nombre reservado con SUPERINTENDENCIA DE SEGURIDAD SOCIAL- COMISIÓN DE MEDICINA PREVENTIVA E INVALIDEZ

Chillán, veintiocho de julio de dos mil veinticinco.

Visto:

1°.- Que, comparece el abogado don Sebastián Caroca Colarte, en favor de doña nombre reservado, interponiendo recurso de protección en contra de la Superintendencia de Seguridad Social, representada legalmente por doña nombre reservado, y contra la Comisión de Medicina Preventiva e Invalidez de la Región del Bio-Bio, representada legalmente por doña nombre reservado, por el acto arbitrario e ilegal que causa grave amenaza, privación y perturbación al legítimo ejercicio de sus derechos y garantías consagradas en el números 18 y 24 del artículo 19 de la Constitución Política de la República.

Expone que con fecha 3 de abril de 2025, la recurrente presentó reclamo ante la Superintendencia de Seguridad Social, por cuanto la COMPIN Región de Ñuble, confirmó el rechazo de las licencias médicas N° 112863875-6, 114075041-3, extendidas por un total de 60 días a contar del 10 de enero de 2025, por reposo no justificado.

Explica que la Superintendencia recurrida luego de analizar los fundamentos del reclamo mantuvo su decisión la que expreso mediante Resolución Exenta Nº R-01-UME-60914-2025, fundada aquella en que el reposo ya autorizado de 120 días, a continuación de licencia obstétrica y maternal desde el 1 de agosto de 2023, se considera suficiente para la resolución del cuadro clínico y el reintegro laboral.

Agrega que posterior al parto del hijo menor de su representada, éste comenzó a presentar problemas para alimentarse por lo que fue necesaria el inicio de formula láctea con una técnica especial (lactancia con sonda al pecho) que requería de muchos cuidados y ayuda para realizarla, a consecuencia de lo anterior debió postergar la atención que dispensaba a su hijo mayor, quien presentó trastornos de alimentación, enuresis nocturna (micción involuntaria durante el sueño) y episodios de tristeza frecuentes.

Expone que la recurrente no cuenta con una red de apoyo en el país, pues su familia reside en Colombia, que dicha situación ha provocado que su estado emocional sea lábil, lo que con el pasar del tiempo se han intensificado presentando cuadro de depresión y episodios de crisis de pánico, todo esto la llevo a solicitar la ayuda de un psiquiatra el Dr. nombre reservado, quien le diagnostico Trastorno mixto ansioso depresivo y trastorno adaptativo, indicándole iniciar tratamiento farmacológico el que continua hasta el día de hoy junto con controles periódicos. Añade que durante este proceso la COMPIN, ha rechazado las dos últimas licencias folio 3-RUT reservado por 30 días y folio 3-114075041-3 por 30 días, extendida por el profesional que la atiende pese a esta en tratamiento para recuperar su estabilidad emocional, siendo esencial para aquello el reposo laboral autorizado por el profesional, señala que aunque presentó la apelación ante dicho servicio adjuntando el informe del médico el rechazo se mantuvo.

Hace presente que la COMPIN, al evaluar los antecedentes puesto en su conocimiento debe realizar una fiscalización exhaustiva de los tratamientos prescritos por los profesionales de la salud. Agrega que en el caso de autos ha existido una falta de fiscalización, lo que ha impedido a su representada cumplir adecuadamente con el reposo prescrito, lo que ha incrementado su carga emocional y su delicado estado de salud. Alude que la recurrente ha incorporado en las oportunidades legales correspondientes todos los antecedentes médicos que establece la norma a fin de respaldar los reposos indicados por el profesional médico.

Refiere que en el caso de autos la justificación para el rechazo de la licencia fue meramente nominal, sin una investigación adecuada o aplicación de medidas para una resolución más precisa como las establecidas en el artículo 21 del D.S. No 3 de 1984. La falta de un contacto directo con los médicos tratantes y una revisión superficial basada en documentos, sin una investigación sustancial sobre el estado de salud del trabajador, subraya una deficiencia significativa en el cumplimiento de las obligaciones normativas por parte de los órganos fiscalizadores.

