RENDIC HERMANOS S.A con INSPECCIÓN PROVINCIAL DEL TRABAJO ÑUBLE (CHILLÁN)

Chillán, doce de octubre de dos mil veintidós.

Visto:

1°.- Que comparece el abogado don Rodrigo Donoso Baraona, en representación de Rendic Hermanos S.A., quien interpone recurso de protección de garantías constitucionales, en contra de la Inspección Provincial del Trabajo Ñuble (Chillán), en adelante, la “Inspección Provincial del Trabajo”, representada por el Jefe de la Inspección Provincial don nombre reservado, por haber inferido privación, perturbación o amenaza al legítimo ejercicio por parte de mi representada de los siguientes derechos asegurados por la Constitución a todas las personas en su artículo 19: i) a la igual protección de la ley en el ejercicio de sus derechos, en particular, a lo establecido en el inciso 5º de su Nº 3º; ii) a la libre iniciativa en materia económica, consagrado en su Nº 21º, iii) a la igualdad ante la ley y a la no discriminación arbitraria en materia económica, consagrados respectivamente en sus Nº 2º y 22º, y iv) de propiedad, consagrado en su N° 24º, mediante la realización de una conducta arbitraria e ilegal consistente en la dictación de la Resolución de Multa (S) N° 1629/22/21, de 30 de junio 2022, suscrita por la Inspección Provincial del Trabajo, en adelante, la “Resolución.

Al fundarlo, señala que su representada tomó conocimiento de la Resolución antes dicha, mediante correo electrónico enviado por la Inspección Provincial del Trabajo, con fecha 5 de julio de 2022, por lo que el plazo de 30 días corridos establecido en el Auto Acordado para el ejercicio de un arbitrio como el de autos, según consta en la norma recién referida, se encuentra vigente a esta fecha. Luego hace referencia al Ordinario N° 503, de 30 de marzo de 2022, suscrito por el Jefe del Departamento Jurídico y Fiscal de la Dirección del Trabajo acto administrativo que sirvió de antecedente para la resolución de multa que impugna, que se originó en una solicitud formulada por la Federación Nacional de Sindicatos UNIMARC, en orden a: “determinar la legalidad de las cláusulas contenidas en el anexo de contrato emitido por el empleador Rendic Hermanos S.A., y su validez en conformidad a lo dispuesto en el Art. 10 Nº 3 del Código del Trabajo, que en rigor, agrega a los contratos de trabajo de sus dependientes la conformación del cargo “operador de tienda” y las distintas obligaciones que derivan de dicho anexo de contrato”, a lo que la recurrida concluyó: “En el caso concreto, como se dijo, la función “operador de tienda” incluida en los anexos, da cuenta de labores que no comparten la misma naturaleza, desde que el trabajador se obliga a prestar servicios en atención de clientes, reposición de mercadería, preparar pedidos e incluso en bodegas, entre otras, que de tal modo, resultan ser muy variadas para entender la existencia de funciones específicas a desarrollar, aun cuando éstas se encuentren explicitadas una a una en el contrato de trabajo.”

“En consecuencia, de conformidad a lo expuesto, disposiciones legales y jurisprudencia administrativa citadas, cumplo con informar a Ud. que, no se ajusta a derecho el cargo denominado “Operador de tienda”, conforme al contenido expuesto en el presente informe, al no otorgar un mínimo de certeza a los trabajadores acerca de las labores a realizar en los supermercados.”; que a partir de la interpretación de las disposiciones contractuales llevadas a cabo a través del referido Ordinario 503, se han iniciado hasta la fecha, más de 160 procesos de fiscalización respecto de Rendic, entre los cuales se encuadra, precisamente, el proceso de fiscalización llevado a cabo por la Inspección Provincial del Trabajo, que culminó con la dictación de la Resolución, y por medio de la cual resolvió imponer una multa a su representada, fundada en el supuesto hecho infraccional consistente en: “No especificar en el contrato de trabajo la determinación precisa de la naturaleza de los servicios”.

