nombre reservado con SUBSECRETARIA DE VIVIENDA Y URBANISMO

Chillán, veintitrés de julio de dos mil veinticinco.

VISTOS:

1°.- Que, comparece el abogado don James Mery Bell, cédula de identidad N°RUT reservado, domiciliado en domicilio reservado, quien actuando en nombre y representación de la JJVV Villa Brisas del Bicentenario, Rut RUT reservado; JJVV Villa Precordillera, PJ N°912 Unidad Vecinal N°24 de Chillán; Junta de Vecinos N°3 Lomas del Oriente, Persona Jurídica 738, Chillán; Junta de Vecinos Altos de Coihueco, Rut RUT reservado, y Junta de Vecinos N°9 Rut RUT reservadoPoblación nombre reservado, comuna de San Nicolas, todos domiciliados para estos efectos en domicilio reservado, Región de Ñuble, interpone recurso de protección en contra del SERVICIO DE VIVIENDA Y URBANISMO DE ÑUBLE, Rut:RUT reservado, representado por su director don nombre reservado, cédula de identidad N°RUT reservado, ambos domiciliados para estos efectos en domicilio reservado, Región de Ñuble, y en contra del Ministerio de Vivienda y Urbanismo, Rut RUT reservado, representada por su Ministro don Carlos Montes Cisternas, cédula de identidad N°RUT reservado, ambos domiciliado en domicilio reservado ”Higgins 924, Santiago, por el actuar ilegal y arbitrario de excluir de manera discriminatoria y antojadiza a más de 3.842 familias de la Región de Ñuble, en el proceso de selección del programa de “Mejoramiento de la vivienda del programa de protección del patrimonio familiar, destinados a proyectos de obras de innovación de eficiencia energética, de acondicionamiento térmico de viviendas tanto en su línea general como en el marco de los planes de descontaminación”, según Resolución Exenta N°655 publicada en el diario oficial el día 12 de junio de 2025, notificada a las entidades patrocinantes de la Región de Ñuble mediante correo electrónico el día Jueves 15 de mayo de 2025, del Ministerio de Vivienda y Urbanismo que modifica la Resolución Exenta 815 de 7 de junio de 2024 del mismo ministerio, faltando al debido proceso, discriminando a las familias no consideradas y vulnerando su derecho de propiedad, infringiendo las garantías constitucionales del artículo 19 numerales 2, 3 y 24 de la Constitución Política de la República con relación al artículo 20 del mismo cuerpo normativo.

Refiere el recurrente, y como fundamento de la acción constitucional por él interpuesta, que mediante la Resolución Exenta N°815 de 7 de junio de 2024, se abrió el “llamado a postulación nacional en condiciones especiales año 2024, para el desarrollo de proyectos del programa de protección del patrimonio familiar correspondiente al Título II, mejoramiento de la vivienda, destinados a obras de acondicionamiento térmico de viviendas, tanto en la línea general como en el marco de los planes de descontaminación atmosférica y fija la cantidad de recursos que se destinarán al financiamiento de dichos subsidios”, en base a lo señalado en el DS N°255 de 2006 y sus modificaciones, en especial lo señalado en su artículo 13, disposición que establece que el MINVU convocará a llamados nacionales destinados al desarrollo de proyectos correspondientes al Programa regulado por el presente reglamento.

Extraordinariamente, previa autorización escrita del Ministro de Vivienda y Urbanismo, el SEREMI podrá realizar llamados para ser aplicados en la región, o en una o más provincias o comunas, localidades o sectores de la región correspondiente.

En ambos casos los llamados se efectuarán mediante resoluciones, las que deberán ser publicadas en el Diario Oficial con 30 días de anterioridad, a lo menos, a la fecha del inicio del proceso de selección determinado en la misma resolución.

En las resoluciones que dispongan los llamados se fijará:

a)

El monto de los recursos que se destinarán al llamado, los que se podrán distribuir por provincias, comunas, localidades o sectores, si corresponde.

b)

Su forma de distribución por Título y por alternativa de postulación, cuando corresponda.

c)

La fecha de inicio del proceso de selección.

d)

En general, las demás condiciones de postulación y todas aquellas operaciones o actos que incidan en la aplicación práctica de este reglamento.

