nombre reservado con nombre reservado

Chillán, seis de julio de dos mil veintiséis.

Visto;

1°) Que comparece el abogado Rodrigo Pablo León Pinto, en representación de doña nombre reservado, quien interpone recurso de protección en contra de don nombre reservado, director ejecutivo del Servicio Local de Educación Pública Valle Diguillín, domiciliado en domicilio reservado; de don nombre reservado, alcalde de la Municipalidad de Bulnes, domiciliado en domicilio reservado; y de don nombre reservado, director de la Escuela Presidente Eduardo Frei de la comuna de Bulnes, domiciliado en domicilio reservado de dicha comuna, por estimar ilegales y arbitrarios los siguientes actos que, a su juicio, vulneran las garantías de los numerales 2°, 3° y 24° del artículo 19 de la Constitución Política de la República: a) La Resolución Exenta N° 460, de 15 de abril de 2026, del Servicio Local de Educación Pública Valle Diguillín, que rechazó el recurso de reposición y no dio lugar a la apelación subsidiaria, ambos deducidos por la recurrente, manteniendo firme la Resolución Exenta N° 273; b) La Resolución Exenta N° 273, de 13 de marzo de 2026, del mismo Servicio, que dio curso a la vista fiscal y dispuso el término de la relación laboral de la recurrente, en el sumario administrativo instruido por Decreto Alcaldicio N° 1.341, de 13 de marzo de 2025, de la Municipalidad de Bulnes; c) La actuación de don nombre reservado, quien con fecha 30 de diciembre de 2025 estampó su firma, fecha y timbre sobre la vista fiscal evacuada en el aludido sumario, sin dictar decreto alcaldicio formal; y d) La conducta de don nombre reservado, quien el día 16 de abril de 2026 habría prohibido telefónicamente a la recurrente el ingreso al establecimiento educacional para retirar sus pertenencias personales.

Expone la recurrente, en síntesis, que se desempeñó como asistente social en la Municipalidad de Bulnes desde el año 2018 y que fue traspasada por el solo ministerio de la ley al Servicio Local de Educación Pública Valle Diguillín a contar del 1 de enero de 2026; que mediante Decreto Alcaldicio N° 1.341, de 13 de marzo de 2025, se instruyó en su contra sumario administrativo por eventuales conductas de acoso laboral en el Liceo Manuel Bulnes; que con fecha 6 de octubre de 2025 se le formuló cargo único, presentando sus descargos el 20 de octubre siguiente; que el fiscal sumariante evacuó vista fiscal el 24 de diciembre de 2025, proponiendo el término de su relación laboral, la que fue aprobada por el alcalde de Bulnes el 30 de diciembre de 2025 mediante su sola firma; y que, producido el traspaso al Servicio Local, este dictó la Resolución Exenta N° 273 confirmando la vista fiscal y disponiendo su desvinculación.

Sostiene que el director ejecutivo del Servicio Local carecía de competencia para aprobar la vista fiscal y dictar el acto terminal de un sumario instruido por la Municipalidad, correspondiendo dicha atribución únicamente al alcalde conforme al artículo 138 de la Ley N° 18.883; que la Resolución Exenta N° 273 fue dictada fuera del plazo de cinco días que prevé la citada norma, transcurridos 79 días desde la vista fiscal; que se le negó injustificadamente el recurso de apelación en subsidio contemplado en el artículo 141 del Estatuto Administrativo; que la actuación del alcalde de aprobar la vista fiscal mediante su sola firma, sin decreto alcaldicio, es ilegal, arbitraria y vulnera el debido proceso; y que la prohibición de ingreso al establecimiento la priva de su derecho de propiedad sobre sus pertenencias personales y constituye una discriminación arbitraria. Solicita que se declaren ilegales y arbitrarios los actos impugnados, se ordene dejarlos sin efecto, se disponga el acceso inmediato de la recurrente al establecimiento para el retiro de sus pertenencias, y se condene en costas a los recurridos.

