolosa”; que al informar se habría incurrido en “el delito de revelación de secreto y calumnias”; que se habría incurrido en un “actuar doloso” y "a sabiendas"; que “la publicación dolosa de este "reportaje”; que en el Reportaje se lo calificaría como “autor de delitos atroces”; mediante “la atribución de la comisión de delitos de manera pública”; “de manera dolosa” y “en miras de desinformar a la audiencia de manera maliciosa, publica y dolosa”; “el que le atribuye pública, masiva y dolosamente la ejecución de hechos típicos, antijurídicos y culpables, actuaciones que, tienen por única y exclusiva finalidad causar confusión, desinformar y ser resorte de propagación de mensajes de difamación y denostación”; consistente en la realización de una serie de publicaciones difamatorias, poco precisas y deshonrosas en descrédito de mi persona”.

Añade que las expresiones señaladas están repartidas, como se puede observar, a lo largo de todo el libelo de protección, lo que, en definitiva, permite concluir que, al equivocado entender del Recurrente, habrían mediado en su contra verdaderas e inexistentes, por cierto, imputaciones injuriosas, calumniosas, difamatorias cometidas supuestamente con la dolosa intención de dañarlo comprometiendo su honra e imagen personal, incurriendo además en el delito de revelación de secreto. Todo lo cual, no pasa de ser una creencia antojadiza, voluntarista y carente de todo fundamento o justificación por parte del Recurrente y que de ser efectivas debió perseguirlas, a través del procedimiento penal pertinente y no por la vía de este procedimiento cautelar.

Sostiene que la acción de protección no es la vía idónea para reclamar de una materia de lato conocimiento. El recurso de protección es una acción cautelar de carácter extraordinario y urgente, que tiene por finalidad restablecer el imperio del derecho, en forma inmediata, cuando éste ha sido quebrantado y jamás una manera de solucionar un conflicto de lato desarrollo. Es así que lo solicitado por el Recurrente y según lo ya señalado —como medidas urgentes destinadas a restablecer el imperio del Derecho— más bien parece el petitorio de una acción ordinaria, incoada en un procedimiento de lato conocimiento o, al menos, que tiene su propio procedimiento especial, amén, por cierto, de constituir una evidente censura previa, al solicitar, derechamente, que se le otorgue una verdadera “Prohibición de Informar” y la “Destrucción de Material Periodístico”, fundadas, aparentemente, en lo considera imputaciones injuriosas, calumniosas y difamatorias cometidas dolosamente con la intención de dañarlo.

Asevera que la propia Ley 19.733 sobre “Libertades de Opinión e Información y Ejercicio del Periodismo” ha establecido en su Título V, denominado “De las infracciones, de los delitos, de la responsabilidad y del procedimiento”, artículos 22 y siguientes, los delitos, infracciones, autoridades competentes y procedimiento que debe seguir quien pretenda hacer efectiva la responsabilidad de un medio de comunicación por los delitos y abusos cometidos en el ejercicio de la libertad de prensa. Así, si una persona ha sido objeto de una ofensa a su honra u honor mediante la comisión del delito de injuria o calumnia cometido por un medio de comunicación, como pretende en definitiva el Recurrente en la especie; o se siente injustamente aludida u ofendida; o ha sufrido un daño patrimonial; o si estima que el actuar del medio de comunicación en el ejercicio de sus libertades ha sido abusivo; la Ley de Prensa señala que debe ocurrirse, en principio, ante un juez del crimen, en conformidad al procedimiento penal o al procedimiento especial previsto en sus normas.

Por tanto, indica, la acción de protección no es el procedimiento adecuado para resolver dichos conflictos. En consecuencia, el Recurrente debió haberse alzado en contra de los supuestos delitos, infracciones o abusos que pudieron, a su entender, ser cometidos por MEGAMEDIA, sus apoderados y el periodista autor del Reportaje, ante las autoridades y a través de los procedimientos que la propia Ley de Prensa estableció como normativa especial. La protección de autos no es la vía idónea, dada su propia naturaleza y características, para satisfacer lo pedido por el Recurrente.

Añade que existe entre las partes una controversia absoluta, tanto respecto de los hechos como de los derechos involucrados. En efecto y como vimos, el argumento de la contraria en que sustenta su protección es un supuesto e inexistente actuar injurioso, calumnioso, difamatorio y doloso desplegado con el supuesto y abyecto propósito de dañar su reputación e imagen, el que no sólo no existe como tendremos la posibilidad de analizar, sino que, además y fundamentalmente, negamos y controvertimos en los hechos y sus circunstancias y, por cierto, en las garantías y derechos invocados o alegados.

