Protección contra Superintendencia de Seguridad Social

Chillán, quince de junio de dos mil veintiséis.

VISTOS:

1°.- Comparece doña nombre reservado, cédula de identidad número RUT reservado, domiciliada en domicilio reservado, camino a Pinto, ciudad de Chillán, interponiendo acción constitucional de protección en contra de la Superintendencia de Seguridad Social (SUSESO), institución de derecho público representada por su Superintendente, ambos con domicilio en domicilio reservado. Funda su pretensión en la existencia de actos administrativos terminales que califica de arbitrarios e ilegales, consistentes en la confirmación del rechazo de sus licencias médicas.

Indica que las resoluciones impugnadas rechazan el derecho al subsidio por incapacidad laboral bajo la fundamentación aparente de "reposo injustificado". Individualiza la primera licencia médica cuestionada bajo el folio N°RUT reservado, iniciada el 05 de febrero de 2026 por 30 días, cuyo rechazo fue ratificado por la SUSESO mediante resolución R-49323-2026. La segunda licencia impugnada bajo el folio N°RUT reservado, con inicio el 07 de marzo de 2026 por 30 días, siendo rechazada mediante resolución administrativa en expediente N°R-75481-2026.

Señala que padece una comorbilidad severa y entre las enfermedades diagnosticadas se encuentra depresión grave con ideas de muerte y trastorno de pánico, epilepsia farmacodependiente bajo estricto tratamiento y fibromialgia con crisis dolorosas y protrusión discal L5-S1 con compromiso radicular.

Expone que es madre de tres hijos, divorciada y el único sustento económico y afectivo de su hogar, lo que configura un contexto de vulnerabilidad crítica. Su hija de 13 años padece un meduloblastoma (cáncer cerebral) y su hijo de 10 años presenta Trastorno del Espectro Autista (TEA), requiriendo ambos cuidados especializados. De esta manera, el subsidio de incapacidad laboral es el único medio de subsistencia para un núcleo familiar en crisis sanitaria.

Arguye que la decisión de la recurrida ha provocado una renuncia forzada a su puesto de trabajo debido a la asfixia económica y la falta de fondos para su subsistencia, lo que ha agravado su cuadro depresivo y pone en riesgo la continuidad de sus tratamientos para la epilepsia y el dolor crónico.

Sostiene que los actos impugnados carecen de la motivación exigida por los artículos 11 y 41 de la Ley N°19.880, expresando los hechos y fundamentos de derecho, incurriendo en una negación dogmática, sin refutar técnicamente los informes de sus médicos tratantes ni el resultado de la resonancia magnética, lo que constituye un vicio de nulidad administrativa.

Denuncia la omisión del deber de realizar un análisis pormenorizado de los antecedentes clínicos objetivos, tales como los informes de sus médicos tratantes y los resultados de su Resonancia Magnética.

Afirma que la SUSESO ha desnaturalizado la finalidad del subsidio por incapacidad laboral, al privar de sustento a una madre en situación de vulnerabilidad extrema.

En cuanto a las garantías infringidas, invoca en primer término el derecho a la vida y a la integridad física y psíquica, contemplado en el artículo 19 N°1 de la Constitución Política de la República. Considera que el rechazo de las licencias, al impedirle costear tratamientos críticos, constituye una perturbación directa a su integridad en un contexto de depresión severa.

En segundo lugar, alega vulnerado el derecho de igualdad ante la ley contemplado en el numeral 2 del artículo 19 de la Constitución Política de la República, por recibir un trato discriminatorio respecto de otros casos con patologías similares.

Reclama la infracción al derecho a la protección de la salud reconocido en el artículo 19 N°9 de la Carta Fundamental, argumentando que la falta de fondos impide su recuperación y retorno laboral.

Invoca finalmente el derecho de propiedad garantizado en el artículo 19 N°24 de la Constitución, sosteniendo que el subsidio por incapacidad laboral se integra al patrimonio del trabajador una vez verificada la condición médica.

Agrega que la Excma. Corte Suprema ha dispuesto que las resoluciones de la SUSESO que no se fundan en antecedentes médicos concretos o que ignoran exámenes diagnósticos objetivos son arbitrarias.