Recalca que el reposo prescrito por el Psiquiatra Dr. nombre reservado mantiene rol terapéutico, que se sustenta en la evaluación exhaustiva y técnica que ha realizado durante todo el tratamiento de la recurrente, y que queda reflejado en cada informe que se acompaña en otrosí de esta presentación.

En cuanto al derecho señala como garantías constitucionales infringidas aquellas descritas en los numerales 18 y 24 del artículo 19 de la Constitución Política de la República, puesto que el rechazo de las licencias importa la privación a un derecho a retribución monetaria contemplada expresamente por la ley en los casos de imposibilidad de trabajar por enfermedad, lo cual no se condice con el fin esencial de una licencia médica, cual es ayudar al trabajador afectado por una incapacidad temporal a recuperar su salud y reintegrarse a su actividad laboral.

Refiere que, aunque los servicios recurridos tienen la facultad normativa para rechazar las licencias médicas, en la especie dicho rechazo adolece de falta de fundamentación, ya que no fueron solicitados otros antecedentes al beneficiario o de se dispusieron pericias, para verificar la procedencia médica del reposo, como lo establece el Artículo 21 del D.S. N° 3 de 1984. Agrega que las decisión unilateral de la comisión de medicina preventiva e invalidez, mediante las cuales se rechazaron las licencias médica, carecen de las debida fundamentación ponderación y razonabilidad, sin entregar al efecto mayores razones ni antecedentes, como asimismo, tampoco propicia la realización de diligencias para determinar la real situación de salud de la recurrente.

Agrega que, las resoluciones de la comisión de medicina preventiva e invalidez COMPIN, a través de las cuales se rechazó la licencias médica de la parte recurrente, resulta arbitrarias, contrarias a derecho y absolutamente antojadizas, no solo porque dichas resoluciones carecen de las debida fundamentación y motivación como actos administrativos, sino que además, refleja un actuar absolutamente extemporáneo o tardío por parte de la institución recurrida y de la Unidad de Licencias médicas, los cuales disponen de un plazo de siete días hábiles desde la fecha en que el respectivo formulario se reciba en sus oficinas, para pronunciarse sobre las referidas presentaciones, en conformidad al artículo 24 y siguiente del reglamento de autorización de licencias médicas, situación que no ocurrió en este caso, dado que las licencias fueron rechazadas fuera de plazo, no permitiendo con ello que estas sean pagadas, lo cual está provocando un perjuicio económico a la parte recurrente.

Atendido lo anterior los actos recurridos no otorgan ningún fundamento para arribar a la conclusión de que el reposo es injustificado, dejando al recurrente en la más absoluta indefensión en cuanto no poder controvertir su contenido y argumentos jurídicos y médicos, siendo legítimo cuestionarse a lo menos, cual o cuales son los antecedentes que no justifican el reposo, que antecedentes toma en consideración para resolver de la manera que lo hizo finalmente. Sin embargo, nada señalan las resoluciones recurridas al respecto. En otras palabras, cuáles son las razones médicas que la llevan a la convicción de confirmar el rechazo de las licencias médicas respectivas, ya que si bien se hace referencia “a los antecedentes aportados” dicha cita es meramente genérica y referencial, sin que aluda a antecedente especifico alguno.

Expone que el Acto Administrativo debe necesariamente ser entendible para el ciudadano, en orden a que éste mediante su sola lectura pueda precisamente entender y comprender racionalmente los argumentos fácticos, médicos y jurídicos, que se esgrimen para fundar la decisión del órgano perteneciente a la administración del Estado, lo que evidentemente no se cumplen en las resoluciones administrativas recurridas, ya que no señalan razón ni fundamento al efecto. Agrega que las resoluciones dictadas por los órganos del estado necesariamente cumplir con el deber de fundamentación de su decisión, en caso contrario infringirían los Artículos 11 y 41 de la Ley 19.880.

Argumenta que las resoluciones materia del presente Recurso de Protección, son ilegales, en cuanto son contrarias al ordenamiento jurídico porque vulneran e infringen flagrantemente los Artículos 3 y 40 de la Ley Nro. 19.880 Sobre Procedimiento Administrativo y el articulo 16 D.S nro.3 /1984 del Ministerio de Salud, al ser actos administrativos infundados tanto desde el punto de vista técnico, esto es, en orden a expresar las razones médicas en que sustenta el rechazo, como tanto desde el punto de vista factico, en orden a señalar los hechos en que se basan las decisiones denegatorias ya que ellos en definitiva se omiten de plano.

