nombre reservado con SUPERINTENDECIA DE SEGURIDAD SOCIAL

Chillán, diecisiete de mayo de dos mil veintiuno.

Vistos:

1°.- Que comparece el abogado Cristian Eduardo Parra Neira, domiciliado en domicilio reservado, quien en favor de nombre reservado, chilena, cedula nacional de identidad RUT reservado, dueña de casa, domiciliada para estos efectos en domicilio reservado, deduce acción de protección en contra de la Caja de Compensación de Asignación Familiar Los Andes, RUT RUT reservado, con domicilio en domicilio reservado, en contra de Superintendencia de Seguridad Social, RUT RUT reservado, con domicilio en domicilio reservado y en contra de la Secretaria de Salud Pública Ñuble, RUT RUT reservado, con domicilio en domicilio reservado, por el acto ilegal, arbitrario y reiterado de negar el pago de alrededor de 7 licencias médicas –Licencias médicas números 53842045 – 54172975 – 56428019 – 57168106 – 57439703 – RUT reservado – RUT reservado- en un total de 185 días, emitidas por profesional de vasta trayectoria local, por tratamiento médico acreditado, debido a la incongruencia y evidente negligencia por parte de las instituciones recurridas las que no han dado motivo real del no pago de dichas licencias, haciendo perder tiempo, causando daño invaluable en la vida y esfera familiar de la recurrente, toda vez que su estado emocional y psicológico cada día empeora debido a la incertidumbre económica que actualmente pasa y que el pago de tales licencias médicas que en derecho debieron haber sido pagadas le darían un alivio y restablecerían en algo el daño causado por la infracción manifiesta en sus garantías constitucionales, causada por el manejo negligente de los conductos, tiempos y atención por parte de las recurridas.

El proceder de las recurridas constituiría una vulneración de las garantías constitucionales y una amenaza de los legítimos derechos contemplados en los artículos 19 en sus numerales 1, relativo a la integridad física y psíquica, numeral 2 referente a la igualdad ante la ley, numeral 3 relativo a la igual protección de la ley en el ejercicio de los derechos, numeral 9 referente al derecho a la protección de la salud, numeral 8 relativo al derecho a la seguridad social y numeral 22 referido a la no discriminación arbitraria en el trato que deben dar el Estado y sus organismos en materia económica.

Refiere el letrado que la recurrente debido a factores familiares, ser madre soltera de una menor que en la actualidad tiene 20 años y la responsable de su madre, una mujer con limitaciones físicas y psíquicas debido a un accidente cerebro vascular sufrido el año 2018, ha sufrido una grave depresión, por lo que debió iniciar un tratamiento médico psiquiátrico el cual jamás fue interrumpido, pese a la continua negativa de pago por parte de la Caja de Compensación Los Andes, la que argumentó que su negativa era porque el COMPIN a su vez no generaba el pago, por motivos de informes médicos que se han acompañado en más de 3 ocasiones, haciendo presente el letrado que la referida Caja de Compensación en una de las ultimas negativas, señaló que era debido a un error de forma, esto es, por estar mal indicada una fecha, mientras que la Seremi de Salud Pública de Ñuble señaló a través de su departamento Compin, que las licencias estaban en la Caja de Compensación Los Andes, entidad la cual no generaban el pago, situaciones las que llevaron a la recurrente a presentar diversas apelaciones ante la SUSESO Ñuble, siendo la última a fines del año pasado, en la cual dicha institución en Resolución Exenta número R-01-DASU-115895-2020, de 11 de noviembre de 2020, indicó la falta de antecedentes para aceptar la apelación, Resolución de cuyo contenido, debido a la pandemia vigente, la recurrente sólo tuvo conocimiento en el mes de febrero, ya que jamás fue notificada, debiendo concurrir a la Institución para saber el estado de su reclamo, oportunidad en la cual se le informó que éste le había sido mandado por correo electrónico, el cual jamás llegó a la bandeja de la usuaria. Estima que las actuaciones de las recurridas constituyen un acto ilegal y arbitrario que configuran una amenaza, perturbación y privación a los derechos previamente señalados, contemplados en el artículo 19 numerales 1, 2, 3, 9, 18 y 22 de la Constitución Política de la República, en relación con los Arts. 583, 578 y 1545 del Código Civil.

