Protección contra Consejo de Defensa del Estado

Chillán, siete de agosto dos mil veinticinco.

Visto: 1°.- Comparece nombre reservado, interponiendo recurso de protección en contra del Consejo de Defensa del Estado, por la dictación de la Resolución TRA N°NUM000, de fecha 26 de marzo de 2025 y notificada efectivamente el 05 de mayo del referido año, y por todos los actos y omisiones arbitrarias e ilegales que le anteceden o se relacionen.

Funda su acción en que en la resolución, antes singularizada, se cometieron diversos errores fácticos y jurídicos, los cuales constituyen actos ilegales y omisiones arbitrarias que perturban y privan diversos derechos fundamentales, así las cosas, indica que la resolución en cuestión declara vacante su cargo por salud incompatible, sin señalar razón alguna que lo fundamente, y solo mencionando los supuestos días de licencias médicas, sin indicar con claridad la época de dichas licencias, ni detallar como se realiza el mencionado cálculo de días, agrega que tampoco hace referencia a como se ha considerado el contenido técnico expedido por la COMPIN, lo que resulta esencial para motivar correctamente el acto administrativo, todo lo cual concluye en una decisión errada y vulneratoria de sus derechos fundamentales, mencionando sus derechos de Integridad Física y Psíquica, igualdad ante la ley, debido proceso, derecho a la honra, y su derecho de propiedad, los cuales se encuentran contenidos en el artículo 19 N° 1, 2, 3, 4 y 24 de la Constitución Política de la República.

Expone que el 2 de enero de 2018 fue contrata en calidad de honorarios por el Consejo de Defensa del Estado, para desempeñar funciones administrativas en la Procuraduría Fiscal de Concepción, continua indicando que en el año 2000 fue contratada en calidad de planta, para posteriormente en el año 2018, ser trasladada a la Procuraduría Fiscal de Chillán, así las cosas, en el año 2010, asume como abogada procuradora fiscal de Chillán, doña Mariella Dentone Salgado, momento en el cual comenzó un deterioro progresivo en el clima laboral, incluyendo prácticas sistemáticas de hostigamiento y acoso laboral, siendo incluso denunciada en el año 2013, por la recurrente y tres funcionarias más, lo que derivó en la apertura de sumario administrativo y posterior sanción de suspensión por tres meses con goce de un 50% de sus remuneraciones, continua su relato indicando a que con posterioridad al cumplimiento de la sanción, la Sra. nombre reservado se reincorporó a sus funciones, continuando el acoso laboral.

Indica que a lo largo de su carrera fue designada en múltiples funciones ajenas a su cargo, todo lo cual le generó una carga excesiva, la cual no fue compensada ni retribuida, no obstante, destaca que siempre mantuvo una buena disposición en el cumplimiento de aquellas, sin embargo, en enero de 2022, debió someterse a una cirugía de histerectomía de urgencia, por un embarazo molar, debido a lo cual estuvo con cinco meses de licencias, debiendo someterse a diversos exámenes médicos, y consultas oncológicas, continua señalando que, en mayo de 2022, encontrándose aun afectada por su salud mental y física, se reincorpora a sus funciones por media jornada, puesto que su psiquiatra señaló que se encontraba apta para trabajar, pudiendo hacerlo de manera gradual y en consecuencia otorgando licencia médica parcial. Destaca en su escrito que, durante el periodo en que estuvo ausente nadie asumió sus funciones, por lo que se encontraba con atrasos considerables en sus tareas diarias, aumentando los llamados de atención, observando y escuchando descalificaciones infundadas en cuanto a su desempeño. Hace presente que, en junio de 2023, su amigo y colega, nombre reservado, toma la drástica decisión de quitarse la vida en las dependencias de la Procuraduría Fiscal de Chillán, siendo un golpe muy duro, especialmente para ella puesto que contaban con 36 años de amistad.