Termina pidiendo se tenga por interpuesto recurso de protección en contra de los servicios recurridos ya individualizados, por haberse dictado la resolución exenta sin los fundamentos valederos, perturbando y amenazando el legítimo ejercicio de las garantías constitucionales contemplada en el N° 18 y N° 24 del artículo 19 de la Constitución Política de la República, y en definitiva acogerlo, ordenando se autorice la singularizada licencia médica, con costas.

2°.- Que, en representación del COMPIN Región de Ñuble, informa su presidente don nombre reservado, expresando que la recurrente presentó un periodo de reposo continuo posterior a su licencia posnatal parental, comprendido entre el 12 de septiembre de 2024 y el 10 de marzo de 2025, totalizando 180 días. Agrega que del periodo señalado solo se rechazaron 60 días correspondientes a dos licencias médicas de 30 días cada una, individualizadas con los números N°112863875 y N°114075041, otorgadas desde el 10 de enero al 8 de febrero de 2025 y desde el 9 de febrero al 10 de marzo de 2025, respectivamente.

Expone que, durante los 180 días de reposo, el diagnóstico presentado fue “trastorno mixto de ansiedad y depresión”, el cual fue abordado casi en su totalidad por el Dr. Saldías Aracena, cambiando de tratante solo en su última licencia, en la cual fue evaluada por el Dr. Argüello Garzón.

Explica que bien las licencias médicas fueron emitidas por un médico especialista en psiquiatría —y en ese sentido no existen cuestionamientos—, no se puede establecer la consistencia clínica en la necesidad de prorrogar un reposo por más de 120 días, considerando que la referida usuaria contaba con atenciones médicas y tratamientos asociados.

De acuerdo a lo señalado en el Decreto Supremo N°3 de 1984 y en base a los criterios para el rechazo —en los cuales, como COMPIN de la Región de Ñuble, se utilizan las guías referenciales de salud mental— se determina que el diagnóstico de “trastorno mixto de ansiedad y depresión” puede presentar remisión en un periodo que va de 30 a 120 días. Por tanto, ante la falta de una razón justificada y debidamente fundada, no se considera que la extensión del reposo cumpla un rol terapéutico.

Hace presente que la recurrente hizo uso de su derecho a reposición ante nuestra institución, instancia en la cual no aportó antecedentes nuevos o clínicamente relevantes que permitieran a los contralores médicos reconsiderar la decisión de rechazar las dos últimas licencias médicas.

Refiere el informante que en ninguna de las instancias se hace referencia a una fecha probable de alta de la usuaria, ni a una variación en las alternativas terapéuticas que pudiesen favorecer la recuperación de su funcionalidad laboral. Atendido lo anteriormente expuesto y ante la falta de antecedentes clínicos concluyentes, esta COMPIN determina rechazar los reposos identificados con los números N°112863875 y N°114075041.

3°.- Que, el abogado don Tomás Garro Gómez, en representación de la recurrida, Superintendencia de Seguridad Social, alega en lo principal extemporaneidad de la acción de protección, fundada en que la acción interpuesta por la Sra. nombre reservado, se presentó fuera del plazo fatal de 30 días corridos previsto para hacer valer dicha acción constitucional.

Hace presente que la acción interpuesta fue presentada con fecha 6 de junio pasado ante esta Iltma. Corte , no obstante, la recurrente tenía conocimiento del acto administrativo que impugna, a más tardar el día 3 de abril de 2025, oportunidad en que optó por presentar un reclamo ante la Superintendencia de Seguridad Social, lo que consecuencialmente implica que no se dan los presupuesto establecido en el artículo 1° del Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre tramitación y fallo del Recurso de Protección Termina pidiendo en esta parte se rechace la acción de protección de autos, por haber sido ejercida de forma extemporánea, respecto de las licencias médicas indicadas, con costas.

