nombre reservado con nombre reservado

Chillán, cinco de octubre de dos mil veinte.

Vistos:

1°.- Que, comparece nombre reservado, Subinspector de la Policía de Investigaciones de Chile, domiciliado para estos efectos en domicilio reservado, quien por sí interpone recurso de protección en contra de nombre reservado, domiciliada en domicilio reservado.

Refiere el recurrente que el pasado 3 de diciembre de 2019, tomó conocimiento que en los portales de redes sociales “Instagram”, bajo el perfil “paulinaastroza”, de dominio de la recurrida, y en el perfil público “justicia_social_nuble” espacio “historia destacadas”, la recurrida procedió a subir una historia auto biográfica falsa y tergiversada en los hechos al señalar: “Y yo también me cansé! Me secuestraron, literalmente me dejaron encerrada horas con mi hija! A cambio de entregar mi patrón del celular, me quitaron llaves, celulares, citófonos, computador, todo medio comunicación para pedir ayuda, me amenazaron, me putearon, me empujaron y adivinen…la culpa no era mía, lo denuncié y ahí anda muy campante, por favor niñas salgan a la primera, al primer indicio de cualquier violencia, por favor policías, tomen las denuncias con conciencia “porq” no estamos locas, tenemos miedo. (Papá, mamá, hermana, hermano del amigo, tranquilos que el nombre de su amado acosador, violentador, no está acá.) nombre reservado de Chillán y mamá de la hermosura Matilda :).

El recurrente plantea que además, se suma a la gravedad de los antecedentes mencionados, el hecho que sube imágen del perfil y fotografías suyas, constituyendo ello una acción arbitraria e ilegal la cual es conocida en la jerga virtual como “FUNA”, haciendo presente que la publicación aludida escapa el ámbito simplemente noticioso; dado que, en la historia, se emiten calificativos delictivos (como es el delito de secuestro), que naturalmente llevan a la sociedad a contaminar su opinión respecto a su persona, realizándose en la red social un verdadero juicio público por hechos inexistentes en su gran mayoría, exponiéndole al escarnio público por hechos inexistentes en su mayoría, sin poder tener la real posibilidad de defenderse de dichas injuriosas acusaciones, las cuales han afectado a su familia tanto de un punto de vista psicológico, como en su honra, recibiendo las más diversas amenazas de agresión en la red de parte de terceros que solidarizan con la triste y falsa historia de violencia y delitos que las recurridas relatan en la red social Instagram, generándose por la sociedad una reacción en masa adversa en su contra, procediendo a atacarlo tanto verbalmente como de obra en la vía pública, lo cual le ha afectado también en su calidad de funcionario público. El recurrente manifiesta que existen materias que son propias de una vida de pareja, al existir una hija en común, temas los cuales se encuentran en conocimiento de los Tribunales de Familia correspondientes, haciendo presente que en relación a los hechos que ella relata, se formalizó una denuncia ante el Ministerio Público de esta ciudad, la que se encuentra en una etapa desformalizada a la fecha.

En cuanto al derecho el recurrente manifiesta que, en el ámbito de la protección legal del derecho antes aludido, la Ley 19.628, sobre Protección de la Vida Privada, dispone, en su artículo 2 letra f), que son datos de carácter personal o datos personales: “los relativos a cualquier información concerniente a personas naturales, identificadas o identificables” y, en el literal g) del mismo precepto, que son datos sensibles: “aquellos datos personales que se refieren a las características físicas o morales de las personas o a hechos o circunstancias de su vida privada o intimidad, tales como los hábitos personales, el origen racial, las ideologías y opiniones políticas, las creencias o convicciones religiosas, los estados de salud físicos o psíquicos y la vida sexual”. Estima que el acto arbitrario de las recurridas, conculca las garantías constitucionales del artículo 19 numerales 1, 2, 3 y 4 de la Constitución Política, sosteniendo que la única forma legal de imputar, denunciar, formalizar o declarar una responsabilidad penal respecto de una persona, es a través de una sentencia condenatoria ejecutoriada, que ha de provenir de un debido proceso por un órgano público competente, y no mediante afirmaciones unilaterales que en forma intencionada se divulgan en una red social, sin que exista la posibilidad de defensa alguna de la persona afectada en tales comentarios, haciendo presente que se ha visto afectado en su psiquis, pues se ha tornado desanimado por la situación vivida tanto personalmente como sus padres y hermanos, temeroso de salir a la vía pública y ser ofendido y vilipendiado por mujeres que buscan justicia por mano propia, todo lo cual definitivamente, afecta su vida normal.