Termina solicitando se tenga por interpuesto recurso de protección en contra de la Caja De Compensación De Asignación Familiar Los Andes, en contra de la Superintendencia de Seguridad Social y en contra de la Secretaria de Salud Pública Ñuble, todas ya individualizadas, se le acoja en todas sus partes condenando a la entidad que corresponda al pago de los días correspondientes a las licencias médicas no canceladas, con expresa condenación en costas.

2°.- Que informa doña nombre reservado, Seremi de Salud Ñuble, quien señala que de las licencias referidas en el recurso de protección, cinco de ellas se encuentran autorizadas y de acuerdo con su procedimiento técnico, administrativo y reglamentario, correspondería a entidad Caja de Compensación Los Andes, proceder a los pagos de dichos subsidios de incapacidad laboral, debiendo informar de manera clara su negativa, ya que como COMPIN, el proceso está finalizado, precisando que dichas licencias son las que poseen por número de folio 53842045 – 54172975 – 56428019 – 57168106 – 57439703. Con respecto a las dos licencias restantes -FolioRUT reservado y FolioRUT reservado- indica que ellas se encuentran rechazadas por la COMPIN, habiéndose presentado a su respecto un recurso de reposición el cual, con fecha 8 de octubre de 2018, determinó mantener el rechazo. Añade que posterior a ello la recurrente recurrió a la Superintendencia de Seguridad Social para realizar una apelación por los respectivos dictámenes, donde dicha entidad en Resolución Exenta N° R-01-DASU-115895-2020 ratificó lo obrado por la COMPIN. Se indica que la usuaria en cuestión completa un periodo de reposo de 185 días discontinuos a contar del 6 de febrero de 2018, de los cuales 132 días fueron autorizados. En el tiempo que se encontraba con reposo, la usuaria no adjuntó la información solicitada, relacionada con las terapias complementarias referentes a generar un estado de recuperación de su salud, como tampoco entregó información relevante respecto de las estrategias terapéuticas que se estaban abordando con su médico tratante, por lo que, como entidad, se careció de cualquier información clínica que respaldase una prolongación tan excesiva del reposo. Plantea que desde el punto de vista clínico, el Decreto Supremo N°3 del Ministerio de Salud señala que: “La Licencia Médica es un documento extendido por un médico cirujano, matrona o dentista, debidamente autorizados, que permite a los trabajadores y trabajadoras dependientes e independientes ausentarse del trabajo o reducir la jornada laboral durante un tiempo determinado, con el objeto de recuperar la salud, facultándolos para obtener un subsidio por incapacidad laboral, cuando corresponda.”. Plantea que siendo lo principal y fundamental recuperar el estado de salud, en el presente caso se pudo comprobar que el reposo no estaba siendo una herramienta terapéutica efectiva para recuperar el estado de salud, ya que, por ejemplo, la “Guía Clínica AUGE para el tratamiento de la depresión de personas de 15 años o más” señala que la prescripción del reposo debe ir siempre acompañada de otras estrategias de abordaje terapéutico con el fin de poder recuperar el estado de bienestar del usuario, por lo que no se puede considerar el reposo a permanencia como una herramienta terapéutica efectiva. Sostiene que el reposo de una persona con algún trastorno del ánimo por sí solo no genera una recuperación, es más, de acuerdo a la misma guía referencial “mhGAP Intervention Guide - Version 2.0” de la Organización Mundial de la Salud (OMS, 2019) el tratamiento de una persona con trastornos del ánimo debe tener tres componentes para asegurar una recuperación de la salud, el primero es un componente farmacológico de contención, entregada por el médico psiquiatra, el segundo es un factor psicológico, medido por algún terapeuta de preferencia psicólogo y en tercer lugar un componente intrínseco de la persona, por lo cual la usuaria mantenía el reposo en un estado de continuidad que no aseguraba respuesta terapéutica ni fecha probable de alta. Finalmente señala que el caso fue revisado por una entidad externa, SUSESO, la cual en base a los mismos antecedentes que fueron revisados por su representada procedió a confirmar lo obrado por ésta, manteniendo el rechazo de las licencias médicas y respaldando lo obrado por la recurrida por la que informa.

