Protección contra CUERPO DE BOMBEROS DE QUllLÓN

Chillán, trece de febrero de dos mil veinte.

Visto:

1°.- Que comparece doña nombre reservado, Abogada, con domicilio en domicilio reservado, y deduce Recurso de protección en favor de nombre reservado, de profesión Ingeniero en Prevención de Riesgos, de su mismo domicilio, en contra del CUERPO DE BOMBEROS DE QUllLÓN, institución de servicio de utilidad pública, representada legalmente por don nombre reservado, de estado civil casado y de profesión Abogado, ambos domiciliados en domicilio reservado, de la comuna de Quillón, Región de Ñuble.

l.

RELACION CIRCUNSTANCIADA DE LOS HECHOS:

Que, con fecha 31 de enero del año 2003, la recurrente ingresó como voluntaria al Cuerpo de Bomberos de la ciudad y comuna de Bulnes, en donde se mantuvo activa durante 16 años. Con el transcurso del tiempo y cambios en su situación familiar y personal, se traslada por temas de residencia hasta la comuna de Quillón. Y debido a este cambio de domicilio el que hizo junto a su familia es que ella solicitó su incorporación a la Tercera Compañía en Cerro Negro con fecha 29 del mes de mayo del año 2017. Todo con la finalidad de llevar una mejor calidad de vida familiar, laboral y de prestar un buen servicio a la institución a la cual pertenece hace tantos años.

Que, con fecha diciembre de 2018, es electa como Teniente Segundo en la Tercera Compañía del cuerpo de Bomberos de Cerro Negro - Quillón, siendo la primera mujer en ostentar dicho cargo al interior de la compañía.

Que, con fecha 09 de junio de 2019, la recurrente hizo denuncia en contra del Teniente Primero nombre reservado, por reiterados malos tratos, hostigamiento, descalificaciones, humillaciones y discriminación de género dentro de la Institución, en su calidad de Teniente Primero de la compañía a la cual ambos pertenecen en Quillón. Situación que fue empeorando del momento en que realiza una denuncia en su contra por consumo de alcohol y posterior salida a cargo de una emergencia que la recurrente hizo uso del conducto regular para tales efectos. Decisión que le costó tomar por la sencilla razón de que las amenazas del Sr. nombre reservado -dichas amenazas que fueron efectuadas en presencia del Capitán de Compañía- y que por el solo hecho de exigir un castigo para un acto disciplinario como el cometido por el Teniente nombre reservado, que además, puso en un riesgo inminente a todos los que salieron a su cargo en esa emergencia.

Con fecha 20 de junio de 2019, se le notifica a la recurrente que los antecedentes serán derivados al Consejo Superior de Disciplina. Dicho Consejo, se ha constituido en varias oportunidades y ha entrevistado a varias personas que ni siquiera estuvieron presentes en esa celebración. Se han manipulado antecedentes vitales, pero hasta la fecha han transcurrido meses de esa notificación y no se le ha citado para entregar su versión, declaraciones de ser necesarias, como tampoco para dar respuesta alguna de lo sucedido en su calidad de víctima-denunciante, como tampoco para avizorar resultados de la investigación interna -la cual debiera de tener un procedimiento sumarial en cuanto a su "cumplimiento y resolución"- y que además consta como reglamentación interna del Cuerpo de Bomberos y en Protocolo de Acoso y Abusos de Bomberos de Chile.

Durante los meses de junio 2017 hasta 21 de enero 2018, la recurrente estuvo en situación de gravidez de una niña que nació prematura de 32 semanas de gestación y producto de una falla multiorgánica falleció al cuarto día de nacida.

Con fecha Mayo 2019, la recurrente fue internada por un cuadro de Crisis de Angustia derivada por estas situaciones que terminó por desencadenar un cuadro depresivo derivado de la pérdida de su hija y los tratos propinados y recibidos al interior de la Tercera Compañía del Cuerpo de Bomberos de Quillón por parte del Teniente Primero nombre reservado y del Director Sr. nombre reservado. Mal trato que se intensíficó después de realizada la denuncia. Actualmente, está en tratamiento por Depresión siendo atendida por un equipo de Salud Mental compuesto por un médico tratante, una psiquiatra, una sicóloga y una asistente social del Hospital Herminda Martin de Chillán, equipo que está en conocimiento de los hechos.

En enero 2019, se embaraza nuevamente. Sin embargo, se entera de su estado a partir del mes de marzo, justo en la fecha que el Sr. nombre reservado la amenazara y en donde le indicó que nadie creería en su denuncia, porque es su palabra contra de la de él y le exige su renuncia al Cargo que ocupaba en ese momento como Teniente Segundo "por enlodar su nombre y el de la Compañía".

Que, el día 18 de mayo de 2019 se realizó una Inspección de Seguridad en donde la recurrente cumplía funciones como encargada del Departamento de Estudios Técnicos del Cuerpo de Bomberos de Quillón en la propiedad del "Supermercado a Cuenta", ubicado en calle Cayumanqui W341 de la comuna de Quillón, frente al Cuartel de Bomberos. En esa oportunidad, apoyada por el nombre reservado Sr. nombre reservado. Mientras que en el cuartel se encontraba la bombera de la Segunda Compañía la Sra. nombre reservado.