Indica que la versión del Recurrente supone una interpretación de los hechos que difiere radicalmente de los antecedentes e información verosímil recabada por MEGAMEDIA en su investigación periodística. Asimismo, el ejercicio de la libertad de prensa, como veremos, no está ni puede estar sujeto ni condicionado al simple parecer del Recurrente, ni a la existencia de una formalización, ni a la dictación de una sentencia condenatoria; o a la necesidad de establecer, en forma previa, la existencia de la “verdad material o absoluta” de la información recabada o publicada; como pretende equivocadamente el Recurrente y manifiesta en varias oportunidades en su recurso. Además, señala que lo sostenido por el Recurrente y la investigación periodística basada en los hechos verosímiles existentes a su respecto, demuestran que no se está en este caso frente a hechos ni a derechos indubitados e indiscutidos, como lo requiere un recurso de protección para poder prosperar.

Indica que no existe acto u omisión ilegal o arbitrario que permita acoger la protección de autos, pues mi representada se ha limitado a ejercer su libertad de informar, sin censura previa, en los términos amparados y previstos el artículo 19 Nº 12 de la Constitución Política de la República de en Tratados Internacionales y en la Ley de Prensa; su libertad de programación establecida en el artículo 13 de la Ley 18.838 y el legítimo ejercicio de la profesión u oficio de periodista de su personal, recogido en el artículo 19 Nº 16 de la CPR y en la Ley de Prensa también, informando a la opinión pública sobre un evidente hecho de interés público y general: El caso de la Fundación ProCultura y los presuntos delitos, presuntos partícipes y responsables, y las circunstancias que lo han rodeado.

Asimismo, señala, no existe arbitrariedad desde el momento que la información difundida responde y es consecuencia de un proceso de investigación periodística desarrollada para recabar la información necesaria respecto de un hecho de innegable interés y connotación pública, la cual fue efectuada utilizándose los medios razonables y proporcionados para obtener dicha información, la que superó el umbral de verosimilitud necesaria.

Argumenta que la acción que ha sido alegada como ilegal y arbitraria no reviste la condición ni la calidad de acto que haya amenazado y menos privado o perturbado el legítimo ejercicio de las garantías constitucionales alegadas, ni tampoco es una amenaza. En efecto, ninguno de los hechos y/o circunstancias denunciadas por el Recurrente como fundamento de su acción de protección son constitutivas de una vulneración efectiva o amenaza a sus garantías constitucionales, las que no fueron ni amenazadas ni menos conculcadas.

En su libelo, el Recurrente alega que mi representada habría conculcado sus garantías constitucionales del artículo 19 Nº 4 y 24 de la CPR —derecho a la honra y a la vida privada y el derecho de propiedad, específicamente sobre la propia imagen— al publicar el 26 de mayo pasado, en el sitio web de MEGAMEDIA, meganoticias.cl, un reportaje en el que se investigó periodísticamente un evidente y grave hecho de interés público, de connotación nacional, el que podría revestir la calidad de delito, a saber y como ya adelantamos, el Caso Procultura y los presuntos delitos, sus presuntos partícipes y responsables y las circunstancias que lo han rodeado. En lo específico y según reza el libelo de protección, el Reportaje habría incurrido —dolosamente y con el sólo afán de dañar su honra e imagen— en una serie de supuestas e inexistentes imputaciones injuriosas, calumniosas, difamatorias cometidas supuestamente con la dolosa intención de dañarlo, incurriendo además en el delito de revelación de secreto.

Todo lo cual se habría materializado, supuesta e inexistentemente, a través de la investigación y publicación del Reportaje y del tratamiento dado a la información recabada. En todo caso, no deja de llamar la atención que el propio Recurrente confiese en su libelo que la cuestión de fondo que acusa es propia de un procedimiento declarativo, de lato desarrollo y esencialmente controversial, al alegar que el Reportaje lo habría injuriado, calumniado y difamado dolosamente, reconociendo de paso que existe una evidente controversia sobre los hechos y derechos involucrados, lo que priva a la protección de autos de un requisito básico y de entrada para que pudiese prosperar, la Ausencia de Derechos Indubitados, la que constituye una causa suficiente para su rechazo por parte del tribunal.

Sostiene que el Reportaje fue emitido en ejercicio de la libertad de prensa e información que asiste a su representada, en ese sentido se trata de una investigación periodística seria y fundada en antecedentes relevantes, atingentes y sobre todo verosímiles respecto de un evidente hecho de interés público de aquellos a que se refiere el artículo 30 letra f) de la Ley de Prensa.

Expone que se abordará los descargos del recurrente agrupándolos en cuatro grupos de materias.

El primer grupo, expone, se refiere a que actualmente el Recurrente se encuentra querellado en causa RIT 4445-2024 del Juzgado de Garantía de Chillán, la que se encuentra sujeta a reserva por orden judicial, desformalizada y, en consecuencia, no se encuentra sujeto a medida cautelar alguna, ni tampoco se le habría comunicado investigación formal alguna a su respecto; y que no habría sido formalizado ni mucho menos condenado por ilícito alguno relatado en el reportaje ni por ningún otro”.

Sostiene que es un error del recurrente el postular que es un impedimento para informar la circunstancia que no haya sido formalizado ni condenado, cuanto en nuestro ordenamiento jurídico no existen impedimentos para buscar, recibir y difundir informaciones de cualquier especie o naturaleza y sólo se pueden perseguir los delitos y abusos que se hayan cometido, pero únicamente después que dichas libertades hayan sido ejercidas y la información difundida o publicada.