En el primer otrosí de su presentación, informa respecto al fondo de la acción constitucional intentada, señalando que con fecha 3 de abril del presente, la señora nombre reservado, recurrió ante la Superintendencia de Seguridad Social, reclamando en contra de la COMPIN, en virtud del rechazo de las licencias médicas N° 112863875-6 y N° 114075041-3, fundando en que el reposo otorgado por el médico tratante resultaba injustificado. Agrega que en razón del reclamo interpuesto dicho servicio requirió los antecedentes pertinentes tanto a la COMPIN como al Servicio de Salud respectivo, previo estudio de los antecedentes recopilados por parte de la unidad competente perteneciente resolvió mediante RESOLUCIÓN EXENTA N° R-01-UME-60914-2025, de 7 de mayo de 2025, rechazar el reclamo interpuesto, confirmando la decisión de la COMPIN.

Hace presente que el caso fue estudiado por la Dra. nombre reservado, Psiquiatra, de la Unidad Médica del Dpto. Contencioso de la Superintendencia de Seguridad Social, quien en su informe concluyó “Fundamentos de la resolución: Informe médico 15-21/3/2025 trastorno mixto ansioso depresivo, trastorno adaptativo. Síntomas de inicio en el periodo posparto, síntomas somáticos, secundario a estrés orbital relacionado con el nacimiento de su hijo con dificultades en la adaptación a la maternidad y sus rutinas. Intervención cognitivo conductual, en el proceso presenta numerosas recaídas, manteniendo inestabilidad afectiva y ansiedad basal, se indica iniciar psicoterapia complementaria. En el último control mejoría lenta y progresiva, se indica retorno laboral. Último esquema sertralina 100 mg, Clotiazepam, psicoterapia individual Reposo desde el 1/8/2023 por causa ginecológica, por reacción al estrés, autorizado hasta licencia maternal, parto 28/3/2024, a contar del 12/9/2024 reposo por salud mental autorizado por 120 días hasta el 9/1/2025, siguen licencias rechazadas hasta 10/3/2025Antecedentes insuficientes para mayor extensión de reposo, propongo mantener rechazo…”

Alega que como se puede visualizar su representada no ha realizado actuación ilegal o arbitraria alguna, al confirmar por la resolución impugnada, el rechazo de las licencias médicas dispuestos por la COMPIN de la Región de Ñuble y finalmente por la Superintendencia de Seguridad Social. Agrega que en este sentido jamás nació a la vida jurídica la prestación pecuniaria (subsidio por incapacidad laboral) que en definitiva solicita la recurrente, como tampoco ningún otro derecho respecto del cual proceda la cautela constitucional de la acción de protección. Los actos de su representada se apegaron a las atribuciones legales que regula la tramitación de las licencias médicas.

En lo que respecta al derecho manifiesta que conforme a lo indicado en el artículo 1° del citado D.S N° 3 de 1980 del Ministerio de Salud, lo esencial para la autorización de las licencias médicas es la posibilidad real y cierta de que el trabajador recupere la capacidad de trabajo y quede en condiciones de reincorporarse a la vida laboral. Agrega que el derecho a licencia médica está contemplado en el artículo 149 del D.F.L. Nº 1, de 2005, del Ministerio de Salud cuerpo legal que, como ya se indicó, promulgó el texto refundido, coordinado y sistematizado de, entre otras, la Ley N° 18.469, que regula el Ejercicio del Derecho Constitucional a la Protección de la Salud y que crea un Régimen de Prestaciones de Salud al efecto.

Por su parte, el artículo 1º del Decreto Supremo Nº 3, del año 1984, del Ministerio de Salud, que contempla el Reglamento sobre autorización de licencias médicas, en los siguientes términos: “ Para los efectos de este reglamento, se entiende por licencia médica el derecho que tiene el trabajador de ausentarse o reducir su jornada de trabajo, durante un determinado lapso de tiempo, en cumplimiento de una indicación profesional certificada por un médico cirujano, cirujano dentista o matrona, reconocida por su empleador en su caso, y autorizada por la Comisión de Medicina Preventiva e Invalidez –Compin- de la Secretaría Regional Ministerial de Salud –Seremi- o Institución de Salud Previsional según corresponda, durante cuya vigencia podrá gozar de subsidio especial con cargo a la entidad de previsión, institución o fondo especial respectivo…”

Como se ha expuesto y de acuerdo con las normas ya referidas, la licencia médica es un derecho esencialmente temporal, cuya finalidad es justificar la ausencia del trabajador a sus labores cuando como consecuencia de una enfermedad o accidente común, está incapacitado temporal para trabajar, reposo que, además, contribuye a recuperar la salud del trabajador y, por lo tanto, a reincorporarse a su actividad laboral y desde el punto de vista pecuniario, el subsidio por incapacidad laboral reemplaza a la remuneración o renta, según se trate de un trabajador dependiente o independiente.