En el transcurso de la Inspección, llega al cuartel el Sr. nombre reservado, cédula nacional de identidad número RUT reservado, quien le consulta a la Sra. nombre reservado por el nombre reservado y ella le dice de forma maliciosa, lo siguiente:

"Anda con la Evelyn terminando las patitas", a lo cual el Señor nombre reservado le indica que sea más clara ya que no entendía, ella volvió a decirle que: "Andan juntos terminándole las patitas al bebé", Cabe señalar que a la fecha se encontraba en el cuarto mes de embarazo. luego de eso, se iniciaron los rumores sobre la dudosa paternidad de su hijo nombre reservado Salvador, lo que hoy la tiene en un proceso de Reconocimiento de paternidad. Situación señalada que fue relato directo del Sr. nombre reservado a la recurrente.

El 07 de octubre 2019 nace su hijo, nombre reservado, quien a la fecha no ha sido reconocido por su padre, debido a comentarios que se generaron al interior de la institución donde se le involucra con otro bombero, por lo que el padre biológico quien es bombero en la misma compañía decide no hacerse cargo del bebé recién nacido. Debido a esto existe una demanda por filiación cuya primera audiencia será el día 30 de diciembre de 2019. A la fecha, se mantiene en control por el cuadro depresivo generado en su persona de forma maliciosa y desmedida.

Debido a la denuncia generada al interior de la institución, comenzó a sufrir de "Mobbing"por parte de algunos bomberos de la compañía, sumado a esto, el Director Sr. nombre reservado la declara como "persona no grata" indicándole con palabras hirientes que nadie la quería dentro de la Compañía a la cual pertenece y tenía que irse. Además, se le discrimina sin permitirle participar de actividades bomberiles que no implican esfuerzo físico por su estado de gravidez (capacitaciones, Día de la Tradición, reuniones, entre otros). Debido a esto, es que se le solicita al Honorable Directorio General del Cuerpo de Bomberos que interceda y se le permita la autorización para el cambio de compañía, ya que a fines de Junio de 2019, su pareja y padre de sus hijos pequeños la expulsara de la casa en común estando embarazada, por lo que se traslada desde el sector rural de Cerro Negro a vivir a la zona urbana de Quillón. Autorización que queda condicionada a la decisión del Consejo Superior de Disciplina. Durante todo el proceso de investigación esperó a que se le citaran como víctima a prestar su declaración de los hechos (como conducto regular y que se encuentran en la Reglamentación interna de Bomberos). Finalmente, no se cumplió y el día 03 de septiembre comenzó con problemas en el embarazo, por lo que tuvo que hacer reposo hasta el término de la gestación. Durante este tiempo se mantuvo alejada por tranquilidad y seguridad de su estado, sin siquiera acercarse preguntar por el proceso de investigación.

Las copias de todos los correos electrónicos fueron informados y reenviados al Presidente Regional Sr. nombre reservado, desde la fecha de la denuncia hasta la última intervención que hizo la recurrente de pedir ayuda dentro de su institución. Directivo que tiene pleno conocimiento de todos los hechos acontecidos.

Los problemas acontecidos y denunciados dentro de la entidad en cuestión, no solo mellaron en su desempeño como voluntaria y profesional, también en la integridad emocional y la delicada vida familiar de la recurrente. Al punto, de que su hijo nacido el día 07 de Octubre del año 2019, no ha sido reconocido por su padre biológica quien ha manifestado que la progenitora tuvo una relación paralela con otro bombero - comentarios que quedaron claros a través del testimonio entregado por el señor nombre reservado, lo que ya no es una sospecha, se tiene la certeza de que salieron de la misma institución a la cual pertenecen los involucrados y por comentario directo de la Señora nombre reservado cédula nacional de identidad RUT reservado y son dichos que sí se pueden comprobar-, situación que hoy los enfrenta en un procedimiento judicial de Reclamación de filiación no matrimonial, invocado por la recurrente ante el Juzgado de Familia de Chillán, que consta en causa ROL: C-1529-2019, caratulada "nombre reservado / nombre reservado".

Que es imperante dejar en claro de la forma en que la recurrida ha sido ignorada, amenazada, hostigada y discriminada en su trato diario, al punto de haber sido víctima de la sustracción de su equipo de bombero de forma arbitraria desde su propio domicilio, sin siquiera habérselo informado y/o solicitado contra firma por el capitán. lo que irrefutablemente fue una apropiación indebida por parte del Director el Sr. nombre reservado y que fue denunciada ante la Fiscalía Local de Bulnes. En el parte denuncia N° 694 del año 2019. A raíz de lo expuesto, se solicitaron varias audiencias con el Presidente Nacional de la entidad bomberil, las cuales recién se otorgaron para el día viernes 13 de diciembre 2019, Que los estatutos no se han respetado, en relación al comportamiento y/o facultades propias de Directorio y autoridades de la institución en comento, los principios rectores y orientadores establecidos en el Protocolo de Acoso y Abuso de Bomberos; como tampoco de la recurrente quien tiene la calidad de víctima en estos hechos.

No se ha otorgado por la institución el derecho a la defensa al no dar lectura a la carta certificada presentada a la Asamblea General de la Tercera Compañía con fecha 16 de marzo de 2019, donde la afectada informa sobre la denuncia y los hechos de discriminación y hostigamientos vividos, dicha carta está dirigida a los oficiales y bomberos de la Tercera Compañía. Se le niega el acceso a las Actas de Compañías, las cuales fueron solicitadas en correos electrónicos anteriores, vulnerándose derechos constitucionales. Comprobantes de correspondencia certificada de Correos de Chile, que se acompañarán a esta presentación.

