Protección contra Comisión Médica Regional de Chillán

Chillán, siete de julio de dos mil veintiséis.

Visto: 1°.- Que comparece doña Andrea Castro Rivas, abogada, en representación de doña nombre reservado, interponiendo recurso de protección en contra de la Comisión Médica Regional de Chillán, representada por su Presidenta doña nombre reservado nombre reservado, y en contra de la Superintendencia de Pensiones, representada por su Superintendente don Osvaldo Macías Muñoz, por el acto que estima arbitrario e ilegal consistente en el rechazo de su solicitud de calificación de invalidez, materializado en el Dictamen de Invalidez NUM000, de 14 de abril de 2026, y en el Acta de Sesión NUM001, de la misma fecha, de la referida Comisión Médica Regional.

Expone que la recurrente tiene 56 años de edad y se desempeña como auxiliar grado 21 del Servicio de Salud de Ñuble, cumpliendo funciones de cuidadora de pacientes de salud mental en el Hogar Protegido de San Carlos, labor que exige movilidad constante, vigilancia permanente y adecuada capacidad física. Refiere que padece patologías cardiovasculares severas, con antecedentes de cardiopatía coronaria intervenida mediante angioplastía, implante de stent y cirugía de revascularización con triple bypass el año 2013, con sucesivas reestenosis documentadas por cinecoronariografías, a lo que se suman patologías osteomusculares consistentes en artrosis cervical, artrosis lumbar y fascitis plantar bilateral, todo lo cual ha deteriorado gravemente su calidad de vida y su capacidad para desarrollar actividades básicas.

Agrega que en el año 2020 presentó una primera solicitud de pensión de invalidez ante la Comisión Médica Regional de Chillán, la que fue rechazada mediante el Dictamen N.° NUM002, de 3 de agosto de 2021, ponderando un menoscabo del 14%. Apelado administrativamente dicho dictamen, la Comisión Médica Central lo confirmó, rebajando la incapacidad reconocida a 1%, según consta en el Dictamen N.° NUM003, de 26 de abril de 2022, y en la Resolución C.M.C. N.° NUM004.

Posteriormente, en el año 2025 inició un nuevo proceso de solicitud de invalidez, el que resultó nuevamente rechazado mediante el Dictamen N.° NUM000, de 14 de abril de 2026, considerando esta vez un menoscabo de la capacidad laboral de un 15%. Hace presente, asimismo, que durante ese período mantuvo licencias médicas prácticamente continuas por más de diez meses, varias de las cuales fueron rechazadas, generándose un procedimiento de reintegro de remuneraciones por parte del Servicio de Salud de Ñuble ascendente a la suma de $1.686.855.

En cuanto al derecho, sostiene que el acto recurrido es ilegal por cuanto no expresa los hechos ni los fundamentos de derecho que lo sustentan, infringiendo el artículo 11 de la Ley N.° 19.880, sobre Bases de los Procedimientos Administrativos, obedeciendo, a su juicio, al criterio meramente subjetivo de la médico interviniente, quien habría estimado sobrevaloradas ciertas afecciones clínicas.

Añade que se ha vulnerado el artículo 11 del Decreto Ley N.° 3.500, en cuanto la calificación no puede reducirse a un diagnóstico aislado, debiendo ponderarse la limitación funcional, la capacidad real de esfuerzo, el impacto laboral concreto, la edad, la irreversibilidad del cuadro clínico y la progresión de la enfermedad. Estima, en consecuencia, que se han conculcado las garantías consagradas en el artículo 19 de la Constitución Política de la República, en sus numerales 1.°, sobre el derecho a la vida y a la integridad física y psíquica; 2.°, sobre la igualdad ante la ley; y 24.°, sobre el derecho de propiedad.

