nombre reservado con nombre reservado

Chillán, siete de junio de dos mil veinticuatro.

Visto:

1.- Que, comparece don nombre reservado, domiciliado en domicilio reservado, quien interpone recurso de protección en contra de don nombre reservado, agricultor, domiciliado en domicilio reservado y en contra de una tercera persona, de quien desconoce nombre y Rut, domiciliada en el mismo predio del recurrido principal.

Refiere que adquirió por compra un retazo de terreno perteneciente a la sucesión nombre reservado Vera en el año 2019, ubicado en Huampuli, comuna de San Nicolás, compuesto por dos retazos, uno de una extensión de ocho cuadras y el cual deslinda al NORTE, con nombre reservado; al SUR, con nombre reservado; al ORIENTE, con nombre reservado; y al PONIENTE, con nombre reservado, y el otro de media cuadra de extensión el cual deslinda al NORTE, con rio Huampuli; al SUR, con sucesión nombre reservado; al ORIENTE, con sucesión nombre reservado; y al PONIENTE, con nombre reservado, haciendo presente que el acceso a dicha propiedad es por servidumbre de tránsito por mera tolerancia de la propiedad que hoy pertenece al recurrido. Refiere que, desde que adquirió dicha propiedad, nunca tuvo problemas con el recurrido que diga relación con el camino de acceso, planteando que en algún momento estuvo dispuesto a formalizar dicha servidumbre otorgándola por escritura pública. Refiere que los anteriores dueños, tanto la sucesión nombre reservado Vera, como su padre, don nombre reservado y los padres de éste, vivieron en ese lugar por largos años y jamás se cuestionó el derecho de tránsito por el predio del recurrido, pues dicho derecho proviene de antes que el recurrido adquiriera el terreno y desde cuando ambos predios constituían una sola propiedad, habiendo sido el acto quien, desde que adquirió el predio, quien se ha preocupado de arreglar y mantener el camino, pues es él, junto a su padre, don nombre reservado, quienes ocupan y cultivan el predio señalado y por lo tanto también los únicos que usan el mencionado camino. Sin embargo, el pasado 10 de marzo su padre al concurrir a la parcela encontró cerrado con alambradas el camino, y una persona que no se identificó de sexo femenino, le señaló en malos términos que él no podía pasar más por ahí, pues ella había comprado y ese era su terreno ahora, obligándolo a retirarse del lugar. Al día siguiente, volvió a hablar con don nombre reservado, para pedirle una explicación, pero encontró el camino cerrado, esta vez, por un portón con cadenas y candado, indicando que la explicación que le fue dada fue que ya no podía usar ese camino pues ya no tenía derecho a hacerlo y que había vendido algunos retazos de terreno que estaban sobre el mencionado camino.

Sostiene que los hechos ejecutados por los recurridos no tienen justificación que la explique, constituyendo una decisión arbitraria, injusta e infundada, la cual trasgrede su derecho de acceso libre a su propiedad, ya que ésta no tiene otra vía de acceso.

Estima que se ha conculcado la garantía prevista en el numeral 24 del artículo 19 de la Constitución, pues al cerrar el paso con alambradas y cerrar los portones con cadenas y candados ubicados en medio del camino, el que ha utilizado como propio desde tiempos inmemoriales, ha alterado una situación de derecho, haciendo justicia por sus propias manos impidiéndoles ejercer plenamente su derecho.

Solicita que, en mérito de lo expuesto y lo que disponen los artículos 19 número 24 y artículo 20 de la Constitución Política de la República, Auto Acordado sobre tramitación del Recurso de Protección, y demás normas legales y principios de derecho aplicables al efecto, se tenga por interpuesta la presente acción de protección, declararlo admisible y, previo informe de la parte recurrida, se resuelva en definitiva, que cese la perturbación, restableciendo el imperio del derecho y asegurando la debida protección y, en especial, que el recurrido proceda a restablecer los cercos que protegían las respectivas propiedades y que en el futuro se abstenga él y sus hermanos, de ejecutar actos como los descritos, todo ello sin perjuicio de adoptar todas las medidas que sean conducentes al restablecimiento y la protección de los derechos quebrantados, con costas.

