nombre reservado con ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PINTO

Chillán, tres de julio de dos mil veintiséis.

Visto:

1º.- Que, comparece el abogado don Fabián Huepe Artigas, en representación de don nombre reservado, kinesiólogo, interponiendo acción de protección de garantías constitucionales en contra de la Ilustre Municipalidad de Pinto, representada legalmente por su Alcalde, don Jairo del Pino Lema, por el acto que califica de ilegal y arbitrario consistente en la dictación del Decreto Alcaldicio N° 184 de fecha 31 de marzo de 2026, que declaró su salud incompatible con el desempeño del cargo y dispuso la vacancia del mismo, y su posterior confirmación mediante el Decreto Alcaldicio N° 111 de fecha 7 de mayo de 2026, que rechazó el respectivo recurso de reposición.

Expone, como antecedentes de hecho, que su representado ingresó a prestar servicios en el CESFAM de la comuna de Pinto en el año 2015. Refiere que, producto de complejas contingencias de salud, debió hacer uso de licencias médicas acumulando un total de 580 días en los últimos dos años. Afirma que, tras su tratamiento, obtuvo el alta médica y se reintegró efectivamente a sus funciones el 2 de enero de 2026. Añade que la Municipalidad requirió la evaluación de la Comisión de Medicina Preventiva e Invalidez (COMPIN), entidad que, mediante resoluciones de fecha 11 de marzo de 2026, dictaminó que su estado de salud es recuperable. Denuncia que, pese a lo anterior y a encontrarse prestando servicios a plena capacidad, el municipio dictó los decretos impugnados basándose en la sumatoria de las licencias médicas previas.

En cuanto al derecho, sostiene que la resolución carece de motivación y fundamentación, constituyendo un abuso de potestades y una desviación de poder, vulnerando la doctrina de los actos propios y la confianza legítima. Estima que dicho actuar conculca las garantías constitucionales de su representado consagradas en el artículo 19 N° 1, N° 2 y N° 24 de la Constitución Política de la República, esto es, el derecho a la integridad física y psíquica, la igualdad ante la ley y el derecho de propiedad.

Termina pidiendo que se acoja el recurso, se dejen sin efecto los actos recurridos y se ordene su reincorporación inmediata a sus funciones, con el pago íntegro de sus remuneraciones y costas.

2º.- Que, informa el abogado don Misael Sepúlveda Castillo, en representación de la Ilustre Municipalidad de Pinto, solicitando el rechazo de la acción de protección en todas sus partes.

En relación con los antecedentes fácticos, expone que la Administración constató que el recurrente hizo uso de 520 días de licencia médica durante los últimos dos años, superando ampliamente el margen legal. Indica que, en cumplimiento de la normativa vigente, se requirió previamente el pronunciamiento de la COMPIN, la cual determinó que la salud del funcionario era recuperable.

Respecto de los fundamentos de derecho, afirma que el Alcalde actuó dentro de sus competencias exclusivas conferidas por el artículo 48 letra g) de la Ley N° 19.378, en concordancia con los artículos 147 y 148 de la Ley N° 18.883. Argumenta, apoyado en jurisprudencia de la Contraloría General de la República y de la Excelentísima Corte Suprema, que la declaración de salud recuperable por parte de la COMPIN no constituye un impedimento para que el jefe superior del servicio ejerza su potestad de declarar la vacancia por ausentismo prolongado. Sostiene que la decisión fue adoptada en observancia del principio de servicialidad, velando por la continuidad y eficiencia en la prestación de los servicios de salud municipal a la comunidad, y que el acto se encuentra debidamente fundamentado y ajustado a derecho.

Termina pidiendo que se tenga por evacuado el informe y se rechace la acción de protección interpuesta, con costas.

3º.- Que, para analizar el asunto planteado por la presente vía, resulta conveniente consignar que el recurso de Protección de Garantías Constitucionales, establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye jurídicamente una acción, destinada a amparar el legítimo ejercicio de las garantías y derechos preexistentes que en esa misma disposición se enumeran, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben tomar ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que priva, o amenace ese atributo.

4°. Que, es requisito indispensable de la acción de protección, la existencia de un acto u omisión ilegal, esto es, contrario a la ley, o arbitrario, producto del mero capricho de quién incurre en él, y que provoque algunas de las situaciones o efectos que se han indicado, afectando a una o más de las garantías -preexistentes- protegidas, consideración que resulta básica para el examen y la decisión de cualquier recurso como el que se ha interpuesto.

5°.- Que, cabe reflexionar, a la luz de lo recién expuesto, que esta acción de cautela de derechos constitucionales constituye una vía destinada a dar protección respecto de garantías cuya existencia se encuentre indubitada.