3°.- Que, en representación de la Superintendencia de Seguridad Social, informa el abogado Tomás Garro Gómez, quien luego de referirse tanto a los hechos como al derecho expuesto por la recurrente expresa que la presente acción constitucional no puede prosperar ya que ha sido ejercida en forma extemporánea al haberse interpuesto en contra de la Resolución Exenta N° R-01-DASU-115895-2020, de 11 de noviembre del año 2020, notificada con igual fecha, remitiendo copia del Dictamen al correo electrónico correo reservado, proporcionado por la propia recurrente con esa finalidad, según da cuenta la copia del expediente administrativo electrónico que acompaña, añadiendo el letrado que la recurrente manifiesta en su escrito que su apelación habría sido rechazada por cuanto “…faltaban antecedentes para aceptar la apelación, de dicha resolución debido a la pandemia que nos azota la recurrente supo a fines del mes de febrero, todo esto ya que jamás fue notificada…”. Se señala que como surge del texto de la Resolución impugnada, ésta resolvió un recurso de reconsideración interpuesto el 27 de octubre de 2020, en contra de la Resolución Exenta N° R-01-UME-42603-2020 de 13 de mayo de 2020, a través de la cual se confirmó lo actuado por la COMPIN de la Región del Bío Bío – Subcomisión Ñuble, en cuanto había, a su vez, rechazado las licencias médicas N° 53842045, Nº 54172975, Nº 56428019, Nº 57168106, Nº 57439703, Nº RUT reservado y Nº RUT reservado, extendidas por un total de 185 días de reposo, discontinuos entre sí, a contar del 6 de febrero de 2018, por reposo no justificado, reiterando lo ya expuesto en cuanto a que el dictamen le fue notificado por correo electrónico, sin que el sistema haya arrojado un error o aviso de correo no recibido, como alega la recurrente. También alega la falta de oportunidad en la acción constitucional de autos, sosteniendo que ésta tiene por finalidad hacer cesar actos ilegales o arbitrarios en forma rápida y expedita, por cuanto vulneran derechos constitucionales de primera importancia, quedando en evidencia por el simple hecho de que por medio del presente procedimiento de emergencia constitucional, se quiere revertir o modificar lo decidido respecto de licencias médicas extendidas a la recurrente en el año 2018. Indica que la acción de protección no tiene el carácter de subsidiaria de otras vías de reclamación que pudieren existir, lo que evidentemente está en íntima relación con su carácter cautelar de derechos, tal cual lo ha manifestado reiteradamente la doctrina y la jurisprudencia de los Tribunales Superiores de Justica.

En subsidio de lo anterior, el letrado plantea que como la acción de protección de autos se ha interpuesto en contra de la Caja de Compensación De Asignación Familiar Los Andes, de la SEREMI de Salud Ñuble y de la Superintendencia de Seguridad Social, resulta del todo necesario distinguir entre las actuaciones de su defendida y aquellas en que tuvo participación la referida COMPIN, la que en el caso de la recurrente actuó como organismo administrador del derecho denominado licencia médica ejerciendo la facultad legal de autorizar, modificar o rechazar licencias médicas de los trabajadores y trabajadoras cotizantes del Fondo Nacional de Salud, de acuerdo con lo prescrito en el D.S. N° 3, de 1984, del Ministerio de Salud, que contiene el Reglamento de Autorización de Licencias Médicas. Al respecto informa que recabados de la COMPIN reclamada los antecedentes médicos del caso de la recurrente, y previo estudio de los mismos por parte del Departamento Contencioso de la Superintendencia de Seguridad Social, mediante Resolución Exenta N° R-01-UME-42603-2020, de 13 de mayo del año 2020, resolvió confirmar el rechazo de las licencias médicas N° RUT reservado y Nº RUT reservado, por cuanto los antecedentes aportados no permiten establecer la existencia de incapacidad laboral temporal más allá del período de reposo ya autorizado, indicando que respecto de las licencias médicas N° 53842045, Nº 54172975, Nº 56428019, Nº 57168106 y Nº 57439703, la Superintendencia de Seguridad Social no emitió pronunciamiento porque dichas licencias figuran como autorizadas. Se indica que la Superintendencia de Seguridad Social, previa revisión de los antecedentes médicos del caso y previo estudio de los mismos por parte de sus profesionales médicos, mediante Resolución Exenta Nº R-01-DASU-115895-2020, de 11 de noviembre de 2020, confirmó lo obrado por la COMPIN de la Región del Bío – Bío, en cuanto al rechazo de las licencias médicas reclamadas, por cuanto como se indica en la resolución de que se trata: “…esta Superintendencia cumple con manifestar que, entre los antecedentes tenidos a la vista, la parte recurrente no acompañó ninguno que amerite efectuar un nuevo estudio de lo resuelto por este Servicio.