Finaliza solicitando a esta Corte que declare que las recurridas actuaron de forma ilegal y arbitraria en el proceso de calificación de invalidez, que se deje sin efecto tanto el Acta de Sesión N.° NUM001 como el Dictamen N.° NUM000, que se ordene una nueva evaluación de la recurrente por los especialistas que correspondan según cada una de las enfermedades que padece, y que se condene en costas a las recurridas. 2°.- Que al informar, la Superintendencia de Pensiones solicitó, en primer término, que se declare improcedente el recurso por exceder la materia el ámbito de la acción de protección, toda vez que lo pretendido supone un pronunciamiento declarativo propio de un procedimiento de lato conocimiento. En segundo lugar, opuso excepción de falta de legitimación pasiva, argumentando que, conforme al artículo 18 del Decreto Supremo N°57 de 1990, del Ministerio del Trabajo y Previsión Social, las Comisiones Médicas gozan de autonomía en cuanto al conocimiento y calificación de las invalideces sometidas a su consideración, no dependiendo de la Superintendencia ni formando parte de su estructura orgánica, de manera que este Servicio no tiene la representación legal de los organismos que dictaron el acto impugnado.

Invoca en su apoyo lo resuelto por la Iltma. Corte de Apelaciones de Temuco, en fallo de 6 de mayo de 2026, y por la Iltma. Corte de Apelaciones de Valparaíso en el recurso Rol N°22497-2023, confirmado por la Excma. Corte Suprema en el Rol N°1396-2024. En subsidio, sostuvo que no ha existido en su actuar ilegalidad ni arbitrariedad, por cuanto no intervino en el proceso de calificación de invalidez ni emitió acto administrativo alguno respecto de los hechos que motivan la acción. 3°.- Que al informar, la Comisión Médica Regional de Chillán solicitó el rechazo del recurso. Expone que la calificación de la invalidez de la afiliada se tramitó conforme al procedimiento reglado, evaluándose sus antecedentes médicos y requiriéndose los peritajes e informes de especialistas pertinentes, sobre cuya base la Comisión, en ejercicio de la autonomía técnica que le reconoce la ley, emitió el Dictamen NUM000, que ponderó un menoscabo de la capacidad de trabajo de un 15%, porcentaje inferior al cincuenta por ciento exigido por el artículo 4° del Decreto Ley N°3.500 para acceder a una pensión de invalidez parcial.

Sostiene que la disconformidad de la recurrente con lo resuelto no torna ilegal ni arbitraria una decisión adoptada dentro del marco de sus atribuciones y con arreglo a las Normas para la Evaluación y Calificación del Grado de Invalidez. 4°.- Que para analizar el asunto planteado por la presente vía, resulta conveniente consignar que el recurso de protección de garantías constitucionales, establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye jurídicamente una acción destinada a amparar el legítimo ejercicio de las garantías y derechos preexistentes que en esa misma disposición se enumeran, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben tomar ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que prive, perturbe o amenace ese atributo. 5°.- Que como se desprende de lo señalado precedentemente, es requisito indispensable de la acción de protección la existencia de un acto u omisión ilegal, esto es, contrario a la ley, o arbitrario, producto del mero capricho de quien incurre en él, y que provoque alguna de las situaciones o efectos que se han indicado, afectando a una o más de las garantías preexistentes protegidas, consideración que resulta básica para el examen y decisión de cualquier arbitrio como el que se ha interpuesto. 6°.- Que esta acción de cautela de derechos constitucionales constituye una vía destinada a dar protección respecto de garantías cuya existencia se encuentre indubitada. 7°.- Que en cuanto a la falta de legitimación pasiva alegada por la Superintendencia de Pensiones, cabe tener presente lo dispuesto en el artículo 18 del Decreto Supremo N°57 de 1990, del Ministerio del Trabajo y Previsión Social, reglamento del Decreto Ley N°3.500, en cuya virtud las Comisiones Médicas gozan de autonomía en cuanto al conocimiento y calificación de las invalideces sometidas a su consideración, de manera tal y, conforme a la normativa referida y, siendo las Comisiones Médicas organismos autónomos respecto de la Superintendencia en lo relativo a las decisiones sometidas a su conocimiento y calificación, la Superintendencia que se excepcionó efectivamente no tiene la representación legal de los organismos que dictaron el acto que se impugna por este arbitrio, careciendo, en consecuencia, de legitimación para ser demandada por esta vía, motivo por el cual, el recurso no puede prosperar a su respecto. 8°.- Que sentado lo anterior y, conforme al contenido del recurso, se debe tener presente que el acto que la recurrente denuncia como arbitrario e ilegal es la dictación del Dictamen de Invalidez NUM000, de 14 de abril de 2026, y del Acta de Sesión NUM001, de la Comisión Médica Regional de Chillán, que rechazaron su solicitud de pensión de invalidez, ponderando un menoscabo de su capacidad de trabajo de un quince por ciento. 9°.- Que del mérito de los antecedentes y de los informes de las recurridas incorporados en autos, consta que la recurrente presentó una nueva solicitud de calificación de invalidez, que fue conocida y tramitada por la Comisión Médica Regional de Chillán; que, en el marco de dicho proceso, sus antecedentes médicos fueron evaluados y se requirieron los peritajes e informes de especialistas pertinentes; y que, sobre esa base, la Comisión emitió el Dictamen N° NUM000, ponderando un menoscabo de la capacidad de trabajo de un quince por ciento, esto es, inferior al mínimo legal exigido para el otorgamiento del beneficio. 10°.- Que el artículo 4.° del Decreto Ley N.° 3.500, de 1980, condiciona el derecho a pensión de invalidez de los trabajadores afiliados al hecho de sufrir un menoscabo laboral permanente de, a lo menos, un cincuenta por ciento para la invalidez parcial, y de, al menos, dos tercios para la invalidez total, disponiendo que las Comisiones Médicas a que se refiere el artículo 11 deberán, frente a una solicitud de pensión de invalidez, verificar el cumplimiento de tales requisitos y emitir un dictamen que otorgará o negará el derecho, según corresponda.

