nombre reservado con SUPERINTENDENCIA DE SEGURIDAD SOCIAL- COMISIÓN DE MEDICINA PREVENTIVA E INVALIDEZ

Chillán, nueve de julio de dos mil veinticinco.

Visto:

1°.- Que, comparece el abogado don Sebastián Caroca Colarte, en favor de doña nombre reservado interponiendo recurso de protección en contra de la Superintendencia de Seguridad Social, representada legalmente por doña nombre reservado, y Contra Comisión de Medicina Preventiva e Invalidez de la Región del Bio-Bio, Subcomisión de Bio-Bio, (Compin) representada legalmente por doña nombre reservado, por el acto arbitrario e ilegal que causa grave amenaza, privación y perturbación al legítimo ejercicio de sus derechos y garantías consagradas en el números 18 y 24 del artículo 19 de la Constitución Política de la República.

Expone que con fecha 5 de marzo de 2025, presentó reclamo ante la Superintendencia de Seguridad Social, solicitando se reconsidere el dictamen N° R-01- R-01-IBS-169741-2024 de fecha 29 de octubre de 2024 mediante el cual se confirmó́ lo resuelto por la COMPIN Región de Ñuble , en orden de mantener el rechazo de las licencias médicas N°s RUT reservado, RUT reservado, RUT reservado, RUT reservado, extendidas por un total de 83 días a contar del 27 de junio de 2023, por reposo no justificado. Agrega que con fecha 28 de de abril de 2022, la recurrente dio a luz a su primera hija quien fue diagnosticada con Alergia Alimentaria, lo que derivó en que solo pudiera ser alimentada con leche materna. Agrega que su permiso postnatal parental finalizó con fecha 23 de octubre de 2022, por lo que durante el año 2023 le extendieron licencias médicas por enfermedad grave de hijo menor de 1 año. Posteriormente, y en virtud de lo extenuante de los cuidados que debía procurar a su hija, por ser madre primeriza, se le extendió por parte de un profesional médico una licencia médica psiquiátrica a contar del día 15 de abril de 2023, donde se le diagnosticó “trastorno mixto de ansiedad y depresión” .

Explica que en virtud de los efectos de la enfermedad diagnostica a la hija de su representada solo podía alimentar a la menor en su hogar, lo que ocasionó que el estrés con el paso del tiempo solo fuera aumentando lo que conllevo a que comenzará a tener problemas con su pareja, lo que desencadeno la ruptura de dicha relación, esto solo vino a aumentar los problemas psicológicos que acarrea la recurrente la que tuvo que comenzar tratamiento farmacológico indicado por su médico y comenzar una terapia psicológica con la profesional nombre reservado. Agrega que pese a sus esfuerzos su condición de salud no mejoró por lo que, a partir de octubre de 2024, ingreso al Taller Grupal de Regulación de la Ansiedad, en el CESFAM Violeta Parra, el que continua hasta el día de hoy.

las licencias rechazadas fueron otorgadas por el médico pediatra don nombre reservado, en ocasión de la alergia a la proteína de la leche de vaca que sufre su hija menor de un año, por lo que el actuar de la recurrida infringe el artículo 199 del Código del Trabajo.

Explica que ha sido la misma SUSESO quien ha autorizado las licencias anteriores emitidas por el mismo diagnóstico, en ese sentido a su juicio tiene derecho a percibir el subsidio correspondiente, el que se encuentra ingresado a su patrimonio amparado en el derecho a propiedad que le asiste. Añade que esta situación ha provocado un deterioro en salud física como psíquica pues al no tener ingresos no puede costear el tratamiento de su hija.

Hace presente que la fiscalización que debe hacer la COMPIN, respecto de los casos puesto a su conocimiento y resolución debe ser exhaustivo, puesto que la falta de una adecuada supervisión puede derivar en arbitrariedades que pueden afectar al trabajador que, por ley ha cumplido con su parte de seguir las indicaciones médicas. Indica que el rechazo de las licencias de su representada ha impedido realizar un reposo medico adecuado producto de ser éste injustificado y sin respaldo alguno.