Hace presente, que el procedimiento al que se somete la autorización de licencias médicas, se encuentra regulado en el D.S. N° 3,de 1984, del Ministerio de Salud. En este sentido las resoluciones de las Instituciones de Salud Previsional (ISAPRES), relativas a la autorización, rechazo o modificación de licencias médicas son apelables en el plazo de 15 días hábiles ante la Comisión de Medicina Preventiva e Invalidez (COMPIN), instituciones de previsión que en la actualidad dependen de las Secretarías Regionales Ministeriales de Salud (SEREMI).

Por otra parte, las COMPIN deben resolver acerca de la autorización, rechazo o modificación de las licencias médicas extendidas a los trabajadores cotizantes del Fondo Nacional de Salud (FONASA), como sucede en el caso de la recurrente de autos.

En consecuencia, los pronunciamientos que en materia de licencias médicas emite la Superintendencia de Seguridad Social, se hacen en su calidad de autoridad técnica de control de las instituciones de previsión.

En cuanto a las facultades de la Superintendencia de Seguridad Social en esta materia hace presente que la actuación de la misma, se ajusta rigurosamente a las normas constitucionales y legales que establecen sus atribuciones y facultades fiscalizadoras, como las previstas en el inciso cuarto del numeral 18 del artículo 19 de la Constitución Política de la República, los artículos 2° y letras d) y e) del artículo 38 de la le N° 16.395 modificado recientemente por la Ley Nº 20.691 de 2013 y artículos 3º y 27 del mismo cuerpo legal.

Hace presente, además, que de acuerdo a lo previsto en el artículo 27 de la Ley N° 16.395, a la Superintendencia de Seguridad Social, corresponde el control administrativo y técnico del Servicio Nacional de Salud, en lo que no se refiere a funciones derivadas del Código Sanitario. Además, señala que en contra del dictamen de la Superintendencia de Seguridad Social, siempre y en todo caso, se puede pedir reconsideración, como lo hizo la recurrente de autos en tres oportunidades, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 10 de la Ley N° 18.575, cuyo texto refundado, coordinado y sistematizado fue promulgado por el D.F.L. N° 1/19.653, del año 2000, del Ministerio Secretaría General de la Presidencia. Pues bien, en el caso en comento, la recurrente hizo uso de todas las instancias que contempla la normativa a la que se ajusta la autorización, modificación o rechazo de licencias médicas, incluyendo la revisión de la COMPIN y de esta Superintendencia, como institución de fiscalización de tales instituciones de previsión, y se concluyó que no era medicamente procedente la autorización de las licencias médicas cuestionadas, de acuerdo con los antecedentes médicos del caso ya latamente expuestos.

Alega que no existe acto ilegal o arbitrario de parte de la Superintendencia de Seguridad Social, pues como ya se indicó, ésta se limitó a resolver la situación de la recurrente dentro del ámbito de sus competencias, por lo que tampoco ha existido vulneración y ni siquiera amenaza del derecho a la integridad física y psíquica, ni se ha vulnerado el derecho de propiedad de la misma, reconocido a todas las personas en el numeral 24 del artículo 19 de nuestra Constitución Política, y en este caso respecto de un eventual derecho al subsidio por incapacidad laboral, como tampoco ningún otro derecho garantido por nuestra Carta Fundamental.

En cuanto a la supuesta vulneración del derecho a la Seguridad Social, garantizados a todas las personas en el numeral 1° del artículo 19 de la Constitución Política de la República, la recurrente menciona afectación a su salud física y psíquica, cabe preguntarse cómo podría el servicio recurrido podría haber atentado contra dichas garantías, por cuanto, en su actuar, la Superintendencia se ha limitado a ejercer las facultades que la propia ley le ha conferido.

