nombre reservado con CAJA DE COMPENSACIÓN DE ASIGNACIÓN FAMILIAR LOS ANDES

Chillán, veinte de julio de dos mil veintiséis.

Vistos:

1°.- Que Comparece el abogado José Alejandro Aguayo González, en representación de nombre reservado, quien interpone recurso de protección en contra de la Caja de Compensación de Asignación Familiar Los Andes, por el acto ilegal y arbitrario consistente en efectuar descuentos mensuales en sus remuneraciones por concepto de un crédito social prescrito, vulnerando la normativa legal y administrativa vigente.

Señala que con fecha 26 de septiembre de 2017 su representado celebró con la recurrida un contrato de mutuo de dinero denominado “Crédito Social” por un monto de $5.248.298, pagadero en 60 cuotas mensuales y sucesivas de $145.650 cada una suscribiéndose por las partes para dichos efectos un pagaré. El término del pago de dicho mutuo estaba fijado para el 31 de octubre de 2022.

Agrega que, al momento de contraer dicho crédito se desempeñaba como jefe de Sucursal del Centro de Atención de Clientes Claro Chile, con una renta mensual de $1.360.142, sin embargo, el 10 de octubre de 2017 fue despedido conforme al articulo 161 inciso 2° del Código del Trabajo, pagándosele el finiquito correspondiente; sin embargo, la recurrida no le efectuó descuento alguno de sus indemnizaciones ni la retención por dicho concepto. Luego, por encontrarse cesante y ser el único sostenedor de su familia, no pudo pagar las cuotas siguientes.

Refiere que posteriormente el 8 de octubre de 2018, fue contratado por Seguros Falabella Corredores Limitada en el cargo de ejecutivo de venta flotante, hasta el 18 de noviembre de 2021, en que fue despedido por necesidades de la empresa. Precisa que durante dicho periodo no se efectuó descuento alguno por la recurrida conforme a lo dispuesto en el artículo 22 de la Ley 18.833, y tampoco en el finiquito laboral.

Luego, añade que desde el 2 de febrero de 2026 comenzó a desempeñarse como jefe de tienda de la empresa GE 2 Limitada, percibiendo una remuneración líquida aproximada de $908.228 en el mes de marzo, oportunidad en que, luego de más de ocho años desde el otorgamiento del crédito y sin mediar comunicación previa alguna, la recurrida reinició unilateralmente los descuentos por planilla, rebajando de su remuneración del mes de abril de 2026 la suma de $390.915, informándosele por su actual empleador que tales descuentos continuarían efectuándose en los meses siguientes mientras se mantenga la relación laboral.

Sostiene que la actuación de la recurrida resulta ilegal y arbitraria, por cuanto los descuentos sobre remuneraciones sólo pueden efectuarse en los casos expresamente autorizados por la ley o mediante acuerdo vigente entre trabajador y empleador, circunstancias que, a su juicio, no concurren en la especie; y es arbitraria, por carecer de razonabilidad y fundamento jurídico suficiente, utilizando un mecanismo extrajudicial sin sujeción al ordenamiento jurídico para obtener el pago de dicha obligación.

Destaca que su representado no ha sido notificado ni informado por la Caja de Compensación Asignación Familiar Los Andes que serían efectuados los respectivos descuentos luego de un largo periodo de inactividad, incumpliendo íntegramente el procedimiento administrativo obligatorio previo al reinicio de descuentos. En apoyo de sus pretensiones cita jurisprudencia y circulares de la Suseso.

En cuanto a las garantías vulneradas, estima conculcada la del artículo 19 N°24 de la Constitución Política de la República, esto es, el derecho de propiedad, al efectuarse descuentos indebidos y carentes de fundamento jurídico actual, privando ilegítimamente a su representado del goce íntegro de sus remuneraciones, de forma extemporánea, y un porcentaje que excede con creces lo dispuesto en nuestro ordenamiento jurídico.

Finaliza solicitando que se acoja el recurso, y se adopten todas las medidas conducentes a resguardar sus derechos y al restablecimiento del imperio del derecho, y se declare: 1. que los descuentos efectuados son ilegales y arbitrarios, dejándolos sin efecto. 2. Se ordene a la recurrida abstenerse de continuar efectuando descuentos por planilla respecto del crédito social referido. 3. Se ordene la restitución íntegra de las sumas descontadas indebidamente de las remuneraciones del actor, tanto la del mes de abril de 2026 por el monto de $390.915.- como cualquier descuento que se produzca en lo sucesivo. 4. Y se adopte cualquier otra medida que se estime necesaria para restablecer el imperio del Derecho y asegurar la debida protección al afectado. 5. Que se condene expresamente en costas a la recurrida.

2°.- Que informando la recurrida, comparece nombre reservado, en representación de la Caja de Compensación de Asignación Familiar Los Andes, solicitando el rechazo del recurso.