2°) Que informando don nombre reservado, Director de la Escuela Presidente Eduardo Frei, solicita el rechazo del recurso de protección dirigido en su contra, expresando que su intervención se limitó a comunicar telefónicamente a la recurrente, el 16 de abril de 2026, que atendida la vigencia de la Resolución Exenta N°460 no correspondía que continuara concurriendo al establecimiento a desempeñar funciones ni registrando asistencia; que en la misma llamada la autorizó expresamente a concurrir esa misma tarde a retirar sus efectos personales, coordinando incluso que la Coordinadora del Programa de Integración Escolar se comunicara con ella vía WhatsApp para facilitar dicha gestión; y que la recurrente, pese a las facilidades otorgadas, no concurrió a retirar sus pertenencias. Afirma no haber tenido intervención alguna en la instrucción, formulación de cargos ni dictación de las resoluciones del sumario administrativo, careciendo de competencia para revisar o dejar sin efecto actos de autoridades distintas.

3°) Que informan por la Municipalidad de Bulnes los abogados doña Daniela Espinoza Ibacache y don Diego Lagos Ortega, quienes solicitan el rechazo del recurso, con costas. Exponen que el sumario administrativo instruido por Decreto Alcaldicio N° 1.341, de 13 de marzo de 2025, se tramitó conforme al reglamento y protocolo municipal aplicable; proceso en el cual se formuló cargo único en contra de la recurrente el 6 de octubre de 2025 y se evacuó la vista fiscal el 24 de diciembre de 2025, la que fue acogida por el alcalde el 30 de diciembre siguiente mediante su firma, fecha y timbre estampados en el documento. Señalan que esta actuación constituye únicamente la manifestación de voluntad previa del alcalde y no el acto administrativo terminal del procedimiento disciplinario. Indican que dicho acto terminal no llegó a dictarse por la municipalidad, por cuanto el 1 de enero de 2026 operó por el solo ministerio de la ley el traspaso del servicio educacional al Servicio Local de Educación Pública Valle Diguillín, con la consecuente pérdida de la potestad disciplinaria municipal sobre los funcionarios traspasados, de conformidad con el Dictamen N° E144653N25, de 27 de agosto de 2025, de la Contraloría General de la República. Por tal razón, mediante Decreto Alcaldicio N° 7.523, de 29 de diciembre de 2025, se traspasaron al Servicio Local todos los sumarios administrativos pendientes, incluido el instruido en contra de la recurrente. Concluyen que ninguna de las peticiones concretas del recurso se dirige en contra de la municipalidad o de su alcalde, y que su actuación se ajustó íntegramente a la normativa y a la jurisprudencia administrativa vinculante.

4°) Que por su parte, informa por el Servicio Local de Educación Pública Valle Diguillín el abogado Duberli Guerrero Mayorga, quien solicita el rechazo del recurso, con costas. Sostiene que, en virtud del artículo noveno transitorio de la Ley N° 21.040, el Servicio Local es sucesor legal de la Municipalidad de Bulnes en su calidad de sostenedor del establecimiento educacional traspasado, y que conforme al artículo 22, letra d), de la misma ley, su director ejecutivo tiene la atribución legal de poner término a las funciones del personal traspasado; que dicha competencia para proseguir los procedimientos disciplinarios iniciados y no afinados a la fecha del traspaso ha sido reconocida por la Contraloría General de la República en los dictámenes N° E378936, de 2023, N° E144653, de 2025, y N° OF95202N26, de 18 de mayo de 2026; que la objeción de incompetencia no fue planteada por la recurrente ni en sus descargos de 20 de octubre de 2025 ni en el recurso de reposición administrativo de 20 de marzo de 2026, lo que constituye una alegación nueva; que el plazo del artículo 138 de la Ley N° 18.883 no reviste el carácter de fatal para la administración, conforme al artículo 27 de la Ley N° 19.880; que el recurso de apelación en subsidio fue efectivamente conocido y resuelto en la Resolución Exenta N° 460; y que el procedimiento disciplinario se tramitó con pleno respeto de las garantías de la recurrente, quien fue notificada de los cargos, presentó descargos, obtuvo término probatorio y dedujo los recursos administrativos correspondientes.

5°) Que el recurso de protección de garantías constitucionales, contemplado en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye una acción cautelar de urgencia, destinada a amparar el legítimo ejercicio de los derechos y garantías que en dicha disposición se enumeran, mediante la adopción de las medidas necesarias para restablecer el imperio del derecho ante un acto u omisión ilegales o arbitrarios que prive, perturbe o amenace ese ejercicio, sin que ello importe emitir un pronunciamiento de mérito sobre cuestiones de lato conocimiento propias de otras sedes jurisdiccionales.