Todos los eventos denunciados al Presidente en cuestión, acontecieron en el periodo en que la recurrente fue "Oficial de Compañía". Haciendo destacar que ha sido la primera Teniente mujer desde la formación de la Compañía, y que desde la elección de la asamblea, el Sr. nombre reservado ejerció hostigamiento hacia la persona de la recurrente. Que puede traducirse en un abuso de poder y Mobbing por parte de varios miembros de la compañía.

Lo que hoy se ha transformado en una situación intimidante, por el solo hecho de enfrentarse a la autoridad del Director que ha abusado de su poder, tratando a la víctima de "persona no grata"y que este sentimiento provocaría una expulsión de la Compañía. Actuando de una forma poco ética y discriminatoria de sobre manera. Todo esto, se traduce en una clara desigualdad teniendo en consideración que la recurrente lleva nueve meses informando de las anomalías de esta situación en su contra y de las cuales hasta el día de hoy no se le ha tomado el peso, como tampoco se han considerado las consecuencias que estas mismas generan, además, que no se ha tenido respuesta alguna hasta la fecha.

Que las acciones discriminatorias, los malos tratos y Mobbing denunciados quedaron en evidencia durante la Asamblea General convocada por el Superintendente con fecha 16 de Noviembre 2019, donde la víctima solicita la palabra para realizar una consulta al Actual Teniente Segundo de la Tercera Compañía de Bomberos de Quillón, quien antes de poder contestar, comienza a inferirle comentarios soeces e indignos. Sin siquiera sopesar el daño que cada una de sus palabras ejerce en el estado psíquico y emocional de la recurrente. Lo que consta en copias de correos electrónicos, capturas de pantalla, audios de WhatsApp que la recurrente guardó de sus superiores jerárquicos dentro de la compañía e institución bomberil a la cual pertenece, las cuales se acompañarán en la oportunidad procesal que corresponda.

Que, frente a la molestia de la recurrente al no ser informada de las actividades de la compañía que son propias de la finalización de cada año. Ella las consultó y la respuesta de la Compañía fue la expulsión de la misma, la cual no es procedente. Por la sencilla razón de que ella es bombera inscrita en el Registro Nacional como miembro de la Tercera Compañía del Cuerpo de Bomberos de Quillón, de las cuales se acompañan pruebas, y dicha Compañía está indicando como motivo que la recurrente está en calidad "de canje"por pertenecer al Cuerpo de Bomberos de Bulnes también. En consecuencia, que fue aceptado su ingreso, se le invistió como Honoraria el día 03 de febrero de 2018 en Reunión Ordinaria de Compañía, quedando en Acta dicho nombramiento, calidad que solo se adquiere si es bombero en dicha Compañía. Motivo por lo demás que se le niega a la recurrida el acceso a las Actas. Junto con lo anterior, la recurrida paga sus cuotas mensuales, ejerció su derecho a voto en su oportunidad y anteriormente. Fue Oficial de Compañía, lo que se contrapone completamente con el artículo por el cual fue expulsada.

Que, el Tribunal Electoral ordenó una nueva elección para los oficiales generales, luego de una denuncia por el proceso de votaciones del 2019, y no cumplieron con la orden, ya que decidieron formar el directorio de manera interina incluyendo a los tres directores y tres capitanes, de los cuales don nombre reservado es miembro. Y que por lo demás, sigue en cargo Directivo este año 2020.

Este directorio interino procede a ratificar su expulsión trasgrediendo los artículos mencionados y sin permitir el derecho a defenderme.

Lo anterior mantiene en la actualidad a la voluntaria en un estado de completo desconcierto respecto de la información escasamente proporcionada, toda vez que ésta no ha sido oportuna, tampoco clara, ni fidedigna acerca de la justificación o el motivo por el cual la Institución del Cuerpo de Bomberos de la comuna de Quillón, decide coartar su derecho de acceso a la información, asistencia a reuniones, opinión acerca de las desacreditaciones inferidas y además, alejándola de dicho organismo en el cual ella ha realizado un trabajo voluntario (el cual no es remunerado), y por un lapso de tiempo equivalente a 17 años, superando con creces los parámetros establecidos dentro de su gestión como profesional, caracterizándose por ser una voluntaria íntegra, leal, transparente y honesta, tanto con sus superiores, sus pares, como también con ella misma.

Resulta insuficiente para la recurrente que pueda vislumbrar si esta situación solo busca, acallarla sobre un hecho gravísimo acontecido, o para alejarla de la institución de forma definitiva. Lo que evidentemente se contrapone con el espíritu de una institución que desarrolla una actividad sin fines de lucro y de ayuda a la comunidad, pero que en la realidad vulnera el correcto funcionamiento y convivencia de sus voluntarios. Abusando de los relatos que se han evacuado de forma privada y sesgada por los Altos Directivos del Cuerpo en cuestión, en donde se ha impuesto a los testigos vmlembros de la misma compañía una versión falsa y mintiendo respecto del acto denunciado, sin embargo, hay testigos presenciales que pertenecen a bomberos del Cuerpo de Bomberos de Colina-Lampa y personal que trabaja en la Junta Nacional de Bomberos a los cuales solicito recurrir para efectos de investigación, la cual se debe desarrollar por un ente externo y no desarrollarse "convenientemente" al interior de la Compañía de Bomberos de Quillón que es la cuestionada:

Funcionarios Cuerpo de Bomberos de Colina involucrados en los hechos:

1. nombre reservado - Superintendente.