Afirma que la recurrente ha presentado toda la documentación médica solicitada por el ente administrativo en las oportunidades que se la ha solicitado, es importante señalar al respecto que el contenido de los informes que justifican las decisiones de los profesionales médicos recae exclusivamente en estos, sin existir por parte de la señora nombre reservado, ninguna injerencia. Añade que en el caso de su representada las instituciones fiscalizadoras en esta materia, no han actuado de forma oportuna y diligente al rechazar sus licencias médicas infringiendo la normativa que las rige, al no existir una fundamentación adecuada y violando el principio de legalidad.

Alega que lo anterior ha provocado que su empleador tenga retenido su finiquito desde el año 2023 hasta la fecha, lo que ha ocasionado un perjuicio económico agudizando los problemas psicológicos que padece. Señala que tomo conocimiento del acto administrativo con fecha 2 de mayo del presente, por lo que la interposición de esté recurso se encuentra dentro de plazo.

En cuanto al derecho señala como garantías constitucionales infringidas aquellas descritas en los numerales 18 y 24 del artículo 19 de la Constitución Política de la República, puesto que el rechazo de las licencias importa la privación a un derecho a retribución monetaria contemplada expresamente por la ley en los casos de imposibilidad de trabajar por enfermedad, lo cual no se condice con el fin esencial de una licencia médica, cual es ayudar al trabajador afectado por una incapacidad temporal a recuperar su salud y reintegrarse a su actividad laboral.

Refiere que, aunque los servicios recurridos tienen la facultad normativa para rechazar las licencias médicas, en la especie dicho rechazo adolece de falta de fundamentación, ya que no fueron solicitados otros antecedentes al beneficiario o de se dispusieron pericias, para verificar la procedencia médica del reposo, como lo establece el Artículo 21 del D.S. N° 3 de 1984. Agrega que las resoluciones pronunciadas por la comisión de medicina preventiva e invalidez, mediante las cuales se rechazaron las licencias médica, resultan arbitrarias, contrarias a derecho y absolutamente antojadizas, no solo porque dichas resoluciones carecen de las debida fundamentación y motivación como actos administrativos, sino que además, refleja un actuar absolutamente extemporáneo o tardío por parte de la institución recurrida y de la Unidad de Licencias médicas, los cuales disponen de un plazo de siete días hábiles desde la fecha en que el respectivo formulario se reciba en sus oficinas, para pronunciarse sobre las referidas presentaciones, en conformidad al artículo 24 y siguiente del reglamento de autorización de licencias médicas, situación que no ocurrió en este caso, dado que las licencias fueron rechazadas fuera de plazo, no permitiendo con ello que estas sean pagadas, lo cual está provocando un perjuicio económico a la parte recurrente.

Expone que Acto Administrativo debe bastarse así mismo, permitiendo de la sola lectura comprender racionalmente los argumentos fácticos, médicos y jurídicos, que se esgrimen para fundar la decisión del órgano perteneciente a la administración del Estado, lo que evidentemente no se cumple en las resoluciones administrativas recurridas, ya que no señalan razón ni fundamento al efecto.

Termina pidiendo se tenga por interpuesto recurso de protección en contra de los servicios recurridos ya individualizados, por haberse dictado la resolución exenta sin los fundamentos valederos, perturbando y amenazando el legítimo ejercicio de las garantías constitucionales contemplada en el N° 18 y N° 24 del artículo 19 de la Constitución Política de la República, y en definitiva acogerlo, ordenando se autorice las singularizadas licencias médicas, con costas.

2°.- Que, la abogada Romina Andrea Ugalde Rañileo, en representación de la recurrida, Superintendencia de Seguridad Social, alega en lo principal extemporaneidad de la acción de protección, fundada en que la acción interpuesta por la Sra. nombre reservado, se presentó fuera del plazo fatal de 30 días corridos previsto para hacer valer dicha acción constitucional.