Continúa relatando que, durante los años 2022 y 2023, fue calificada en la lista N°2 por primera vez, teniendo un historial institucional intachable, dicha calificación se le notificó estando con licencia médica por duelo, la calificación en cuestión fue impugnada, llegando a apelar al Presidente del Consejo de Defensa del Estado, presentando incluso reclamo de ilegalidad, el que se encuentra pendiente ante la Contraloría General de la República.

Indica que en febrero de 2024, sufre un accidente de trayecto hacía su lugar de trabajo, accidente reconocido por la ACHS, calificando la lesión como leve, señalando que debía continuar con su vida normal, sin embargo, y debido a la imposibilidad de caminar, decide atenderse con traumatólogo particular, siendo diagnosticada con cortadura total de ligamentos, y que tras un largo periodo con terapias kinesiológicas, en noviembre del año 2024 se somete a una cirugía, la cual conlleva un gran tiempo de rehabilitación, en la que aún se encuentra en la actualidad. Así las cosas, en enero de 2025, se le notifica el resultado de evaluación de primera instancia por parte de la COMPIN, el cual cita en su escrito, destacando que su condición de salud es de tipo recuperable, no obstante en marzo de 2025 se dicta la resolución impugnada, la cual declara vacante su cargo por salud incompatible, en virtud de solicitud requerida por el CDE a la COMPIN y un cálculo erróneo y arbitrario de sus licencias médicas, resolviendo que había hecho uso de un total de 218 días de licencias médicas por enfermedad común, en periodos continuos y discontinuos, los últimos dos años, omitiendo antojadizamente el considerar el carácter parcial y justificado de dichas licencias, todo lo cual constituye una forma de actuar abusiva, arbitraria e ilegal, atentando contra el ordenamiento jurídico e incurriendo en la inobservancia del principio de objetividad.

Tras citar lo dispuesto en el artículo 151 del Estatuto Administrativo, contenido en la Ley N°18.834, indica que el Jefe Superior del Servicio no se encuentra obligado a declarar la vacancia, puesto que la norma señala que “podrá considerar”, imponiendo que, en caso de ejercer dicha facultad, se debe solicitar evaluación a la COMPIN, para que se pronuncie con respecto a la supuesta condición de irrecuperabilidad, por tanto señala que se está frente a una potestad discrecional que requiere de su exteriorización en un acto administrativo con una exhaustiva fundamentación racional, así también lo han consagrado los artículo 8 de la Constitución Política y el artículo 11 y 41 de la Ley N°19.880, los cuales cita en su escrito, destacando que el acto administrativo impugnado, no fundamenta ni explica ninguna de las razones por las cuales su estado de salud es incompatible con las tareas administrativas que realiza, no bastando el solo hecho de mencionar los supuestos días de licencia médica, defiendo el Jefe Superior de Servicio obligatoriamente detallar y explicar por qué su condición de salud impide el cumplimiento de mis funciones.

En conformidad al artículo 151, antes mencionada, señala que según mandato legislativo, la evaluación de salud debe ser realizada por un organismo técnico, como lo es la COMPIN, cuya declaración es vinculante para el servicio que desea declarar vacante un cargo, no contando el Consejo de Defensa del Estado, con competencias ni especialización para contradecir el pronunciamiento de la COMPIN, agregando que en conformidad a lo resuelto por la Excma. Corte Suprema, no debe considerarse que se cumple con las exigencias para declarar la vacante del cargo con la mera solicitud de evaluación a la COMPIN, ésta debe considerarse para efectos de fundamentar la decisión del órgano administrativo y, en el caso que la deseche, con mayor razón se debe esgrimir la fundamentación fáctica y jurídica, y precisamente en el caso de autos, la recurrida se limita a indicar que solicitó informe a COMPIN, sin explicar de forma alguna como internalizó la información recibida, al respecto, cita abundante jurisprudencia.