2. nombre reservado - Comandante y actual funcionario de la Junta Nacional de Bomberos de Chile.

3. nombre reservado. - Tercer Comandante.

4. nombre reservado. - Tesorero General. s. nombre reservado. - Directora Brigada ch.

6. Juan Guillermo Arriagada - Funcionario Junta Nacional de Bomberos.

y miembros que han sido llamados a declarar y a conversar sobre los hechos vertidos, infiriendo un desasosiego abismante de la recurrida, presión y hostigamiento psicológico, involucrando su estado emocional y de gestación. Lo cual se ve materializado, y afectando de forma consiente y voluntaria el normal desarrollo gestacional de su segundo hijo, nacido el 07 de Octubre 2019, por cuanto esta parte se apoya en la teoría de que la organización bomberil busca afanosamente desvincularla de sus filas, incurriendo en injurias, tratos vejatorios, hostigando y mancillando sus relatos y comportamiento, alcanzando a los extremos de destruir su honra y manipular sus emociones frente a la vulnerabilidad de género, estados de gravidez, como madre de familia y voluntaria. Viéndose involucrada su intimidad, hasta el punto de su vida privada, de pareja y familiar. Siendo acusada de una supuesta infidelidad de la cual el fruto sería su hijo menor llamado Alonso, de tan solo tres meses de vida. En donde se ha manipulado al padre biológico yex pareja de la recurrida -desconociendo la intencionalidad y finalidad de éstas acciones-, quien también es un voluntario del Cuerpo en comento, del cual por los motivos ya señalados se separaron y terminaron su convivencia, y hoy se desarrolla un Juicio por Filiación, que en ningún caso busca dañar al organismo victimizador, sino más bien, a quienes resulten responsables. Y solo busca que la ley reconozca un derecho adquírtdo y que la verdad, como así también la honra y dignidad de la recurrida quede determinada mediante una prueba pericial biológica y la consecuente sentencia definitiva. Y no se pormenoricen los hechos al interior de la institución, la discriminación y/o Mobbing de cuál ha sido víctima durante estos últimos 10 meses y que por consiguiente pueden ser comprobables por la recurrente mediante la documentación anteriormente señalada y testigo de uno de los hechos denunciados, Sr. nombre reservado, Teniente Primero de la Primera Compañía de Bomberos de Quillón, cédula nacional de identidad número RUT reservado, junto con esto a los asistentes a la Asamblea General del Cuerpo de Bomberos de Quillón realizada con fecha 16 de noviembre y cuya nómina de bomberos presentes que permanece en el Acta del Cuerpo de Bomberos de Quillón.

11. FUNDAMENTOS DE DERECHO:

1. Respecto a la Violencia de Género, como vulneración de los derechos fundamentales, se traduce en un tipo de violencia física o psicológica ejercida contra cualquier persona o grupo de personas sobre la base de su orientación o identidad sexual, sexo o género que impacta de manera negativa en su identidad y bienestar social, físico, psicológico o económico. Como consecuencias o repercusiones de ser una víctima de violencia física, psicológica y/o sexual es un factor de riesgo muy importante para la salud, pudiendo incrementar hasta en un 60% las enfermedades de carácter físico que llegan a sufrir. Las lesiones físicas, son la consecuencia más visible de la violencia de género/doméstica, pero no la única.

La violencia de género ha sido y sigue siendo una de las manifestaciones más claras de la desigualdad, subordinación y de las relaciones de poder de los hombres sobre las mujeres. Este tipo de violencia se basa y se ejerce por la diferencia subjetiva entre los sexos. En pocas palabras, las mujeres sufren violencia por el mero hecho de ser mujeres, y las mujeres de cualquier estrato social, nivel educativo, cultural o económico.

La violencia de género es aquella que se ejerce sobre las mujeres por parte de quienes estén o hayan estado ligados a ellas por relaciones de afectividad (parejas o ex parejas). El objetivo del agresor es producir daño y conseguir el control sobre la mujer, por lo que se produce de manera continuada en el tiempo y sistemáticamente en la forma, como parte de una misma estrategia.

La Declaración sobre la eliminación de la violencia contra la mujer AG ONU, 1993, señala que: "Todo acto de violencia basado en el género que tiene como resultado posible o real un daño físico, sexual o psicológico, incluidas las amenazas, la coerción o la privación arbitraria de la libertad, ya sea que ocurra en la vida pública o en la vida privada".

2. Garantías constitucionales trasgredidas aplicables al caso:

Art. 19 N°1:"El derecho o la vida yola integridad física y psíquica de la persona (... )".

Art. 19 N°2 "La igualdad ante la ley. En Chile no existen grupos privilegiados (...). Hombres y mujeres son iguales ante la ley".

19 N° 3:"La igual protección de la ley en el ejercicio de sus derecho Art. 19 N"4": "El respeto y protección a la vida privada y a la honra de la persona y su familia".

Art. 19 N°7°: "El derecho a la libertad personal yola seguridad individual Art. 19 N"9°: "El derecho a la protección de la salud. El Estado protege el libre e igualitario acceso a las acciones de promoción, protección y recuperación de la salud y de rehabilitación del individuo ( ... )".

Art. 19 N°lr: "La libertad de emitir opinión y la de informar ( ... )".