Hace presente que la acción interpuesta fue presentada con fecha 29 de mayo pasado, no obstante, la recurrente ha realizado 3 presentaciones ante este órgano administrativo, respecto de las licencias rechazadas. La primera de ellas con fecha 6 de junio de 2023, reclamando por cuanto la COMPIN REGIÓN DE ÑUBLE, confirmó el rechazo de la licencia médica N° RUT reservado, extendida por un total de 30 días a contar del 16 de abril de 2023, por reposo no justificado, en virtud de lo anterior se concluye que el reposo no se encuentra justificado, lo que se expresa por RESOLUCIÓN EXENTA N° R-01-UNRA-77802-2023, de fecha 09 de junio de 2023. En una segunda oportunidad con fecha 13 de septiembre de 2024, la recurrente nuevamente recurre ante este ente administrativo con el objeto que se reconsidere la resolución exenta anterior de fecha 9 de junio de 2023, además la recurrente, presentó reclamo por cuanto la comisión médica COMPIN Región de Ñuble, confirmó el rechazo de las licencias médicas N° RUT reservado, RUT reservado RUT reservado, RUT reservado, extendidas por un total de 83 días, bajo la misma causal de rechazo antedicho, por RESOLUCIÓN EXENTA N° R-01-IBS-169741-2024, de fecha 29 de octubre de 2024, de lo anterior se infiere que la señora nombre reservado, a lo menos tuvo conocimiento del rechazo de las licencias que ahora reclama en esta acción constitucional, con fecha 29 de octubre de 2024, es decir, esta sería la fecha desde la cual se debe contar el plazo de 30 días señalado en el auto acordado de la Excma. Corte Suprema que regula la tramitación y fallo de la Acción de Protección.

Hace presente que se advierte del expediente administrativo que se tramitó en este servicio, que la Sra. nombre reservado aceptó recibir notificación vía correo electrónico, señalando para esos efectos la casilla correo reservado. Agrega que a juicio del servicio recurrido lo pretendido por la recurrente es utilizar esta acción constitucional como última instancia de reclamación para obtener la autorización de las licencias médicas rechazadas, mediante un procedimiento apegado estrictamente a lo previsto en nuestro ordenamiento jurídico. Señala además que el hecho de haber reclamado administrativamente ante la superintendencia no suspende los plazos en favor de la recurrente en lo que respecta a la interposición de esta acción.

Termina pidiendo en esta parte se rechace la acción de protección de autos, por haber sido ejercida de forma extemporánea, respecto de las licencias médicas indicadas, con costas.

En el primer otrosí, alega improcedencia de la Acción de Protección en Materias de Seguridad Social, señalando que la materia sobre la cual versa realmente esta acción dice relación con la garantía del numeral 18 del artículo 19 de nuestra Carta Magna, la cual no se encuentra amparada por la acción de protección. En ese orden de ideas las autorizaciones o rechazos de licencias médicas que se extienden de acuerdo con el artículo 149 del DFL. Nº 1, de 2005, del Ministerio de Salud y el Decreto Supremo Nº 3, del año 1984, del mismo Ministerio, que contiene el Reglamento sobre Autorización de Licencias Médicas, son materias exclusivas del ámbito de la seguridad social y por lo tanto se encuentran expresamente excluidas por el legislador de aquellas que están protegidas por la acción cautelar de autos.

Solicita en esta parte se declare la improcedencia de la acción de protección interpuesta por la recurrente, en atención a que el asunto debatido se encuentra relacionado con una garantía constitucional, que no se encuentra protegida por la acción interpuesta por la parte recurrente, con costas.

En lo que respecta al segundo otrosí, informa respecto al fondo de la acción constitucional intentada, realizando un extenso desarrollo respecto del marco legal regulatorio de las incapacidades laborales permanentes y transitorias. Estas últimas, son aquellas que suspenden transitoriamente la capacidad de ganancia del trabajador, donde existe el beneficio denominado LICENCIA MÉDICA, regulado en el citado D.F.L. Nº 1, del año 2005, y en el D.S. Nº 3, del año 1984, ambos del Ministerio de Salud, la que una vez autorizada por el Organismo competente, esto es, una COMPIN o INSTITUCIÓN DE SALUD PREVISIONAL (ISAPRE), puede dar derecho, de cumplirse los requisitos legales, al pago de subsidio por incapacidad laboral (regulado en el D.F.L. Nº 44, del año 1978, del Ministerio del Trabajo y Previsión Social), o al pago de la remuneración en el caso de los trabajadores afectos a estatutos especiales, entre ellos, los pertenecientes al sector público y municipal.