Termina solicitando que, en mérito de lo expuesto y dispuesto en los artículos 19 número 4, 20 y demás pertinentes de la Constitución Política, Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre tramitación y fallo del Recurso de Protección, se tenga por interpuesto recurso de protección en contra de nombre reservado, acogerlo a tramitación, declararlo admisible y, en definitiva, haciendo lugar al recurso, se restablezca el imperio del derecho, ordenando a la recurrida eliminar dentro de tercero día desde todo perfil de red social que administren o tengan acceso libre, la información, historia o noticia, fotografías que indiquen derechamente o aludan a la persona del recurrente y que digan relación con los hechos objeto del presente recurso, bajo apercibimiento del artículo 240 del Código de Procedimiento Civil y además, se abstengan de perseverar en su conducta ilegal y arbitraria, a objeto no vuelvan en el futuro a subir nuevamente la información objeto del presente recurso, todo con costas.

A su presentación acompaña documentos.

2°.- Que, informa la recurrida nombre reservado, profesora de educación física, domiciliada en domicilio reservado, Camino a Boyen, Chillán, quien refiere que si bien hace mención de calificativos delictivos tales como “me secuestraron, me amenazaron”, ello de debió a que efectivamente sufrió tales acciones, las que denunció en la Policía de Investigaciones de Chillán, existiendo un proceso investigativo en la Fiscalía Local de Chillán bajo el R.U.C.: 1901095288-6, la que se encuentra en proceso de investigación: Sin embargo, añade la recurrida, en la publicación que realizó en su cuenta personal, en ningún momento hizo alusión de la identidad del agresor, debido a que no quería realizar algún tipo de juicio social dado que con dicha persona tiene una hija en común y a su vez, no quería perjudicarlo en su trabajo debido a que él es Oficial de la Policía de Investigaciones, donde, entiende, que no se permiten ese tipo de conductas y podría haberse visto afectado. Con relación a la alusión de una tercera persona por parte del recurrente de nombre nombre reservado, quien en conocimiento de su ex relación con el padre de su hija, expresa que ésta, con anterioridad a la publicación, le contactó para darle su testimonio respecto al hoy recurrente, contándole situaciones que, según su conocimiento, se encasillan en violencia en el pololeo por parte del recurrente hacia ella, las que igual había sufrido la recurrida que informa, estimando que por eso la recurrida Castillo, al ver su publicación, reaccionó compartiéndola en su perfil personal, consignando el nombre del agresor, haciendo presente que tiene conocimiento que en otra página de instagram denominada "justicia_social_nuble" también realizó publicaciones del mismo tipo, sin embargo, desconoce todo tipo de antecedentes respecto al usuario de dicha página. La recurrida reitera lo ya expresado en cuanto a que, al momento de compartir las publicaciones en su cuenta personal de instagram, con la finalidad de no afectar al recurrente y sólo tener la libertad y la oportunidad de expresar lo que le sucedió y así liberarse del peso que es haber vivido una relación sentimental donde vivió violencia, ser escuchada y apoyada, se limitó a expresar uno de los eventos que sufrió, pues fueron varios los hechos o conductas de violencia que debió soportar precisando que si bien no le golpeaba, si controlaba la gente con quien hablaba, se juntaba, el tipo de fotografía que podía subir, lo que provocó que sus amigos comenzaran a alejarse de ella, su familia comenzó a rechazarlo, dado que se fueron dando cuenta de dichas situaciones, pero ella no podía salir de ahí, y no se explica la razón, haciendo presente que se tomó la precaución de no publicar el nombre de su pareja y hoy recurrente, toda vez que quería evitar algún tipo de juicio público y evitar afectar al recurrente quien es el padre de su hija, existiendo temor en su persona a las posibles reacciones del hoy recurrente.