Art. 19 N°14°: "El derecho de presentar peticiones a la autoridad ( ... r.

» Art. 19 N° 26°:"La seguridad de los preceptos legales que por mandato de la Constitución regulen o complemente las garantías que esta establece o que las limiten en los casos en que ella lo autoriza, no podrá afectar los derechos en su esencia, ni imponer condiciones, tributos o requisitos que impidan su libre ejercicio", de la Constitución Política de la República de Chile.

Artículo 20 C.P.R.CH: Medidas arbitrarias e ilegales. Privación de Derechos y garantías constitucionales.

"El que por causa de actos u omisiones arbitrarias o ilegales sufra privación, perturbación o amenaza en el legítimo ejercicio de los derechos y garantías establecidas en el artículo 19, ( ... )".

4. MOBBING: El Mobbing O acoso laboral, es un tipo de violencia laboral que es ejercida por personas ya sea sobre hombres o mujeres en forma sistemática y por un tiempo prolongado con el objetico de provocar un daño deliberado, provocando en las victimas una serie de trastornos psicológicos.

5. Artículo 21 e.p.R.eH: Recurso de protección: Es una acción cautelar de emergencia establecida para asegurar el respeto y vigencia de derechos fundamentales, frente a posibles "privaciones, perturbaciones o amenazas". Sostendremos que el Recurso de Protección es un mecanismo cautelar ordinario, reglamentado en forma especial, nacido de las peculiares circunstancias y necesidades existentes al momento de su creación, señalándose como una de las novedades y aportes más importantes de la Constitución de 1980. En la actualidad, podrían adoptarse algunas medidas para que el objetivo que se le ha asignado se realice de mejor manera y en forma más acorde a la institucionalidad general.

6. Ley (Zamudio) 20.609: La ley antidiscriminación o ley Zamudio tiene por propósito, según se consagra en su artículo primero, "instaurar un mecanismo judicial que permita restablecer eficazmente el imperio del derecho toda vez que se cometa un acto de discriminación arbitraria".Esto se conecta directamente con el Art. 19 N°2 de la Constitución Política de la República de Chile, el que consagra el principio y derecho fundamental de igualdad ante la ley, el que en su inciso segundo dispone que "ni la ley ni autoridad alguna podrán establecer diferencias arbitrarias". Por ello, la ley antidiscriminación es constitucional, al castigar las discriminaciones arbitrarias y permitir las discriminaciones no arbitrarias y justificadas, y esta justificación debe ser sobre la base de otro derecho fundamental, como es en este caso el"encubrimiento", catalogado como una conducta habitualmente penada por la ley como un delito, que consiste en realizar actos u omitir la realización de actos con el fin de impedir o dificultar la acción del Estado para descubrir e investigar un delito o una serie de delitos cometidos, como así también, el cómo identificar a sus autores. Lo que comúnmente se conoce como obstrucción a la justicia. Y en este caso, es el encubrimiento de una situación gravísima que puso en un inminente estado de peligro a una serie de funcionarios en servicio activo.

De esta forma se concluye que la Institución no respetó la legislación vigente, por lo que cabe de calificarla al tenor del arto 20 de la Carta Fundamental, como arbitraria e ilegal, perturbado el legítimo ejercido del derecho de propiedad que asiste al recurrente respecto de la correcta rehabilitación de su alterado estado de salud el que está siendo tratado por el Hospital de Chillan, en el programa de Salud Mental, toda vez que dicha trasgresión se materializa en el constante hostigamiento inferido por sus superiores, lo que se ha determinado en forma unilateral e injustificada por los directivos, sin dar paso a las máximas autoridades, y que afecta en forma directa su estado psicológico, al obligársele a efectuar un alejamiento de sus actividades y emergentes situaciones de emergencia para las cuales está altamente capacitada y sin la debida justificación, un mayor desembolso monetario por tener que alejarse del hogar común que tenía junto a su pareja de hecho, y teniendo que incurrir en cambios de domicilio y fijando residencia junto a sus hijos en un domicilio distinto. Todo esto, sin perjuicio de atentar, en grado de amenazas, contra el ejercicio del derecho protección, y recuperación de la salud y de rehabilitación del individuo (Tratamiento psiquiátrico y psicológico) consagrado en el W 9 del Art. 19 de la Constitución Política de la República de Chile, en la medida que por la situación que genera puede desencadenar en alteraciones y/o trastornos invalidantes que podrían obligarle a la desvinculación de un organismo al cual pertenece de forma desinteresada y ferviente.

ABUSO DE PODER: Es la clara intención o conducta que busca aprovecharse de la autoridad que se tiene para extorsionar a otra persona o entidad con el fin de cumplir sus propios intereses. Este abuso es un acto de violación de confianza y el poder es generalmente asociado a la autoridad a pesar de que no es exclusivo. El poder es una ventaja que se tiene por encima de otra persona. Por ejemplo, el poder de la cercanía de un amigo o el poder de la complicidad de la pareja son poderes no autoritarios.