Alude que conforme a lo indicado en el artículo 1° del citado D.S N° 3 de 1980 del Ministerio de Salud, lo esencial para la autorización de las licencias médicas es la posibilidad real y cierta de que el trabajador recupere la capacidad de trabajo y quede en condiciones de reincorporarse a la vida laboral. Agrega que el derecho a licencia médica está contemplado en el artículo 149 del D.F.L. Nº 1, de 2005, del Ministerio de Salud cuerpo legal que, como ya se indicó, promulgó el texto refundido, coordinado y sistematizado de, entre otras, la Ley N° 18.469, que regula el Ejercicio del Derecho Constitucional a la Protección de la Salud y que crea un Régimen de Prestaciones de Salud al efecto. Por su parte, el artículo 1º del Decreto Supremo Nº 3, del año 1984, del Ministerio de Salud, que contempla el Reglamento sobre autorización de licencias médicas, en los siguientes términos: “ Para los efectos de este reglamento, se entiende por licencia médica el derecho que tiene el trabajador de ausentarse o reducir su jornada de trabajo, durante un determinado lapso de tiempo, en cumplimiento de una indicación profesional certificada por un médico cirujano, cirujano dentista o matrona, reconocida por su empleador en su caso, y autorizada por la Comisión de Medicina Preventiva e Invalidez –Compin- de la Secretaría Regional Ministerial de Salud –Seremi- o Institución de Salud Previsional según corresponda, durante cuya vigencia podrá gozar de subsidio especial con cargo a la entidad de previsión, institución o fondo especial respectivo…”

En lo que denomina justificación medico administrativa, señala que la recurrente con fecha 6 de junio de 2023, presentó ante dicho servicio un reclamo por cuanto la COMPIN REGIÓN DE ÑUBLE, confirmó el rechazo de la licencia médica N° RUT reservado, extendida por un total de 30 días a contar del 16 de abril de 2023, por reposo no justificado, en virtud de lo anterior se concluye que el reposo no se encuentra justificado, lo que se expresa por RESOLUCIÓN EXENTA N° R-01-UNRA-77802-2023, de fecha 09 de junio de 2023. Posteriormente, con fecha 13 de septiembre de 2024, la recurrente nuevamente recurre ante la SUSESO, ahora a fin que se reconsidere la resolución exenta anterior de fecha 9 de junio de 2023, además, en esa oportunidad presentó reclamo por cuanto la comisión médica COMPIN Región de Ñuble, confirmó el rechazo de las licencias médicas N° RUT reservado, RUT reservado RUT reservado, RUT reservado, extendidas por un total de 83 días, bajo la misma causal de rechazo antedicho, por RESOLUCIÓN EXENTA N° R-01-IBS-169741-2024, de fecha 29 de octubre de 2024, la SUSESO expresó que “Que, el reposo prescrito por la licencia médica N° RUT reservado, se encontraba justificado. Esta conclusión se basa en que los antecedentes evaluados, en especial el Historial de Licencias Médicas de su entidad previsional de salud, en el que consta la autorización de un período de reposo posterior, continuo y por igual diagnóstico, permiten establecer la presencia de incapacidad laboral, restableciéndose la continuidad del reposo por la misma patología ya autorizado. Sin embargo, respecto de las licencias médicas N°s RUT reservado, RUT reservado, RUT reservado, RUT reservado, no se encontraba justificado. Esta conclusión se basa en que el reposo ya autorizado de 72 días luego de licencia por enfermedad de hijo menor de un año, se considera suficiente para la resolución del cuadro clínico y el reintegro laboral, de acuerdo a los antecedentes médicos evaluados en la presente reclamación. Que el informe médico aportado no da cuenta de síntomas de suficiente gravedad para respaldar extender el reposo más allá de lo ahora autorizado. Que el tratamiento farmacológico es optimizable, y no se informa del número o frecuencia de sesiones de psicoterapia. Además, no se encuentra en su programa GES para tratamiento multidisciplinario”.