Expone que no existe un derecho de propiedad sobre eventuales subsidios, pues como se indicó para ello es necesario, como punto de partida, contar con una licencia médica autorizada, cuestión que como ya se ha indicado no media en la especie. Por lo cual, como su representada “no ha Impedido que el recurrente ejerza un derecho de dominio sobre remuneraciones” para el cual no cumple el requisito, que es una licencia autorizada, no existe un legítimo ejercicio del derecho de propiedad que deba ser objeto de tutela constitucional, por cuanto no existen licencias médicas autorizadas, sino que, rechazadas sin generar, por lo tanto, el derecho que esgrime el recurrente de autos.

Manifiesta la abogada del servicio recurrido que la emisión de una licencia médica no puede significar que por sí misma, otorgue al trabajador un derecho a recibir una retribución monetaria con su sola emisión, la que entraría de inmediato a su patrimonio, desde que ella puede ser rechazada o modificada en su extensión, como se dijera, por el organismo competente para ello.

Alega, que la materia respecto de la cual versa la presente acción incide en un aspecto específico del derecho a la seguridad social, reconocido y garantizado a todas las personas en el numeral 18 del artículo 19 de la Constitución Política del Estado, que no está contemplado en la numeración taxativa que realiza el artículo 20 de la Carta Fundamental y, por lo tanto, no está amparado por esta especial acción cautelar. Agrega que Acción de Protección es de carácter excepcional y, por lo mismo, sólo procede su aplicación en aquellos casos relativos a determinadas materias, en las que una persona hubiera sido víctima de un acto u omisión arbitrario o ilegal, que le cause una privación, perturbación o amenaza, en el legítimo ejercicio de los derechos y garantías taxativamente señalados en la Constitución Política de la República. Debido a dicho carácter, debe dársele una aplicación restringida únicamente para aquellos casos de violación flagrante de los derechos constitucionales, que por su naturaleza y características requieren un pronunciamiento judicial especialmente rápido, que ponga pronto remedio a “actos u omisiones arbitrarios o ilegales “. De acuerdo a lo dicho, el caso de autos versa sobre una materia integrante del Derecho a la Seguridad Social, no es admisible accionar de protección ni siquiera frente a una eventual amenaza o perturbación de la misma, por cuanto como ya se dijo, el artículo 20 de la Constitución Política no lo admite respecto de esa garantía constitucional, consagrada en el N° 18, del artículo 19 de la Carta Fundamental.

Termina pidiendo tener por evacuado el informe solicitado respecto de la acción de protección interpuesta por doña nombre reservado, solicitando sea desestimado en todas sus partes, con costas, con costas.

4º.- Que para analizar el asunto planteado por la presente vía, resulta conveniente consignar que el recurso de Protección de Garantías Constitucionales, establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye jurídicamente una acción, destinada a amparar el legítimo ejercicio de las garantías y derechos preexistentes que en esa misma disposición se enumeran, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben tomar ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que prive, perturbe o amenace ese atributo.

5º.- Que, como se desprende de lo señalado precedentemente, es requisito indispensable de la acción de protección, la existencia de un acto u omisión ilegal, esto es, contrario a la ley, o arbitrario, producto del mero capricho de quién incurre en él, y que provoque algunas de las situaciones o efectos que se han indicado, afectando a una o más de las garantías -preexistentes- protegidas, consideración ésta que resulta básica para el examen y la decisión de cualquier recurso como el que se ha interpuesto.

6°.- Que, cabe reflexionar, a la luz de lo recién expuesto, que esta acción de cautela de derechos constitucionales constituye una vía destinada a dar protección respecto de garantías cuya existencia se encuentre indubitada.

7°.- Que, se rechazará la alegación de improcedencia de la acción de protección en materias de seguridad social, por cuanto, de la sola lectura del recurso se desprende que los derechos y garantías eventualmente vulnerados, no son sólo aquellos señalados en el artículo 19 N° 18 de la Constitución Política, sino que además, los comprendidos en los numerales 1o y 24 del artículo 19 de la Carta Fundamental, que sí están cubiertos por la acción deducida.