Las víctimas de abuso de poder en el trabajo pueden sufrir de mobbing. Que es una palabra en inglés que significa "asedio" aplicado en el ámbito laboral, lo cual se traduce en español como "acoso laboral". Y se define como una violencia premeditada y mantenida en el tiempo, que perjudica la salud física y/o mental de la víctima con el objetivo de que deje su puesto de trabajo. Generalmente son un grupo de acosadores. El abuso de poder en el trabajo también puede ser individual y especifico, como al de un jefe de departamento a un subalterno Pide en definitiva, se sirva tener por interpuesto el presente recurso de protección en favor de la recurrente y en contra del CUERPO DE BOMBEROS DE QUILLÓN, por la consecución de acciones ilegales y arbitrarias cometidas en contra de la persona de la recurrente, del nulo actuar de los directivos y altos mandos de la institución bomberil, del ineficiente ejercicio y ejecución de los protocolos internos del mismo, poniéndola con ello en la disyuntiva, de aceptar hechos incriminados hacia su persona, su dignidad y su honra, ejerciendo un estado de constante y permanente discriminación y hostigamiento por parte de miembros de la Institución, con la finalidad de conseguir la renuncia a su cargo, lo que significa admitir dolorosamente una fuerte discriminación de sus superiores y pares, y de quienes resultaron ser con el paso de los años sus mentores y guías. La han mantenido alejada de sus funciones por no contar con sus Uniformes y Elementos de protección Personal para cada emergencia y desinformada de los aconteceres en su calidad de Voluntaria Honoraria ya que hoy las citaciones a actividades se realizan mediante comunicación radial (la Institución no le ha entregado equipo de comunicación) y del grupo de WhatsApp, de este último fue eliminada por los oficiales que lo administran. Todo lo cual importa una privación; perturbación y amenaza a su legítimo ejercicio de las Garantías Constitucionales contempladas en el arto 19, N" 9, inciso final de la Constitución Política de la República de Chile; declararlo admisible y en definitiva acogerlo, dejando sin efecto las medidas arbitrariamente concebidas por el cuerpo directivo del Cuerpo de Bomberos de Quillón, y conservando los beneficios pactados, todo con expresa condenación en costas para esta instancia.

Acompaña documentos.

2°.- Que informando el recurso de protección el abogado Andrés Concha Maurelia, por el recurrido, Cuerpo De Bomberos De Quillón, refiere que la redacción del texto es ostensiblemente oscura y se hace por momentos difícil discernir el mérito de algunas de sus alegaciones, en especial respecto a cuáles son los hechos específicos en contra de los que se reclama y en relación con las medidas que solicita adoptar. Similar cosa ocurre al exponer cuáles son las garantías constitucionales afectadas.

Así, por un lado, el recurso contiene una extensa relación de hechos y circunstancias, muchas veces inconexos entre sí, la mayoría de los cuales se atribuyen a ciertas personas particulares, algunos otros específicamente a la Tercera Compañía del Cuerpo de Bomberos de Quillón, y sólo en último término a mi defendido, el Cuerpo de Bomberos de Quillón (razón por la que se alegará falta de legitimación pasiva en un capítulo posterior de este informe).

Por el otro, al fundarlo en el derecho, la recurrente invoca múltiples normas legales que resultan del todo impertinentes a los hechos del recurso. Sin ir más lejos, el petitorio del recurso denuncia privación del derecho consagrado en el artículo 19 N°9 inciso final de la Constitución Política de la República (esto es, el derecho de cada persona a “elegir el sistema de salud al que desee acogerse, sea éste estatal o privado”), y concluye solicitando que se adopten medidas en contra de mi defendido, “conservando los beneficios pactados”. Estas incongruencias se acusan en múltiples partes del texto, dando prueba de la poca sustancia de sus alegaciones.

Sin perjuicio de las alegaciones que se efectuarán más adelante sobre el fondo de los asuntos puestos en conocimiento del Tribunal, es menester destacar que el recurso efectúa un largo catálogo de acusaciones respecto de numerosas personas particulares; acusaciones que, en su gran mayoría, sólo se sustentan en los dichos de la propia recurrente y respecto de las cuales las personas mencionadas se encuentran imposibilitadas de oponer defensas y de rendir prueba de descargo, atendida la especial naturaleza de esta vía cautelar. Así, se acusa, entre otras cosas, “manipulación de antecedentes”, haber incurrido en mentiras al otorgar declaraciones testimoniales, la creación de rumores sobre infidelidades sentimentales, hostigamientos y amenazas que se habrían verificado únicamente de palabra, e incluso la sustracción de su uniforme de servicio desde su domicilio.

Es claro, entonces, que las alegaciones de la recurrente hacen referencia a múltiples y complejos hechos que, para una adecuada solución del asunto, requerirían de la rendición y el análisis de un gran número de probanzas; en especial, de prueba de testigos. De otra forma, emitir un pronunciamiento de fondo sobre tales acusaciones significaría dejar en indefensión a las personas en contra de quienes se enarbolan las acusaciones.

Así lo reconoce la propia recurrente, cuando en múltiples partes de su recurso ofrece rendir evidencia testimonial para acreditar los hechos que denuncia, indicando quienes serían las personas que podrían deponer por su parte (algunas de las cuales incluso pertenecen a cuerpos de bomberos de otras ciudades de Chile).

Este sólo hecho determina que el Recurso de Protección no sea la vía correcta para resolver las pretensiones de la actora, por cuanto se trata -como la jurisprudencia lo ha declarado en incontables veces- de un mecanismo judicial excepcional y breve, de carácter cautelar, sólo procedente cuando se está en presencia de la lesión o amenaza a un derecho indubitado del recurrente.