Que, por otra parte, cabe hacer presente a la parte recurrente que para que se pueda efectuar una nueva revisión de la situación reclamada es indispensable que acompañe a su solicitud nuevos antecedentes que tengan el carácter de fundantes.

Que lo señalado en el considerando anterior es concordante además con el hecho de que los antecedentes acompañados en procesos anteriores ya han sido ponderados por nuestros especialistas, por ende, aunque los acompañe nuevamente en una nueva solicitud de reconsideración estos no serán considerados para dicho efecto, puesto que, como se señaló, ya fueron examinados, es decir, con ellos no resultará posible que se desvirtúe lo dictaminado previamente por este Organismo Fiscalizador. …”. Considera el letrado que, de acuerdo con lo expuesto, no existe actuación ilegal o arbitraria de parte de su defendida al confirmar por la Resolución impugnada el rechazo de las licencias médicas dispuestos por la COMPIN de la Región del Bío – Bío, Subcomisión Ñuble y finalmente por la Superintendencia de Seguridad Social, haciendo presente que conforme a ello jamás nació a la vida jurídica la prestación pecuniaria (subsidio por incapacidad laboral) que en definitiva solicita la recurrente, como tampoco ningún otro derecho respecto del cual proceda la cautela constitucional de la acción de protección.

Posteriormente el letrado se refiere acerca de la licencia médica, procedimiento al que se somete la autorización de licencias médicas y facultades de la Superintendencia de Seguridad Social en dicha materia, para sostener que la actuación de su representada se ajusta rigurosamente a las normas constitucionales y legales que establecen sus atribuciones y facultades fiscalizadoras, de tal forma que está exenta de cualquier vicio de ilegalidad o arbitrariedad, haciendo presente que la recurrente hizo uso de todas las instancias que contempla la normativa a la que se ajusta la autorización, modificación o rechazo de licencias médicas, incluyendo la revisión de la COMPIN y de la Superintendencia, como institución de fiscalización de tales instituciones de previsión, y se concluyó que no era medicamente procedente la autorización de las licencias médicas cuestionadas, por tratarse de una enfermedad que es irrecuperable, crónica y que causa incapacidad laboral permanente, pero no invalidante, de acuerdo con los antecedentes médicos del caso. Estima que existe una total ausencia de derechos vulnerados, planteando que la pretensión de la recurrente en orden a que se le autoricen las licencias médicas y se le pague el subsidio por incapacidad laboral fuera de no tener fundamento alguno, ciertamente, desborda los límites de aplicación de la acción de protección, la que fue pensada por el constituyente como una herramienta de protección de derechos indubitados, preexistentes, tal como se colige claramente de la expresión utilizada por el mismo, al disponer en el artículo 20 que ésta es procedente cuando una persona, por un acto ilegal o arbitrario “…sufra privación, perturbación o amenaza en el legítimo ejercicio de los derechos y garantías establecidos en el artículo 19…”. Estima que en el presente caso la recurrente no es titular del derecho a licencia médica y del consecuente subsidio por incapacidad laboral, por cuanto no se han cumplido los requisitos legales para que éste nazca a la vida del derecho y produzca sus efectos, de tal forma que no reúne la condición de un derecho preexistente, indubitado, cuyo ejercicio resulte legítimo, indicando que tras las sucesivas revisiones de la COMPIN y de su representada se llegó a la conclusión que no era procedente autorizar las licencias médicas que se le extendieron a la