Por eso, una prohibición de informar y/o la destrucción de material periodístico, como se pide por el Recurrente, constituye censura previa. Además, tratándose de hechos de interés público, según lo dispuesto en el artículo 30 de la Ley de Prensa, en conformidad a la normativa vigente y como ya lo ha resuelto nuestra jurisprudencia en forma reiterada, no es necesaria la existencia previa de una condena, formalización, sumario administrativo afinado, o disponer de la verdad material o absoluta, para informar sino que la información difundida se base en hechos verosímiles y razonablemente comprobados, aun cuando, incluso resulten ser erróneos con posterioridad.

Cita como jurisprudencia las sentencias dictadas en los roles N.º 87.012- 2020, y N.º 195.373-2023, de la E. Corte Suprema.

Añade que un segundo Grupo de Descargos consisten en que el Reportaje le atribuiría, sin hacer referencia alguna al principio de presunción de inocencia, participación en una serie de hechos que, a juicio del periodista, serían constitutivas de delito, y no tendrían claro ni su veracidad, ni su origen, ni como se habrían filtrado a la prensa20; que el Reportaje relataría una verdadera "dinámica de ejecución" de un supuesto ilícito en que mi representado habría tenido participación, que no se basa sino en una serie de antecedentes filtrados de dudosa procedencia, sumado a verdaderos "rumores de pasillo" que se exponen de forma masiva al público como una verdad asentada absoluta y objetivamente; y que atribuiría la comisión de delitos de manera pública, inclusive dándose la libertad de indicar supuestas fechas en las que el Recurrente habría prestado declaración, sin que exista sentencia condenatoria en su contra”.

Aclara que el Reportaje no le atribuye al Recurrente la comisión de delito alguno.

Como tercer grupo de descargos, estarían los que señalan que según el Recurrente, el mismo emisor reconocería que los antecedentes que está revelando se encuentran sujetos a reserva que se le habrían filtrado; El propio emisor, según el Recurrente, revelaría su actuar doloso, pues publica el Reportaje "a sabiendas" de la reserva decretada por orden judicial; La "revelación" de antecedentes supuestamente forman parte de una investigación, en ese sentido, en el hipotético caso que dichos antecedentes fueran veraces, viene en publicar antecedentes de una investigación que el mismo reportaje califica como reservada; y que a conducta desplegada podría constituir delito de revelación de secreto.

Sobre el particular, sostiene, el propio Ministerio Público ha reconocido en su informe de autos que la información expuesta en el Reportaje no estaba sujeta a reserva o confidencialidad alguna, por lo que todas las argumentaciones y consideraciones expuestas por el Recurrente en este sentido en su libelo carecen de todo fundamento y justificación. Expone que MEGAMEDIA, en virtud a su libertad de prensa e información, tiene derecho a recibir y buscar información en los términos y condiciones que le parezcan adecuados y difundirla, sin perjuicio que deba responder por los delitos o abusos que haya podido cometer en su ejercicio. Por tanto, tratándose de un hecho de interés público como el de la especie, desplegó todos sus medios de manera de obtener la información que consideró necesaria para informar en su publicación, siendo un actuar legal y legítimo.

El supuesto delito de revelación de secreto del artículo 246 del Código Penal, reconoce como sujeto activo a un funcionario público, de manera que no es aplicable ni atingente a MEGAMEDIA ni a su personal, que es una empresa privada con trabajadores privados. En consecuencia, no se lo puede argumentar para censurar a MEGAMEDIA en la entrega noticiosa del Reportaje;

Asimismo, señala, en parte alguna del Reportaje, como sostiene el Recurrente, MEGAMEDIA o el periodista nombre reservado reconocen o confiesan un origen espurio de la información, ni que esté sujeta a reserva, confidencialidad o a algún tipo de prohibición de informar. En consecuencia, no es efectivo lo que señala el Recurrente.

En todo caso y por último, el Ministerio Público ha reconocido en su Informe de autos, que el secreto, reserva y confidencialidad que el Recurrente estima conculcados por los empleados públicos del Ministerio Público, no existe. Por lo que toda su argumentación en este sentido carece de fundamento. Sin duda, una materia sujeta a controversia que confiesa la existencia de derechos que no son indubitados, razón suficiente para rechazar esta protección. Amén que declarar la existencia del supuesto delito de revelación de secreto no es materia de la protección de autos, por ende, ni aun en la hipotética situación que la reserva existiera, ésta, por una parte, sólo es perseguible respecto de funcionarios o empleados públicos, por lo que le es inoponible a un medio comunicación que tuvo acceso a la información publicada, haciendo simplemente lo que es propio de un medio de comunicación: buscar, recibir y difundir o publicar noticias e información; y, por el contrario, se requerirá de un juez del fondo que en el marco de un procedimiento adversarial declarativo o constitutivo de derechos, declare la existencia del señalado supuesto delito, lo que S.S.I. no puede hacer en esta protección.