Expresa que el punto dos de la resolución señalaba como plazos de postulación por intermedio de entidades patrocinantes hasta el día 13 de septiembre de 2024, requisito que cumplieron 5.002 familias de la región.

Sin embargo, el día 12 de mayo de 2025 se publicó en el diario oficial una nueva resolución exenta, la N°655, que fue notificada a las entidades patrocinantes mediante correo electrónico el día 15 de mayo de 2024 desde la casilla de correo electrónico correo reservado , en el que se le manifestaba que junto con saludar, se informaba Resolución Exenta N°655 que aprueba selección del llamado de Eficiencia Energética, agregando que los recursos señalados son los determinados por resolución de llamado 815 del 07.06.2024, y que esta vez no se pudieron contemplar más recursos, dado las complementarias del año 2023 que ya otorgó a todas las postulaciones hábiles que realizó la Región de Ñuble, cargándolos al presupuesto correspondiente al año 2024.

Indica que para los hábiles no seleccionados en PDA se harán mesas de trabajo para el cambio y modificación de presupuestos y si la resolución de llamado solicita algo distinto del proyecto realizado.

Para los hábiles no seleccionados térmico se realizará mesas de trabajo para las Comunas de Bulnes, Quillón, Yungay, Quirihue, Coelemu, San Carlos y Coihueco que cumplen con lo establecido en el DS 27. Las demás Comunas deberán postular al llamado MAVE DS 10 con quienes también se trabajará en este cambio.

Es del caso señalar que en dicho correo electrónico venían dos archivos adjuntos, uno es la Resolución Exenta 655 de 2025 y el otro archivo es un archivo Excel denominado eficiencia energética, en el cual sin señalarse los criterios de evaluación y sin cumplirse con el deber de notificar mediante publicación por un diario de circulación regional los proyectos adjudicados, se informa quienes si accederían al subsidio.

Señala que este punto causó la atención tanto de las entidades patrocinantes como de las distintas Juntas de Vecinos que se adjudicaron el proyecto a nivel regional a 1.178 familias, dentro de lo cual no se sabe cuáles son los puntajes de postulación, si tendrá que ver la entidad patrocinante que postuló, si existirán relaciones políticas al respecto, etc. Este punto es relevante, toda vez que nuevamente de manera arbitraria se podría estar frente a un caso de corrupción bastante parecido a lo que ha sido el público caso denominado “democracia viva”, porque no se entiende la diferencia de las postulaciones; no se han informado los puntajes; no existen publicaciones en los medios de comunicación regionales; no se señaló un medio electrónico para presentar cartas explicativas por medio de las entidades patrocinantes que representaron a las organizaciones vecinales, obligación señalada en los puntos 11 y 12, a saber:

11.- Establécese que los Prestadores de Asistencia Técnica podrán ejercer las acciones que correspondan en el evento de no estar conformes con el resultado de la selección, a través de los medios electrónicos que cada Servicio de Vivienda y Urbanización disponga, remitiendo una carta explicativa acompañada de todos los documentos que avalen su reclamación, en un plazo de 15 días hábiles, contados desde la publicación del presente acto administrativo.

12.- Publíquese en un periódico de circulación regional un aviso que indique el lugar y fecha en que serán publicadas las nóminas de los postulantes seleccionados y los respectivos proyectos, conforme al Resuelvo 5, las que deberán contener, a lo menos, la comuna, el Título del cual se trate, el nombre de cada postulante con su respectiva Cédula de Identidad y, en el caso de los proyectos de Acondicionamiento Térmico regular y PDA, el puntaje obtenido por cada postulante seleccionado.

Debido a la falta de información es que las JJVV presentaron una denuncia ante la Contraloría Regional de Ñuble.