6°.- Que el artículo 144 de la Ley 18.883, sobre Estatuto Administrativo para Funcionarios Municipales, establece las causales por las cuales un funcionario cesa en el cargo, entre las que se encuentra la declaración de vacancia; y el artículo 147 letra a) señala que procede la declaración de vacancia por salud irrecuperable o incompatible con el desempeño del cargo.

Por su parte, el artículo 148 del mismo cuerpo legal prescribe: “El alcalde podrá considerar como salud incompatible con el desempeño del cargo, haber hecho uso de licencia médica en un lapso continuo o discontinuo superior a seis meses en los últimos dos años, sin mediar declaración de salud irrecuperable.”

No se considerará para el cómputo de los seis meses señalado en el inciso anterior, las licencias otorgadas en los casos a que se refiere el artículo 115 de este Estatuto y el Título II, del Libro II, del Código del Trabajo.

El alcalde, para ejercer la facultad señalada en el inciso primero, deberá requerir previamente a la Comisión de Medicina Preventiva e Invalidez la evaluación del funcionario respecto a la condición de irrecuperabilidad de su salud y que no le permite desempeñar el cargo.”

A su turno, el artículo 149 establece que: “Si se hubiere declarado irrecuperable la salud de un funcionario, éste deberá retirarse de la municipalidad dentro del plazo de seis meses, contado desde la fecha en que se le notifique la resolución por la cual se declare su irrecuperabilidad. Si transcurrido este plazo el empleado no se retirare, procederá la declaración de vacancia del cargo.

A contar de la fecha de la notificación y durante el referido plazo de seis meses el funcionario no estará obligado a trabajar y gozará de todas las remuneraciones correspondientes a su empleo, las que serán de cargo del empleador.”

7º.- Que las normas transcritas en el motivo precedente distinguen entre la declaración de vacancia por salud irrecuperable, y aquella dispuesta por salud incompatible con el desempeño del cargo.

En efecto, la declaración de vacancia por salud irrecuperable sólo puede fundamentarse en un antecedente médico que así lo establezca, emitido por el órgano técnico establecido al efecto, y que, eventualmente, habilita al funcionario para solicitar su jubilación anticipada por invalidez, permitiéndose, excepcionalmente, una vez notificada la resolución de irrecuperabilidad, que se pague al funcionario sus remuneraciones durante seis meses, sin necesidad de presentar licencia médica ni de desempeñar sus funciones, lapso tras el cual se procederá a declarar la vacancia del cargo, salvo retiro o jubilación anticipada del funcionario.

En cambio, la declaración de vacancia por salud incompatible con el desempeño del cargo, no otorga ninguno de los beneficios antes mencionados, pues ella se dispone “sin mediar declaración de salud irrecuperable” o, lo que es lo mismo, cuando la autoridad técnica establece que su salud es recuperable. En este punto, importa señalar que la incompatibilidad con el desempeño del cargo se traduce en el hecho de que, salvo excepciones legales, cualquiera sea la enfermedad que padezca el funcionario, y a pesar de ser recuperable, su condición médica resulta incompatible con el desempeño de la función pública, al no permitirle ejercer su cargo por más de seis meses dentro de un lapso de dos años.

8°.- Que, en otro orden de ideas, no se divisa o advierte la arbitrariedad que se reprocha, toda vez que el acto impugnado se fundamenta en la declaración previa de salud recuperable del recurrente y en la circunstancia acreditada de haber hecho uso de licencias médicas por más de 520 días en los 24 meses anteriores, esto es, por un término que excede los 180 días en dos años, dejando de cumplir con sus funciones por más de seis meses.

Además, el Decreto Alcaldicio N° 184, de 31 de marzo de 2026, y el Decreto Alcaldicio N° 111, de 07 de mayo de 2026, que se estiman ilegales y arbitrarios por el recurrente contienen detalladamente las razones que llevaron al alcalde a hacer uso de la facultad contemplada en el artículo 148 de la Ley 18.883, con especial referencia a las funciones que correspondía ejercer al señor nombre reservado como Kinesiólogo Titular del Departamento de Salud Municipal de Pinto (CESFAM Pinto).

9°.- Que, a mayor abundamiento, conviene precisar que en virtud del principio de servicialidad, también es deber de los jefes de los servicios velar por la continuidad de la prestación de los mismos para la satisfacción de las necesidades colectivas que justifican su existencia, motivo por el cual, en el presente caso, no mediando abuso o desviación de poder, no es ilegal ni arbitraria la declaración de vacancia de un cargo por salud incompatible de quien lo sirve, a objeto que sea proveído en forma y oportunamente a fin de cumplir con la función pública encomendada. En este sentido, SCS Rol 3472-2023, de 5 de mayo de 2023.

