Protección contra Subsecretaría del Interior

Chillán, nueve de junio de dos mil veintiséis.

Visto: 1°.- Que, comparece el abogado Pablo Daniel Peñaloza Parra, en nombre de doña nombre reservado, de nacionalidad venezolana, interponiendo recurso de protección contra el Servicio Nacional de Migraciones y la Subsecretaría del Interior, por la Resolución Exenta NUM000, de fecha 20 de octubre de 2025, notificada en fecha 13 de abril de 2026, dictada por el Ministerio de Interior y Seguridad Pública, y dictada por el Servicio Nacional de Migraciones, recurrida por ilegal y arbitraria, debido a que vulnera el principio de igualdad ante la ley, conforme a lo preceptuado en el artículo 19 número 2 de la Constitución Política de la República.

Señala que el recurrente ingresó al país eludiendo el control migratorio.

Con el propósito de regularizar su situación, con fecha 24 de abril de 2023, solicitó la regularización extraordinaria establecida en el artículo 155 N° 9 de la Ley N° 21.325 ante la Subsecretaría del Interior.

Añade le es notificada de la Resolución Exenta N°NUM000 que rechaza su solicitud de regularización extraordinaria, indicando que no aportó antecedentes suficientes para que la autoridad recurrida pueda evaluarlo como un caso calificado o humanitario, considerando que “no se configura un caso excepcional, calificado ni humanitario, por cuanto su requerimiento se fundamenta en situaciones fácticas de carácter genérico que no logran configurar una afectación en concreto lo suficientemente especial como para justificar su ingreso al país por un paso no habilitado”.

Sostiene que el Servicio Nacional de Migraciones rechazó su solicitud sin requerir antecedentes adicionales que permitieran acreditar una situación calificada o humanitaria, pese a lo dispuesto en el artículo 31 de la Ley N.º 19.880. Señala que dicha decisión afecta gravemente su situación migratoria, considerando que ha intentado regularizar su permanencia en el país, no registra antecedentes penales, mantiene un contrato de trabajo desde el año 2025, cumple con sus obligaciones previsionales y ha agotado las vías administrativas disponibles. Agrega que huyó de la crisis política existente en su país de origen y que la discrecionalidad de la autoridad debe ejercerse dentro de límites razonables.

Asimismo, indica que acreditó su vínculo con su hija menor de edad, residente temporal en Chile, acompañando documentación que, a su juicio, la sitúa dentro de los casos calificados. Destaca además que cuenta con arraigo familiar, social y sustento económico, por lo que no constituye una carga para el Estado. En virtud de lo anterior, solicita que se adopten las medidas necesarias para que pueda acreditar ante la autoridad migratoria la situación calificada o humanitaria en que se encuentra.

Finaliza solicitando que se ordene a la recurrida dejar sin efecto la resolución que se recurre por ilegal y arbitraria, disponiendo a realizar un nuevo estudio documental, a los fines de decidir conforme a derecho la solicitud formulada. 2°.- Que, al informar el abogado Diego Valenzuela Esparza, en representación de la Subsecretaría del Interior, expone el marco normativo para luego sostener que esta no es la vía idónea para conocer los planteamientos de la recurrente.

Señala que es la ley N° 21.325 la norma que regula estas materias, la cual contempla dos hipótesis de regularización migratoria. No obstante, es importante recordar que la regularización migratoria, cualquiera sea su hipótesis, se enmarca dentro de las concesiones cuyo otorgamiento es una facultad de la autoridad, mas no una obligación, y procederá siempre que aquella así lo determine.

Precisado lo anterior, corresponde aclarar que la primera hipótesis de regularización migratoria que contempla la normativa actual, es aquella a que se refieren los artículos 69, inciso 2°, y 155 N° 8, ambos de la ley N° 21.325, los que establecen que corresponde a la Subsecretaría del Interior, entre otras funciones, el disponer, en concordancia con los objetivos de la Política Nacional de Migración y Extranjería, el establecimiento de mecanismos de regularización de extranjeros que se encuentren en condición migratoria irregular, fijando sus requisitos correspondientes. No obstante, la ejecución de dichos mecanismos, una vez establecidos, corresponde al Servicio Nacional de Migraciones, en concordancia con lo dispuesto en el artículo 157 N° 13 de la misma ley.