En primer término, reconoce el otorgamiento del crédito social al actor con fecha 26 de septiembre de 2017, por un capital inicial de $5.248.298, a una tasa de interés mensual de 0.99% pagadero en 60 cuotas mensuales, a partir del 30 de noviembre de 2017. Señala que la cuota de noviembre de 2017 y abono de diciembre del mismo año por $136.087 (números 1 y 2) fue pagada el 10 de mayo de 2026. Añade que actualmente la deuda se encuentra en cobranza judicial manteniendo en estado de morosidad las cuotas de los meses diciembre 2017 (con abono) a octubre 2022, N°2 a 60.

Sostiene que los descuentos practicados encuentran sustento en el artículo 22 de la Ley N°18.833, disposición que obliga al empleador afiliado a descontar de las remuneraciones del trabajador las cuotas correspondientes a créditos sociales otorgados por las Cajas de Compensación. Añade que la deuda mantiene plena vigencia, por cuanto la prescripción extintiva no opera de pleno derecho, requiriendo necesariamente ser alegada y declarada judicialmente, de modo que la acción constitucional deducida no constituye la vía idónea para discutir la exigibilidad de la obligación ni para obtener una declaración de prescripción. En consecuencia, niega haber ejecutado actuación ilegal o arbitraria alguna capaz de vulnerar derechos fundamentales del recurrente.

No obstante lo anterior, expresa que, sin reconocer la extinción de la deuda ni aceptar los fundamentos jurídicos invocados por el actor, la Caja de Compensación resolvió disponer el cese definitivo de los descuentos asociados al crédito social materia de autos y restituir las sumas descontadas desde la reanudación de los cobros, incluyendo aquellas que eventualmente pudieren percibirse mientras se materializa dicha instrucción administrativa, precisando que las planillas de descuentos se confeccionan con antelación al respectivo pago de remuneraciones. Sobre dicha base, solicita el rechazo del recurso por estimar que éste ha perdido oportunidad, al no subsistir actualmente la conducta denunciada ni existir medidas cautelares que adoptar.

Finalmente, cita jurisprudencia y solicita en definitiva el rechazo de la presente acción constitucional, por falta de oportunidad.

3°.- Que, para analizar el asunto planteado por la presente vía, resulta conveniente consignar que el recurso de Protección de Garantías Constitucionales, establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye jurídicamente una acción, destinada a amparar el legítimo ejercicio de las garantías y derechos preexistentes que en esa misma disposición se enumeran, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben tomar ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que priva, o amenace ese atributo.

4°.- Que, es requisito indispensable de la acción de protección, la existencia de un acto u omisión ilegal, esto es, contrario a la ley, o arbitrario, producto del mero capricho de quién incurre en él, y que provoque algunas de las situaciones o efectos que se han indicado, afectando a una o más de las garantías –preexistentes– protegidas, consideración que resulta básica para el examen y la decisión de cualquier recurso como el que se ha interpuesto.

5°.- Que, cabe reflexionar, a la luz de lo recién expuesto, que esta acción de cautela de garantías constitucionales constituye una vía destinada a dar protección respecto de derechos cuya existencia se encuentre indubitada.

6°.- Que, conforme el tenor del recurso, la recurrente imputa como acto arbitrario e ilegal de la recurrida el cobro de las cuotas pendientes de un crédito adquirido hace más de ocho años, y el descuento de en su liquidación de remuneraciones del mes de abril del presente año, por un monto de $390.915.

Al respecto, la Caja de Compensación recurrida ha informado que ha dispuesto el cese definitivo de los descuentos del crédito otorgado a la recurrente, además de la restitución de aquellas sumas que hayan sido recibidas a partir de la reanudación del cobro.

7°.- Que, conforme a los antecedentes invocados y lo informado por la recurrida, en cuanto ha dispuesto el cese de los descuentos en virtud del crédito contratado por el actor, además de la devolución de aquellas sumas de dinero descontadas de su remuneración, se concluye que el acto denunciado ya no se encuentra en ejecución y por tanto ha cesado en sus efectos, de manera que no existe medida alguna que esta Corte pueda adoptar.

En consecuencia, el presente recurso debe ser desestimado, por haber perdido oportunidad.

Por estas consideraciones y atendido, además, lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre tramitación y fallo del recurso de protección, se rechaza, sin costas, el interpuesto por el abogado José Aguayo González, en representación de don nombre reservado en contra de Caja de Compensación de Asignación Familiar Los Andes Notifíquese y, en su oportunidad, dese cumplimiento al numeral 14 del Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre tramitación y fallo del Recurso de Protección, regístrese y, hecho, archívese.

Redacción a cargo de la ministra Erica Pezoa Gallegos.

Rol 472-2026 PROTECCIÓN.