Termina, solicitando que se acoja el recurso, declare que el acto administrativo de la SUSESO es ilegal y arbitrario, deje sin efecto las resoluciones de rechazo y ordene el pago inmediato de los subsidios correspondientes, con sus respectivos reajustes e intereses.

2°.- A folio 8, la abogada doña Romina Ugalde Rañileo, en representación de la Superintendencia de Seguridad Social evacúa el informe requerido, solicitando se declare improcedente el presente recurso, argumentando que la materia sobre la que realmente versa, dice relación con un derecho perteneciente al sistema de seguridad social, establecido en el numeral 18 del artículo 19 de la Constitución Política de la República, que no está amparado por la acción cautelar que motiva estos autos.

Señala que la acción de protección es un procedimiento de urgencia de carácter excepcional y, por lo mismo, sólo procede su aplicación en aquellos casos relativos a determinadas materias, en las que una persona hubiera sido víctima de un acto u omisión arbitrario o ilegal, que le cause una privación, perturbación o amenaza, en el legítimo ejercicio de los derechos y garantías taxativamente señalados en la Constitución Política de la República, por lo cual debe dársele una aplicación restringida.

Tratándose, en consecuencia, de una materia integrante del derecho a la seguridad social, no es admisible la protección, ni siquiera frente a una eventual amenaza o perturbación de la misma, por cuanto el artículo 20 de la Constitución Política no lo admite respecto de esa garantía constitucional, consagrada en el N°18 del artículo 19 de la Carta Fundamental.

En subsidio, la SUSESO informa sobre el fondo del asunto, explicando que la licencia médica es un derecho temporal orientado a la recuperación de la capacidad de trabajo.

Refiere en primer lugar al marco jurídico-normativo que regula la materia, señalando que la incapacidad laboral puede ser permanente o transitoria, y que conforme al artículo 1° del D.S N°3 de 1980 del Ministerio de Salud, lo esencial para la autorización de las licencias médicas es la posibilidad real y cierta de que el trabajador recupere la capacidad de trabajo y quede en condiciones de reincorporarse a la vida laboral, sea que la incapacidad laboral temporal haya sido por un cuadro aislado, incluso que sea una patología crónica e irrecuperable.

Luego, señala los organismos que deben realizar la evaluación y declaración de pensiones de invalidez en caso de incapacidad permanente. Posteriormente, se refiere al derecho a la licencia médica, su marco legal regulador y las facultades de la recurrida en la materia, al respecto indica que el derecho a licencia médica está contemplado en el artículo 149 del D.F.L. Nº1, de 2005, del Ministerio de Salud, siendo un derecho esencialmente temporal, cuya finalidad última es ayudar al trabajador afectado por una incapacidad temporal a recuperar su salud y reincorporarse a su actividad laboral.

A continuación, indica las razones médico-administrativas del rechazo de las licencias médicas. Manifiesta que la recurrente concurrió con fecha 10 de abril de 2026 a la Superintendencia, reclamando por cuanto la COMPIN Región de Ñuble, confirmó el rechazo de la licencia médica N° RUT reservado, extendidas por un total de 30 días a contar del 7 de marzo de 2026, por reposo no justificado.

Al respecto mediante Resolución Exenta N°R-01-UNRA-51306-2026 de fecha 15 de abril de 2026, la Superintendencia de Seguridad Social resolvió: “Que, el reposo prescrito por la licencia médica N°RUT reservado, no se encontraba justificado. Esta conclusión se basa en que los antecedentes médicos y administrativos evaluados, no permiten establecer la existencia de incapacidad laboral más allá de los 311 días de reposo ya autorizados por la misma patología. Que, resulta relevante además señalar que la parte reclamante no aporta informe amplio y fundado emitido por psiquiatra o médico del programa de salud mental que indique evolución cronológica del cuadro clínico y sintomatología que origine alto grado de compromiso funcional, plan de tratamiento y detalle de ajustes realizados durante el periodo de reposo cursado, evolución de escala de funcionalidad, pronóstico y plan de reintegro laboral. Asimismo, no acredita derivación o espera de evaluación por especialidad en la Red de Salud Pública, ni asistencia a psicoterapia complementaria. Que, para efectos de acreditar una atención psicológica asociada a la emisión de una licencia médica, el informe de atención psicológica debe al menos dar cuenta del número de sesiones, frecuencia, cantidad de sesiones al momento del informe, objetivos terapéuticos, evolución y recomendaciones generales. Que, la ausencia de tales antecedentes, no permiten a especialistas de este Organismo Fiscalizador formarse convicción respecto de la pertinencia de acoger el reposo médico reclamado.”.