La segunda hipótesis de regularización migratoria que contempla la normativa actual, es aquella a que se refiere el artículo 155 N° 9 de la ley N° 21.325, que establece que el Subsecretario del Interior tiene, entre otras funciones, la potestad indelegable de disponer, en casos excepcionales, el otorgamiento de permisos de residencia temporal a extranjeros que se encuentren en el territorio nacional, en casos calificados o por motivos humanitarios, con independencia de la condición migratoria de la persona beneficiaria de dicho permiso. Sin embargo, y tal como la norma lo indica, dichos permisos solo se concederán cuando existan circunstancias de hecho excepcionales que así lo hagan recomendable.

De ahí que, en la actualidad, sea improcedente acoger a tramitación solicitudes de regularización migratorias efectuadas por personas extranjeras al alero de lo dispuesto en el artículo 155 N° 8 de la ley N° 21.325, por cuanto, tal como se mencionó anteriormente, no existen procedimientos vigentes de general aplicación que la autoridad haya dispuesto para tales efectos. Por lo mismo, cualquier solicitud que aquellas puedan realizar en estas materias solo pueden tramitarse como solicitudes de otorgamiento excepcional de permisos de residencia temporal, por casos calificados o humanitarios, al tenor de lo dispuesto en el artículo 155 N° 9 de la misma ley.

Así, es indudable que nos encontramos frente a una acción de protección utilizada para cuestionar aspectos del ejercicio de atribuciones de la Subsecretaría del Interior, lo que evidentemente escapa al sentido y alcance propio de este remedio judicial.

En ese contexto, y en el caso concreto, la autoridad ponderó debidamente los antecedentes aportados por la parte recurrente en su solicitud, en virtud de lo cual consideró que, a su respecto, no se configura un caso excepcional, calificado ni humanitario, indicándose expresamente aquello en la parte considerativa de la resolución exenta N° NUM000, de fecha 20 de octubre de 2025, de la Subsecretaría del Interior.

Agrega que la presente acción de protección de autos no solo debe ser rechazada totalmente, sino que, además, procede la expresa condena en costas para la parte recurrente; asimismo, alega que no existe acto ilegal o arbitrario que perturbe o amenace sus garantías fundamentales.

Finaliza solicitando tener por evacuado el informe requerido a la Subsecretaría del Interior, resolviendo el rechazo de la acción de protección de autos por las razones aquí expuestas, con expresa condena en costas, por no existir motivos plausibles para litigar. 3°.- Que, evacua informe el abogado Fabián Espinoza Durán, en representación del Servicio Nacional de Migraciones, oponiendo excepción de falta de legitimación pasiva de su parte pues el acto que se reclama, emana del Subsecretario del Interior; asimismo solicita la inadmisibilidad del recurso por ser abiertamente extemporáneo.

Luego, informando derechamente el recurso, solicita el rechazo del recurso. Informa que, respecto de la extranjera, que ingresó al país por paso no habilitado. La recurrida expone que el ingreso clandestino de la recurrente fue informado mediante un informe policial de fecha 5 de noviembre de 2021, indicando que en ese momento dicha conducta constituía delito. Señala además que la extranjera se inscribió en el proceso de Empadronamiento 2023 y que posteriormente solicitó la regularización de su situación migratoria al amparo del artículo 155 de la Ley N.º 21.325, mediante carta certificada enviada el 24 de abril de 2023.

Agrega que, ante la demora en la resolución de dicha solicitud, la recurrente interpuso un recurso de protección que fue acogido, ordenándose al Servicio Nacional de Migraciones emitir el pronunciamiento correspondiente.

En cumplimiento de ello, el Servicio remitió los antecedentes a la Subsecretaría del Interior, por ser el órgano legalmente competente para resolver solicitudes de regularización extraordinaria.

Asimismo, indica que la solicitud fue rechazada mediante resolución de la Subsecretaría del Interior de fecha 20 de octubre de 2025, la que posteriormente fue notificada por correo electrónico. Sostiene que el Servicio Nacional de Migraciones no tramitaba ni resolvía la solicitud de la recurrente, ni emitió el acto administrativo impugnado, limitándose a recibir y gestionar la tramitación de los antecedentes para su remisión a la autoridad competente.