Concluye, en este capítulo, que los descargos del Recurrente para justificar su accionar, carecen de la capacidad para constituirse en un impedimento, limitación u óbice al ejercicio de la libertad de prensa e información respecto de hechos de interés público; y de la capacidad para justificar o fundar la afectación o amenaza a las garantías alegadas en su libelo y que pretende, injustificadamente, ver en el Reportaje y en una investigación periodística seria, la que, precisamente y por la gravedad de la situación, tiene por objeto investigar los hechos y a sus posibles responsables.

Precisa que el contenido del Reportaje es de interés público, y fue el corolario de una investigación periodística seria en que se utilizaron, razonable y proporcionadamente, los medios humanos y técnicos que permitieran recabar la información necesaria para investigar los hechos, circunstancias, presuntos partícipes y responsables del Caso ProCultura. A MEGAMEDIA le asiste el derecho a difundir los contenidos que revistan interés público, sin que dicha garantía pueda ser limitada o cercenada como se pretende mediante el recurso de autos, al pedirse “una prohibición de informar” y “eliminar” información periodística sobre el Recurrente.

Argumenta que en virtud del inciso 3º del artículo 1° de la Ley de Prensa, se reconoce a las personas el derecho a ser informados sobre hechos de interés público y general, por lo que los medios de comunicación no sólo ejercen un derecho sino también cumplen con un deber al momento de difundir información que reviste importancia para la comunidad. Dicha información debe ser comunicada siempre, sin que parte de ella pueda ser omitida, cercenada o eliminada, como se pretende.

Por ello, señala, la búsqueda de la información periodística debe ser todo lo amplia que se requiera y abarcar todo tipo de ámbitos, sin censura previa y accediendo a las fuentes y a las formas necesarias para informar. Si el Recurrente realmente cree que el contenido del Reportaje constituye un acto ilegal o arbitrario que compromete sus garantías constitucionales, o que incluiría imputaciones injuriosas, calumniosas o difamatorias, lo que debió haber hecho y que es propio de un Estado de Derecho, fue ejercer las acciones penales pertinentes para perseguir a los responsables de los supuestos delitos o ilícitos que reclama, pero no puede pretender censurar previamente la legítima libertad de expresión, información y prensa de MEGAMEDIA, cuyo derecho—deber ha sido reconocido e impuesto por la CPR, Tratados Internacionales y la Ley de Prensa, bajo el pretexto de una inexistente acción ilegal o arbitraria. En tal contexto, concluye, imponerle a la entrega informativa para su difusión condiciones como por ejemplo, prohibir el uso de todo tipo de imágenes; o borrar o eliminar una nota o reportaje; o que no se informe la imagen o nombre del Recurrente y sus acciones; o pautear aquello que debe ser informado; argumentando, como lo hace el Recurrente, que sus garantías constitucionales pueden verse comprometidas, pues no existe condena en su contra o no ha sido formalizado, para condicionar o poner en tela de juicio la necesidad de informar y el contenido del Reportaje, no es aceptable en nuestro Estado de Derecho, pues significa imponer una condición y limitación al ejercicio de la libertad de prensa e información que no tiene fundamento ni amparo alguno en nuestro Ordenamiento Jurídico.

Por lo anterior, estima que, pretender que no se pueda informar por el hecho que, al solo juicio del Recurrente, no existan razones para ello, pues (i) no ha sido formalizado; (ii) o no ha sido condenado; (iii) o que la investigación es secreta, lo que ya vimos, según lo informa el propio Ministerio Público, no es efectivo; etc., constituyen exigencias o condiciones que ni la Constitución ni menos las leyes consideran ni exigen.

Explica que su representada, como medio de comunicación social, está amparado por el artículo 19 N° 12, que asegura a todas las personas la libertad de emitir opinión y la de informar. Añade que la forma y el contenido de lo informado lo define el medio de comunicación, lo que, en el caso de marras, fue perfectamente legítimo, justificado, contextualizado y necesario para que la ciudadanía conociera y entendiera lo ocurrido, sus antecedentes, historia y circunstancias. Insistiendo en que la presencia del Recurrente fue consecuencia de la información recabada de las diversas y variadas fuentes investigadas y de la información a la que accedió. La persona del Recurrente, su identidad, nombre son relevantes en el contenido informativo del Reportaje, pues se trata de un presunto partícipe en los hechos, junto a otras personas, según la verosímil información recabada De lo señalado, estima que las desplegadas por la recurrida constituyen actuaciones legales —lícitas y legítimas— el buscar y recibir informaciones, en cualquier forma, y difundirlas por cualquier medio y sin censura previa. Que fue, precisamente, lo que MEGAMEDIA hizo en la especie. Máxime tratándose de hechos de interés público.