Tras detallar su historial de licencias médicas expone que, aquellas que fueron otorgadas en forma parcial, no pueden ser consideradas como días no trabajados, puesto que efectivamente asistió a cumplir sus funciones diariamente durante la jornada de la mañana, conforme a lo prescrito medicamente, y que por lo demás, los 14 días de licencia médica, otorgados el 27 de febrero de 2024, se encuentran debidamente calificados como accidente laboral, por lo que tampoco corresponde incorporarlos al cálculo para declarar la vacancia del cargo, por cuanto, descontados los días indicados, se concluye en un total de 171 días, no cumpliéndose con lo requerido en el artículo 151 del Estatuto Administrativo y en consecuencia no se presentan los supuestos fácticos que sustentarían una debida declaración de vacancia por salud incompatible, siendo lo resuelto arbitrario lesivo de sus derechos fundamentales.

Estima vulnerada su garantía constitucional a la integridad física y psíquica, reiterando que las licencias médicas tienen su respectiva justificación y que por lo demás, la forma en que fue notificada a afectado fuertemente su salud mental, ello, al ser notificada en su hogar, donde debía mantener reposo por estar con licencia médica, todo lo cual reactivó un cuadro de angustia muy fuerte. También estima vulnerado su derecho de igualdad ante la ley y al debido proceso, reiterando que la COMPIN determinó que su salud es recuperable, no obstante lo cual, el Jefe Superior del Servicio determina lo contrario de manera arbitraria e ilegal, sin siquiera indicar el por qué rechaza la decisión adoptada por la COMPIN, siendo éste, un órgano técnico especialista en la materia, así las cosas, la falta de fundamentación la deja en una clara condición de desigualdad, al emitirse un acto administrativo meramente descriptivo, infundado y exiguo, lo cual también lesiona gravemente los principios de probidad y transparencia que se impone a la administración pública, destacando en este punto que, durante los años 2022 y 2023, existe un total de 11 funcionarios del Consejo de Defensa del Estado, que hicieron uso de licencias médicas en un lapso continuo o discontinuo superior a seis meses, pero que sin embargo, ella es la única funcionaria desvinculada. Asimismo estima vulnerado derecho a la honra, por cuanto la declaración de vacancia por salud incompatible ha sido dictada de manera arbitraria e ilegal, afectando su honra personal y profesional, afectando de manera muy negativa en su carrera funcionaria, la cual ha sido intachable, siendo siempre calificada en la Lista I, buscando siempre cumplir con su deber de respetar las prescripciones médicas para recuperarse y retomar sus labores, el haber estado enferma y sufrir un accidente calificado de profesional, son casos fortuitos, no siendo su intención enfermarse o lesionarme, como tampoco el no poder recuperarse como hubiera deseado, no siendo menores los comentarios, denostaciones, burlas y ridiculización que se ha hecho hacía su persona, por ser exonerada de la institución al haberse declarado su salud como incompatible, lo cual no se condice con la realidad. Por último, estima vulnerado su derecho a la propiedad, puesto que se le ha privado de su fuente laboral, la cual desempeña desde el año 1998, perjudicando gravemente sus ingresos económicos y su carrera funcionaria, y que atendidas sus situaciones personales, tales como que tiene 52 año y una reciente operación por accidente laboral, es evidente la complejidad para obtener una nueva fuente laboral.

Finaliza solicitando se acoja el recurso de protección, con el objeto de que se restablezca el imperio del derecho, declarándose ilegal y arbitrario el acto, ordenándose dejar sin efecto el acto administrativo ya individualizado, referido a la declaración de vacancia y todos aquellos consecuentes a él, por la afectación que provoca en sus garantías constitucionales conculcadas, sin perjuicio de las demás providencias que se estimen pertinentes, ordenándose además la reincorporación, el pago de sus remuneraciones, el pago de cotizaciones previsionales, la tramitación y pago de sus licencias médicas pertinentes, todo con expresa condena en costas a la recurrida. 2°.- Que informa el abogado Raúl Letelier Wartenberg, presidente del Consejo de Defensa del Estado, y que tras referirse a los hechos expuestos en el recurso indica que, la resolución impugnada no es ilegal ni arbitraria, toda vez que fue suscrita en conformidad a las facultades que le asisten, en su calidad de Jefe del Servicio, con pleno apego a la normativa que rige la materia, encontrándose además debidamente razonada y motivada.