Finalmente, la señora nombre reservado, con fecha 5 de marzo de 2025, concurrió ante el servicio recurrido con el fin que se reconsiderara el dictamen N° R-01-IBS-169741-2024 de fecha 29 de octubre de 2024, a lo que por RESOLUCIÓN EXENTA N° R-01-S-55335-2025, de fecha 28 de abril de 2025, la Superintendencia de Seguridad Social resolvió “Que, el reposo prescrito por las licencias médicas N°s RUT reservado, RUT reservado, RUT reservado, RUT reservado, no se encontraba justificado. Esta conclusión se basa en que los antecedentes médicos y administrativos evaluados, no permiten establecer la existencia de incapacidad laboral más allá del reposo ya autorizado por la misma patología. Que, los antecedentes adjuntos no describen disfuncionalidad o ajuste progresivo y oportuno de farmacoterapia acorde a extensión de reposo”.

Luego cita y transcribe los informes de los profesionales doctora nombre reservado y doctor nombre reservado, concluyendo que los dictámenes administrativos impugnados por la recurrente se encuentran plenamente fundados, tanto en los antecedentes médicos del expediente como en la normativa legal y técnica aplicable. Además, dichos dictámenes resultan coherentes con lo resuelto por la Comisión de Medicina Preventiva e Invalidez (COMPIN) competente, en cuanto a la falta de justificación del reposo prescrito, el que se adoptó conforme a las directrices contenidas en el D.S. N°3, de 1984, del Ministerio de Salud, así como en las guías clínicas referenciales para patologías psiquiátricas, que orientan el juicio técnico respecto de la procedencia del reposo laboral.

Refiere que en la especie los antecedentes clínicos disponibles no acreditan incapacidad laboral transitoria, ni justifican la extensión del reposo más allá del período ya autorizado, razón por la cual esta Superintendencia resolvió rechazar la reconsideración, actuando conforme al principio de legalidad y al deber de resguardo del correcto uso del instrumento licencia médica. Expresa que, conforme al artículo 11 del D.S. N°3, de 1984, la procedencia del reposo laboral debe evaluarse con estricto criterio médico-técnico, el cual no puede basarse únicamente en la presencia de un diagnóstico codificado según CIE-10, sino en la relación directa entre el estado funcional del paciente y su capacidad para cumplir con su trabajo habitual.

En cuanto a las facultades de la Superintendencia de Seguridad Social en esta materia hace presente que la actuación de la misma, se ajusta rigurosamente a las normas constitucionales y legales que establecen sus atribuciones y facultades fiscalizadoras, como las previstas en el inciso cuarto del numeral 18 del artículo 19 de la Constitución Política de la República, los artículos 2° y letras d) y e) del artículo 38 de la le N° 16.395 modificado recientemente por la Ley Nº 20.691 de 2013 y artículos 3º y 27 del mismo cuerpo legal.

Hace presente, además, que de acuerdo a lo previsto en el artículo 27 de la Ley N° 16.395, a la Superintendencia de Seguridad Social, corresponde el control administrativo y técnico del Servicio Nacional de Salud, en lo que no se refiere a funciones derivadas del Código Sanitario. En este sentido las resoluciones de las Instituciones de Salud Previsional (ISAPRES), relativas a la autorización, rechazo o modificación de licencias médicas son apelables en el plazo de 15 días hábiles ante la Comisión de Medicina Preventiva e Invalidez (COMPIN), instituciones de previsión que en la actualidad dependen de las Secretarías Regionales Ministeriales de Salud (SEREMI). Además, estas instituciones deben resolver acerca de la autorización, rechazo o modificación de las licencias médicas extendidas a los trabajadores cotizantes del Fondo Nacional de Salud (FONASA).

En consecuencia, los pronunciamientos que en materia de licencias médicas emite la Superintendencia de Seguridad Social, se hacen en su calidad de autoridad técnica de control de las instituciones de previsión.