10°.- Que si bien la modificación introducida por el artículo 64 de la Ley 21.050, de 7 de diciembre de 2017, al artículo 148 de la Ley 18.883 tuvo por objeto establecer la necesidad de solicitar una evaluación a la Comisión de Medicina Preventiva e Invalidez (COMPIN) respecto del estado de salud del funcionario, en cuanto a si esta es recuperable o irrecuperable, ello no importa la derogación de la facultad del alcalde de declarar la vacancia del cargo por salud incompatible con el servicio. Por otra parte, la referida causal de vacancia, opera sobre un período ya consolidado y no exige que el funcionario se encuentre con licencia al momento de la dictación del decreto, por cuanto, exige haber hecho uso de licencia médica en un lapso continuo o discontinuo superior a seis meses en los últimos dos años.

11°- Que, conforme a lo expresado en los motivos precedentes, a criterio de esta Corte, el Decreto Alcaldicio N° 184, de 31 de marzo de 2026, y el Decreto Alcaldicio N° 111, de 07 de mayo de 2026, dictados por la Ilustre Municipalidad de Pinto, no son ilegales ni arbitrarios desde que han sido dictados por la autoridad competente, conforme a sus facultades, cumpliéndose los trámites legales y debidamente motivados, sin que se advierta vulneración de las garantías constitucionales invocadas por el recurrente.

Por estas consideraciones y visto además lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y en el Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre la materia, se declara que se rechaza, sin costas, el recurso de protección interpuesto por el abogado don Fabián Huepe Artigas, en representación de don nombre reservado, en contra de la Ilustre Municipalidad de Pinto.

Acordada con el voto en contra del Abogado Integrante Señor Carlos Arzola Burgos, quien fue de parecer de acoger el recurso de protección por los siguientes fundamentos:

1°.- Que, el reintegro efectivo a las funciones y el estado de servicio activo al momento del cese resultan ser hechos de la máxima relevancia, que determina la ilegalidad de la actuación recurrida, por cuanto, con anterioridad a la notificación del acto de cese, el actor ya se encontraba de alta médica y desempeñando efectivamente sus funciones en su puesto de trabajo en el CESFAM de la comuna de Pinto. De este modo, la supuesta causal de "interrupción del servicio público" o "quiebre de la continuidad" que esgrimió la administración en los considerandos del acto impugnado no existía en la realidad fáctica. El señor nombre reservado se reintegró de forma efectiva, continua y sin interrupciones a sus labores habituales desde el 2 de enero de 2026 hasta el 14 de abril de 2026, fecha en que se le notificó el cese de funciones, consta en autos que durante todo ese periodo de más de tres meses, el actor presto efectivamente los servicios para los cuales fue contratado, registrando sus respectivas marcaciones de asistencia. Asimismo, resulta relevante considerar que, como informa la misma recurrida, con fecha 26 de febrero del año 2026, mediante solicitud N° 33849396, la Ilustre Municipalidad de Pinto, solicitó el pronunciamiento a la Comisión de Medicina Preventiva e Invalidez, con el objeto de dar curso al proceso de evaluación de salud irrecuperable de funcionario público. Dicha solicitud entonces fue efectuada, más de un mes después del reintegro a las labores del recurrente.

2°.- Que, en cuanto al dictamen del organismo técnico (COMPIN), previo a la dictación del decreto alcaldicio de vacancia, la recurrida, solicitó en conformidad al artículo 148 de la Ley N° 18.883, la evaluación del estado de salud a la Comisión de Medicina Preventiva e Invalidez (COMPIN). Con fecha 11 de marzo de 2026, dicho organismo técnico de carácter especializado emitió las Resoluciones de Evaluación Folios N° 20158390 y 20157976, mediante las cuales resolvió y certificó expresamente que el actor presenta un estado de salud RECUPERABLE. Dicha resolución de la autoridad médica se encuentra firme y consentida por todas las partes, no habiendo sido objeto de impugnación alguna por la Municipalidad recurrida. Con dicho dictamen de la COMPIN, el Alcalde de la Ilustre Municipalidad de Pinto procedió a dictar el Decreto Alcaldicio N° 184 con fecha 31 de marzo de 2026 (confirmado por el Decreto N° 111 de 7 de mayo). Dicha notificación le fue practicada el 14 de abril de 2026, precisamente en dependencias de su lugar de trabajo (CESFAM Pinto), mientras el recurrente se encontraba ejerciendo activamente sus labores funcionarias cotidianas, lo que demuestra la total falta de fundamento fáctico de la medida.