Estima que la resolución impugnada es un acto arbitrario, pues del Ordinario 503 concluye que la manera en que su representada ha definido el cargo denominado “operador de tienda” en el anexo del contrato suscrito con los trabajadores individualizados en la misma resolución, sería ambigua y, en consecuencia, no proporcionaría certeza jurídica respecto de la prestación de servicios que dicho cargo conlleva, resultando contrario al ordenamiento jurídico vigente, específicamente, al artículo 10 N° 3 del Código del Trabajo, en relación con el artículo 506 del mismo cuerpo legal. Añade que, contrariamente a lo que se establece en la Resolución, en el Contrato de Trabajo suscrito entre los trabajadores en ella individualizados y Rendic, se determina clara y específicamente en qué consiste el cargo de “operador de tienda”, así como también los lugares en que deben prestarse los servicios asociados al mismo de manera tal que no se observa elemento alguno que permita justificar la interpretación que de él se hace en la referida resolución y respecto de la cual, por cierto, la Inspección Provincial del Trabajo no proporciona mayor fundamentación y por ende deviene en arbitrario. Cita, en el mismo sentido, el contenido de los artículos 16 y 41 de la Ley N° 19.880, en cuanto apuntan, respectivamente, a la posibilidad de conocimiento de los fundamentos y a la necesidad de que ellos existan y consten.

Asimismo, estima que constituye una conducta ilegal, pues excede el marco jurídico de atribuciones que corresponde a la Inspección Provincial del Trabajo, lo que supone desconocer el Principio de Legalidad, elemento fundamental del Estado de Derecho, consagrada en el inciso 1º del artículo 7º de la Carta Fundamental, pues en la Resolución, la Inspección Provincial del Trabajo realizó una interpretación de una cláusula contractual, con lo cual ha excedido larga y claramente las atribuciones del referido ente público unido a lo prescrito en los artículos 18 y del Decreto con Fuerza de Ley N° 2, de 1976, del Ministerio del Trabajo y Previsión Social, no encontrándose entonces la facultad de interpretar contratos de trabajo. Esto último es patente si se considera lo dispuesto en el inciso 1º del artículo 505 del Código del Trabajo, el cual establece que: “La fiscalización del cumplimiento de la legislación laboral y su interpretación corresponde a la Dirección del Trabajo, sin perjuicio de las facultades conferidas a otros servicios administrativos en virtud de las leyes que los rigen.” en concordancia con lo que se establece en el artículo 1º, letra b) del Decreto con Fuerza de Ley Nº 2, de 1967, del Ministerio del Trabajo y Previsión Social, que “dispone la reestructuración y fija las funciones de la Dirección del Trabajo”, en orden a que sus funciones alcanzan a: “Fijar de oficio o a petición de parte por medio de dictámenes el sentido y alcance de las leyes del trabajo;”. De dichas disposiciones queda de manifiesto que, dentro de las atribuciones de la Dirección del Trabajo y, por ende, de las Inspecciones del Trabajo, no se incluye, en forma o de manera alguna, la de interpretar contratos de trabajo o resolver contiendas laborales.

Luego, sostiene que la resolución de la Inspección Provincial del Trabajo, constituye una privación, perturbación o amenaza en el legítimo ejercicio del derecho a la igual protección de la ley en el ejercicio de sus derechos, en particular a lo referido a ser juzgado por el tribunal señalado por la ley, consagrado en el inciso 5º del Nº 3º del artículo 19 de la Constitución; el legítimo ejercicio de su derecho a desarrollar cualquier actividad económica respetando las normas legales que la regulen, consagrado en el Nº 21º del artículo 19 de la Constitución Política, pues, uno de los ámbitos que queda cubierto por la referida facultad es el propiamente laboral. Es ahí, precisamente, donde se produce la vulneración del derecho constitucional de su representada en la especie, puesto que la existencia de un eventual conflicto de relevancia jurídica a partir del contenido y la interpretación de las disposiciones contractuales que rigen la relación de mi representada con sus trabajadores no es, ni puede ser, de conocimiento de una Inspección Provincial del Trabajo, como es el caso de la recurrida, sino de los Tribunales de Justicia; en el legítimo ejercicio de su derecho a la igualdad ante la ley y a la no discriminación arbitraria en materia económica, consagrados, respectivamente, en los Nº 2º y 22º del artículo 19 de la Constitución Política, porque la Resolución ha alterado gravemente el trato que, conforme al ordenamiento vigente corresponde que reciba mi representada de parte de la autoridad administrativa, desde el momento que, según se ha explicado, dicha autoridad se ha comportado como si pudiera ejercer atribuciones de las que carece, no sólo por el tenor explícito de la normativa aplicable, sino porque ellas corresponden al ámbito propio de los Tribunales de Justicia; en el legítimo ejercicio de su derecho de propiedad consagrado en el Nº 24º del artículo 19 de la Constitución Política.