8°.- Que además se desechara la alegación de extemporaneidad del recurso planteada por al Superintendencia de Seguridad Social, por cuanto consta del mérito del proceso que la resolución impugnada fue pronunciada el 9 de mayo y el recurso de protección fue ingresado a este Corte el 6 de junio pasado, esto es, al día vigésimo noveno razón por la cual solo cabe concluir que el presente arbitrio se interpuso dentro del término del artículo 1° del Auto Acordado sobre tramitación y fallo del recurso de protección .

9°.- Que, en cuanto al fondo, la recurrida Superintendencia de Seguridad Social señala que confirmó el rechazo de las licencias reclamadas, por cuanto del estudio de los antecedentes del caso, se concluyó que el reposo no se encontraba justificado, respecto de las licencias médicas números 112863875 y 11407504 , extendidas por un total de 60 días, a contar del 10 de enero de 2025. La COMPIN Ñuble fundamentó el rechazo en que el reposo de la recurrente no se encontraba justificado. Por su parte la fundamentación de la SUSESO consta en la resolución R-01-UEM-60914-2025 de fecha 7 de mayo de 2025, cuyo tenor en lo pertinente es el siguiente:

“ CONSIDERANDO:

Que, ha recurrido con fecha 03 de abril de 2025 a esta Superintendencia doña nombre reservado, RUN RUT reservado, reclamando por cuanto la COMPIN REGIÓN DE ÑUBLE, confirmó el rechazo de las licencias médicas N°s 112863875-6, 114075041-3, extendidas por un total de 60 días a contar del 10 de enero de 2025, por reposo no justificado.

Que, esta Superintendencia estudió los antecedentes y con su mérito concluyó que el reposo prescrito por las licencias médicas N°s 112863875-6, 114075041-3, no se encontraba justificado. Esta conclusión se basa en que el reposo ya autorizado de 120 días, a continuación de licencia obstétrica y maternal desde el 1/8/2023, se considera suficiente para la resolución del cuadro clínico y el reintegro laboral, de acuerdo a los antecedentes médicos evaluados enla presente reclamación.

Que, no es posible establecer consistencia entre el rol terapéutico de mayor extensión del reposo, considerando la intensidad de los síntomas y el tratamiento indicado para el cuadro descrito en los informes médicos presentados.”

10°.- Que, el artículo 21° del Decreto Supremo N°3 que aprueba el Reglamento de Autorización de Licencias Médicas por las COMPIN e Instituciones de Salud Previsional, dispone en lo pertinente que: "Para el mejor acierto de las autorizaciones, rechazos, reducción o ampliación de los períodos de reposo solicitados y otras modificaciones a las licencias, la Compin, la Unidad de Licencias Médicas o la Isapre correspondiente, podrán disponer de acuerdo con sus medios, alguna de las siguientes medidas: a) Practicar o solicitar nuevos exámenes o interconsultas; b) Disponer que se visite al trabajador en su domicilio o lugar de reposo indicado en el formulario de licencia, por el funcionario que se designe; c) Solicitar al empleador el envío de informes o antecedentes complementarios de carácter administrativo, laboral o previsional del trabajador; d) Solicitar al profesional que haya expedido la licencia médica que informe sobre los antecedentes clínicos complementarios que obren en su conocimiento, relativos a la salud del trabajador; e) Disponer cualquier otra medida informativa que permita una mejor resolución de la licencia médica".

11°.- Que, de lo señalado precedentemente, es claro que las decisiones adoptada tanto por la COMPIUN Ñuble como por la Superintendencia no están apoyada en motivos que avalen la confirmación del rechazo de las licencias médicas, ya que se limitan a rechazarlas por la sola extensión del tiempo del reposo, sin justificar técnicamente por qué ya no está justificado, habiendo señalado la primera que el fundamento del rechazo es precisamente que no cuenta con suficientes antecedentes de convicción, poniendo de cargo del recurrente la falta de informes complementarios o la ausencia de un informe médico amplio fundado, en circunstancias que se pudieron tomar las medidas necesarias para que ellos fueran precisados, o incluso disponerse la práctica de tales informes a fin de resolver de mejor manera el asunto sometido a su decisión, si tenía dudas acerca de la prolongación del reposo de la recurrente.