2°.- Que, informa el abogado don Guillermo Marcelo Valdés Muñoz, quien refiere que su representado, don nombre reservado, pequeño agricultor, es dueño de una parcela de quince hectáreas en el sector de Huampuli, en la comuna de San Nicolás. Refiere que su representado en el último tiempo, ha sido víctima de parte de don nombre reservado y de su padre, don nombre reservado, de amenazas en fuertes términos, así como su familia, ha objeto de obtener permiso para transitar por un camino interior recientemente creado en el año 2024, en virtud de una subdivisón predial que su representado efectuó con la finalidad de vender algunos lotes y obtener recursos, ya que debido a su avanzada edad, y lo inestable de la actividad agrícola, necesita recursos para su subsistencia. Detalla que el hoy recurrido es dueño de un retazo de terreno denominado San Fernando, ubicado en el título Huampuli, de la comuna de San Nicolás, de una superficie aproximada de quince coma una hectáreas aproximadas, Rol de Avalúo 144-21 de la comuna de San Nicolás, dominio el cual rola inscrito a su nombre a fojas cuatro mil cuatrocientos veinte (4420) número tres mil trescientos cincuenta y siete (3357) del Registro de Propiedad del año dos mil doce (2012) del Conservador de Bienes Raíces de San Carlos, destacando que en dicha inscripción no consta, no existe, ni ha existido, servidumbre de tránsito o algún otro gravamen impuesto sobre un predio en utilidad de otro predio de distinto dueño según lo que establece el artículo 820 del Código Civil.

Sostiene que en el presente año, el Servicio Agrícola y Ganadero (SAG) autorizó al recurrido a subdividir parte de su propiedad en veintiséis lotes, para cuyos accesos se debieron trazar caminos interiores, todo conforme plano aprobado por el Servicio Agrícola y Ganadero, según consta en certificado número noventa y ocho raya dos mil veinticuatro (98/2024), del mismo Servicio Agrícola y Ganadero de la comuna de San Carlos. Junto a ello se emitió con fecha diecinueve de febrero del año dos mil veinticuatro, el certificado de Asignación de Roles de Avaluó número nueve seis cero cuatro seis tres (960463), emitido por el Servicio de Impuestos Internos, en que se le asignan a cada uno de los veintiséis lotes subdivididos, haciendo presente que el recurrido, debió invertir en la construcción de esos caminos, no sólo en su trazado, sino que también usando material, principalmente “ripio”, para mantener dichos caminos, sobre todo en invierno, siendo dicha situación la que, en opinión del letrado, desean aprovechar el actor y su padre dolosamente, toda vez que una vez que vieron construidos y “ripiados” los caminos interiores de la propiedad decidieron ir a amenazarlo, diciendo que tenían derecho de servidumbre, que tenían derecho hace años a transitar por el sector, lo que no se ajusta a la realidad, toda vez que la supuesta propiedad del recurrente, nunca, jamás ha tenido acceso, ni siquiera una servidumbre aparente o por mera tolerancia de su dueño.

Manifiesta que el actor falta a la verdad al sostener que “el acceso a esta propiedad, es por servidumbre de tránsito por mera tolerancia de la propiedad, que hoy pertenece al recurrido”, ya que la propiedad siempre ha estado en el dominio de la familia de su representado, y ahora en su patrimonio personal, y como se desprende de sus títulos, y tampoco consta al margen, o en alguna otra inscripción, que acredite la constitución de alguna servidumbre de tránsito o algún otro gravamen impuesto sobre un predio en utilidad de otro predio de distinto dueño según lo que establece el artículo 820 del Código Civil. Afirma que tampoco ha existido mera tolerancia del dueño, toda vez que existen denuncias contra el recurrente y su padre, ya que al verificar el primero, la construcción de nuevos caminos, con una cercanía menor al camino de acceso a la supuesta propiedad, éste decidió solicitar permiso para acceder por tales caminos, hoy creados en beneficio de los lotes resultantes de la subdivisión, permisos que fueron negados por su representado, toda vez que conoce muy bien el camino de acceso a todos los predios, incluido el del recurrente, el cual se encuentra lejos de los nuevos caminos trazados y construidos.