Más aún, como se desprende del mérito del propio recurso, algunos de los hechos relatados en él ya se encuentran en conocimiento de otros tribunales, a propósito de las acciones judiciales que la propia actora ha iniciado. Así ocurre con los hechos relativos a un presunto desconocimiento de la paternidad de su hijo -respecto del que la actora reconoce haber iniciado el respectivo juicio de reconocimiento de paternidad- y la sustracción de su uniforme de bombera desde su domicilio, hecho por el que interpuso una denuncia que se encuentra en poder del Ministerio Público.

II. EXTEMPORANEIDAD DEL RECURSO.

Del examen del recurso se desprende con total claridad que este ha sido interpuesto encontrándose largamente transcurrido el plazo de 30 días que concede el Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre tramitación del Recurso de Protección. En efecto, todos los hechos que se denuncian en el recurso corresponden a circunstancias ocurridas con antelación muy superior a 30 días de su interposición.

La recurrente denuncia, en primer término, que los problemas que acusa se habrían iniciado a propósito de una situación ocurrida en el mes de febrero de 2019, que denunció a la Tercera Compañía del Cuerpo de Bomberos a través de una carta en el mes de marzo de 2019. Luego, y como ella misma admite, la Tercera Compañía efectuó una investigación respecto de ese hecho en el mismo mes de marzo, rechazando la denuncia.

La recurrente continúa su recurso describiendo un hecho ocurrido en el mes de mayo de 2019, según el cual -en su concepto- una voluntaria de la 3ª Compañía habría contribuido a iniciar un “rumor” en su contra, que le habría ocasionado las dificultades personales que narra a continuación.

Posteriormente indica que las situaciones que le causan agravio fueron denunciadas al Cuerpo de Bomberos en el mes de junio de 2019, de donde consta claramente que todas ellas son de data anterior a esa fecha.

También refiere que la discriminación que alega sufrir se habría verificado, una vez más, al negársele tomar la palabra en una Asamblea de Compañía celebrada el día 19 de noviembre de 2019.

Sin perjuicio de que negamos desde ya la efectividad de todas esas alegaciones, es inconcuso concluir que los hechos denunciados y en los que consistirían los hostigamientos que la actora dice sufrir, son de data muy anterior a 30 días de la interposición del recurso, ingresado a tramitación el día 30 de diciembre de 2019.

A ello debe sumarse que respecto de muchas de las circunstancias que se alegan en el recurso, la recurrente no indica fecha de ocurrencia de las mismas (es lo que pasa, por ejemplo, con el primer hecho denunciado, sobre el que entrega algunos detalles sin indicar fecha de ocurrencia de los mismos). En cambio, el Recurso se limita a señalar las fechas en que la actora habría dirigido comunicaciones destinadas a denunciar a diversas instancias dentro de la institución bomberil, los mismos hechos que ahora denuncian en esta instancia jurisdiccional.

Sin embargo, y como lo señala la doctrina más acreditada, “tratándose de actos materiales –no jurídicos- e incluso realizados por particulares (aún si estos son contratistas del Estado), aparece racional concluir que el agravio se produce al momento de conocerlo el afectado, es decir, el instante inicial del cómputo ha de establecerse en aquel momento en que el afectado adquiere conocimiento del hecho, y tal hecho le significa un agravio (…)” (SOTO Kloss, Eduardo, “El Recurso de Protección”, Editorial Jurídica, pág. 257).

Así las cosas, el recurso tal como ha sido interpuesto, no puede prosperar, puesto que su interposición es manifiestamente extemporánea.

III. FALTA DE LEGITIMACIÓN PASIVA.

1. Por lo pronto, es innegable que la gran mayoría de las conductas que se denuncian en el texto del libelo corresponden a actos presuntamente ejecutados por personas particulares, en el contexto de relaciones interpersonales, sin injerencia ni intervención alguna del Cuerpo de Bomberos de Quillón, al que, por lo demás, no le consta la efectividad de ninguna de ellas.

Así ocurre, por ejemplo, con la acusación de que la voluntaria de la Tercera Compañía doña nombre reservado habría iniciado un malintencionado rumor en contra de la recurrente, que habría dañado su relación familiar con el que ella afirma ser el padre de su hijo. Desde luego, lo mismo cabe señalar del hecho que este último -don nombre reservado- haya decidido no reconocer la paternidad del menor (hecho que, además, se encuentra ya entregado al conocimiento de un tribunal); y también del hecho que el referido Sr. nombre reservado la habría expulsado de la casa que compartían en común.

Lo mismo cabe señalar de los supuestos malos tratos recibidos de parte del voluntario Sr. nombre reservado, luego de haber efectuado una denuncia en su contra por consumo de alcohol. Y similar cosa ocurre con la presunta sustracción de su uniforme bomberil desde su domicilio particular, evento sobre el que no entrega ningún antecedente adicional y que, sin embargo, inserta dentro del contexto del hostigamiento que dice sufrir.

Como se aprecia a simple vista, todos estos hechos corresponden a circunstancias de índole eminentemente personal, respecto de los cuales ninguna responsabilidad puede caber al Cuerpo de Bomberos de Quillón.

De la misma forma, otros hechos denunciados en el libelo corresponden a actos de la Tercera Compañía del Cuerpo de Bomberos de Quillón, y no al Cuerpo mismo. Si bien es cierto que es sólo este último el que detenta personalidad jurídica, no lo es menos que las Compañías de Bomberos tienen órganos propios, que actúan en ejercicio de las atribuciones y facultades que los respectivos reglamentos les otorgan.