Señala que el marco jurídico aplicable para el caso de cesación del cargo de un funcionario por motivos de salud se encuentra en el título VI de la Ley 18.834, agregando que en el artículo 140 letra c) se contempla la declaración de vacancia, y que por su parte el artículo 150 enumera las causales que autorizan dicha declaración, y que en su letra a) se alude a la salud irrecuperable o incompatible con el desempeño del cargo, citando lo dispuesto en los artículos 151 y 152 del mismo cuerpo legal, destacando que la declaración de salud incompatible tiene por objeto, principalmente, cautelar la continuidad del servicio público, permitiendo la desvinculación del funcionario que, en razón de enfermedad prolongada, no se encuentra desempeñando la función encomendada, mientras que la declaración de salud irrecuperable, permite la desvinculación del funcionario, pero transcurrido un plazo de seis meses en el cual el funcionario podrá gozar de todas las remuneraciones correspondientes a su empleo, y que extinguido dicho plazo, se podrá proceder a su desvinculación, agregando que dicha distinción ha sido expresamente reconocida por la jurisprudencia, citando jurisprudencia al respecto y concluyendo que en el caso de la recurrente se procedió, fundadamente, y en conformidad a la normativa indicada a declarar la vacancia del cargo por salud incompatible, al tenor de lo regulado por el artículo 151, para lo cual se tuvo en cuenta que la entidad competente informó que su salud no era irrecuperable, por lo que no cabía aplicar, a su respecto, el artículo 152.

Hace presente que además, el escenario presupuestario en los últimos años, conforme a la ley de presupuestos, contempla restricciones máximas para autorizar reemplazos para personas que presenten licencias médicas prolongadas, citando lo dispuesto en el artículo 11 de la referida norma legal y destacando que se deberá considerar el ejercicio de la declaración de salud incompatible con el desempeño del cargo del funcionario reemplazado.

Por lo demás, señala que la resolución no es ilegal, toda vez que la Contraloría General de la República, tomó razón del acto administrativo, el 28 de marzo de 2025, lo que implica que fue revisada su constitucionalidad y legalidad.

Sostiene que la resolución recurrida tampoco es arbitraria, por cuenta ha sido debidamente motivada, expresando con claridad las razones de hecho y de derecho en las cuales se fundó la decisión, agrega que se notifica personalmente a la recurrente el 5 de mayo del año en curso, de que se dispuso la declaración de vacancia del cargo, por haber hecho uso de licencia médica por un lapso continuo o discontinuo superior a seis meses, en los último dos años, sin mediar declaración de salud irrecuperable, de conformidad a los artículos 146, 150 y 151 del Estatuto Administrativo, así las cosas, tras haberse establecido, en conformidad a lo informado por la COMPIN, que la salud de la recurrente no era irrecuperable, era procedente el uso de la facultad contenida en el artículo 151 del Estatuto Administrativo, al estimarse que su salud es incompatible con el desempeño de funciones, lo que se hizo mediante la resolución TRA N°NUM000, de 26 de marzo de 2025, tomada de razón por Contraloría General de la República con fecha 28 de marzo de 2025, y notificada personalmente a la recurrente con fecha 5 de mayo de 2025, de lo expuesto señala que, el ejercicio de la facultad no fue antojadiza, sino que tuvo por contexto la normativa antes indicada, los largos periodos de ausencia de la recurrente debido a licencias médicas de origen común, y la necesidad del servicio de suplir las funciones y dar continuidad a la función pública.