Expresa el letrado que de los documentos acompañados por la recurrente, no se desprende vulneración alguna de sus derechos. Tampoco dan cuenta del dominio de un inmueble, por lo cual, bajo ningún precepto, podría concluirse que se están vulnerando sus derechos y garantías constitucionales. Reitera el letrado que su representado ha solicitado aprobación de la subdivisión predial, por lo cual, el trazado y construcción de los actuales caminos, data del mes de febrero de este año, fecha en la cual el Servicio Agrícola y Ganadero de la comuna de San Carlos aprobó la subdivisión de los veintiséis lotes y los caminos trazados para acceso a dichas parcelas. Añade que se debe tener presente que, los Tribunales Superiores de Justicia han sido contestes en considerar que, para que prospere una acción de protección, es requisito previo que exista una acción u omisión arbitraria o ilegal que conculque el legítimo ejercicio de una garantía constitucional, sin que sea este recurso un procedimiento declarativo de derechos. En ese contexto manifiesta que el recurso de protección ampara a los ciudadanos en aquellos derechos que tengan categoría de fundamentales y de los cuales hayan sido eventualmente privados a causa de la acción u omisión que señalan, presupuestos los cuales simplemente no concurren en la especie, por cuanto lo que persigue el recurrente, al accionar por esta vía, es que se pronuncie sobre la legalidad de un derecho garantizado constitucionalmente, sin que tal circunstancia vulnere efectivamente ningún derecho preexistente del supuesto afectado, ya que previamente no se ha acreditado la existencia de servidumbre de tránsito alguna, mucho menos su derecho de dominio, no existiendo prueba alguna presentada por la contraria que corrobore, primero, el hecho de haber peligro alguno al “derecho de propiedad” en la persona del recurrente, establecido y consagrado en el artículo 19 Nº 24 de la Constitución Política de la Republica, por lo cual, no existe sustento fáctico, legal ni técnico, que permita probar los hechos relatados, de acuerdo a la legislación vigente.

Alega la existencia de una delicada situación en la cual se encontraría su representado ante el presente recurso carente de pruebas que respalden los argumentos y aseveraciones esgrimidas, por cuanto considera que la eventual, en cuanto acoger el presente recurso, significaría dificultar aún más el ejercicio de los derechos del recurrido, específicamente en una eventual causa de usurpación, modificación de deslindes, bien reivindicación, recurso de protección u otra acción, por lo cual, considera que esgrimir un recurso de tal importancia sin el respaldo debido que permita hacerse una opinión verídica del hecho es de suma gravedad, por lo que solicita se tenga especial consideración al hecho de que el recurrido es víctima, ya que la propia Constitución Política de la República resguarda la inviolabilidad del hogar (en su artículo 19 N°5), mientras que los artículos 144 y 145 del Código Penal tipifican el delito de violación de domicilio, en el Libro II, Título III: “De los crímenes y simples delitos que afectan los derechos garantidos por la Constitución”, como también el de amenazas de parte del recurrente, con anterioridad a la presentación de este recurso, por lo cual debe reconocérsele tal calidad de víctima al recurrido en este caso.

Finalmente solicita que, en virtud de los artículos 19 número 24 de la Constitución Política de la República, artículo 1, art. 582 y siguientes del Código Civil, artículo 9 del Código Orgánico de Tribunales, Auto Acordado sobre la Tramitación del Recurso de Protección de Garantías Constitucionales, y todo lo anteriormente expuesto, se tenga por informado el presente recurso de protección y, en definitiva, rechazarlo en todas sus partes, con expresa condenación en costas.

A su informe acompaña documentos.

3º.- Que para analizar el asunto planteado por la presente vía, resulta conveniente consignar que el recurso de Protección de Garantías Constitucionales, establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye jurídicamente una acción, destinada a amparar el legítimo ejercicio de las garantías y derechos preexistentes que en esa misma disposición se enumeran, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben tomar ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que prive, perturbe o amenace ese atributo.

4º.- Que, como se desprende de lo señalado precedentemente, es requisito indispensable de la acción de protección, la existencia de un acto u omisión ilegal, esto es, contrario a la ley, o arbitrario, producto del mero capricho de quién incurre en él, y que provoque algunas de las situaciones o efectos que se han indicado, afectando a una o más de las garantías -preexistentes- protegidas, consideración ésta que resulta básica para el examen y la decisión de cualquier recurso como el que se ha interpuesto.