En cuanto a los fundamentos de derecho de la presente acción, expresa que el artículo 20 de nuestra carta fundamental señala “El que por causa de actos u omisiones arbitrarios o ilegales sufra privación, perturbación o amenaza en el legítimo ejercicio de los derechos y garantías establecidos en el artículo 19, números 1º, 2º, 3º inciso quinto, 4º, 5º, 6º, 9º inciso final, 11º,12º, 13º, 15º, 16º en lo relativo a la libertad de trabajo y al derecho a su libre elección y libre contratación, y a lo establecido en el inciso cuarto, 19º, 21º, 22º, 23º, 24°, y 25º podrá ocurrir por sí o por cualquiera a su nombre, a la Corte de Apelaciones respectiva, la que adoptará de inmediato las providencias que juzgue necesarias para restablecer el imperio del derecho y asegurar la debida protección del afectado, sin perjuicio de los demás derechos que pueda hacer valer ante la autoridad o los tribunales correspondientes”.

Por su parte, el articulo 19 N°2 señala “La igualdad ante la ley. En Chile no hay persona ni grupo privilegiados. En Chile no hay esclavos y el que pise su territorio queda libre. Hombres y mujeres son iguales ante la ley. Ni la ley ni autoridad alguna podrán establecer diferencias arbitrarias”.

El Principio de igualdad y no discriminación es un principio básico del ordenamiento jurídico, el cual se relaciona con la dignidad humana. Como derecho fundamental a su vez, la igualdad es considerada tanto la garantía fundamental del estado de derecho y/o como un derecho sustantivo. Este principio, se encuentra recogido tanto a nivel nacional, en nuestra Carta fundamental, como en diversos tratados de Derechos Humanos.

Por otra parte, invoca el recurrente disposiciones constitucionales, específicamente los artículos 6 y 7, que establecen: “ Artículo 6º.- Los órganos del Estado deben someter su acción a la Constitución y a las normas dictadas conforme a ella, y garantizar el orden institucional de la República. Los preceptos de esta Constitución obligan tanto a los titulares o integrantes de dichos órganos como a toda persona, institución o grupo. La infracción de esta norma generará las responsabilidades y sanciones que determine la ley.

Artículo 7º.- Los órganos del Estado actúan válidamente previa investidura regular de sus integrantes, dentro de su competencia y en la forma que prescriba la ley. Ninguna magistratura, ninguna persona ni grupo de personas pueden atribuirse, ni aun a pretexto de circunstancias extraordinarias, otra autoridad o derechos que los que expresamente se les hayan conferido en virtud de la Constitución o las leyes. Todo acto en contravención a este artículo es nulo y originará las responsabilidades y sanciones que la ley señale.

Finalmente, aduce que el Servicio de Vivienda ni siquiera respetó las normas que se redactaron de nivel central lo cual pugna con el derecho a un procedimiento racional y justo, denominado debido proceso.

En razón de lo expresado, solicita tener por interpuesto, dentro de plazo, el presente recurso de protección en contra del Servicio de Vivienda y Urbanismo Ñuble y del Ministerio de Vivienda y urbanismo, ya individualizados, admitirlo a tramitación y que se acoja íntegramente, restableciéndose el imperio del derecho, disponiendo que:

1.Se deje sin efecto la Resolución Exenta N°655 de año 2025 debiendo declararse que tal acto administrativo es ilegal, así como cualquier acto administrativo posterior que otorgue beneficios a una parte de las postulaciones en los subsidios.

2.Que el recurrido emita un nuevo pronunciamiento señalando un procedimiento racional de adjudicación de los recursos.

3.Expresa condena en costas.

2°.- Que, informando la abogada doña Ximena Puga Arís, en representación judicial del Servicio de Vivienda y Urbanización de la Región de Ñuble, solicita el rechazo del recurso en todas sus partes, señalando que de conformidad al artículo 1° del Decreto 355/77, del Ministerio de Vivienda y Urbanismo que aprueba el reglamento orgánico de los Servicios de Vivienda y Urbanización, “los Servicios de Vivienda y Urbanización son Instituciones Autónomas del Estado, relacionadas con el Gobierno a través del Ministerio de Vivienda y Urbanismo, con personalidad jurídica de derecho público, con patrimonio distinto del Fisco, y de duración indefinida. Y agrega en su inciso final: “No obstante lo expresado, la autonomía de los Servicios de Vivienda y Urbanización está restringida por lo dispuesto en el decreto ley 1.305, de 1976, en materia de presupuestos y personal, y por las instrucciones que con carácter de obligatorias les impartan expresamente el Ministro, el Subsecretario y el Secretario Ministerial respectivo.”