Expresa que la acción incoada debe rechazarse pues carece objeto, oportunidad y legitimación Pasiva. La acción que el Recurrente estima como supuestamente constitutiva de vulneración a sus garantías constitucionales, ya cesó. En efecto, el Reportaje fue publicado el 26 de mayo de 2025, en el sitio web meganoticias.cl y, en la actualidad, no se encuentra disponible para su visionado en dicho sitio ni en ninguna otra plataforma medial de propiedad o que se encuentre bajo la administración o el control de MEGAMEDIA. En consecuencia, ninguna medida de protección a favor del Recurrente podría adoptarse por el tribunal pues no existe ningún acto supuestamente ilegal o arbitrario que amenace o efectivamente perturbe las garantías supuestamente conculcadas, si es que alguna vez existió.

Refiere, por otra parte, que la acción de protección no es la vía idónea para reclamar una materia de lato conocimiento, sosteniendo que el Recurrente ha definido el ámbito de la discusión en este recurso y, como indicamos, ha errado en la autoridad y en el procedimiento ante el cual debe acudir para proteger sus supuestos derechos amagados. La propia Ley de Prensa, en forma clara y expresa, determina y establece quien es la autoridad competente y el procedimiento específico para perseguir, por ejemplo, los delitos cometidos en contra de una persona con motivo y ocasión de una emisión televisiva o de una publicación (injuria y calumnia); o el actuar abusivo en el ejercicio de la libertad de información; o el derecho de aclaración o rectificación que tiene una persona que ha sido ofendida o injustamente aludida por un medio de comunicación social.

Precisa que, el Recurrente proporciona y entrega una versión de los hechos completa y absolutamente diversa de lo informado lo que prueba que existe un conflicto esencial entre los hechos relatados por el Recurrente y aquellos expuestos en el Reportaje, al punto que se difiere en aspectos esenciales. Admite que pueden existir versiones encontradas entre lo sostenido por el Recurrente y por MEGAMEDIA. En efecto, el pretensor acusa que todo el Reportaje sería una fuente de injurias, calumnias y de difamación en su contra; Sin embargo, sostiene que basta leer el Reportaje para comprobarlo, MEGAMEDIA se limitó a ejercer su libertad de prensa e información investigando un evidente hecho de interés público que podría ser constitutivo de delito y en el cual presuntamente participaría un funcionario público en funciones y se comprometería el erario nacional: el Caso ProCultura. Todo lo cual, justificaba plenamente su difusión en el Reportaje, en conformidad a lo regulado en el artículo 30 letras b y f de la Ley de Prensa. Así las cosas, estima evidente que la discusión de marras no versa ni discurre sobre hechos o derechos indubitados.

Estima que es un juez ordinario del fondo, quien deberá establecer cuáles son los hechos ciertos y efectivos y determinar y perseguir las responsabilidades del caso y, especialmente, establecer si, en la especie, hubo una injuria, calumnia o difamación como acusa el Recurrente, discusión que no puede tener lugar en el marco de un procedimiento de protección, el cual sólo puede discurrir en la medida que los hechos y los derechos en discusión sean claros, evidentes y sobre todo pacíficos en su existencia y características, lo que, en la especie, no ocurre.

Sin duda, una nueva razón para rechazar la protección de autos.

Refiere, por otra parte, que su representada no ha incurrido en acción u omisión ilegal o arbitraria pues ha ejercicio las prerrogativas que la ley le concede como medio de comunicación. Cita jurisprudencia en apoyo de dicho postulado.

Agrega que el actuar de su representada no ha conculcado las garantías del artículo 19 numerales 4º y 24º de la Constitución. En cuanto a la primera, pues no se da cuenta de información privada o reservada alguna del Recurrente pues su presunta participación en los hechos investigados, no es un hecho relativo a su vida privada sino que, por el contrario, es un claro hecho de interés público por su entidad y gravedad y por tratarse de un funcionario público, en ejercicio, y respecto de un caso que habría comprometido el erario nacional. Citas las sentencias pronunciadas en los roles N.º 84.041 – 2018 y N° 87.012-2020, de la I.

Corte de Apelaciones de Santiago, y Rol N.º 32.806 – 2021, de la I. Corte de Apelaciones de Valparaíso.

En cuanto a la segunda garantía denunciada, amparada en el numeral 24, pues dice en su libelo que su imagen personal habría resultado comprometida, expresa que el Reportaje no contiene imputación de delito alguno.

Agrega que, suponiendo que lo hubiese sido, pues no está probado— por la difusión de un Reportaje que es expresión de la libertad de prensa e información respecto de hechos de interés público fundado en información seria y comprobada razonablemente que ha superado el umbral de verosimilitud exigida para el correcto ejercicio de la libertad de prensa, la que incluso no ha sido negada por el Recurrente. Añade que lo que sí pudo dañar la imagen del Recurrente son sus actos propios no negados contenidos, principalmente, en las escuchas telefónicas y llamadas en las que, aparentemente, participó o intervino; o las solicitudes que habría formulado a los apoderados de la sociedad Esquerré respecto a la búsqueda de una Fundación para canalizar los fondos públicos; o el propio llamado a esta sociedad y a sus apoderados; etc.