Contraviniendo los argumentos de la recurrente señala que el hecho de que la COMPIN haya informado que la salud de la recurrente era recuperable, no significa, en modo alguno, que el jefe del servicio se encuentre impedido de hacer uso de la facultad de declarar la vacancia por salud incompatible, así se desprende del antes mencionado artículo 151, y citando jurisprudencia al respecto, agregando que la interpretación de la recurrente es errada, puesto que la incorporación de un pronunciamiento de la COMPIN para declarar la vacancia del cargo, solo tiene por finalidad descartar que el funcionario se encuentra en una situación de que su salud sea irrecuperable, así lo señala expresamente el artículo 151, y así también lo ha entendido la jurisprudencia, la cual cita en su escrito, concluyendo que se ha establecido que la decisión de vacancia es razonable cuando se acredita haber hecho uso de licencias médicas que exceden los 180 días, en dos años, dejando de cumplir sus funciones por más de seis meses, lo que se vincula con el principio de servicialidad, y en cuya virtud es también deber de los jefes de servicios velar por la continuidad de la prestación de los servicios para la satisfacción de las necesidades colectivas que justifican su existencia.

En cuanto a la supuesta falta de fundamentación, indica que los considerandos 9, 10 y 11 de la resolución impugnada se refieren en forma expresa a aquello, sin perjuicio de ello, señala que la recurrente se desempeñaba como asistente de procuraduría y además apoyaba en diversas tareas relativas a los procedimientos de mediación en salud, pues bien, el artículo 3 de la Ley 18.575, contempla el principio de continuidad del servicio, y en consecuencia a las ausencias prolongadas de la recurrente, se ha generado el entorpecimiento que motiva la decisión final. Hace presente que la resolución impugnada se contemplan las funciones que competían a la recurrente, mencionando entre otras, la de atender los requerimientos de usuarios/as internos y externos, efectuar el ingreso de las notificaciones de causas vigentes y nuevas en las que el Consejo de Defensa del Estado es parte, atender a usuarios/as por consultas relacionadas a daños en salud, efectuando el proceso de derivación, según el procedimiento establecido, y apoyar la coordinación logística de las reuniones de trabajo y de las actividades que se realicen en la Procuraduría, también le correspondía realizar aquellas tareas relativas a la gestión documental, mantener actualizado el registro de bienes de la unidad, y que tras su ausencia, fue necesario distribuir estas tareas entre otros funcionarios de la unidad, cuyo perfil del cargo no los contemplaba, y por consiguiente el recargo laboral que ello suponía. Finalmente y ante la incerteza respecto del retorno de funciones de la recurrente, se hizo necesario contratar a una persona para el desempeño de aquellas tareas, por intervalos continuos y discontinuos, entre el mes de noviembre de 2023 y hasta marzo de 2025. Agrega, en cuanto a las funciones referidas a mediación en salud, que la resolución impugnada, da cuenta de la afectación que los extensos periodos de ausencia de la recurrente, produjo en aquella área, afectando valores como la eficiencia y participación adecuada e informada de los usuarios de la red pública de Salud, en conclusión señala que no es efectivo que la resolución impugnada no se encuentre fundada ni explique las razones por las cuales el estado de salud es incompatible, al esgrimirlo de este modo, la recurrente revela abiertamente el desconocimiento de la descripción de su cargo.