Seguidamente, refiere que mediante Resolución Exenta N°815 de 07 de junio de 2024, el Ministerio de Vivienda y Urbanismo llama a postulación nacional en condiciones especiales año 2024, para el desarrollo de proyectos del programa de protección del patrimonio familiar (PPPF), correspondientes al título II, mejoramiento de la vivienda, destinados a obras de innovación de eficiencia energética y de acondicionamiento térmico de viviendas, tanto en la línea general como en el marco de los planes de descontaminación atmosférica (PDA), y fija la cantidad de recursos que se destinarán al financiamiento de dichos subsidios.

Indica que el procedimiento de postulación y selección se encuentra regulado por el D.S. N°255/2007 que reglamenta Programa de Protección del Patrimonio Familiar, y en la resolución de llamado señalada precedentemente, agregando que pueden participar en el proceso de selección, que realiza el Ministerio de Vivienda y Urbanismo, los proyectos aprobados previamente por el SERVIU como Proyectos Calificados.

De esta manera, la “aprobación” por parte del SERVIU no es más que una habilitación para optar al proceso de selección, no constituye situaciones consolidadas que obliguen a la autoridad a otorgar beneficio alguno.

Este Servicio carece de competencia para seleccionar los proyectos que obtendrán en definitiva subsidios, pues su rol se agota en la calificación de los proyectos que podrán participar en la selección que corresponde a la Autoridad Central. Así, se puede señalar que, luego de la revisión y aprobación de los proyectos en las áreas técnica, social, administrativa, y asistencia técnica, por parte de este Servicio, desde el Ministerio de Vivienda y Urbanismo (MINVU), informan los proyectos seleccionados mediante Resolución Exenta, firmada por el Ministro del ramo.

Agrega que mediante Resolución Exenta N°655 de 12 de mayo de 2025, el Ministerio de Vivienda y Urbanismo, modifica Resolución Exenta Nº815 (v. y u.), de 2024, y aprueba primera nómina de postulantes seleccionados en el llamado nacional en condiciones especiales del año 2024 para proyectos del Título II, mejoramiento de la vivienda, del Programa de Protección del Patrimonio Familiar, destinados a proyectos de obras de innovación de eficiencia energética, de acondicionamiento térmico de viviendas tanto en su línea general como en el marco de los planes de descontaminación atmosférica.

En cuanto a los hechos en que se funda el recurso, señala que la Res. Ex. 815 (V. y U.), de 2024, que realiza llamado nacional, señala que, para la Región de Ñuble, se entregarán 302.125,48 UF, en la línea de proyectos de acondicionamiento térmico, participando en nuestra región 5.400 familias postulantes.

Sin embargo, la Res. Ex. N°655 (V. y U.), de 2025, informa selección de recursos y aprueba para la Región de Ñuble en las líneas acondicionamiento térmico y PDA un total de 300.968 UF, resultandos seleccionados en esta región 05 familias para acondicionamiento térmico, y 815 beneficiadas para PDA, según los puntajes de corte (248,547 para acondicionamiento térmico y 237,104 para PDA) y recursos disponibles.

Sostiene que, en relación a los proyectos de Eficiencia Energética regulados por el D.S. N°255 (V. y U.), de 2007, donde participan las Juntas de Vecinos Villa Brisas del Bicentenario, Villa Precordillera, Unidad Vecinal N°24, Junta de Vecinos N°3 Lomas de Oriente, Junta de Vecinos Altos de Coihueco, y Junta de Vecinos N°9 Población nombre reservado; y que según Resolución Exenta N°655 (V. y U.) de 2025, éstos no fueron seleccionados.

Mediante Resolución Exenta N°655 de 12 de mayo de 2025, el MINVU aprueba selección del llamado de eficiencia energética, la cual fue notificada a todas las Entidades Patrocinantes mediante correo electrónico con fecha 15 de mayo del 2025 desde el correo institucional de doña nombre reservado correo reservado, en el cual se adjunta la Resolución antes mencionada y planilla “llamado de eficiencia energética”, que individualiza la Región, comuna, nombre del beneficiario, Rut, grupo, monto del subsidio y puntaje total.