Finalmente la recurrida señala que, según lo comprendido en el artículo 19 número 12 de la Carta Fundamental, si bien tiene libertad de emitir opinión y de informar sin censura previa, en cualquier forma y por cualquier medio, tiene claro que si en el ejercicio de esa libertad cometiere algún delito y abuso debería responder por eso, sin embargo, a su parecer, en el presente caso ello no se da, debido a que su publicación no contiene amenazas ni malos tratos y no menciono a persona alguna, haciendo presente que las publicaciones realizadas, las eliminó por decisión propia el 20 de diciembre del año pasado, cuando interpuso una demanda por pensión de alimento y relación directa y regular en la ciudad de Tomé, donde él recurrente tiene su domicilio y trabajo.

3º.- Que, para analizar el asunto planteado por la presente vía, resulta conveniente consignar, que el recurso de Protección de Garantías Constitucionales establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye, jurídicamente, una acción, destinada a amparar el legítimo ejercicio de las garantías y derechos preexistentes que en esa misma disposición se enumeran, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben tomar ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que priva, amenace ese atributo.

4º.- Que, como se desprende de lo señalado precedentemente, es requisito indispensable de la acción de protección, la existencia de un acto u omisión ilegal, esto es, contrario a la ley, o arbitrario, producto del mero capricho de quién incurre en él, y que provoque algunas de las situaciones o efectos que se han indicado, afectando a una o más de las garantías -preexistentes- protegidas, consideración que resulta básica para el examen y la decisión de cualquier recurso como el que se ha interpuesto.

5º.- Que, cabe reflexionar, a la luz de lo recién expuesto, que esta acción de cautela de derechos constitucionales constituye una vía destinada a dar protección respecto de garantías cuya existencia se encuentre indubitada.

6°.- Que, previamente, es dable señalar que el artículo 20 de la Constitución Política de la República no menciona “el derecho a la imagen” entre las garantías susceptibles de ampararse a través del recurso de protección, sin embargo, no puede ignorarse que el derecho a la imagen, constituye hoy un derecho fundamental de la persona que pertenece a los derechos de la personalidad, y como tal queda inserto dentro de los derechos que reconoce el artículo 19 de la Carta Fundamental en sus numerales 4° y 24°, por lo cual, el recurso de protección es plenamente aplicable al caso de autos.

En la especie, tratándose de un proceso especial de tutela urgente de derechos fundamentales consagrados en el artículo 20 de la Carta Fundamental, lo relevante para la resolución del asunto planteado no apunta a determinar la efectividad de la responsabilidad de la recurrida, pues tal hecho debe ser esclarecidos en las instancias judiciales pertinentes, sino decidir acerca de la afectación del derecho reclamado.

7°.- Que, con los antecedentes que han sido acompañados y del propio tenor del recurso, no es posible arribar a la conclusión que a la recurrida le cabe algún tipo de participación en la producción de las publicaciones respecto de las cuales se reclama en contra del recurrente, y con ello, adoptar a su respecto alguna medida para restablecer el imperio del derecho, puesto que de las impresiones tenidas a la vista, los insertos no aparece imputación alguna en cuanto al recurrente, lo que obviamente impide sostener una vulneración de garantías que provenga de alguna actuación de la recurrida, todo lo cual lleva a desestimar la acción intentada.

Por estas consideraciones y atendido, además, lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre tramitación y fallo del recurso de protección, se rechaza, sin costas, el interpuesto por nombre reservado, en contra de nombre reservado.

Notifíquese.

En su oportunidad, dese cumplimiento al numeral 14 del Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre tramitación y fallo del Recurso de Protección, regístrese y, hecho, archívese.

Redacción a cargo del Ministro titular Claudio Arias Córdova.

ROL N° 4287-2020-PROTECCIÓN