Indica que esos son, entre otros señalados en el Reportaje, los actos propios del Recurrente por citar algunos que podrían comprometer su imagen, pero no el hecho que se difunda y se dé a conocer a la opinión pública el contenido, características y circunstancias del Caso ProCultura. Máxime, en una materia tan grave y delicada como es la presunta participación en hechos que podrían revestir la calidad de delitos, ejerciendo una función pública y con un posible compromiso del erario nacional.

Adicionalmente indica que no se ha vulnerado la confidencialidad de información personal alguna, pues la identidad del Recurrente corresponde a un elemento que integra los hechos de interés público investigados y publicados, en los que un elemento esencial es la individualización de la persona, —como es el caso del Recurrente entre otros indicados en el Reportaje— que los verosímiles antecedentes existentes lo relacionan con los hechos investigados y publicados.

Concluye que MEGAMEDIA obró con estricto apego a la legislación vigente —pues, ejerció legítimamente su libertad de prensa e información, de programación, el ejercicio de la labor periodística y, en definitiva, de su propio giro televisivo, amparados legal y constitucionalmente— y sus acciones se han enmarcado dentro de aquellas al publicar el Reportaje en su sitio web, el que da cuenta de hechos de interés público. Asimismo, no se ha obrado con arbitrariedad puesto que todos los antecedentes exhibidos son verosímiles, comprobados razonablemente y guardaban estricta relación con el contenido y naturaleza de los hechos investigados y no se escogieron aleatoriamente con el fin de perjudicar a persona alguna ni se revelaron antecedentes confidenciales o reservados. Todos ellos estaban revestidos de la verosimilitud necesaria y suficiente que justificaban su difusión.

Termina solicitando tener por evacuado, en tiempo y forma, el informe solicitado, ordenar que los autos sean traídos en relación y, previa vista de la causa, rechazar la acción de protección interpuesta por el Recurrente, en todas sus partes, con expresa condena en costas. 3°.- Que, informando, el abogado Ángel Valencia Vásquez, Fiscal Nacional del Ministerio Público, señala que, en lo que concierne a la investigación, la Fiscalía Regional de Antofagasta lleva a adelante una investigación penal en la causa RUC N°2410030466-6, en la que se indaga la comisión de los delitos de fraude al Fisco y otros ilícitos de corrupción pública en el marco del denominado “Caso Convenios” o “Caso Fundaciones”, la que se tramita ante el Juzgado de Garantía de Chillán con el RIT N°4445-2024.

Estima pertinente recordar que la regla general en nuestro proceso penal es la publicidad de los antecedentes respecto de las y los intervinientes.

Excepcionalmente, indica, de acuerdo con lo dispuesto por el artículo 182 del Código Procesal Penal, el Juzgado de Garantía podrá intervenir en el término o limitación del secreto decretado por el fiscal del Ministerio Público, al tenor del inciso tercero, bien sea respecto de su duración, bien sea sobre las piezas o actuaciones abarcadas o las personas que resulten afectadas por el secreto. De igual manera, el Juzgado de Garantía podrá intervenir en una declaración de secreto de una indagatoria en específico según lo señalado en el artículo 31 de la Ley N°19.913, pero sólo respecto de la renovación del mismo, por una sola vez y por un plazo máximo de seis meses.

En relación a la señalada investigación RUC N°2410030466-6, RIT 4445- 2024 del Juzgado de Garantía de Chillán, precisa que el Ministerio Público no dispuso secreto al tenor del artículo 182 del Código Procesal Penal o del artículo 31 de la Ley N°19.913.

En consecuencia, manifiesta que no resulta posible aseverar la existencia de un escenario en el que un Juzgado de Garantía pudiese intervenir en razón de dicho tópico, decretando la reserva de los antecedentes que componen la indagatoria, como lo asevera la recurrente a fojas 1 de su libelo.

Añade que con fecha 23 de septiembre de 2024, la Fiscalía Regional de Coquimbo entregó copia de la carpeta investigativa respectiva a los intervinientes.

Ello implica que, desde esa fecha, el Ministerio Público perdió el monopolio de la tenencia del contenido de la referida carpeta y, por ende, del control sobre la publicidad de los antecedentes allí recopilados.

Por ende, asevera, a la fecha de presentación del presente recurso objeto de discusión y del trabajo documental publicado por el medio de comunicación descrito en el instrumento, la investigación no se encontraba sujeta a un secreto reforzado del art. 182 C.P.P. o de alguna otra ley especial, en razón de alguna de las dos hipótesis señaladas precedentemente, de manera que no resulta procedente afirmar que existe una privación en la visualización de los antecedentes desde a lo menos el día 23 de septiembre de 2024.

Agrega que con fecha 1 de abril de 2025, el abogado defensor del Sr. nombre reservado, coimputado en la investigación RIT N°4445- 2024, RUC N°2410030466-6, solicitó al Juzgado de Garantía de Chillán que fijara audiencia a fin de apercibir al Ministerio Público a tomar las medidas necesarias para que la información contenida en los dispositivos electrónicos incautados a ese imputado no fuera entregada a los querellantes ni a los medios de comunicación. Así, el día 10 de abril de 2025, se celebró la audiencia requerida en la que la Fiscalía puso en conocimiento de dicho tribunal que el secreto de las investigaciones relacionadas con la fundación PROCULTURA había sido levantado con fecha 6 de abril de 2025 -no siendo ése el caso- y que las copias de la misma serían entregadas oportunamente, considerando el volumen de la información.