La recurrente en el punto N°3 de su recurso, esgrime que no se señalaron por parte de este Servicio, los criterios de evaluación y que no se ha cumplido con el deber de notificar mediante publicación por un diario de circulación regional los proyectos seleccionados.

Expresa que los factores de puntajes están establecidos en el artículo 28 del D.S. N°255 (V. y U.), de 2007, además de lo previsto en el punto N°8 de la parte resolutiva, de La Resolución Exenta N°815 del Ministerio de Vivienda y Urbanismo, de fecha 07 de junio de 2024. El cual señala:

a) Para determinar el puntaje señalado en el numeral 2 de la tabla de la tabla de la letra a) del artículo 28 del DS N°255 (V. y U.), de 2006, se aplicará el tramo de la Calificación Socioeconómica (CSE) del Registro Social de Hogares (RSH).

En las postulaciones colectivas se requerirá que el 60% de los integrantes del grupo estén dentro del 60% de la población más vulnerable del país según la Calificación Socioeconómica del RSH, pudiendo el 40% de los integrantes del grupo superar este tope.

b) Los proyectos que se ubiquen en zonas que estén siendo o hayan sido atendidas por los Programas Recuperación de Barrios, Regeneración de Conjuntos Habitacionales, Pequeñas Localidades, territorios con Planes Urbano Habitacionales y viviendas que estén incluidas en proyectos de calefacción distrital, obtendrán 50 puntos adicionales.

c) Los Proyectos de Acondicionamiento Térmico para viviendas emplazadas en zonas o comunas con Planes de Descontaminación Atmosférica (PDA), obtendrán 30 puntos adicionales.

d) Para el cálculo del puntaje correspondiente a antigüedad de la vivienda, conforme al artículo 28 del DS N°255 (V. y U.), de 2006, se podrá utilizar el certificado de recepción definitiva de la vivienda o el certificado de avalúo detallado del inmueble, emitido por el Servicio de Impuestos Internos, o la copia de la escritura de adquisición de la vivienda, presentada por el postulante, siempre que en ellos se señale el año de construcción y la superficie.

En otro orden de ideas, sostiene la letrada que el recurso de protección tiene por objeto restablecer el imperio del derecho cuando este ha sido quebrantado por actos u omisiones arbitrarias o ilegales que amenazan, perturban o privan el ejercicio legítimo de alguno de los derechos y garantías numeradas taxativamente en el artículo 20 de la Constitución Política de la República de Chile, dejando a salvo las demás acciones legales, y que esta acción de cautela de derechos constitucionales está destinada a amparar garantías cuya existencia se encuentre indubitada.

Es requisito indiscutido que el acto u omisión que vulnera la garantía protegida ha de ser arbitrario o ilegal. Al respecto la Corte suprema ha señalado que “(…) que la ilegalidad significa contraria a los supuestos de la ley, y el acto administrativo lo será cuando excede el ámbito de su competencia, el procedimiento diseñado al respecto, con el fin que el legislador asignó al mismo acto; en cambio, la arbitrariedad tiene lugar en el campo de las facultades discrecionales, o sea, aquellas en que el administrador goza de poderes amplios, y manifiesta opiniones en un modo antojadizo, instintivo, inmotivado”.

La arbitrariedad implica mero capricho en el actuar, carencia de razonabilidad, inexistencia de los hechos que fundamentan una acción, lo que pugna contra la lógica y la recta razón. Un acto es ilegal cuando no se ajusta a la normativa por la que debe regirse, o cuando un órgano ejerce atribuciones exclusivas en forma indebida, contrariando la ley.

Agrega que el Serviu es un servicio público, y como tal ha actuado conforme a la normativa aplicable en esta materia, dando cumplimiento al Principio de Legalidad de los actos de la administración, dentro de las atribuciones legales que le corresponden.

No se puede imputar al recurrido acto u omisión arbitraria o ilegal que vulnere derechos protegidos, toda vez que el Serviu Región de Ñuble ha desarrollado el proceso de evaluación aprobación y calificación de los proyectos aludidos en base a elementos objetivos, y se encuentran debidamente fundadas en antecedentes técnicos, y en estricto cumplimiento de la normativa vigente.