6°) Que en consecuencia, para que la acción pueda prosperar es necesaria la concurrencia copulativa de los siguientes presupuestos: a) la existencia de una acción u omisión ilegal, esto es, contraria a la ley, o arbitraria, es decir, producto del mero capricho de quien incurre en ella; b) que dicha acción u omisión origine alguna de las situaciones o efectos que se han indicado, esto es, que prive, perturbe o amenace el legítimo ejercicio de una garantía; y c) que exista una relación de causalidad directa entre el acto u omisión reprochados y la afectación de la garantía invocada, presupuestos cuya ausencia, aun respecto de uno solo de ellos, determina el rechazo de la acción.

7°) Que en primer término, en cuanto a la supuesta ausencia de facultad legal del director ejecutivo del Servicio Local de Educación Pública Valle Diguillín para aprobar la vista fiscal y disponer el término de la relación laboral de la recurrente, se debe tener presente que, por el solo ministerio de la ley, a contar del 1 de enero de 2026, operó el traspaso del servicio educacional que prestaba la Municipalidad de Bulnes al citado Servicio Local, de conformidad con los artículos cuarto y octavo transitorios de la Ley N° 21.040, siendo este último, conforme al inciso segundo del artículo noveno transitorio de la misma ley, el sucesor legal de la Municipalidad en su calidad de sostenedor del establecimiento educacional. A su turno, la Contraloría General de la República, en su Dictamen N° E144653N25, de 27 de agosto de 2025 (que aplica los dictámenes N° E378936, de 2023, y N° E105592, de 2021), instruyó expresamente que los Servicios Locales de Educación Pública son competentes para proseguir la tramitación de los procedimientos disciplinarios iniciados por los municipios que no hubieren concluido a la fecha del traspaso, criterio reiterado en el Dictamen N° OF95202N26, de 18 de mayo de 2026. En cumplimiento de dicha instrucción, la Municipalidad de Bulnes dictó el Decreto Alcaldicio N° 7.523, de 29 de diciembre de 2025, mediante el cual traspasó formalmente al Servicio Local la totalidad de los sumarios administrativos pendientes, incluido expresamente el instruido por Decreto Alcaldicio N° 1.341, de 13 de marzo de 2025, que se encontraba, a esa fecha, en etapa acusatoria con vista fiscal evacuada, pero sin decreto alcaldicio terminal. Siendo así, y contando el director ejecutivo del Servicio Local, conforme al artículo 22, letra d), de la Ley N° 21.040, con la atribución legal de poner término a las funciones del personal traspasado, no se advierte que la Resolución Exenta N° 273 haya sido dictada por la autoridad carente de facultad normativa.

8°) Que sobre lo mismo, consta del expediente disciplinario acompañado que la supuesta ausencia de facultad legal no fue alegada por la recurrente sumariada ni en su escrito de descargos de fecha 20 de octubre de 2025, ni en el recurso de reposición con apelación en subsidio que dedujo con fecha 20 de marzo de 2026 en contra de la Resolución Exenta N° 273, arbitrios que se circunscribieron a cuestionar la tipificación de los hechos como acoso laboral, la proporcionalidad de la sanción y la aplicación de causales del Código del Trabajo; circunstancia entonces, que constituye un antecedente adicional que resta verosimilitud a la existencia de un vicio de tal entidad como para tener por acreditada, en esta sede cautelar, la ilegalidad o arbitrariedad que se reprocha.

9°) Que ahora, en lo que respecta a la dictación de la Resolución Exenta N° 273 fuera del plazo de cinco días que contempla el artículo 138 de la Ley N° 18.883, cabe considerar que dicho término, atendida su naturaleza y la ausencia de una sanción legal expresa de nulidad o caducidad para su incumplimiento y, como lo señala la recurrida, no reviste el carácter de fatal para la administración. En el mismo sentido, respecto al límite general de seis meses que fija el artículo 27 de la Ley N° 19.880 para la duración de los procedimientos, si bien en la especie dicho plazo se encuentra excedido, ello no es suficiente para invalidar el acto terminal. En este caso, la extensión del proceso y tal como lo señala una de las recurridas, aparece en concepto de estos sentenciadores justificada por la complejidad del sumario (el cual involucró denuncias cruzadas de acoso laboral, gran número de declaraciones de testigos, informes de la mutualidad y abundantes diligencias probatorias), sin que conste en los antecedentes que la demora de 79 días desde la recepción de la vista fiscal hasta la dictación del acto de término hubiese ocasionado a la recurrente un perjuicio o indefensión concreto de carácter sustancial, más allá del que naturalmente deriva de la propia sustanciación del procedimiento; de manera que dicha circunstancia temporal tampoco permite calificar de arbitrario o ilegal el actuar del Servicio Local recurrido.