Por su parte, el juez dispuso que la copia de los dispositivos electrónicos que fueran requeridas por los abogados debía ser previamente autorizada mediante resolución judicial. De esta forma, el fin de la cautela de garantías fue resguardar la futura entrega de copias de los dispositivos personales del coimputado y no sancionar o cuestionar al Ministerio Público por alguna filtración previa, lo que dista de lo indicado por el recurrente de protección en su libelo.

Argumenta que la parte recurrente indica que el acto que estima arbitrario e ilegal “se construye exclusivamente en la publicación del reportaje de fecha 26 de mayo de 2025, el que le atribuye pública, masiva y dolosamente la ejecución de hechos típicos, antijurídicos y culpables” y, por tanto, los remedios para subsanar las vulneraciones ocasionadas serían los siguientes:

Ordenar la eliminación del reportaje publicado a fecha 26 de mayo de 2025 titulado “Procultura: Declaraciones, correos y escuchas dibujan el presunto fraude del convenio que nombre reservado ganó en el Gore Ñuble”; Ordenar que, en lo sucesivo, los recurridos se abstengan de publicar información que se encuentre sujeta a reserva por orden judicial en la causa RIT N° 4445-2024 del Juzgado de Garantía de Chillán; y Oficiar al Ministerio Público a fin de que investigue sobre las filtraciones de información sujeta a reserva judicial, puesto que la conducta desplegada podría constituir delito de revelación de secreto, previsto y sancionado en el artículo 246 del Código Penal.

Indica que las dos primeras medidas de protección no pueden si no ir dirigidas al canal de televisión MEGA, dado que fue dicho medio el que publicó el reportaje que afectaría al recurrente. En cuanto al último remedio solicitado, y al tenor de lo previamente informado, hace presente que, en caso de advertirse algún hecho que revistiera caracteres de delito, y conforme a la facultad otorgada a la Fiscalía por el artículo 172 del Código Procesal Penal, se procederá a abrir investigación, como ya se ha hecho previamente en situaciones análogas, sin perjuicio de la propia facultad del recurrente de efectuar las denuncias respectivas conforme al mérito de sus antecedentes.

Concluye solicitando tener por evacuado el informe. 4°.- Que, para analizar el asunto planteado por la presente vía, resulta conveniente consignar que el recurso de Protección de Garantías Constitucionales, establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye jurídicamente una acción, destinada a amparar el legítimo ejercicio de las garantías y derechos preexistentes que en esa misma disposición se enumeran, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben tomar ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que priva, o amenace ese atributo. 5°. - Que, es requisito indispensable de la acción de protección, la existencia de un acto u omisión ilegal, esto es, contrario a la ley, o arbitrario, producto del mero capricho de quién incurre en él, y que provoque algunas de las situaciones o efectos que se han indicado, afectando a una o más de las garantías -preexistentes- protegidas, consideración que resulta básica para el examen y la decisión de cualquier recurso como el que se ha interpuesto. 6°. - Que, cabe reflexionar, a la luz de lo recién expuesto, que esta acción de cautela de derechos constitucionales constituye una vía destinada a dar protección respecto de garantías cuya existencia se encuentre indubitada. 7°. - Que, se denuncia por el actor, que el medio de comunicación recurrido habría emitido un reportaje en que se le atribuye participación en hechos constitutivos de delito, y que el Ministerio Público habría desatendido deberes tendientes mantener la reserva de los antecedentes que sirvieron de insumo a las emisiones audiovisuales aludidas; añadiendo que no ha sido formalizado por tales hechos, y que aquello lesiona las garantías de los números 4, y 24 del artículo 19 de la Constitución Política, esta última en lo referente al “derecho a la propia imagen”. 8°. – Que, el medio de comunicación recurrido alega, por su parte, que el recurso de protección no es la vía para dirimir el conflicto planteado; que no existen derechos indubitados en favor del recurrente; que la acción carece de objeto y oportunidad, y que su actuar está amparado por la ley, insistiendo en que ejercer la el derecho a informar, regulado también a nivel constitucional.

Precisa que el reportaje está amparado en el interés público reconocido por la legislación de prensa, que en este caso versan sobre hechos referentes al uso irregular de recursos públicos. 9°. - Que, por su parte, el Ministerio Público sostiene que el 182 del Código Procesal Penal, confiere atribuciones al Juzgado de Garantía intervenir en la extensión del secreto decretado por el Ministerio Público, bien sea respecto de su duración, sobre las piezas o actuaciones abarcadas o las personas que resulten afectadas por el secreto. Añade que en relación a la investigación RUC N°2410030466-6, RIT 4445-2024 del Juzgado de Garantía de Chillán, el Ministerio Público no dispuso secreto al tenor del artículo 182 del Código Procesal Penal o del artículo 31 de la Ley N°19.913, por lo que no resulta posible aseverar la existencia de un escenario en el que un Juzgado de Garantía pudiese intervenir en razón de dicho tópico, decretando la reserva de los antecedentes que componen la indagatoria, como lo asevera la recurrente.