Con posterioridad, la Sra. nombre reservado con fecha 20 de marzo de 2026, concurre nuevamente a la Superintendencia, reclamando por cuanto la COMPIN REGIÓN DE ÑUBLE, confirmó el rechazo de la licencia médica N°RUT reservado, extendida por un total de 30 días a contar del 05 de febrero de 2026, por reposo no justificado.

Mediante RESOLUCIÓN EXENTA N°R-01-UME-58006-2026 de fecha 27 de abril de 2026, la Superintendencia de Seguridad Social resolvió: “Que, el reposo prescrito por la licencia médica N°RUT reservado, no se encontraba justificado. Esta conclusión se basa en que los antecedentes médicos y administrativos evaluados, no permiten establecer la existencia de incapacidad laboral más allá de los 311 días de reposo ya autorizados por la misma patología. Que, en el período evaluado correspondiente a la licencia médica, los antecedentes clínicos disponibles no aportan examen mental estructurado ni indicadores funcionales objetivables que permitan dimensionar con precisión el compromiso funcional durante el período de reposo reclamado; asimismo, no se acredita proceso psicoterapéutico, al no constar informe psicológico independiente que lo respalde, y el propio informe médico tratante sugiere el inicio de trámites de incapacidad laboral sin consignar planificación estructurada de reintegro laboral; a lo anterior se suma la existencia de un reposo previo extenso autorizado por salud mental, sin que los antecedentes disponibles permitan establecer beneficio clínico incremental que justifique la extensión del reposo reclamado, elementos que en su conjunto impiden acreditar incapacidad laboral temporal debidamente fundada”.

Agrega que estudió mediante sus médicos los antecedentes del caso de la recurrente, quienes, conforme a informe de fecha 15 de abril de 2026, elaborado por la especialista doña nombre reservado señala que el informe no detalla evolución clínica ni ajustes realizados, indica que patología no es recuperable y debe iniciar TPI el cual no acredita, tampoco acredita psicoterapia diagnóstica, sugiriendo rechazar la licencia médica.

Por otra parte, el informe de fecha 27 de abril de 2026, elaborado por el especialista don nombre reservado, indica que los antecedentes disponibles consisten en un único informe médico de fecha 11/03/2026, el cual no aporta indicadores funcionales objetivables ni resultados de escalas estandarizadas que permitan dimensionar con precisión el compromiso funcional durante el período de reposo reclamado. Agrega que no se acredita proceso psicoterapéutico en el período evaluado al no acompañarse informe psicológico independiente que lo respalde ni planificación estructurada de reintegro laboral. Señala que la paciente registra 311 días de reposo previo autorizado por salud mental, configurando un reposo acumulado extenso sin que los antecedentes disponibles permitan establecer redefinición terapéutica proporcional ni beneficio clínico incremental que justifique la extensión del reposo reclamado, por lo tanto, no se acredita incapacidad laboral temporal debidamente fundada para el período de reposo reclamado.

La recurrida sostiene que del análisis integral de los antecedentes se advierte que no resulta procedente autorizar las licencias médicas reclamadas más allá de los períodos de reposo previamente autorizados por la misma patología, toda vez que los antecedentes aportados no permiten acreditar, de manera suficiente y objetiva, la mantención de una incapacidad laboral temporal de entidad tal que justifique la prolongación del reposo prescrito durante el período reclamado., descartan la existencia de un compromiso funcional relevante, consignando un funcionamiento global conservado, con sintomatología de carácter leve a moderado y condiciones compatibles con el reintegro laboral.

Si bien se hace referencia a controles médicos periódicos, no se acredita la existencia de un proceso psicoterapéutico efectivo y continuo durante el período evaluado, desde que no se acompaña informe psicológico independiente que permita corroborar intervención terapéutica especializada, frecuencia de sesiones, evolución clínica ni adherencia al tratamiento psicoterapéutico indicado.