recurrente, por las razones ya expuestas. Plantea que con respecto a la supuesta vulneración del derecho a la integridad física o psíquica o el derecho a la protección a la salud, su defendida simplemente se ha limitado a ejercer las facultades que la ley le ha conferido en orden a ejercer el control técnico de la Comisión de Medicina Preventiva e Invalidez, en tanto institución de previsión social respecto de un particular derecho como es la licencia médica y el subsidio por incapacidad laboral, señalando que su defendida, de modo alguno, ha causado las supuestas afecciones psiquiátricas que padece el recurrente, ni le ha impedido que consulte a su médico tratante, siendo un hecho que la recurrente siempre ha tenido la posibilidad de consultar a su médico tratante y que no ha impedido ni podría hacerlo el acceso a los tratamientos y demás prestaciones médicas que contemple su sistema común de salud, en su caso la cobertura que contempla su sistema de salud común (FONASA), autorizándosele el reposo prescrito por las licencias médicas en cuanto ello resultó procedente de acuerdo con los antecedentes médicos del caso. En cuanto a las garantías de igualdad ante la ley y el debido proceso (en este caso administrativo), hace presente que en la actuación de la Superintendencia de Seguridad Social no ha existido vulneración de tales garantías, toda vez que no ha existido discriminación arbitraria al resolver el caso, pues lo decidido tiene como fundamento y está en armonía con los particulares antecedentes médicos. Asimismo, en cuanto al debido proceso, las normas de un racional y justo procedimiento, en este caso administrativo, la recurrente ejerció o por lo menos tuvo la posibilidad de ejercer los recursos de reconsideración y jerárquico administrativo que se contemplan en el procedimiento para la autorización de licencias médicas, tanto ante la propia COMPIN como ante la Superintendencia de Seguridad Social. Finalmente, en cuanto a la supuesta vulneración de su derecho de propiedad, en este caso, relacionado con el potencial derecho a recibir el subsidio por incapacidad laboral, el recurrente entiende, por cierto equivocadamente, que la actuación de la Superintendencia vulneraría su supuesto derecho a percibir el subsidio por incapacidad laboral derivado del derecho denominado “Licencia Médica”, el que operaría en reemplazo de su remuneración, lo que implicaría – en opinión de la recurrente - afectar un eventual o hipotético derecho de propiedad, el que sostiene no existe, desde que el otorgamiento de una licencia médica por parte de un facultativo de la salud no implica el nacimiento de ningún derecho de propiedad en relación con el eventual subsidio por incapacidad laboral o remuneración según sea el caso.

Termina solicitando que en mérito de lo expuesto y lo dispuesto en los artículos 19 número 18 y 20 de la Constitución Política de la República, el Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre Tramitación del Recurso de Protección de las Garantías Constitucionales; lo preceptuado en la Ley 16.395, Orgánica y de Funciones de la Superintendencia de Seguridad Social; el D.F.L. N° 1, de 2005, del Ministerio de Salud, lo dispuesto en el D.S. N° 3, de 1984, del Ministerio de Salud y demás disposiciones pertinentes, solicita, en subsidio de la alegación principal y para el improbable evento que alguna de ellas no sea acogida, tener por evacuado el informe solicitado respecto de la acción de protección interpuesta por nombre reservado y se desestime en todas sus partes, con costas.

4°.- Que por la recurrida, Caja de Compensación de Asignación Familiar de Los Andes, informa el abogado Sergio Abarca Vargas, solicitando su total rechazo.