Así las cosas, si a juicio del actora existe alguna ilegalidad en la acción de nuestro Servicio, esto lo descartamos de plano, ya que como Serviu Región de Ñuble hemos realizado todas las acciones y gestiones, materiales como jurídicas y administrativas, tendientes a dar correcta y oportuna ejecución, en lo que le compete, al proceso a que se refiere este recurso, en cumplimiento de lo establecido en el D.S. N°255/2007 que reglamenta Programa de Protección del Patrimonio Familiar, las Resoluciones Exentas N°815 de 07 de junio de 2024 y N°655 de 12 de mayo de 2025, ambas del Ministerio de Vivienda y Urbanismo, y demás normativas legales y administrativas vigentes, en estricto cumplimiento del principio de legalidad de los actos de la administración del Estado.

En otro orden de ideas, sostiene que la acción de protección es de carácter cautelar y excepcional, y no procede cuando existen otras vías idóneas para reclamar derechos presuntamente afectados, y que la recurrente solo llegó a gozar de una mera expectativa, la que no alcanzó a verificarse, por cuanto de acuerdo a un sistema regulado, claro y objetivo, no alcanzó el puntaje para ser seleccionada, y que, en consecuencia, escapa del ámbito de control del recurso de protección, pues el Serviu Región de Ñuble ha actuado dentro del marco de sus competencias, con el correcto resguardo de los principios de probidad, juridicidad y legalidad de los actos de la administración del Estado, se han realizado todas las acciones y gestiones, materiales como jurídicas y administrativas, tendientes a dar correcta y oportuna ejecución, en lo que nos compete como Servicio, al proceso a que se refiere este recurso, en cumplimiento a lo establecido en el D.S. N°255/2007 que reglamenta Programa de Protección del Patrimonio Familiar, las Resoluciones Exentas N°815 de 07 de junio de 2024 y N°655 de 12 de mayo de 2025, ambas del Ministerio de Vivienda y Urbanismo, y demás normativas legales y administrativas vigentes.

En razón de lo anterior, solicita tener por evacuado el informe de rigor, rechazando el recurso en todas sus partes.

3°.- Que , por otro lado, informando don nombre reservado, Secretario Regional Ministerial de Vivienda y Urbanismo Región de Ñuble, refiere que esta Secretaría Regional Secretaría Regional Ministerial de Vivienda y Urbanismo Región de Ñuble, no participó, ni tuvo injerencia alguna en el proceso de postulación y selección de postulantes al llamado establecido a través de la Resolución Exenta N°815, (V. y U.), de fecha 07.06.2024, así las cosas, el resuelvo 2° inciso segundo de la mencionada resolución establece que Prestadores de Servicios de Asistencia Técnica (PSAT) deberán ingresar a SERVIU los antecedentes de los proyectos según la operatoria, que debe incluir el plazo para subsanar observaciones, en las fechas que determine cada Servicio. Junto con los antecedentes del proyecto, se deberá ingresar el documento proporcionado por el SERVIU que da cuenta de la suscripción por parte del postulante de todos los antecedentes que sean requeridos para postular, tales como la aprobación del proyecto, la declaración de ser propietario, la postulación, y la declaración de no tener otra propiedad.

Por otra parte, la Resolución Exenta N°655, (V. y U.), de fecha 12.05.2025, que aprobó la selección de postulantes seleccionados, en su considerando 6) establece que es responsabilidad del Servicio de Vivienda y Urbanización respectivo, una vez que verifica el cumplimiento de los requisitos exigidos y realiza la calificación de los proyectos, efectuar la aprobación de los proyectos en el Sistema Informático RUKAN dentro del plazo establecido, es decir, antes del cierre del llamado y no recae en los postulantes y en los Prestadores de Servicios de Asistencia Técnica dicha responsabilidad.

