Protección contra Policía de Investigaciones de Chile

Chillán, veinticuatro de junio de dos mil veintiséis.

Visto: 1°.- Que, comparece el abogado Fabián Huepe Artigas, en representación de nombre reservado, quien interpone recurso de protección en contra de la Policía de Investigaciones de Chile, impugnando las comunicaciones de 15 y 21 de abril de 2026, mediante las cuales se informó la exclusión de la recurrente del proceso de admisión a la Escuela de Investigaciones Policiales, sin expresar los motivos ni fundamentos de dicha decisión.

Expone que la recurrente finalizó sus estudios de enseñanza media en 2024, que su principal proyecto de vida consistía en ingresar a la Policía de Investigaciones de Chile y que postuló al proceso de admisión regular 2026-2029, quedando fuera del proceso en la etapa física-psicológica.

Luego, postuló al proceso extraordinario de admisión 2026-2029, aprobando sucesivamente las evaluaciones psicotécnicas, psicológicas, médico- dentales, físicas, de inglés y entrevista policial, siendo informada de cada avance mediante correos electrónicos enviados por la institución.

Indica que pese a haber superado todas las etapas precedentes, el 20 de enero de 2026 recibió un correo electrónico informándole que no había sido seleccionada para ingresar a la Escuela de Investigaciones Policiales, señalándole que si quería solicitar mayores antecedentes debía canalizar su solicitud a través de transparencia. Añade que formuló solicitudes de acceso a la información los días 21 de enero y 19 de marzo de 2026, requiriendo conocer los motivos específicos de su exclusión, la puntuación obtenida y los criterios considerados en su evaluación.

Refiere que finalmente, mediante respuesta de 15 de abril de 2026 se le informó que había sido excluida del proceso debido a que, en la etapa de Declaración de nombre reservado, respecto del análisis de antecedentes personales y familiares, fue declarada no apta, mientras que una segunda respuesta de 21 de abril de 2026 reiteró que la exclusión obedecía a la etapa de Declaración de nombre reservado. Sostiene que ambas comunicaciones carecen de fundamentación, pues no explican qué antecedentes concretos fueron considerados ni las razones que justificaron la decisión adoptada.

Alega que los actos impugnados son ilegales por infringir los artículos 11 y 41 de la Ley N°19.880, al omitir la expresión de los hechos y fundamentos de derecho que justificarían la exclusión. Asimismo, estima que son arbitrarios por carecer de base fáctica conocida, impedir el ejercicio de su derecho de defensa y afectar injustificadamente su proyecto de vida. Argumenta además que la actuación de la recurrida vulnera el principio de razonabilidad y transparencia, cuestionando el carácter reservado del procedimiento utilizado para evaluar los antecedentes personales y familiares de los postulantes.

Sostiene que con ello se vulneran las garantías constitucionales consagradas en el artículo 19 N°1, N°2, N°3 inciso quinto y N°4 de la Constitución Política de la República, relativas a la integridad psíquica, igualdad ante la ley, derecho a no ser juzgado por comisiones especiales y protección de la honra.

Finaliza solicitando a esta Corte declarar que el acto administrativo contenido en la resolución, de 15 de abril de 2026 referida a un correo de fecha 19 de marzo de 2026, así como la resolución de 21 de abril de 2026, es ilegal y arbitrario, y que se adopten las siguientes medidas de resguardo para restablecer el imperio del derecho: “1.- Deje sin efecto en todas sus partes y de manera inmediata, el acto o resolución que declaró la exclusión de doña nombre reservado del proceso de admisión a la Escuela de Investigaciones Policiales del año 2026 basado en que “no es apta”; declarando que la recurrente no puede quedar excluida del proceso de admisión por una causal genérica que no tiene fundamento alguno y por ende es inexistente, ordenando que doña nombre reservado debe ser aceptada en la Escuela de Investigaciones Policiales inmediatamente o en el proceso de admisión que pueda incorporarla.