Además, y a mayor abundamiento, dice que la Resolución carece de base jurídica, en la medida que la cláusula contractual a la que ella se refiere cumple plena y cabalmente con el ordenamiento legal vigente en materia laboral en Chile y, por ende, la multa impuesta por intermedio de la misma resulta del todo improcedente, pues, según es sabido, uno de los elementos que debe contener el contrato de trabajo, conforme a lo que dispone el número 3 del artículo 10 del Código del Trabajo es la: “determinación de la naturaleza de los servicios y del lugar o ciudad en que hayan de prestarse. El contrato podrá señalar dos o más funciones específicas, sean éstas alternativas o complementarias;” Si se revisa el texto del contrato de trabajo correspondiente al cargo “Operador Tienda” que utiliza su representada, así como el del Anexo del mismo se podrá apreciar que las funciones correspondientes a dicho cargo están claramente definidas y especificadas, así como también el lugar en que éstas deben ser desarrolladas. En efecto, no se entiende cómo a la luz de su redacción, la Inspección Provincial del Trabajo ha podido concluir que no se especifica o determina con precisión la naturaleza de los servicios asociados al cargo en comento, lo que conllevaría a que una incerteza jurídica. Aquella conclusión carece de todo sustento.

Finalmente, pide tener por deducida esta acción constitucional en contra de la Inspección Provincial del Trabajo, por haber inferido privación, perturbación o amenaza al legítimo ejercicio por parte de mi representada de los siguientes derechos asegurados por la Constitución a todas las personas en su artículo 19: i) a la igual protección de la ley en el ejercicio de sus derechos, en particular, a lo establecido en el inciso 5º de su Nº 3º; ii) a la libre iniciativa en materia económica, consagrado en su Nº 21º, iii) a la igualdad ante la ley y a la no discriminación arbitraria en materia económica, consagrados respectivamente en sus Nº 2º y 22º, y iv) de propiedad, consagrado en su N° 24º, mediante la realización de una conducta arbitraria e ilegal consistente en la dictación de la Resolución de Multa y que, en definitiva, la acoja en todas sus partes y, en consecuencia, deje sin efecto la referida resolución. Todo con costas.

2°.- Que al informar don nombre reservado, Inspector Provincial del Trabajo Ñuble-Chillán, reseña, en primer lugar, los antecedentes del presente recurso, indicando que este se ha interpuesto en contra de la Resolución de Multa N°1629.22.21, de fecha 30.06.2022, cursada al recurrente, producto de una fiscalización efectuada por la IPT ÑUBLE-CHILLÁN, proceso a cargo de la fiscalizadora dependiente de dicha oficina doña nombre reservado. Dicha fiscalización tiene su origen en Programa de Fiscalización establecido en Circular N°29 del 17.05.2022 la que fue generada producto de denuncias dirigidas por parte de trabajadores y organizaciones sindicales por la formulación de un contrato/anexo de trabajo con un cargo denominado “Operador de Tienda”. La fiscalizadora se constituyó en las dependencias de Rendic Hermanos S.A, ubicadas en Balmaceda 546, comuna de Coihueco, a fin de llevar a cabo el proceso de fiscalización correspondiente a Comisión Nº 1601.22.534, y luego de las diligencias pertinentes, pudo constatar infracción laboral consistente en no especificar en el contrato de trabajo la determinación precisa de la naturaleza de los servicios de los trabajadores detallados en la Resolución de Multa Nº 1629.22.21, lo que constituye infracción al artículo 10 N°3, en relación con el artículo 506 del Código del Trabajo. La multa fue notificada mediante correo electrónico de fecha 07.07.2022, remitido a la casilla registrada en la página web de la Dirección del Trabajo, entendiéndose practicada legalmente dicha notificación al tercer día hábil siguiente, según dispone el artículo 508 del Código del Trabajo.