Alega que el propio informe del médico tratante sugiera el inicio de trámites de incapacidad laboral, sin consignar medidas concretas orientadas al reintegro ocupacional ni una planificación terapéutica estructurada destinada a favorecer la recuperación funcional y reincorporación laboral progresiva de la paciente. Tal circunstancia evidencia que el cuadro clínico descrito se orienta más bien hacia una condición de carácter permanente o de irrecuperabilidad funcional, incompatible con la naturaleza esencialmente temporal y recuperativa que debe revestir el subsidio por incapacidad laboral y el reposo médico asociado.

Concluye que no es posible establecer, sobre la base de antecedentes clínicos objetivos y suficientes, la existencia de incapacidad laboral temporal más allá del reposo previamente autorizado, razón por la cual los dictámenes emitidos por la recurrida se encuentran debidamente fundados, ajustados a la normativa sanitaria vigente y plenamente concordantes con los criterios técnico-sanitarios aplicables a la materia, no advirtiéndose ilegalidad ni arbitrariedad alguna en la decisión adoptada.

Alega que actuó dentro de sus facultades legales de supervigilancia y fiscalización técnica, conforme a la Ley N°16.395, citando en particular, los artículos 2, 3, 27 y 38.

Indica que conforme al artículo 27 de la Ley N°16.395, le corresponde el control administrativo y técnico del Servicio Nacional de Salud, en lo que no se refiere a funciones derivadas del Código Sanitario. Niega la existencia de arbitrariedad, afirmando que el acto impugnado no responde al capricho, sino a un raciocinio técnico-médico debidamente fundado.

Expresa que en el caso de la Sra. nombre reservado, claramente su “derecho a licencia médica” no reúne la condición de un derecho preexistente, indubitado, por el contrario, tras las sucesivas instancias de revisión y estudio se llegó a la conclusión que no era procedente la autorización de su licencia médica reclamada.

Respecto a la supuesta vulneración al derecho a la vida y a la integridad física y psíquica, igualdad ante la ley y el derecho a la salud la SUSESO afirma que su resolución no impide a la recurrente acceder a tratamientos médicos conforme a su cobertura de salud. Advierta que la Sra. nombre reservado no cumple con los requisitos para autorizar una licencia médica, entre ellos: “…otorgada por médico psiquiatra, incluir el trastorno de adaptación, trastorno de personalidad y el diagnóstico principal, contar con un informe de médico psiquiatra, descripción de resistencia al tratamiento y evaluaciones periódicas…”

En relación con el derecho de propiedad, argumenta que la sola emisión de una licencia no genera un derecho indubitado al subsidio, el cual depende de la validación técnica del reposo. Señala que conforme al D.S. Nº3, de 1984 y DFL. Nº44, de 1978, del Ministerio del Trabajo y Previsión Social, para tener derecho al subsidio por incapacidad laboral se requiere cumplir con los siguientes requisitos:

a) Una licencia médica autorizada por la entidad correspondiente (ISAPRE o COMPIN);

b) Cumplimiento de los requisitos para tener derecho al subsidio por incapacidad laboral, los que varían de acuerdo a si se trata de un trabajador dependiente o independiente.

Concluye que, por lo tanto, no existe un derecho de propiedad sobre eventuales subsidios. Cita jurisprudencia al respecto.

Termina, solicitando, en subsidio de las peticiones anteriores, tener por evacuado el informe solicitado y con su mérito rechazar el presente recurso en todas sus partes, con costas.

3°.- Que, para analizar el asunto planteado por la presente vía, resulta conveniente consignar que el recurso de protección de garantías constitucionales, establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye jurídicamente una acción, destinada a amparar el legítimo ejercicio de las garantías y derechos preexistentes que en esa misma disposición se enumeran, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben tomar ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que priva, o amenace ese atributo.

4°.- Que, es requisito indispensable de la acción de protección, la existencia de un acto u omisión ilegal, esto es, contrario a la ley, o arbitrario, producto del mero capricho de quién incurre en él, y que provoque algunas de las situaciones o efectos que se han indicado, afectando a una o más de las garantías –preexistentes– protegidas, consideración que resulta básica para el examen y la decisión de cualquier recurso como el que se ha interpuesto.