Refiere que en el caso de autos la recurrente, claramente no es titular del “derecho a licencia médica y del consecuente subsidio por incapacidad laboral”, por cuanto no se ha cumplido los requisitos legales para que éste nazca a la vida del derecho y produzca sus efectos, de tal forma que no reúne la condición de un derecho preexistente, indubitado, cuyo ejercicio resulte legítimo, por el contrario, tras las sucesivas revisiones y estudio de la COMPIN y de esta Superintendencia se llegó a la conclusión que no era procedente autorizar la licencia médica que se le extendió a la recurrente. Agrega que el dictamen impugnado catalogado de arbitrario por la recurrente, contiene los argumentos en base a los que emite su conclusión, los cuales están en armonía con los antecedentes que constan en el respectivo expediente administrativo, en cuyo mérito resolvió esta Superintendencia previo estudio de los antecedentes médicos del caso.

Alega que no existe acto ilegal o arbitrario de parte de la Superintendencia de Seguridad Social, pues como ya se indicó, ésta se limitó a resolver la situación de la recurrente dentro del ámbito de sus competencias, por lo que tampoco ha existido vulneración y ni siquiera amenaza del derecho a la integridad física y psíquica, ni se ha vulnerado el derecho de propiedad de la misma, reconocido a todas las personas en el numeral 24 del artículo 19 de nuestra Constitución Política, y en este caso respecto de un eventual derecho al subsidio por incapacidad laboral, como tampoco ningún otro derecho garantido por nuestra Carta Fundamental.

En cuanto a la supuesta vulneración del derecho a la Seguridad Social, garantizados a todas las personas en el numeral 1° del artículo 19 de la Constitución Política de la República, la recurrente menciona afectación a su salud física y psíquica, cabe preguntarse cómo podría el servicio recurrido podría haber atentado contra dichas garantías, por cuanto, en su actuar, la Superintendencia se ha limitado a ejercer las facultades que la propia ley le ha conferido.

Expone que no existe un derecho de propiedad sobre eventuales subsidios, pues como se indicó para ello es necesario, como punto de partida, contar con una licencia médica autorizada, cuestión que como ya se ha indicado no media en la especie. Por lo cual, como su representada “no ha Impedido que el recurrente ejerza un derecho de dominio sobre remuneraciones” para el cual no cumple el requisito, que es una licencia autorizada, no existe un legítimo ejercicio del derecho de propiedad que deba ser objeto de tutela constitucional, por cuanto no existen licencias médicas autorizadas, sino que, rechazadas sin generar, por lo tanto, el derecho que esgrime el recurrente de autos.

Manifiesta la abogada del servicio recurrido que la emisión de una licencia médica no puede significar que por sí misma, otorgue al trabajador un derecho a recibir una retribución monetaria con su sola emisión, la que entraría de inmediato a su patrimonio, desde que ella puede ser rechazada o modificada en su extensión, como se dijera, por el organismo competente para ello.

Termina pidiendo tener por evacuado el informe solicitado respecto de la acción de protección interpuesta por doña nombre reservado y con su mérito rechazarlo en todas sus partes, con costas.

3°.- Que, en representación del COMPIN Región de Ñuble, informa su presidente don nombre reservado, expresando que la recurrente presentó un periodo de reposo continuo desde el término de sus posnatal, es decir, desde el 13 de octubre del 2022 hasta el 17 de septiembre del 2023, lo que implica un total de 340 días. Agrega que del periodo señalado solo se rechazaron los últimos 83 días, es decir, desde el 27 de junio al 19 de septiembre del 2023, con motivo que no cumplía un rol terapéutico, sino más bien, un permiso para poder estar al cuidado de su hija.

Explica que el argumento del rechazo se funda en que la patología de su hija menor, conocida como “alegría a la proteína de la leche de vaca”, es una patología grave de hijo menor de un año, por lo que solo permite los padres estar el cuidado de sus hijos hasta cuando estos cumplan el año de vida y durante este periodo, que se extendió desde el 13 de octubre del 2022 hasta el 15 de abril del 2023, sus licencias fueron autorizadas. Por lo que una vez terminado este lapso no podría cursar con reposo por este tipo de diagnóstico, conforme a lo dispuesto en el artículo 199 bis del Código del Trabajo y los criterios establecidos por la Superintendencia de Seguridad Social (SUSESO).