O EN SUBSIDIO, para el evento de que dicte una resolución que indique cuáles son los fundamentos de la decisión, o que el o los antecedentes personales, o el o los antecedentes familiares de la recurrente impiden su admisión, declare que no es posible invocarlos a estas alturas, y por lo tanto, la resolución sigue siendo ilegal o arbitraria, o de aceptarse tales fundamentos, que ellos siguen siendo ilegales o arbitrarios, o estos no constituyen motivo ni fundamento jurídicamente suficiente para que sea declara “no apta”, o en el evento que no se estime procedente que se declare su aceptación en la Escuela de Investigaciones Policiales del año 2026, se declare igualmente que mientras no se dicte una resolución debidamente motivada y fundamentada comunicada formalmente y que permita el ejercicio pleno del derecho a defensa de la recurrente, doña nombre reservado no puede ser excluida del proceso de admisión a la Escuela de Investigaciones Policiales del 2026 ni de cualquier otro proceso de admisión que se abra en el futuro, a menos que se fundamente debida y correctamente la razón de su no admisión.

EN SUBSIDIO, que se disponga la o las medidas que se estime procedente a fin de reestablecer el imperio del derecho y otorgar la debida protección al afectado. 2.- Que se condene a la parte recurrida al pago de las costas de la causa, por haber dado motivo plausible a la interposición de esta acción constitucional ante la flagrante vulneración de derechos fundamentales.” 2°- Que, evacúa informe Denices Arrepol Inostroza, abogado, en representación de la Policía de Investigaciones de Chile, solicitando el rechazo del recurso de protección. Señala que la acción se dirige contra las respuestas emitidas los días 15 y 21 de abril de 2026, mediante las cuales se informó a la recurrente que fue excluida del proceso de admisión a la Escuela de Investigaciones Policiales en la etapa denominada “Declaración de nombre reservado”, al haber sido declarada no apta respecto del análisis de antecedentes personales y familiares.

Expone que las comunicaciones recurridas constituyen respuestas emitidas en el marco de solicitudes formuladas al amparo de la Ley N°20.285 sobre Acceso a la Información Pública, las cuales no corresponden a actos administrativos terminales sino a actuaciones de mero trámite dentro de un procedimiento administrativo aún pendiente ante el Consejo para la Transparencia, en virtud del amparo deducido por la propia recurrente. Sostiene que, por esta razón, no pueden ser calificadas como actos arbitrarios o ilegales susceptibles de ser corregidos mediante la presente acción cautelar.

Explica que el proceso de admisión a la Escuela de Investigaciones Policiales se encuentra regulado por el Decreto Supremo N°5 de 1982 y comprende diversas etapas sucesivas, entre ellas la Declaración de nombre reservado, la cual tiene carácter excluyente. Añade que el artículo 34 del Reglamento Orgánico de la Escuela de Investigaciones Policiales faculta a la institución para recopilar antecedentes destinados a conocer el nombre reservado de los postulantes y para rechazar solicitudes de admisión que no satisfagan las condiciones generales exigidas, sin necesidad de expresar las razones de dicho rechazo.

Sostiene que la recurrente fue excluida precisamente por no aprobar la etapa denominada “Declaración de nombre reservado”, requisito excluyente dentro del proceso de selección, agregando que los antecedentes considerados resultaron incompatibles con las exigencias institucionales relativas a conducta y honorabilidad personal y familiar intachable, contempladas en el artículo 30 del Reglamento Orgánico de la Escuela de Investigaciones Policiales.

Afirma que las respuestas entregadas contienen información suficiente para comprender el motivo de la exclusión y que la discrepancia de la recurrente con la valoración efectuada por la autoridad no equivale a una falta de fundamentación.

Añade que no existe arbitrariedad ni infracción al principio de razonabilidad, por cuanto la decisión deriva de antecedentes objetivos obtenidos durante el proceso de admisión y se encuentra amparada por la normativa que regula el ingreso a la institución.