Respecto al número de días de licencia médica, que exige el artículo 151 del Estatuto Administrativo, señala que este requisito se encuentra cumplido, esgrimiendo que la recurrente, presentó un número de licencias continuas desde enero de 2022 hasta mayo del referido año, en donde se incorporó a sus funciones solo durante media jornada, para posteriormente presentar nuevamente un número de licencias a partir de septiembre de 2023, todas las cuales totalizaron 492 días entre febrero de 2022 y febrero de 2024, en consecuencia las licencias médicas superaban los 180 días en los últimos dos años, dando cumplimiento al mandato contenido en la Ley de Presupuesto de ese año 2024, haciendo presente que en la contabilización se dejaron fuera aquellas licencias anteriores a junio de 2022, alcanzando el total de 365 días, todo lo cual se encuentra expresado en el considerando 3° de la resolución impugnada, destacando que la recurrente ha tenido pleno conocimiento de cuáles son las licencias médicas en que se funda lo resuelto, por lo demás y en cuanto a la alegación de la recurrente en relación a que no debe considerarse para el cómputo el reposo parcial tarde, señala que en ente Contralor ha indicado en Dictamen N° 11.774 de 2017 que para el cómputo de los seis meses han de incluirse los reposos, sean estos totales o parciales, ya que no se advierte que el artículo 151 de la Ley 18.834 efectúe la distinción que se pretende para efectos de la contabilización de dicho plazo, concluyendo que el hecho de que la recurrente no comparta la decisión adoptada por el Servicio, no la torna arbitraria ni ilegal.

De lo expuesto señala que no existe vulneración a los derechos esgrimidos por la recurrente, detallando que no se ha lesionado ni amagado la integridad física ni psíquica de la recurrente, puesto que la resolución impugnada ha respetado la normativa legal aplicable, en este mismo sentido, tampoco se ha vulnerado su derecho de igualdad ante la ley, puesto que el acto administrativo cumple con todos los estándares de fundamentación que la ley exige, ejerciéndose la facultad contenida en el artículo 151 del Estatuto Administrativo, dentro de las atribuciones legales con las que cuenta el Jefe de Servicio, no afectándose tampoco el debido proceso. En cuanto a su derecho a la honra, señala que el Servicio solo puede hacerse cargo de la resolución impugnada, sin poder referirse a las apreciaciones personales de las recurrente, las cuales tienen una alta carga subjetiva, no siendo parte del acto administrativo impugnado. Y en cuanto a su derecho de propiedad, señala que la jurisprudencia ha declara que el nombramiento de un funcionario público como titular de un empleo, a contrata, no confiere el derecho de propiedad sobre él, ni puede enmarcarse en la concepción patrimonial que involucra el dominio, por cuanto al haberse cumplido los requisitos legales, la declaración de vacancia del cargo no puede estimarse como vulneratorio de un derecho de propiedad que la recurrente no ha tenido ni podría tener respecto de su cargo.

Por último alega la improcedencia del pago de remuneraciones solicitado por la recurrente por cuanto en conformidad al Estatuto Administrativo, se exige a los servidores públicos un desempeño efectivo de funciones para gozar del derecho a percibir remuneraciones, salvo excepciones, y que en concordancia con el artículo 93 de la referida norma legal, se colige que si no existe una efectiva prestación de servicios por parte del funcionario, éste no tendrá derecho a percibir su remuneración, de lo contrario se estaría frente a un enriquecimiento sin causa, citando al respecto jurisprudencia administrativa y judicial.

Finaliza solicitando tener por informado el recurso de protección y que en mérito de lo expuesto sea desestimado en todas sus partes, con costas. 3°.- Que para analizar el asunto planteado por la presente vía, resulta conveniente consignar que el recurso de Protección de Garantías Constitucionales, establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye jurídicamente una acción, destinada a amparar el legítimo ejercicio de las garantías y derechos preexistentes que en esa misma disposición se enumeran, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben tomar ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que prive, perturbe o amenace ese atributo. 4º.- Que, como se desprende de lo señalado precedentemente, es requisito indispensable de la acción de protección, la existencia de un acto u omisión ilegal, esto es, contrario a la ley, o arbitrario, producto del mero capricho de quién incurre en él, y que provoque algunas de las situaciones o efectos que se han indicado, afectando a una o más de las garantías - preexistentes- protegidas, consideración ésta que resulta básica para el examen y la decisión de cualquier recurso como el que se ha interpuesto. 5º.- Que, cabe reflexionar, a la luz de lo recién expuesto, que ésta acción de cautela de derechos constitucionales constituye una vía destinada a dar protección respecto de garantías cuya existencia se encuentre indubitada. 6º.- Que, en síntesis, la recurrente, ha cuestionado la decisión de la recurrida, en orden a declarar vacante su cargo, por tener salud incompatible, principalmente, por dos razones. En primer término, por no encontrarse debidamente fundada, y en segundo lugar, por no ser clara ni explicita, en relación al periodo considerado, en el cual se le atribuye el uso de 6 meses de licencia médica.