Señala que, desde la entrada en vigencia de la Ley N.º 21.325, el Servicio Nacional de Migraciones constituye una autoridad administrativa distinta de la Subsecretaría del Interior, por lo que estima que el recurso debe ser rechazado por extemporáneo y por dirigirse contra una autoridad que no tiene competencia para resolver las solicitudes de regularización extraordinaria, facultad que corresponde exclusivamente al Subsecretario del Interior.

Finalmente, pide tener por evacuado el informe requerido en autos, solicitando desde ya el rechazo de la presente acción constitucional de protección en todas sus partes respecto de los extranjeros recurrentes por no existir acción u omisión ilegal o arbitraria por parte de esta autoridad que prive, perturbe o amenace el legítimo ejercicio de alguno de los derechos enumerados por el artículo 20 de la Constitución Política de la República, así como el rechazo a la condena en costas a este Servicio. 4°.- Que, para analizar el asunto planteado por la presente vía, resulta conveniente consignar que el recurso de Protección de Garantías Constitucionales, establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye jurídicamente una acción, destinada a amparar el legítimo ejercicio de las garantías y derechos preexistentes que en esa misma disposición se enumeran, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben tomar ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que priva, o amenace ese atributo. 5°.- Que, es requisito indispensable de la acción de protección, la existencia de un acto u omisión ilegal, esto es, contrario a la ley, o arbitrario, producto del mero capricho de quién incurre en él, y que provoque algunas de las situaciones o efectos que se han indicado, afectando a una o más de las garantías -preexistentes- protegidas, consideración que resulta básica para el examen y la decisión de cualquier recurso como el que se ha interpuesto. 6°.- Que, cabe reflexionar, a la luz de lo recién expuesto, que esta acción de cautela de derechos constitucionales constituye una vía destinada a dar protección respecto de garantías cuya existencia se encuentre indubitada. 7°.- Que, la recurrente, alega, en síntesis, por haber rechazado, la recurrida, su solicitud de regularización extraordinaria, la que califica de ilegal y arbitraria. 8°.- Que, en primer término, cabe anotar que la regularización extraordinaria a que se refiere el artículo 155 N° 9 de la ley 21.325, como su nombre lo sugiere, constituye una posibilidad excepcional, de regularización para extranjeros, otorgándoles permisos de residencia temporal, en casos calificados o por motivos humanitarios. Se trata de una facultad que debe resolver la Subsecretaría del Interior. 9°.- Que, en dicho contexto, el rechazo a la solicitud, malamente puede ser ilegal, si ha sido resuelto por la autoridad mandatada para ello, en uso de sus facultades legales. 10°.- Que, tampoco se observa arbitrariedad en la decisión, por cuanto la resolución impugnada se encuentra debidamente fundada en normas legales y reglamentarias vigentes. En efecto, desde el motivo 14 en delante de la resolución recurrida, se observan los elementos considerados por la autoridad y el razonamiento empleado, en virtud del cual concluyó que no se estaba en presencia de circunstancias calificadas o humanitarias que permitiesen acoger la petición. 11°.- Que, de todo lo analizado, no se advierte que la dictación de la Resolución de marras sea constitutiva de un acto ilegal o arbitrario que afecte los derechos fundamentales de la recurrente, sino que corresponde al ejercicio legítimo de las potestades del órgano recurrido conforme a la legislación migratoria actual, razón por la cual el presente arbitrio no podrá prosperar. 12°.- Que en atención a lo recién concluido, resulta inoficioso el pronunciamiento respecto de las alegaciones del Servicio Nacional de Migraciones.

Por estas consideraciones y atendido, además, lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y Auto Acordado de la Excma.

Corte Suprema sobre tramitación y fallo del recurso de protección, se rechaza, sin costas, el recurso de protección interpuesto por Pablo Daniel Peñaloza Parra, en nombre de doña nombre reservado, en contra de la Subsecretaría del Interior, y del Servicio Nacional de Migraciones.

En su oportunidad, dese cumplimiento al numeral 14 del Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre tramitación y fallo del Recurso de Protección, regístrese y, hecho, archívese.

Redacción a cargo del ministro Guillermo Arcos Salinas.

Rol 442-2026. Protección.-