10°) Que en cuanto a la alegada negativa de la autoridad a conceder el recurso de apelación interpuesto en subsidio, cabe tener presente que, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 59, inciso cuarto, de la Ley N° 19.880, no procede recurso jerárquico o de apelación en contra de los actos dictados por los jefes superiores de servicios públicos descentralizados, como lo es el director ejecutivo del Servicio Local de Educación Pública Valle Diguillín, agotándose la vía administrativa con la resolución del recurso de reposición. De este modo, al ser el recurso de apelación legalmente improcedente en la especie, no puede configurarse una denegación ilegal por parte del recurrido. Sin perjuicio de lo anterior, consta de los antecedentes que el Servicio Local, en lugar de declarar la inadmisibilidad directa de la apelación, se pronunció formalmente sobre ella en el considerando décimo, letra m), de la Resolución Exenta N° 460, desestimándola al constatar que correspondía a una reiteración de las alegaciones de la reposición, las que ya habían sido latamente respondidas en el mismo acto; circunstancia que descarta la existencia de una omisión arbitraria o de una denegación que hubiese colocado a la recurrente en situación de indefensión.

11°) Que respecto de la actuación de don nombre reservado, alcalde de la Municipalidad de Bulnes, consistente en estampar su firma, fecha y timbre sobre la vista fiscal con fecha 30 de diciembre de 2025, cabe consignar previamente que el inciso primero del artículo 138 de la Ley N° 18.883 dispone de manera perentoria la forma en que debe resolverse el sumario. En efecto, la citada norma señala que, una vez elevado el dictamen por el fiscal, la autoridad resolverá en el plazo de cinco días, "dictando al efecto un decreto en el cual absolverá al inculpado o aplicará la medida disciplinaria, en su caso". Esta exigencia de solemnidad formal se corresponde con lo prevenido en los artículos 3° y 41 de la Ley N° 19.880, en cuanto establecen que las decisiones definitivas de la administración se expresarán a través de actos escritos y fundados, los que en el ámbito municipal adoptan la forma de decreto alcaldicio.

12°) Que bajo este prisma, la sola firma, fecha y timbre estampados por el alcalde al pie de la vista fiscal, desprovistos de la dictación de un decreto alcaldicio formal que en forma escrita y fundada absolviera a la funcionaria o le aplicara la medida disciplinaria propuesta por el fiscal sumariante, no satisfacen los requisitos de solemnidad que el ordenamiento jurídico exige para la validez del acto administrativo terminal de un procedimiento disciplinario sino que por el contrario, tal estampe gráfico configura únicamente una manifestación de voluntad interna, de carácter preparatorio y previo, que antecede al acto de término definitivo que debía dictarse en cumplimiento de lo prevenido en el artículo 138 de la Ley N° 18.883. Consecuentemente, a juicio de esta Corte, la referida rúbrica fue incapaz de poner fin al sumario administrativo instruido por el Decreto Alcaldicio N° 1.341, de 13 de marzo de 2025, de manera tal, que al momento de operar el traspaso del servicio educacional al servicio local por el solo ministerio de la ley, con fecha 1 de enero de 2026, la referida investigación se encontraba plenamente vigente y pendiente de la dictación de su correspondiente acto terminal.