12°.- Que, conforme a lo dicho precedentemente, es posible constatar que las recurridas han infringido la normativa pertinente para resolver acerca del rechazo de las licencias médicas y sus decisiones vulneran lo dispuesto en los artículos 41 inciso 4o y 11 inciso 2o de la ley 19.880, que exige que las resoluciones administrativas sean fundadas y que en ellas se expresen los fundamentos de hecho y de derecho que afectaren los derechos del recurrente, contrariando asimismo la normativa contemplada en el Decreto Supremo N°3 que aprueba el Reglamento de Autorización de Licencias Médicas por las COMPIN e Instituciones de Salud Previsional, en particular su artículo 21°, que otorga facultades a la parte recurrida, para el mejor acierto de las autorizaciones, rechazos, reducción o ampliación de los períodos de reposo solicitados y otras modificaciones a las licencias, lo que no hizo.

13°.- Que, a mayor abundamiento, la Excma. Corte Suprema también ha razonado en un sentido similar, al indicar que "...la conducta del organismo recurrido no se ajusta la preceptiva que gobierna la cuestión, tanto por no especificar los fundamentos de su determinación, como al no decretar nuevos exámenes o disponer una evaluación médica con el propósito de esclarecer la condición actual de salud del recurrente...", agregando que "... tanto la ausencia de justificación, como la circunstancia de no haber sometido al paciente a nuevos exámenes, controles o una evaluación clínica por los servicios administrativos competentes, son componentes que debieron detallarse con mayor rigurosidad antes de resolver el asunto en sede administrativa, diligencias imprescindibles para objetivar el diagnóstico y no dejarlo sujeto a la mera discrecionalidad del ente recurrido, con la subsecuente falta de pago de la licencia médica correspondiente". (C.S. 15/05/2024, Rol 16212-2024, considerando 6o).

14°.- Que, en consecuencia, y siguiendo el mismo predicamento del Máximo Tribunal, el actuar de las recurridas no se ajustó a la normativa que regula la materia, tanto por no explicitar suficientemente las razones que motivaron su decisión, como al no disponer que los órganos administrativos involucrados en la materia realicen un peritaje coetáneo e idóneo al periodo de reposo de las licencias médicas rechazadas, afectando con ello el derecho a la integridad física y psíquica y la igualdad ante la ley de la recurrente, contempladas en el artículo 19 N° 1° y 24° de la Carta Fundamental. Y lo anterior no se soslaya con la opinión de la médico psiquiatra de la SUSESO doña nombre reservado, desde que dicha profesional se limitó a estudiar los documentos y antecedentes relativos a las licencias médicas, sin peritar a la recurrente. Dicho de otra manera ambos organismos incurrieron en ilegalidad, como enseguida se dispondrá.

15°.- Que, finalmente, y atendidos los argumentos ya señalados, deberá acogerse la presente acción constitucional, solo en cuanto deberán disponer la recurrida que se practiquen aquellos exámenes o se emita -como lo exige la propia recurrida- aquel informe amplio y fundado de salud mental, que le permita tener mayores elementos de convicción para emitir una resolución fundada.

Por estas consideraciones y atendido, además, lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre tramitación y fallo del recurso de protección, se declara:

I.- Que, se rechaza la alegación de extemporaneidad del recurso hecha por la SUSESO.

II.- Que, se acoge, sin costas, el arbitrio interpuesto por Sebastián Caroca Colarte, en favor de doña nombre reservado, sólo en cuanto se ordena a la Superintendencia de Seguridad Social disponer que la Comisión de Medicina Preventiva e Invalidez de Nuble, encargue los informes periciales médicos correspondientes, respecto de las patologías de la recurrente, a fin de contar con el fundamento técnico necesario para dictar la resolución que en derecho corresponda, respecto de las licencias médicas reclamadas.

Notifíquese.

En su oportunidad, dese cumplimiento al numeral 14 del Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre tramitación y fallo del Recurso de Protección, regístrese y, hecho, archívese.

Redacción a cargo del Fiscal Judicial don nombre reservado.

Rol N°463-2025.- PROTECCION.