Además, agrega que con fecha 23 de septiembre de 2024, la Fiscalía Regional de Coquimbo entregó copia de la carpeta investigativa respectiva a los intervinientes, perdiendo en ente persecutor el monopolio de la tenencia del contenido de la referida carpeta y, por ende, del control sobre la publicidad de los antecedentes. 10°. - Que, de acuerdo, a lo expresado por las partes y documentos acompañados, aparece que existe un conflicto jurídico en torno a la inclusión del nombre del recurrente en el reportaje periodístico emitido el día 26 de mayo de este año, en la plataforma digital de “Mega Noticias”, sección “Mega Investiga”, titulado “Procultura: Declaraciones, correos y escuchas dibujan el presunto fraude del convenio que nombre reservado ganó en el Gore Ñuble”.

La controversia planteada por el recurrente dice relación con la legitimidad del origen de la información que sirvió de base a dicha publicación, y a su calidad en el proceso investigativo que le sirvió de fuente. A lo anterior, se suma la colisión de las garantías constitucionales del actor con aquellas que amparan la actividad de Megamedia S.A. 11°. - Que, en armonía con lo ya expuesto, es indispensable considerar que la materia en conflicto está normada especialmente, tanto a nivel constitucional como legal, por el numeral 12 del artículo 19 de la Constitución Política de la República que dispone: "La Constitución asegura a todas las personas: [...] 12°.- La libertad de emitir opinión y la de informar, sin censura previa, en cualquier forma y por cualquier medio, sin perjuicio de responder de los delitos y abusos que se cometan en el ejercicio de estas libertades, en conformidad a la ley, la que deberá ser de quórum calificado". Por su parte, el artículo 1° de la Ley N° 19.733 preceptúa: “La libertad de emitir opinión y la de informar, sin censura previa, constituyen un derecho fundamental de todas las personas. Su ejercicio incluye no ser perseguido ni discriminado a causa de las propias opiniones, buscar y recibir informaciones, y difundirlas por cualquier medio, sin perjuicio de responder de los delitos y abusos que se cometan, en conformidad a la ley. Asimismo, comprende el derecho de toda persona natural o jurídica de fundar, editar, establecer, operar y mantener medios de comunicación social, sin otras condiciones que las señaladas por la ley. Se reconoce a las personas el derecho a ser informadas sobre los hechos de interés general”. A su vez, el inciso 1° del artículo 2° del mismo cuerpo legal previene que: "Para todos los efectos legales, son medios de comunicación social aquellos aptos para transmitir, divulgar, difundir o propagar, en forma estable y periódica, textos, sonidos o imágenes destinados al público, cualesquiera sea el soporte o instrumento utilizado". Finalmente, el artículo 13 de la Ley 18.838 establece que “el Consejo Nacional de Televisión no podrá intervenir en la programación de los servicios de radiodifusión televisiva de libre recepción ni en la de los servicios limitados de televisión”. 12°. - Que, en razón de lo que se ha venido considerando, es pertinente recordar que, nuestro sistema jurídico contempla procedimientos declarativos especiales, o inclusive penales, que el afectado puede impulsar, para discutir las controversias que se puedan presentar entre el ejercicio de la libertad de informar, y el derecho de los individuos para que se respete la honra o la protección de su imagen. 13°. - Que, por lo anteriormente reflexionado, esta controversia no puede resolverse en esta sede cautelar que sólo tiene por objeto dar resguardo urgente a derechos indubitados frente a actuaciones u omisiones ilegales y arbitrarias de terceros, lo que, en definitiva, excluye la declaración de derechos controvertidos.

Por ello, esta no es la vía idónea para la decisión que se pretende, sino aquella contenciosa que corresponda, donde sea posible aportar las probanzas en apoyo de las posiciones que cada parte sostiene, todo lo cual lleva que la acción incoada deba ser desestimada.

Por estas consideraciones y atendido, además, lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre tramitación y fallo del recurso de protección, se rechaza sin costas, el recurso de protección interpuesto por el abogado don Juan Claudio Sandoval Toledo, en representación de don nombre reservado, contra la editorial de “Mega Investiga”, cuyo director de prensa es don nombre reservado, y contra el Ministerio Público, representado por el Fiscal Nacional, don Ángel Valencia Vásquez. Notifíquese.

En su oportunidad, dese cumplimiento al numeral 14 del Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre tramitación y fallo del Recurso de Protección, regístrese y, hecho, archívese.

Redacción a cargo del abogado integrante señor Baltazar Guajardo Carrasco, quien no firma no obstante haber concurrido a la vista de la causa y a su acuerdo, por no integrar el día de hoy.

Rol N°483-2025 PROTECCIÓN.