Luego, plantea que el recurso de protección de garantías constitucionales constituye jurídicamente una acción cautelar de naturaleza extraordinaria y excepcional, encaminada a amparar el libre ejercicio de las garantías y derechos preexistentes que se enumeran en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben tomar ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que impida, amague o entorpezca dicho ejercicio, dado lo cual, no está destinado a reemplazar procedimientos específicos que contempla la ley para la defensa de los derechos de quien se siente perjudicado por la dictación de una resolución administrativa, como sucede justamente en el caso de autos, en la que se discute acerca del alcance de las atribuciones de este Servicio al imponerse la resolución de multa N°1629.22.21, existen otras acciones específicas para la impugnación de las resoluciones de multa, ya sea a través de la vía administrativa, como lo dispone el artículo 511 del Código del Trabajo (reconsideración administrativa de multa), o bien, haciendo uso de la acción ordinaria de reclamación ante el Juzgado laboral que regula el artículo 503 del mismo cuerpo legal. Hace presente que la recurrente, en paralelo al ejercicio de presente acción constitucional, interpuso con fecha 28.07.2022 reclamo judicial en contra de la multa 1629.22.21, reclamo interpuesto ante el Juzgado de Letras del Trabajo de Chillán, RIT I- 33-2022, que fue notificada a su representada con fecha 03.08.2022 y que actualmente se encuentra en tramitación. Lo anterior demuestra la improcedencia de la acción constitucional desde que el propio recurrente ha optado por la vía ordinaria dispuesta por el ordenamiento jurídico laboral efectuando las mismas alegaciones entorno a una supuesta “Manifiesta extralimitación de las facultades de la Dirección del Trabajo al interpretar el Contrato de Trabajo” solicitando se deje sin efecto la multa, mismo argumento y petición expresada en la acción de protección de autos. Si bien es cierto la acción constitucional es “sin perjuicio de otros derechos que pueda hacer valer el afectado ante la autoridad o los tribunales correspondientes” sucede que en la especie lo que se recurre es una acto administrativo que tiene una acción especialmente prevista para su revisión, dado que no genera un conflicto constitucional que deba ser conocido vía recurso de protección en el entendido que el recurso de protección corresponde a un proceso sumario para la tutela urgente y privilegiada de los derechos fundamentales indubitados, y no un mecanismo ordinario de control contencioso administrativo. En la especie se pretende usar este arbitrio constitucional como un recurso jurisdiccional, lo cual no puede admitirse dado que se transformaría en un medio de impugnar toda suerte de resoluciones de entidades administrativas, que actúan dentro del marco de sus competencias.