3°.- Que, en opinión de éste disidente, los decretos impugnados a la luz de los antecedentes que obran en autos revisten el carácter de ilegales y arbitrarios, toda vez que infringen la normativa que regula la causal de salud incompatible, ignoran el carácter vinculante de las decisiones de los órganos técnicos especializados del Estado, siendo en consecuencia inmotivados. De acuerdo con el artículo 48 letra g) de la Ley N° 19.378 (Estatuto de Atención Primaria de Salud), los funcionarios de una dotación municipal dejarán de pertenecer a ella por "Salud irrecuperable, o incompatible con el desempeño de su cargo, de conformidad a lo dispuesto en la ley N° 18.883". Por su parte, el artículo 148 de la Ley N° 18.883 prescribe en su inciso tercero (incorporado por el artículo 64 de la Ley N° 21.050) que el Alcalde, para ejercer la facultad de decretar la vacancia por salud incompatible, "deberá requerir previamente a la Comisión de Medicina Preventiva e Invalidez la evaluación del funcionario respecto a la condición de irrecuperabilidad de su salud y que no le permite desempeñar el cargo". Al respecto, el único sentido lógico y alcance de la modificación introducida por la ley 21.050, a diversas disposiciones legales y estatutos establecidos en las Leyes N°18.834, N°18.883, N°19.070 y N°19.378, que permiten evidenciar la coherencia, unidad y armonía del ordenamiento jurídico, consiste en la exigencia del pronunciamiento del organismo técnico de la evaluación del funcionario respecto a la condición de su salud relativa a que esta no le permite desempeñar el cargo, alejando dicha decisión de la discrecionalidad de la definición por parte de la autoridad sin una calificación técnica objetiva que la motive. Así las cosas, se trata entonces de una potestad discrecional. Como señala la doctrina administrativa autorizada, “la ley entrega un espacio de maniobra a la decisión administrativa llamado "margen de apreciación y dictamen". La Administración puede asumir diversos comportamientos frente al acaecimiento de unos determinados hechos, surgiendo una distinción entre potestades regladas y potestades discrecionales, y si bien ambas son regladas, los márgenes de apreciación para la potestad discrecional son más amplios en consideración a su facultad de opción y la graduación que se haga dentro de la solución elegida”. (nombre reservado. Derecho Administrativo General, 2ª Edición, 2011. Pag. 90). Es así que el alcalde podrá declarar la vacancia, pero requiere, además de acreditarse que hizo uso de licencia médica en un lapso continuo o discontinuo superior a seis meses en los últimos dos años, el pronunciamiento técnico respecto de la incompatibilidad de ejercer el cargo, única razón del inciso 3º del artículo 148 de la ley 18.883. Admitir que una autoridad edilicia no médica y sin especialización técnica pueda resolver en sentido opuesto a la calificación científica del órgano competente vaciaría de todo contenido útil la reforma introducida por la Ley N° 21.050. El trámite del informe previo obligatorio pasaría a ser un mero rito formal, desprovisto de su función garantista.

4°.- Que, en tal sentido, la Excma. Corte Suprema en sentencia Rol N° 7.368-2024 ha razonado de forma categórica: “Quinto: Que, de lo expuesto, fluye que la intención legislativa, al momento de establecerse la obligatoriedad del informe previo de la Compin, fue que un organismo técnico estudiara los antecedentes del funcionario, a fin de determinar si su salud resulta o no recuperable, pronunciamiento que al emanar del órgano técnico competente al efecto, resulta vinculante para el servicio público; y, en este sentido, de declararse que la salud es recuperable, no es posible aplicar en el caso la causal...

Sexto: Que, en efecto, y al tenor de lo sostenido por este Tribunal en las causas antes citadas, la anterior es la única interpretación que, por un lado, materializa la intención del legislador y, por otro, permite dar sentido a la dictación de la Ley Nº 21.050, puesto que -de otra forma- aun cuando el organismo técnico hubiere emitido un pronunciamiento, se permitiría que la autoridad administrativa no especializada resolviera en contrario, dejando desprovisto de todo fundamento el establecimiento de un informe obligatorio en relación a la irrecuperabilidad de la salud del funcionario.