Indica que de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 19 número 2 de la Ley 18.833, las Cajas de Compensación de Asignación Familiar se encuentran facultadas para administrar el régimen de subsidios por incapacidad laboral, previa autorización del Ministerio del Trabajo y Previsión Social mediante Decreto Supremo, por lo tanto y conforme lo dispone el artículo 21 del DFL N°44/1978 del Ministerio del Trabajo y Previsión Social, las Cajas de Compensación deben calcular y pagar los subsidios de incapacidad laboral de origen común y los subsidios maternales suplementarios. Señala que para tales efectos, y en cumplimiento de lo establecido en la Circular N°2358 de la Superintendencia de Seguridad Social (SUSESO), que refunde y actualiza instrucciones a las C.C.A.F. sobre la administración del régimen de subsidios por incapacidad laboral, las Cajas deben velar por la observancia de la normativa vigente y cumplimiento de los requisitos establecidos para el para el correcto cálculo y pago de dichos subsidios. En cumplimiento de lo anterior, su representada recibió y dispuso los procedimientos administrativos habituales para la tramitación en la COMPIN Regional Ñuble de las licencias médicas N°2-53842045, 2-54172975, 2-56428019, 2-57168106, 2-57439703, 2-57623958, 2-57456632, 3-RUT reservado, RUT reservado, RUT reservado, cuyo período va desde el 6 de febrero del 2018 hasta el 21 de octubre de 2018. Precisa que las licencias 2-53842045, 2-54172975, 2-56428019, 2-57168106 y 2-57439703 fueron autorizadas por la referida COMPIN, por el periodo que va desde el 6 de febrero al 18 de junio de 18, por lo que su representada generó y realizó el pago de los subsidios de incapacidad correspondiente, mientras que las licencias 2-57623958, 2-57456632, 3-RUT reservado, RUT reservado, RUT reservado, por el periodo que va desde el 19 de junio al 21 de octubre de 2018 fueron rechazadas por la COMPIN, por lo que su representada no realizó pago alguno a su respecto. En consecuencia, el actuar de su representada no resulta ilegal ni arbitrario, sino que obedece al estricto apego a las normas legales y administrativas que regulan el pago de los subsidios de incapacidad laboral.

Termina solicitando que, en virtud de los fundamentos de hecho expresados y disposiciones legales citadas, se tenga por evacuado el informe solicitado y disponer el rechazo de la acción de protección incoada en favor de nombre reservado en contra de Caja de Compensación Asignación Familiar de Los Andes, por no existir acto ilegal o arbitrario cometido por ésta última en relación con los hechos expuestos.

A su presentación acompaña documentos.

5°.- Que, para analizar el asunto planteado por la presente vía, resulta conveniente consignar que el recurso de Protección de Garantías Constitucionales establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye jurídicamente una acción destinada a amparar el legítimo ejercicio de las garantías y derechos preexistentes que en esa misma disposición se enumeran, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben tomar ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que priva, amenace ese atributo.

6º.- Que, como se desprende de lo señalado precedentemente, es requisito indispensable de la acción de protección la existencia de un acto u omisión ilegal, esto es, contrario a la ley, o arbitrario, es decir, producto del mero capricho de quién incurre en él, y que provoque algunas de las situaciones o efectos que se han indicado, afectando a una o más de las garantías -preexistentes- protegidas, consideración que resulta básica para el examen y la decisión de cualquier recurso como el que se ha interpuesto.

7º.- Que, cabe reflexionar a la luz de lo recién expuesto, que esta acción de cautela de derechos constitucionales constituye una vía destinada a dar protección respecto de garantías cuya existencia se encuentre indubitada.

8º.- Que, previo a entrar a conocer del fondo del asunto, es deber de esta Corte revisar la regularidad formal del procedimiento, puesto que si se advierte anomalía en lo tocante a dicho aspecto carece de sentido el análisis de la materia de fondo que se pretende ventilar mediante la presente acción cautelar.

9º.- Que, al efecto, el número 1º del auto acordado de la Excelentísima Corte Suprema sobre tramitación del recurso de protección, establece que dicha acción se interpondrá ante la Corte de Apelaciones en cuya jurisdicción se hubiere cometido el acto o incurrido en la omisión arbitraria o ilegal que ocasionen privación, perturbación o amenaza en el legítimo ejercicio de las garantías constitucionales respectivas, o donde éstos hubieren producido sus efectos, a elección del recurrente, dentro del plazo fatal de 30 días corridos contados desde la ejecución del acto o la ocurrencia de la omisión o, según la naturaleza de éstos, desde que se haya tenido noticias o conocimiento cierto de los mismos, lo que se hará constar en autos.