Luego, sostiene que no existe acto ilegal o arbitrario que se denuncia, y señala que la recurrente en primer lugar funda la presente acción en que en la resolución de multa carecería de todo fundamento racional y toda base en los hechos, pero, basta con la lectura de la Resolución de Multa Nº1629.22.21 para observar que ello no es efectivo. La resolución de multa cursada se ajusta a los hechos constados y al derecho, y ha sido cursada luego de la fiscalización realizada a la recurrente que incluyo revisión documental, entrevistas a muestra de trabajadores y representante del empleador, conforme instruido en Manual del Procedimiento de Fiscalización de la Dirección del Trabajo, aprobado por Res. Exenta Núm. 1.241 de 28 de septiembre de 2021, publicada en el Diario Oficial el 01.10.2021 y Circular Nº29, de 17.05.2022, del Departamento de Inspección, constatándose que los contratos de trabajo y anexos revisados contemplan un cargo de “Operador de Tienda”, y “Operador de Producción”, que suponen la realización de una serie de funciones descritas sin que se precise de manera cierta la naturaleza de los servicios a los que se obligan sus dependiente, ello respecto de los trabajadores que se individualizan y conforme el detalle consignado en la resolución de multa. Asimismo, se establece con claridad la infracción que dicho hecho constituye: “no especificar en el contrato de trabajo la determinación precisa de la naturaleza de los servicios.”, y la norma infringida-sancionadora: “Articulo 10 N°3 y 506 del Código del Trabajo”. Se debe tener presente que la resolución de multa es el acto terminal de un procedimiento administrativo que conlleva una serie de actos trámites, todos los cuales permiten sustentar la decisión final de sancionar. Estas actuaciones, en el caso en análisis, se encuentran contenidos en las distintas piezas del expediente administrativo de la Comisión Nº 1601.22.534, que se adjuntan en otrosí de este informe. En este sentido cobra relevancia el Informe de Exposición, en el que se reflejan todas las actuaciones realizadas en el curso de la fiscalización efectuada al recurrente y que fundan la decisión de sancionar. De esta forma, el acto administrativo se encuentra debidamente fundado en los hechos y el derecho conforme a las exigencias del artículo 16 y 41 de la Ley 19.880, descartándose que haya sido dictada por mero capricho, sin motivación y en consecuencia SSI. Deberá desechar la alegación de la recurrente. Añade que la resolución de multa N°1629.22.21 cursada a la recurrente se enmarca en lo dispuesto en el artículo 1º del D.F.L N.º 2 de 1967 norma que dispone que corresponde a la Dirección del Trabajo, entre otras funciones “la fiscalización de la aplicación de la legislación laboral”, función que, de acuerdo con la misma normativa laboral, cumple a través de las respectivas Inspecciones. El artículo 505 inciso 1º del Código del Trabajo, a su vez dispone: “La fiscalización del cumplimiento de la legislación laboral y su interpretación corresponde a la Dirección del Trabajo (…)”. Aparece entonces el concepto de fiscalizar e interpretar como aquél que debe dotar de sentido y alcance la labor de quienes cumplen funciones encomendadas al órgano contralor, las funciones de fiscalización e interpretativa que tiene la Dirección del Trabajo, surgen de texto legal expreso y vigente, esto es, el artículo 505 del Código del ramo, y del artículo 1° del D.F.L. N°2 de 1967, Ley Orgánica de la Dirección del Trabajo, antes transcritos. Tales facultades consisten precisamente en explicar el sentido de un texto legal sometido a su análisis, en un determinado proceso de fiscalización, esto es, los funcionarios que actúan por la Inspección del Trabajo tienen que llevar a cabo una labor de orden intelectual, puesto que ésta es de la esencia de tales facultades. Entender que esto no es así, y acoger la tesis del recurrente, significaría desconocer o desvirtuar la labor inspectiva de la Dirección del Trabajo, impidiendo a este órgano administrativo el ejercicio de su función ante una conducta que vulnera la ley. Por último, señala que los hechos descritos en esta acción, así como el actuar del fiscalizador dependiente de la IPT Ñuble-Chillán, no constituyen un acto arbitrario e ilegal que afecten las garantías constitucionales, invocadas por el recurrente como argumento de su acción, toda vez que como se ha indicado con antelación, no ha existido acto arbitrario ni ilegal, sino el ejercicio de facultades propias de fiscalizar e interpretar el cumplimiento de la legislación laboral y de sancionar ante la constatación de infracción a aquella.

Finalmente en mérito a lo expuesto y de lo dispuesto en los artículos 6, 7, 19 y 20 de la Constitución Política de la República, D.F.L Nº2 de 1967 del Ministerio del Trabajo y Previsión Social; y demás normas pertinentes; pide tener por evacuado el informe solicitado, tenerme como parte de este y rechazar el presente recurso por improcedente y por no existir actuación arbitraria o ilegal que importe privación, perturbación o amenaza de derecho constitucional alguno por parte del recurrido por cuanto ha actuado dentro del marco legal y la órbita de competencias, en uso de atribuciones y prerrogativas que son propias. Todo ello con costas.

3°.- Que, para analizar el asunto planteado por la presente vía, resulta conveniente consignar que el recurso de Protección de Garantías Constitucionales establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República constituye jurídicamente una acción destinada a amparar el legítimo ejercicio de las garantías y derechos preexistentes que en esa misma disposición se enumeran, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben tomar ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que priva, o amenace ese atributo.

4°.- Que, como se desprende de lo señalado precedentemente, es requisito indispensable de la acción de protección, la existencia de un acto u omisión ilegal, esto es, contrario a la ley, o arbitrario, producto del mero capricho de quien incurre en él, y que provoque algunas de las situaciones o efectos que se han indicado, afectando a una o más de las garantías -preexistentes- protegidas, consideración que resulta básica para el examen y la decisión de cualquier recurso como el que se ha interpuesto.

5°.- Que, cabe reflexionar, a la luz de lo recién expuesto, que esta acción de cautela de derechos constitucionales constituye una vía destinada a dar protección respecto de garantías cuya existencia se encuentre indubitada.