La recurrida, por su parte, sostuvo, que el dictamen cuestionado, a diferencia de lo expuesto de contrario, sí está suficientemente motivado, explicando el perjuicio que se ha producido en el servicio por las ausencias prolongadas de la actora. Y agregó, que es clara la resolución, en contra de la que se recurre, en orden a que desde su fecha de expedición hacia atrás, se computan los dos años, dentro de los cuales hay más de seis meses de licencias médicas, sin perjuicio, que de computarse desde la petición de evaluación a la Compin, igualmente se cumple dicho término. 7º.- Que, para la adecuada resolución del presente arbitrio, es útil principiar señalando que el artículo 151 de la Ley Nº 18.834, sobre Estatuto Administrativo, establece que: “El Jefe superior del servicio podrá considerar como salud incompatible con el desempeño del cargo, haber hecho uso de licencia médica en un lapso continuo o discontinuo superior a seis meses en los últimos dos años, sin mediar declaración de salud irrecuperable.”

Agregando en su inciso tercero: “El jefe superior del servicio, para ejercer la facultad señalada en el inciso primero, deberá requerir previamente a la Comisión de Medicina Preventiva e Invalidez la evaluación del funcionario respecto a la condición de irrecuperabilidad de su salud y que no le permite desempeñar el cargo.” 8º.- Que, de conformidad con la disposición legal citada en el motivo que antecede, así como de su relación con el artículo 152 del mismo Estatuto, es posible advertir que las normas citadas, distinguen entre la declaración de vacancia por salud irrecuperable, y aquella dispuesta por salud incompatible con el desempeño del cargo, haciéndose presente que la declaración de vacancia por salud irrecuperable sólo puede fundamentarse en un antecedente médico que así lo establezca, emitido por el órgano técnico establecido al efecto, y que, eventualmente, habilita al funcionario para solicitar su jubilación anticipada por invalidez, permitiéndose, excepcionalmente, una vez notificada la notificación de irrecuperabilidad, que se pague al funcionario sus remuneraciones durante seis meses, sin necesidad de presentar licencia médica ni de desempeñar sus funciones, lapso tras el cual se procederá a declarar la vacancia del cargo, salvo retiro o jubilación anticipada del funcionario.

En cambio, la declaración de vacancia por salud incompatible con el desempeño del cargo, no otorga ninguno de los beneficios antes mencionados, pues, tal como lo señala el texto legal precitado, ella se dispone “sin mediar declaración de salud irrecuperable” o, lo que es lo mismo, cuando la autoridad técnica establece que su salud es recuperable. En este punto, importa señalar que la incompatibilidad con el desempeño del cargo se traduce en el hecho de que, salvo excepciones legales, cualquiera sea la enfermedad que padezca el funcionario, y a pesar de ser recuperable, su condición médica resulta incompatible con el desempeño de la función pública, al no permitirle ejercer su cargo por más de seis meses dentro de un lapso de dos años, lo que conlleva a que se vea afectada la prestación de servicios. 9º.- Que, así las cosas, la declaración de vacancia, por salud incompatible con el cargo, resulta ser una facultad legal, radicada en el jefe de servicio. Y, si bien, por ley 21.050 (publicada el 7 de diciembre de 2017) se introdujo un trámite previo, cual es la evaluación de la Compin respectiva, a objeto de determinar la recuperabilidad o no del funcionario, su resultado no resulta vinculante, y por ende no impide efectuar la declaración de incompatibilidad que se revisa.