Expresa que, posteriormente y de forma continua a los reposos por enfermedad grave de hijo menor de un año, la recurrida presentó licencias por salud mental, otorgadas por el Dr. Ramón Motoche, médico cirujano, quien prescribe 30 días de reposo por trastorno de ansiedad. Además, de forma posterior y continua, extiende el reposo dos veces más, por un periodo de 21 días cada uno, por lo que desde el 16 de abril hasta el hasta el 26 de junio del 2023, la referida se mantiene en reposo por enfermedad de salud mental Hace presente que el caso fue presentado el 8 de junio del 2023 a la comisión médica, quien, al leer el informe entregado por su tratante, consideran que el reposo no está cumpliendo un rol terapéutico y que, de acuerdo con lo relatado por el tratante, el problema de no tener quien cuide a la menor la mantiene en un estado de enfermedad, lo que se considera una situación social, no clínica. Así las cosas, en virtud de la información anteriormente entregada y estudiada, la Comisión decide de acuerdo con el artículo N°16 y N°21 del Decreto Supremo N°3 del Ministerio de Salud, que el reposo prescrito carece de justificación clínica o terapéutica, sumado que no se aporta antecedentes nuevos que acrediten el diagnóstico y que justifiquen tal nivel de prolongación del reposo y que de acuerdo con el artículo N°30 del mismo texto, el tiempo se considera excesivo y sin respaldo.

Finalmente, dicha comisión en relación con los antecedentes ya expuestos determina rechazar las licencias médicas individualizadas como la N°RUT reservado, N°RUT reservado, N°RUT reservado y N°RUT reservado, que se extienden desde el 27 de junio hasta el 17 de septiembre del 2023.

4º.- Que para analizar el asunto planteado por la presente vía, resulta conveniente consignar que el recurso de Protección de Garantías Constitucionales, establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye jurídicamente una acción, destinada a amparar el legítimo ejercicio de las garantías y derechos preexistentes que en esa misma disposición se enumeran, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben tomar ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que prive, perturbe o amenace ese atributo.

5º.- Que, como se desprende de lo señalado precedentemente, es requisito indispensable de la acción de protección, la existencia de un acto u omisión ilegal, esto es, contrario a la ley, o arbitrario, producto del mero capricho de quién incurre en él, y que provoque algunas de las situaciones o efectos que se han indicado, afectando a una o más de las garantías -preexistentes- protegidas, consideración ésta que resulta básica para el examen y la decisión de cualquier recurso como el que se ha interpuesto.

6º.- Que, cabe reflexionar, a la luz de lo recién expuesto, que esta acción de cautela de derechos constitucionales constituye una vía destinada a dar protección respecto de garantías cuya existencia se encuentre indubitada.

7°.- Que, en síntesis, la recurrente, Sra. nombre reservado, reclama en contra del acto arbitrario e ilegal que imputa a la Superintendencia de Seguridad Social, consistente en no haber hecho lugar a las reconsideraciones impetradas, respecto del pronunciamiento de COMPIN, rechazando 4 licencias médicas, por reposo injustificado.

8°.- Que, atendida la situación planteada por la recurrente, debe tenerse en consideración lo dispuesto por el artículo 16 del Decreto Supremo N° 3, que aprueba el Reglamento de Autorización de Licencias Médicas por las COMPIN e Instituciones de Salud Previsional, y que, en lo pertinente, preceptúa:

“La Compin, la Unidad de Licencias Médicas o la Isapre, en su caso, podrán rechazar o aprobar las licencias médicas; reducir o ampliar el período de reposo solicitado o cambiarlo de total a parcial y viceversa.

En todos estos casos se dejará constancia de la resolución o pronunciamiento respectivo, con los fundamentos tenidos a la vista para adoptar la medida, en el formulario digital o de papel de la respectiva licencia”.

Asimismo, la norma citada, en su artículo 21, indica que: “Para el mejor acierto de las autorizaciones, rechazos, reducción o ampliación de los períodos de reposo solicitados y otras modificaciones a las licencias, la Compin, la Unidad de Licencias Médicas o la ISAPRE correspondiente, podrán disponer de acuerdo con sus medios, alguna de las siguientes medidas:

a) Practicar o solicitar nuevos exámenes o interconsultas;

b) Disponer que se visite al trabajador en su domicilio o lugar de reposo indicado en el formulario de licencia, por el funcionario que se designe;

c) Solicitar al empleador el envío de informes o antecedentes complementarios de carácter administrativo, laboral o previsional del trabajador;

d) Solicitar al profesional que haya expedido la licencia médica que informe sobre los antecedentes clínicos complementarios que obren en su conocimiento, relativos a la salud del trabajador;

e) Disponer cualquier otra medida informativa que permita una mejor resolución de la licencia médica.”