6º.- Que mediante el presente recurso se cuestiona como ilegal y arbitraria la Resolución Multa (S) Nº 1629/22/21, de 30 de junio de 2022, dictada en base al Ordinario Nº 503, de 30 de marzo de 2022, suscrito por el Jefe del Departamento Jurídico y Fiscal de la Dirección del Trabajo, que concluye que no se ajusta a derecho el cargo denominado “Operador de Tienda” conforme al contenido expuesto en el Informe tenido a la vista de la entidad fiscalizadora, al no otorgar un mínimo de certeza a los trabajadores acerca de las labores a realizar en los supermercados, cuestión que originó que a partir de la interpretación de las disposiciones contractuales llevadas a cabo a través del referido Ordinario Número 503, se iniciaran más de 160 procesos de fiscalización respecto de Rendic, entre los cuales se encuentra el de la Inspección Provincial del Trabajo y que culminó con la dictación de la Resolución por medio de la cual resolvió imponer una multa a su representada, fundada en el supuesto hecho infraccional consistente en “No especificar en el contrato de trabajo la determinación precisa de la naturaleza de los servicios”, resolución que considera arbitraria por las razones que expresa.

Que, por su parte, el servicio recurrido descarta la ilegalidad y arbitrariedad denunciada, pues la Resolución Multa que se impugna ha sido producto de una fiscalización efectuada por la IPT Ñuble-Chillán, la que tuvo su origen en programa de fiscalización establecido en Circular Número 29, de 17 de mayo de 2022, y que se generó producto de denuncias dirigidas por parte de trabajadores y organizaciones sindicales por la formulación de un contrato/anexo de trabajo con cargo denominado “Operador de Tienda”, y realizada en las dependencias de Rendic Hermanos, ubicadas en la comuna de El Carmen, domicilio reservado, y en la que, previo realización de las diligencias pertinentes, se pudo constatar la infracción laboral, consistente en no especificar en el contrato de trabajo la determinación precisa de la naturaleza de los servicios de los trabajadores detallados en La Resolución Multa Nº 1629.22.21, lo que importa infracción al artículo 10 Nº 3, en relación con el artículo 506 del Código del Trabajo.

7º.- Que, al efecto, y tal como se ha entendido por la jurisprudencia (C.A. de Santiago, en sentencia de 10 de enero de 2020, autos Rol Nº 2040-20) “De lo transcrito precedentemente puede advertirse –en lo que importa para estos fines- que el ordenamiento jurídico nacional asigna a la administración (Dirección del Trabajo) un doble cometido: la función de fiscalizar, actuando como “policía laboral “ y la de ejecutar una labor interpretativa de la legislación laboral. En la terminología legal, la primera de esas atribuciones se expresa en el deber de “Velar por la correcta aplicación de las leyes del trabajo en todo el territorio la República” o de “fiscalización del cumplimiento a la legislación laboral”, que se traduce en una misión de control de acatamiento de las normas sociales, de manera que, detectada que sea la infracción, debe sancionar las conductas que no se ajusten a esa normativa; en tanto que la otra competencia atribuida concierne a la fijación del alcance y sentido de esa ley laboral, cuyo propósito fundamental y directo es entregar las orientaciones necesarias a su propio personal para que la función fiscalizadora se sujete a dichas directrices. Esto último se expresa en dictámenes y forma parte de lo que se conoce como “jurisprudencia administrativa” (Considerando 9º).

“Que desde esta perspectiva, la constatación de la infracción al contrato colectivo, que supone la revisión de la ley laboral aplicable al caso concreto, conforme a la normativa citada, permite despejar cualquier alegato de incompetencia, desviación de poder, extralimitación o calificativo semejantes, atendido al claro tenor del artículo 1º letra a) y 24 de la LOC de la institución. Por ello, resulta imposible que en el ejercicio de las labores que le son propias pueda el servicio exceder sus atribuciones legales, invadiendo las propias de carácter jurisdiccionales, ya que el funcionario actuante puede y debe analizar e interpretar aquello que se le presenta vinculado con la prestación de servicio a los trabajadores de la administrada. Puede en consecuencia, calificar jurídicamente los hechos por ser parte de su actividad administrativa, pues de ahí arranca su función, teniendo especialmente en consideración que la legalidad de su conducta deberá controlarse posteriormente por el juez competente que corresponda, quien podrá examinar la forma, fin, objeto y motivos del acto por las vías que la propia ley dispone al efecto” (Considerando 10º).