Por lo expuesto, y encontrándose dentro de plazo, cumple esta Secretaría Regional Ministerial con informar al tenor del recurso 4º.- Que, para analizar el asunto planteado por la presente vía, resulta conveniente consignar que el recurso de Protección de Garantías Constitucionales, establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye jurídicamente una acción de naturaleza cautelar, destinada a amparar el libre ejercicio de las garantías y derechos preexistentes que en esa misma disposición se enumeran, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben tomar ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que prive, perturbe o amenace ese atributo. Surge de lo transcrito en consecuencia, que es requisito sine qua non para que pueda prosperar la mentada acción cautelar, que exista un acto u omisión ilegal, esto es, contrario a la ley, o bien arbitrario, entendiéndose por tal aquel que es fruto del mero capricho de quien lo ejecuta o incurre en él, acto u omisión que debe provocar, además, algunas de las situaciones ya indicadas y que afecte a una o más de las garantías constitucionales protegidas, consideración ésta que resulta básica para el examen y la decisión de cualquier recurso como el que se ha interpuesto.

5º.- Que, cabe reflexionar, a la luz de lo recién expresado, que esta acción de cautela de derechos constitucionales constituye una vía destinada a dar protección respecto de garantías cuya existencia se encuentre indubitada.

6º.- Que, conforme al relato efectuado por la recurrente en su presentación, es posible advertir que el acto que se denuncia como ilegal o arbitrario por parte de la recurrida, lo hace consistir en que, en el proceso de postulación y selección para el Programa de Protección del Patrimonio Familiar correspondiente a Mejoramiento de Vivienda destinado a obras de innovación de eficiencia energética y de acondicionamiento térmico de vivienda, no se señalaron por parte de la recurrida, los criterios de evaluación, no entendiéndose por qué se otorgó el beneficio a un grupo de ciudadanos y se les negó a otros, en circunstancias que se encontraban en igualdad de condiciones, plazos y bajo entidades patrocinantes que cumplieron con las normas exigidas por el Serviu, incurriéndose de esta manera en una discriminación intolerable para el derecho, afectándose con ello las garantías constitucionales contempladas en los numerales 2, 3 y 24 del artículo 19 de la Carta Fundamental.

7º.- Que, en primer término, en lo que respecta a la recurrida Ministerio de Vivienda y Urbanismo, y conforme a lo informado por esa entidad, se desestimará el presente arbitrio por cuanto no participó, ni tuvo injerencia alguna en el proceso de postulación y selección de los beneficiados con los proyectos de mejoramiento de vivienda.

8°.- Que, en relación a la recurrida, Servicio de Vivienda y Urbanismo, resulta útil consignar que conforme se aprecia de los antecedentes acompañados a los autos, específicamente del informe evacuado, es posible advertir que los factores de puntajes para los efectos de la selección de los beneficiados con el programa, se encuentran establecidos en el artículo 28 del D.S. N°2555 del Ministerio de Vivienda y Urbanismo, en los cuales se contemplan parámetros técnicos, como asimismo, la aplicación de la calificación socio-económica del Registro Social de Hogares de los postulantes al proyecto.

9°.- Que así las cosas, a criterio de esta Corte no se advierte ilegalidad y/o arbitrariedad en el accionar de la recurrida, Servicio de Vivienda y Urbanismo, pues en el proceso de selección se ha dado cumplimiento al Decreto Supremo N°255/2007, que reglamenta el programa de protección al patrimonio familiar, y asimismo, a la normativa legal y administrativa, habiendo actuado en el marco de sus facultades y dentro del ámbito de sus atribuciones y competencias, por lo que la presente acción constitucional será desestimada.

Por estas consideraciones y atendido, además, lo dispuesto en el art.20 de la Constitución Política de la República y Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre tramitación y fallo del recurso de Protección, se rechaza, sin costas, el aludido recurso interpuesto por el abogado don James Mery Bell, en representación de las recurrentes de estos autos, en contra del SERVICIO DE VIVIENDA Y URBANISMO DE ÑUBLE, y del MINISTERIO DE VIVIENDA Y URBANISMO.

Notifíquese.

En su oportunidad, dese cumplimiento al numeral 14 del Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre tramitación y fallo del Recurso de Protección.

Regístrese y, hecho, archívese.

Redacción a cargo del Abogado Integrante don Juan Antonio De La Hoz Fonseca.

ROL 479-2025-PROTECCION.