5°.- Que, cabe reflexionar, a la luz de lo recién expuesto, que esta acción de cautela de derechos constitucionales constituye una vía destinada a dar protección respecto de garantías cuya existencia se encuentre indubitada.

6º.- Que, la alegación de improcedencia de la acción formulada por la SUSESO, por tratarse de posibles vulneraciones del derecho a la seguridad social y no estar este bajo la protección constitucional que se pide, será desestimada, desde que consta que el arbitrio ha sido deducido por estimarse infringida, la garantía contenida en los numerales 1 y 24 del artículo 19 del Constitución Política de la República, que sí se encuentran dentro del catálogo establecido en el artículo 20 del mismo cuerpo legal.

7°.- Que, el artículo 16 del Decreto Supremo N°3 que aprueba el Reglamento de Autorización de Licencias Médicas por las COMPIN e Instituciones de Salud Previsional, y que, en lo pertinente, preceptúa: “La Compin, la Unidad de Licencias Médicas o la Isapre, en su caso, podrán rechazar o aprobar las licencias médicas; reducir o ampliar el período de reposo solicitado o cambiarlo de total a parcial y viceversa. En todos estos casos se dejará constancia de la resolución o pronunciamiento respectivo, con los fundamentos tenidos a la vista para adoptar la medida, en el formulario digital o de papel de la respectiva licencia”.

8°.- Que, en cuanto a las facultades de la Superintendencia de Seguridad Social, la Ley N°16.395, modificada por la Ley N°20.691, señala en su artículo segundo, entre las funciones de la Superintendencia de Seguridad Social: “c) Resolver las presentaciones, apelaciones y reclamos de usuarios, trabajadores, pensionados, entidades empleadoras, organismos administradores de seguridad social y otras personas, ya sean naturales o jurídicas, en materias que no sean de carácter litigioso, dentro del ámbito de su competencia”.

Luego, en el artículo tercero del mismo cuerpo legal, se dispone que: “La Superintendencia de Seguridad Social será la autoridad técnica de fiscalización de las instituciones de previsión, dentro del ámbito de su competencia. La supervigilancia de la Superintendencia comprenderá los órdenes médico-social, financiero, actuarial, jurídico y administrativo, así como también la calidad y oportunidad de las prestaciones”.

9°.- Que, de la normativa reseñada emana que le corresponde a la recurrida la supervigilancia y fiscalización de los regímenes de seguridad social y de protección social, como asimismo de las instituciones que los administren, dentro de la esfera de su competencia y de conformidad a la ley. Luego de acuerdo con los artículos 2° y 3° de la Ley 16.395, la referida entidad tiene la calidad de organismo técnico de control.

10°.- Que, de acuerdo con los antecedentes de autos y el tenor de la decisión impugnada, se debe concluir que la recurrida se ajustó al marco legal y reglamentario que establece sus atribuciones y facultades fiscalizadoras, con arreglo al carácter técnico que ostenta, dejándose constancia, en el respectivo acto administrativo, de los fundamentos y antecedentes médicos tenidos en vista para decidir el rechazo del pago reclamado y en correspondencia con el análisis de los antecedentes clínicos revisados.

11°.- Que, por otra parte, la recurrente no acompañó ante la Superintendencia ni ante esta Corte, antecedentes que permitieran acreditar el carácter terapéutico del reposo médico indicado, adjuntando sólo un certificado médico que da cuenta de su diagnóstico, las enfermedades que la aquejan y la situación de salud de su hija mayor, y tampoco presentó documentación que permitiera verificar su reintegro laboral.

12°.- Que, como corolario de lo dicho se concluye que no existe ilegalidad o arbitrariedad en el actuar de la recurrida, que vulnere las garantías invocadas en la acción deducida, motivo por el cual esta debe ser rechazada.

Por estas consideraciones y atendido, además, lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre tramitación y fallo del recurso de protección, se rechaza, sin costas, el interpuesto por doña nombre reservado en contra de la Superintendencia de Seguridad Social (SUSESO).

Notifíquese.

En su oportunidad, dese cumplimiento al numeral 14 del Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre tramitación y fallo del Recurso de Protección, regístrese y, hecho, archívese.

Redacción a cargo de la abogada integrante Vanessa Elizondo Cerda, quien no firma por no haber integrado sala el día de hoy.

Rol N°456-2026.- PROTECCIÓN.