9°.- Que, conforme a los antecedentes aportados, aparece que la recurrida funda el rechazo del pago de las licencias médicas objeto de este recurso, en tratarse de reposo no justificado. Así, se consigna en RESOLUCIÓN EXENTA N° R-01-S-55335-2025, de fecha 28 de abril de 2025 “Que, el reposo prescrito por las licencias médicas N°s RUT reservado, RUT reservado, RUT reservado, RUT reservado, no se encontraba justificado. Esta conclusión se basa en que los antecedentes médicos y administrativos evaluados, no permiten establecer la existencia de incapacidad laboral más allá del reposo ya autorizado por la misma patología. Que, los antecedentes adjuntos no describen disfuncionalidad o ajuste progresivo y oportuno de farmacoterapia acorde a extensión de reposo”.

10°.- Que, en el contexto señalado, y como reconoce la propia recurrida en su informe, habiendo considerado que no era necesario solicitar nuevos informes médicos, los profesionales de la Superintendencia de Seguridad Social evacuaron sus conclusiones con los antecedentes ya aportados, sin que se decretara y evacuara una nueva evaluación de la recurrente, con el objeto de verificar su estado actual de salud, procediendo al rechazo del pago del subsidio.

11°.- Que, conforme lo establece la normativa relacionada, en el contexto descrito, la recurrida puede recabar los antecedentes que habiliten adoptar una providencia fundada frente a los requerimientos de los usuarios del sistema, lo cual en el presente caso no ha realizado, sin que se hayan agregado otros antecedentes relevantes que lleven a estimar improcedente la orden de reposo, por cuanto no se han dispuesto nuevos exámenes o evaluaciones, actualizadas, para determinar la condición actual de salud de la recurrente, lo que torna arbitraria la actuación de la recurrida, vulnerando la garantía de igualdad ante la ley, debiendo adoptarse, en consecuencia, las medidas necesarias para el restablecimiento del derecho.

12°.- Que, en consecuencia, la conducta del organismo recurrido no se ajustó a la reglamentación que rige la materia sometida al conocimiento de esta Corte, por cuanto su decisión no aparece suficientemente fundada, al no haber decretado nuevos exámenes o disponer una evaluación médica, con el propósito de esclarecer la condición actual de salud del recurrente, diligencias imprescindibles para dar mayor certeza al diagnóstico y no dejarlo sujeto a la mera discrecionalidad de la recurrida, con la posterior falta de pago de las licencias médicas.

Por estas consideraciones, y de conformidad, además, con lo previsto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, y Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre Tramitación del Recurso de Protección de Garantías constitucionales, se acoge, sin costas, el deducido por doña nombre reservado en contra de la Superintendencia de Seguridad Social y la COMPIN Región de Ñuble representada respectivamente por doña nombre reservado y nombre reservado, sólo en cuanto se ordena que dicho organismo que deberá disponer un nuevo informe médico, en los términos del artículo 21° del Decreto Supremo N°3 que aprueba el Reglamento de Autorización de Licencias Médicas por las COMPIN e Instituciones de Salud Previsional, acerca de la dolencia que da cuenta el recurso de la actora, a fin de determinar la procedencia de los días de reposo que disponen las licencias médicas materia de autos, debiendo, dicho informe, cumplir con los parámetros exigidos por la autoridad administrativa competente, y cumplido ello, se pronunciará nuevamente acerca de las licencias médicas denegadas, que han sido objeto del presente arbitrio constitucional.

Notifíquese.

En su oportunidad, dese cumplimiento al numeral 14 del Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre tramitación y fallo del Recurso de Protección, regístrese y, hecho, archívese.

Redacción a cargo del Fiscal Judicial don nombre reservado.

Rol N°437-2025.- PROTECCION.