En efecto, se ha resuelto por la Excma. Corte Suprema, en autos rol 20.482 y 14.423, ambos, del año 2024, que dicha reforma no incide en el dictamen de incompatibilidad que se reprocha “ porque al estudiarse la historia de la Ley N° 21.050, nada de lo que allí se expresa hace referencia a la causal de vacancia por salud incompatible con el desempeño en el cargo, causal que no es mencionada ni una sola vez en la discusión parlamentaria, sino que ella se refiere, en cambio, a la necesidad de exigir un informe técnico para declarar la vacancia en el cargo por salud irrecuperable, como se expresa en su Mensaje”. 10º.- Que, en lo que se refiere a la fundamentación, cabe anotar que la resolución recurrida, en los motivos, octavo a décimo, explica las funciones concretas que desempeñaba la recurrente, y la forma como se ha visto afectado el servicio, por sus largas ausencias, antecedente que unido a lo consignado en el motivo que precede, permite concluir, que ésta se encuentra dictada por la autoridad competente, en uso de sus facultades legales, y suficientemente fundada. Refuerza lo anterior, la circunstancia de haber sido objeto, el acto administrativo en estudio, del trámite de toma de razón por la Contraloría General de la República. 11º.- Que, de otro lado, debe subrayarse que la resolución atacada, es muy clara en especificar en su motivación tercera, que desde la fecha de su expedición, esto es, desde el 26 de marzo pasado, contados dos años hacia atrás, la actora ha hecho uso, de 218 días de licencias médicas, con lo cual se encuentra en la hipótesis prevista en el artículo 151 del Estatuto, ya referido.

En dicho contexto, deviene en intrascendente el alegato de la recurrente, en orden a que las licencias parciales que se le extendieron en determinados periodos de 2022, deberían no computarse, pues, como se dijo, el bienio examinado, comienza recién en marzo de 2023. Y, no es extraño que al tiempo de requerirse la evaluación, en mayo de 2024, se indique que desde entonces hacia atrás llevaba más de 6 meses con licencia médica, pues, para pedir ese examen, debía existir un antecedente concreto que lo justificare, lo que no obsta a computarlo después, del modo que se hizo, desde que es en ese último momento, en que se adopta la decisión, encuadrándose en la exigencia temporal del artículo 151, tantas veces citado. 12º.- Que, finalmente, y sólo a mayor abundamiento, se dirá que tampoco es efectivo, que existan otros funcionarios de la recurrida que hayan estado en su misma situación y que no se haya dictaminado para ellos, la declaración de vacancia, por salud incompatible. En efecto, si bien de los documentos acompañados por ambas partes a folios 16 y 42, aparece que efectivamente hay otros funcionarios que han tenido más de 6 meses de licencia en un periodo de dos años, se ignora toda clase de antecedentes de ellos, sus funciones y la afectación que pudo haber o no por sus ausencias.

Además, de un universo de 10, 2 han renunciado y una está con fuero maternal, en tanto que los otros 7 restantes se han reincorporado a sus funciones, cuestión que no ocurrió con la actora.

Por estas consideraciones y visto lo dispuesto en los artículos 19 y 20 de la Constitución Política de la República y en el Auto Acordado de la Excelentísima Corte Suprema sobre Tramitación del Recurso de Protección de Garantías Constitucionales, se rechaza, sin costas, el deducido por nombre reservado, en contra del Consejo de Defensa del Estado.

Notifíquese.

En su oportunidad, dese cumplimiento al numeral 14 del Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre tramitación y fallo del Recurso de Protección.

Regístrese y, hecho, archívese.

Redacción a cargo del Ministro señor Guillermo Arcos Salinas.

R. I .C. 460-2025 PROTECCIÓN.