10º.- Que, en la especie, y según se advierte de la Resolución Exenta Nº R-01-DASU-115895-2020, de 11 de noviembre de 2020, rubro “Considerando”, que se ha recurrido, e informes al recurso, mediante dicha Resolución no se acogió la Reconsideración presentada por la recurrente con fecha 27 de octubre de 2020 deducida respecto de la Resolución Exenta Nº R-01-UME-42603-2020, de fecha 13 de mayo de 2020, y mediante la cual se confirmó lo actuado por la Subcomisión Ñuble-COMPIN REGION DEL BIO BIO, que rechazó el pago de las licencias médicas Nºs. 53842045, 54172975, 56428019, 57168106, 57439703, RUT reservado, RUT reservado, extendidas por un total de 185 días, discontinuos entre sí, a contar del 6 de febrero de 2018, por reposo no justificado.

Que, en consecuencia, la negativa del pago de las referidas licencias médicas y que se reclama, quedó establecida mediante la Resolución citada del 13 de mayo de 2020, y cuya fecha de dictación ha sido del indudable conocimiento de la parte recurrente a lo menos con fecha 27 de octubre de 2020, oportunidad ésta en que presentó su Reconsideración indicada.

11º.- Que, de lo expuesto, lo señalado en el motivo 9º precedente, y atendido a que el presente recurso ha sido formalizado con fecha 7 de abril de 2021 para impugnar una Reconsideración denegada respecto a la Resolución anterior del 13 de mayo de 2020, que no acogió el pago de las licencias médicas, se ha generado mediante la interposición de este recurso un nuevo plazo para el cómputo de los 30 días que se establece para el ejercicio de la acción constitucional intentada lo que resulta artificial y contrario a lo establecido en el Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema Sobre Tramitación y Fallo del recurso, que prescribe para deducir el recurso un plazo de treinta días hábiles según se ha dejado consignado con anterioridad, plazo que tiene un carácter objetivo y que por ende no cabe dejar entregado al arbitrio de las partes.

De esta manera y al haber sido presentado este recurso en la fecha ya señalada y para impugnar la Resolución denegatoria de una materia resuelta con anterioridad, el 13 de mayo del 2020, se le ha formalizado sobradamente fuera del plazo de treinta días con que se contaba para tal efecto, circunstancia que torna el presente arbitrio inadmisible.

De igual manera, cabe dejar asentado, también, que en todo caso no se opone a la conclusión anterior la interposición del recurso de Reconsideración presentado respecto de la resolución del 13 de mayo de 2020, antes citada, pues el presente recurso es procedente sin perjuicio de los demás derechos que se puedan hacer valer ante la autoridad o los tribunales correspondientes, por lo que no tiene un carácter condicional ni accesorio, ni puede interrumpirse o suspenderse en caso alguno.

12º.- Que, de esta manera y en atención a lo razonado, resulta inoficioso pronunciarse sobre el fondo del asunto materia de la presente acción cautelar.

Por lo expuesto y de conformidad, además, con lo que dispone el artículo 20 de la Constitución Política la República y Auto Acordado de la Excelentísima Corte Suprema Sobre Tramitación y Fallo del Recurso de Protección, se rechaza, sin costas, el interpuesto por abogado Cristian Eduardo Parra Neira en favor de nombre reservado, en contra de la Caja de Compensación de Asignación Familiar Los Andes, la Superintendencia de Seguridad Social, y la Secretaria de Salud Pública Ñuble, por extemporáneo, y todo sin perjuicio de otros derechos que le asistan y pueda hacer valer ante la autoridad o los tribunales correspondientes.

Notifíquese.

En su oportunidad, dese cumplimiento al numeral 14 del Auto Acordado de la Excelentísima Corte Suprema Sobre Tramitación y Fallo del Recurso de Protección.

Redacción del abogado integrante Raúl Fuentes Sepúlveda.

Rol Nº 438-2021.- PROTECCION.-