5º.- Que, cabe reflexionar, a la luz de lo recién expuesto, que ésta acción de cautela de derechos constitucionales constituye una vía destinada a dar protección respecto de garantías cuya existencia se encuentre indubitada.

6°.- Que, el recurrente en síntesis, funda su acción constitucional en que el recurrido habría cerrado el paso con alambradas y con portón, cadenas y candado la entrada al camino de acceso a su predio causando grave daño, pues no tiene a posibilidad de revisar sus siembras, las que requieren de cuidado constante, además de impedir el cuidado de sus animales que también ocupan la propiedad y no poder ingresar con otros animales que necesitan del talaje que hay en ese lugar.

Sin embargo, respecto de tales imputaciones, no se allegaron antecedentes que acrediten de manera seria que tales hechos hayan efectivamente ocurrido y que, además, el recurrido haya ejecutado las conductas denunciadas.

En efecto, si bien de las copias de inscripciones de propiedad que se acompañan se da cuenta que el recurrente adquirió la totalidad de acciones y derechos que corresponden en un terreno ubicado en Huampuli, dicha inscripción se encuentra fechada 29 enero de 2019, sin que se acompañe certificado de dominio vigente a la fecha; que el recurrido reinscribe un retazo de terreno y por su parte el plano o croquis allegado es un documentos privado, no cuenta con autorización de Servicio Agrícola y Ganadero, ni consta de inscripción en el Conservador de Bienes Raíces de San Carlos, no siendo posible adquirir certeza acerca de la que el recurrente reúna la calidad de único dueño del predio que indica pertenecerle, al haber adquirido acciones y derechos; además los hechos relatados en el texto del recurso corresponde a las declaraciones del propio recurrente, sin otros elementos de corroboración, lo que impide en esta sede cautelar asentar la cronología de sucesos detallada en el arbitrio.

Adicionalmente, el informe de Carabineros de Chile agregado a folio 4, tampoco permite arribar a una conclusión favorable al actor, por cuanto el funcionario diligenciador sólo da cuenta en el set fotográfico que acompaña de una imagen satelital de la ubicación del predio conforme a las coordenadas, indicando que mantiene ingreso por un camino de ripio con salida a ruta N-520, Comuna de San Nicolás, así como imagen en que se aprecia huella por la cual anteriormente transitaban vehículos, otra imagen de un portón de acceso al predio del litigio, que se encuentra cerrado con candado por la parte interior y finalmente imagen en que se aprecia acceso y camino principal l inmueble del litigio.

Por su parte, el recurrido acompañó documentos que permiten acreditar que es dueño del predio que indica, que al menos al año 2022 no constaba que sobre la propiedad objeto de este recurso pese servidumbre u otro gravamen. Por su parte de certificado número 98/2024 emitido por el SAG, consta que el recurrido subdividió su propiedad cumpliendo con la normativa vigente y que obtuvo asignación de roles de avalúo para los lotes resultantes de la subdivisión.

7°.- Que, en el contexto descrito, se concluye que no existen elementos de convicción claros que demuestren o justifiquen la efectividad de la versión del recurrente, en relación a haberse alterado el statu quo vigente; incurriendo con ello el recurrido en una actuación que resulte contraria a derecho.

8°.- Que, en consecuencia, no hay mérito para atribuir al recurrido la ejecución de actos ilegales o arbitrarios, ni se acreditaron fehacientemente las perturbaciones al ejercicio del derecho de dominio del actor, por lo que necesariamente el presente recurso no podrá prosperar.

Por estas consideraciones y atendido, además, lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre tramitación y fallo del recurso de protección, se rechaza, sin costas, el recurso de protección interpuesto por nombre reservado, en contra de don nombre reservado.

Notifíquese.

En su oportunidad, dese cumplimiento al numeral 14 del Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre tramitación y fallo del Recurso de Protección, regístrese y, hecho, archívese.

Redacción a cargo de la abogada integrante Paula Cornejo Baraona, quien no firma por no haber integrado sala el día de hoy.

Rol N° 454–2024-PROTECCIÓN.