De la misma manera se ha declarado que la Inspección del Trabajo está facultada para calificar jurídicamente hechos materia de infracción laboral. Y al efecto y en lo pertinente, se ha señalado: “Como reiteradamente ha venido sosteniendo la jurisprudencia, la autoridad administrativa está facultada para calificar jurídicamente los hechos, desde que es precisamente dicha calificación jurídica indispensable para el ejercicio su labor, en particular, para desplegar su potestad sancionadora. Ahora, siendo parte integrante de la actividad administrativa la calificación jurídica de los hechos, la misma podrá ser controlada por el juez -en este caso- a través del procedimiento jurisdiccional contemplado en el artículo 503, cuál es el que se hizo valer por la empresa sancionada.

“Cabe destacar que privar a la Administración de la facultad de la calificación jurídica de los hechos, impediría el cumplimiento de su función, porque si la fiscalización únicamente concierne a detectar infracciones evidentes y aquellas que el fiscalizado no controvierte, significaría que la fiscalización carecería de toda relevancia y efectividad, y eventuales conductas transgresoras de la ley quedarían sin sanción salvo que el propio trabajador afectado sea el que denuncie, lo que en muchos casos no resulta probable. Lo anterior es despojar de contenido y eficacia las normas de protección al trabajador.

“Habrá de insistir que lo actuado por el fiscalizador es revisable por la vía del procedimiento judicial, pero sin desconocer que lo obrado por él, constituye una actuación administrativa establecida en la ley que prevé la circunstancia de estar revestido de la calidad de ministro de fe, de interpretar, requerir y sancionar, en todo lo que atañe a la fiscalización del cumplimiento de la preceptiva laboral” (C.A. de Santiago, 10 de abril de 2018, Rol 2903-2017).

8º.- Que, sin perjuicio de lo hasta aquí razonado, y que descarta la existencia de ilegalidad o arbitrariedad en la actuación de la recurrida, quien ha procedido dentro de sus facultades legales, cabe dejar asentado, además, que, tal como se señala en el motivo 5º) de este fallo, el presente recurso constituye una acción de carácter cautelar destinado a amparar el legítimo ejercicio de derechos preexistentes e indubitados, condición que no se verifica en la especie, ya que mientras el recurso atribuye a la Administración el haber excedido sus facultades, ésta, por su parte, argumenta haber procedido dentro de la esfera de sus atribuciones, lo que es suficiente para concluir que la presente acción ha de ser desestimada. (C.S., sentencia de 28 de enero de 2015, Rol Nº 24712-2014).

De la misma manera se ha de resolver si se tiene en consideración que la parte recurrente, paralelamente a este recurso, interpuso reclamación judicial en contra de la multa impuesta por la Resolución Nº 1629/22/21, ante el Juzgado de Letras del Trabajo de Chillán, en causa RIT I-33-2022, en actual tramitación, lo que deja de manifiesto la existencia de otras vías activas para restablecer los derechos que se estiman vulnerados, y que el mismo asunto que sirve de fundamento a la acción constitucional deducida en estos autos está siendo conocida actualmente por la justicia, por lo que la materia en examen se encuentra sometida al procedimiento adecuado que otorga a las partes las máximas garantías a fin de hacer valer sus pretensiones y derechos, por lo que el presente recurso ha perdido real objetivo atendida su índole y naturaleza, por lo que no puede prosperar. (C.S., sentencia 23 de abril de 2020, Rol Nº 21.128-2019).

Por estas consideraciones y de conformidad, además, con lo prevenido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y Auto Acordado de la Excelentísima Corte Suprema Sobre Tramitación y Fallo del Recurso de Protección, se rechaza, sin costas, el interpuesto por el abogado don Rodrigo Donoso Baraona, en representación de Rendic Hermanos S.A., en contra de la Inspección Provincial del Trabajo Ñuble (Chillán), representada por el Jefe de la Inspección Provincial don nombre reservado.

Notifíquese.

En su oportunidad, dese cumplimiento al numeral 14 del citado Auto Acordado de la Excelentísima Corte Suprema.

Regístrese; hecho, archívese.

Redacción a cargo del abogado integrante don Raúl Fuentes Sepúlveda.

Rol Nº 4801-2022.- PROTECCION.-