(...) Octavo: Que (...) la autoridad debe ser especialmente diligente en la fundamentación del ejercicio de una potestad discrecional, lo que no por ello se encuentra exenta, claro está, del control jurisdiccional cuando la misma se ha ejercido al margen de la legalidad o de manera arbitraria, sin expresión de las circunstancias de hecho y de derecho que le sirven de fundamento. Es en este contexto, más allá que efectivamente la supuesta incompatibilidad con las labores, debe fundarse en antecedentes técnicos que determinan que necesariamente la Compin debió evaluar además tal circunstancia, lo cierto es que la sola declaración de recuperabilidad de la salud sin evaluación de la compatibilidad con el cargo, determina la interdicción del ejercicio de la facultad concedida al Jefe de Servicio para declarar la vacancia del cargo”.

En el presente caso, la conducta de la recurrida se constituye como una abierta vía de hecho: el alcalde reconoce expresamente en los considerandos que la COMPIN calificó la salud del funcionario como "recuperable"; sin embargo, mediante un salto lógico inaceptable, decide apartarse de dicho juicio médico para decretar la vacancia. Con ello, la recurrida actuó al margen de la legalidad estatutaria, adoleciendo el acto impugnado de un vicio de nulidad insanable.

5°.- Que, la reincorporación efectiva y el desempeño posterior ininterrumpido del actor en sus labores se constituye en un hecho interruptivo del presupuesto esencial de la causal. Dicha circunstancia en concepto de este disidente revela la arbitrariedad e ilegalidad en que ha incurrido la Ilustre Municipalidad de Pinto. El profesor nombre reservado (nombre reservado. Derecho Administrativo General, 2ª Edición, 2011, pag. 119), señala que "frente a la inexistencia o error en los motivos del acto administrativo, en particular de los motivos de hecho, la resolución adolecerá de un vicio de abuso o exceso de poder y podrá ser tachada de arbitraria". El Decreto Alcaldicio N° 184 se fundó en el supuesto fáctico de que el estado de salud del actor impedía el normal desempeño del cargo y alteraba la continuidad del servicio. Sin embargo, la realidad fáctica al momento de dictarse y notificarse el acto era radicalmente opuesta: el trabajador se encontraba de alta médica y prestando funciones de manera regular, ininterrumpida y presencial por más de tres meses. Por ende, la causal invocada descansa sobre un manifiesto error de hecho. Al faltar el presupuesto fáctico indispensable que la ley exige para declarar la vacancia, el acto deviene en nulo por un vicio insalvable en su causa. La potestad pública siempre está atada a un fin de interés público determinado por la ley (elemento teleológico). Si la Administración utiliza una potestad legal para un fin distinto de aquel previsto por el legislador, incurre en el vicio de desviación de poder. La potestad contenida en el artículo 148 de la Ley N° 18.883 tiene por fin asegurar la continuidad y eficiencia del servicio público ante un funcionario imposibilitado de trabajar. Sin embargo, al encontrarse el funcionario de alta, recuperado técnicamente (según COMPIN) e incorporado idóneamente en sus labores, la continuidad y eficiencia del servicio ya estaban garantizadas. Utilizar la potestad de vacancia en este escenario torna la atribución en carente de motivación y en consecuencia en arbitraria, afectando la confianza legítima del recurrente, que no se encuentra en la situación prevista para declarar la vacancia del cargo y que su relación estatutaria se encuentra saneada. De esta manera señala el prof. Bermudez en la obra indicada (pag. 90-91) que, “una vez que la Administración ha fijado cuál es el interés público, queda vinculada por esa fijación que ella misma ha hecho, no puede cambiar de criterio constantemente.”

6°.- Que, la declaración de vacancia del cargo en el caso de marras resulta, además, extemporáneo por cuanto el reintegro del recurrente a sus labores valida su salud compatible y desvirtúa la urgencia de la declaración de vacancia.

Por estas consideraciones, el disidente es de la opinión de dar la acoger el recurso de protección deducido a favor de don nombre reservado, dejándose sin efecto el Decreto Alcaldicio N° 184 de 31 de marzo de 2026 y el Decreto Alcaldicio N° 111 de 7 de mayo de 2026 de la Ilustre Municipalidad de Pinto, debiendo disponerse la inmediata reincorporación del funcionario a su cargo titular y procediendo al pago íntegro de las remuneraciones y beneficios que hubiere dejado de percibir durante el tiempo que duró la separación indebida.

Regístrese, notifíquese y archívese, en su oportunidad.

Redacción del fallo y del voto disidente a cargo del Abogado Señor Carlos Arzola Burgos, quien no firma por no haber integrado hoy.

No firma el ministro señor Arcos, no obstante haber concurrido a la vista de la causa y al acuerdo, por encontrarse haciendo uso de feriado legal.

R.I.C. 464-2026-Protección.-