El procedimiento al que se sujetan estas calificaciones y sus reclamaciones se encuentra reglado en el citado artículo 11, y su conocimiento y resolución se entregan, con autonomía técnica, a las Comisiones Médicas Regionales y, en último término, a la Comisión Médica Central de la Superintendencia de Pensiones. 11°.- Que la controversia se centra en determinar y declarar el eventual derecho de la recurrente a una pensión de invalidez, materia que como ya se ha dicho, puede ser revisada por las Comisiones Médicas en diversas oportunidades de acuerdo con el procedimiento establecido en la normativa aplicable, cuestión que implica en consecuencia, que lo pretendido por la recurrente no puede ser revisado por la vía de la protección ya que que se trata de una facultad autónoma, de carácter eminentemente técnico, entregada por el legislador a las Comisiones Médicas Regionales y, en último término, a la Comisión Médica Central de la Superintendencia de Pensiones. En efecto, la respuesta otorgada por el organismo técnico que conoció y resolvió su solicitud se enmarca en la actividad correspondiente a la autoridad competente, dentro del procedimiento establecido en la ley y con mérito para ello, sin que la mera discrepancia de la recurrente con la ponderación efectuada permita atribuir a lo obrado el carácter de ilegal o arbitrario. 12°.- Que de este modo, los términos de la discusión planteada a través del presente arbitrio no se vinculan con una materia que corresponda ser dirimida mediante una acción cautelar de emergencia, como es el recurso de protección, el que no tiene el carácter de instancia declarativa de derechos, sino de amparo de derechos preexistentes e indubitados que se encuentren afectados por alguna acción u omisión ilegal o arbitraria, presupuestos que no concurren en la especie, razón por la cual el recurso será desestimado.

Por estas consideraciones y visto, además, lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y en el Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre Tramitación y Fallo del Recurso de Protección de Garantías Constitucionales, se rechaza, sin costas, el recurso de protección deducido por doña nombre reservado en contra de la Comisión Médica Regional de Chillán y de la Superintendencia de Pensiones.

Regístrese, comuníquese y archívese en su oportunidad.

Redacción a cargo del abogado integrante don Cristian Coloma Fuentes.

Rol N°465-2026. PROTECCIÓN.