13°) Que la calificación precedente resulta coherente y armónica con lo razonado en el motivo séptimo, toda vez, que al no haber terminado formalmente el sumario administrativo por la Municipalidad de Bulnes antes del traspaso legal, se configuró precisamente la hipótesis prevista en el Dictamen N° E144653N25, de 27 de agosto de 2025, de la Contraloría General de la República, criterio reiterado en el Dictamen N° OF95202N26, de 18 de mayo de 2026, en el sentido que los Servicios Locales de Educación Pública son plenamente competentes para proseguir la tramitación de los procedimientos disciplinarios iniciados por los municipios que no se encontraren concluidos a la fecha de la transferencia del servicio educacional. De esta manera, no resulta aplicable en la especie, como lo pretende la recurrente, la jurisprudencia administrativa contenida en el Dictamen N° E130460N25, toda vez que dicho pronunciamiento regula la hipótesis excepcional de aquellos funcionarios de los DAEM que no fueron traspasados a los Servicios Locales, calidad que evidentemente no reviste la recurrente, quien pasó a depender del Servicio Local Valle Diguillín, como ya se ha dicho, por el solo ministerio de la ley.

14°) Que así entendida la actuación de la máxima autoridad comunal como un acto de trámite y no terminal, ella no resulta susceptible de ser impugnada por la vía cautelar del artículo 20 de la Constitución Política de la República, conforme al principio de impugnabilidad que consagra el artículo 15 de la Ley N° 19.880, según el cual los actos de mero trámite solo son impugnables cuando determinen la imposibilidad de continuar un procedimiento o produzcan indefensión. Estas hipótesis no concurren en la especie, toda vez que el sumario continuó efectivamente su curso bajo la competencia del Servicio Local de Educación Pública, y la recurrente pudo ejercer de forma oportuna todos sus derechos de defensa, deducir el recurso de reposición con apelación en subsidio y hacer valer las alegaciones que estimó pertinentes ante el nuevo sostenedor.

15°) Que en lo referente a la efectiva existencia de las conductas constitutivas de acoso laboral y comportamientos incívicos que se imputaron a la recurrente, así como a la proporcionalidad de la medida de término de la relación laboral aplicada en su contra, se advierte que dichas materias exigen una ponderación de la prueba testimonial y documental rendida durante la etapa investigativa y el término probatorio del sumario administrativo, cuestión de lato conocimiento que excede el ámbito cautelar y de urgencia propio del recurso de protección, sin que a esta Corte, en sede de protección, le corresponda emitir pronunciamiento sobre el fondo de tales cuestionamientos.

16°) Que finalmente, en cuanto a la conducta atribuida a don nombre reservado, consistente en haber impedido el 16 de abril de 2026 el ingreso de la recurrente al establecimiento educacional para retirar sus pertenencias personales, se trata de un hecho controvertido entre las partes, desde que el recurrido ha señalado que mediante comunicación telefónica autorizó expresamente a la recurrente a retirar sus efectos personales, coordinando incluso su gestión a través de la Coordinadora del Programa de Integración Escolar, sin que la recurrente hubiese concurrido a tales efectos. Encontrándose de este modo controvertidos los hechos que sustentan esta alegación, y no constando de manera indubitada la privación absoluta que se denuncia, no puede tenerse por establecida, en esta sede de urgencia, la vulneración a la garantía del artículo 19 N°24 de la Constitución Política de la República que se invoca a su respecto.

17°) Que de lo razonado en los motivos precedentes fluye que no ha quedado acreditada en autos la concurrencia de los presupuestos de ilegalidad o arbitrariedad que exige el artículo 20 de la Constitución Política de la República respecto de ninguno de los actos y actuaciones reprochados a los recurridos, por lo que el recurso de protección deducido no podrá prosperar.

Por estas consideraciones y visto, además, lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y en el Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre Tramitación y Fallo del Recurso de Protección, se rechaza, sin costas, el recurso de protección interpuesto por don Rodrigo Pablo León Pinto, en representación de la recurrente doña nombre reservado, en contra de don nombre reservado, en su calidad de Director Ejecutivo del Servicio Local de Educación Pública Valle Diguillín, de don nombre reservado, en su calidad de alcalde de la Ilustre Municipalidad de Bulnes, y de don nombre reservado, en su calidad de Director de la Escuela Presidente Eduardo Frei de la comuna de Bulnes .

Notifíquese.

En su oportunidad, dese cumplimiento al numeral 14 del Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre Tramitación y Fallo del Recurso de Protección.

Regístrese y, hecho, archívese.

Redacción a cargo del abogado integrante don Cristian Coloma Fuentes.

R.I.C. N°463-2026. PROTECCIÓN.