Finalmente, sostiene que no se configura vulneración alguna de las garantías constitucionales invocadas por la recurrente, toda vez que el proceso de admisión se encuentra reglado, la participación en él no garantiza el ingreso a la institución y la exclusión obedeció a la aplicación de requisitos establecidos previamente en la normativa vigente. En mérito de lo expuesto, solicita el rechazo íntegro del recurso de protección. 3°.- Que, para analizar el asunto planteado por la presente vía, resulta conveniente consignar que el recurso de Protección de Garantías Constitucionales, establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye jurídicamente una acción, destinada a amparar el legítimo ejercicio de las garantías y derechos preexistentes que en esa misma disposición se enumeran, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben tomar ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que priva, o amenace ese atributo. 4°.- Que, es requisito indispensable de la acción de protección, la existencia de un acto u omisión ilegal, esto es, contrario a la ley, o arbitrario, producto del mero capricho de quién incurre en él, y que provoque algunas de las situaciones o efectos que se han indicado, afectando a una o más de las garantías - preexistentes- protegidas, consideración que resulta básica para el examen y la decisión de cualquier recurso como el que se ha interpuesto. 5°.- Que, cabe reflexionar, a la luz de lo recién expuesto, que esta acción de cautela de derechos constitucionales constituye una vía destinada a dar protección respecto de garantías cuya existencia se encuentre indubitada. 6°.- Que, en síntesis, la recurrente fundamenta su acción en la supuesta arbitrariedad e ilegalidad de la recurrida al omitir los motivos específicos que determinaron su exclusión del proceso de admisión a la Escuela de Investigaciones Policiales tras ser declarada “no apta” en la etapa de Declaración de nombre reservado, lo que a su juicio vulnera las garantías constitucionales invocadas.

Por su parte, la recurrida argumenta que el procedimiento de admisión se encuentra estrictamente reglado y que la exclusión obedeció a que los antecedentes personales y familiares de la postulante resultaron incompatibles con las exigencias institucionales, añadiendo que la normativa aplicable faculta a la institución para mantener en reserva dichas actuaciones. 7°.- Que, del análisis de las alegaciones formuladas por ambas partes, y sin perjuicio de que se denuncie la falta de fundamentación de determinados actos administrativos, fluye con evidencia que la controversia de fondo del presente recurso versa, esencialmente, sobre el derecho de acceso a la información pública. 8°.- Que, respecto a dicha materia, el ordenamiento jurídico contempla un procedimiento especial regulado en la Ley N°20.285 sobre Acceso a la Información Pública, mecanismo del cual la actora hizo uso en forma previa a la interposición de esta acción cautelar.

En efecto, de los antecedentes aportados se desprende que el 23 de febrero del presente año la recurrente dedujo un amparo ante el Consejo para la Transparencia para obtener la información solicitada, conforme a los artículos 24 y siguientes de la citada ley, accionando posteriormente de protección el 15 de mayo.

Finalmente, en la víspera de la vista de esta causa, la actora acompañó una resolución de fecha 20 de mayo de 2026 emanada del Consejo Directivo del Consejo para la Transparencia, que da cuenta del término de dicho procedimiento de amparo, debido a que la reclamante no se pronunció sobre su conformidad o disconformidad con la respuesta otorgada por la institución recurrida, dentro del plazo otorgado. 9°.- Que si bien el artículo 20 de la Constitución Política de la República establece que la acción de protección procede sin perjuicio de los demás derechos que el afectado pueda hacer valer ante las autoridades o tribunales correspondientes, no es posible soslayar la existencia de una vía institucional específica y preferente para esta materia.

Ese procedimiento especial se inicia ante el Consejo para la Transparencia y es susceptible de revisión ante esta misma Corte mediante el respectivo reclamo de ilegalidad, de acuerdo con el artículo 28 de la Ley N°20.285. A esto se añade que el presente recurso de protección fue deducido mientras se encontraba pendiente la resolución del amparo ante dicho Consejo, evidenciando el uso simultáneo de dos vías -una especial y otra general- en distintas sedes, con el propósito de alcanzar un mismo objetivo. 10°.- Que, en virtud de los razonamientos precedentemente expuestos, la presente acción constitucional no puede prosperar, toda vez que no constituye la vía idónea para debatir la controversia planteada. A mayor abundamiento, su rechazo se impone al haberse interpuesto encontrándose aún pendiente un procedimiento administrativo de amparo destinado a idéntico fin.

Por estas consideraciones y de conformidad, además, con lo previsto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre Tramitación del Recurso de Protección de Garantías Constitucionales, se rechaza el interpuesto por el abogado Fabián Huepe Artigas, en representación de nombre reservado, en contra de la Policía de Investigaciones de Chile.

Notifíquese y regístrese.

En su oportunidad, dese cumplimiento al numeral 14 del Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre tramitación y fallo del Recurso de Protección.

Redacción a cargo de la ministra Erica Pezoa Gallegos.

ROL 468-2026 PROTECCIÓN.