En este orden de ideas, son las propias compañías las que tienen a su cargo en forma exclusiva el régimen disciplinario de sus voluntarios, tal como en el caso sub-lite lo establecen los artículos 72 a 79 del actual Reglamento del Cuerpo de Bomberos de Quillón (vigente desde julio de 2019); y como lo establecían antes los artículos 66 y siguientes del Reglamento que se encontraba vigente con anterioridad a esa fecha.

Igualmente, es facultad de cada compañía, a través de sus propios órganos, decidir la terminación del “canje de asistencia” de un voluntario perteneciente a otra compañía, como lo establece, para el caso de esta Compañía, el artículo 9 del Reglamento actualmente vigente. Así, resulta claro que no empecen a este “Cuerpo de Bomberos” las múltiples alegaciones que se efectúan en el recurso respecto de pretendidas deficiencias en la investigación del incidente ocurrido en el mes de febrero de 2019 (investigación que, como diremos, fue realizada por la susodicha Compañía en forma reglamentaria); respecto de que el Director de la referida Compañía habría calificado a la actora como “persona non grata” (cuestión cuya efectividad negamos); respecto de que la voluntaria recurrente sería sistemáticamente excluida por la Tercera Compañía de actividades bomberiles a las que se encuentra facultada para asistir (otro hecho cuya efectividad negamos, porque no nos consta); respecto al hecho que no se habría dado lectura a una carta suya en Asamblea de la Tercera Compañía de fecha 19 de marzo de 2019 (un hecho, por lo demás, falso, como consta del Acta que se acompaña en otrosí); respecto a que la Oficialidad de la Tercera Compañía le negaría el acceso a las Actas de Asamblea de la misma (otro hecho falso, como se probará documentalmente); respecto a que se le habrían dirigido comentarios soeces e indignos en una Asamblea de la Tercera Compañía; y en general respecto de las denuncias genéricas e inespecíficas relativas que habría sido ignorada, amenazada, hostigada y discriminada por diversas personas al interior de la Tercera Compañía.

Lo mismo cabe señalar respecto del hecho consistente en la “expulsión” (ya diremos más adelante que ella no es tal) de la que la actora habría sido objeto por parte de la Tercera Compañía. Lo que ha ocurrido en realidad es que dicha Compañía ha decidido poner término al canje de asistencia de la recurrente (quien, como ella misma expone, es originalmente voluntaria de otro Cuerpo de Bomberos, el de Bulnes), y ha tomado esa decisión en pleno ejercicio de las facultades que el Reglamento otorga a cada Compañía (y no al Cuerpo de Bomberos).

Lo que importa consignar ahora, sin embargo, es que ninguno de esos hechos es de resorte del Cuerpo de Bomberos de Quillón, único recurrido en estos autos, sino específicamente de la Tercera Compañía, a través de sus propios órganos.

Es claro, entonces, que ningún actuar ilegal o arbitrario puede atribuirse a mi defendido en relación con los hechos expuestos, visto que ellos -en el evento de ser efectivos, cuestión que volvemos a negar- no han sido ejecutados por este Cuerpo de Bomberos, a través de ninguno de sus órganos u oficiales.

IV. EN CUANTO A LOS HECHOS EXPUESTOS EN EL RECURSO.

Sin perjuicio de las defensas que hemos desarrollado en los capítulos precedentes, y para el caso en que US. ILTMA. las desestimare, procederemos a continuación a referirnos al mérito sustantivo de los hechos expuestos en el recurso de protección, y que se atribuyen a mi defendido.

Niegan categóricamente la efectividad de las denuncias efectuadas por la recurrente, relativas a actos de acoso, hostigamiento, amenaza y discriminación cometidos en su contra.

No es cierto que la actora haya sido objeto de apremios u hostigamientos por parte del Cuerpo de Bomberos de Quillón, ni de ninguno de sus estamentos. No ha existido “trato vejatorio” alguno por parte del Cuerpo de Bomberos -como hemos dicho, único recurrido de autos- ni tampoco de la Tercera Compañía, a través de ninguno de sus órganos.

Cree que la propia forma contradictoria en que se han efectuado las alegaciones de la actora a este respecto da cuenta de la temeridad y la poca seriedad de las mismas. Así, por vía de ejemplo, la recurrente denuncia en primer término que los malos tratos se iniciaron con ocasión de su denuncia de febrero pasado en contra del Sr. nombre reservado, para más adelante afirmar que los malos tratos eran de data incluso anterior (sin explicar cuál sería su causa, entonces), y sólo se habrían “intensificado” a propósito de esa denuncia. Negamos la efectividad de ambos hechos.

Así, no es efectivo que la Tercera Compañía de Bomberos de Quillón no haya efectuado una investigación respecto de la denuncia enderezada por la recurrente en contra del voluntario Sr. nombre reservado en febrero del año 2019; esta investigación se realizó en fecha próxima a la denuncia, en la forma establecida en el Reglamento, y así lo informó formalmente la citada Compañía a mi representado, en el mes de julio de 2019. Acompañamos documentos que dan cuenta de ello.

En relación con este punto, US. ILTMA. no debe perder de vista que lo que la recurrente realmente busca a través de este arbitrio es revertir el resultado de la investigación, atacando el mérito de las declaraciones testimoniales recabadas en ella, las que acusa de falsas, y denunciando diversos hechos que ella estima inadecuados durante su tramitación.

Lo cierto, sin embargo, es que la investigación fue realizada por quien estaba reglamentariamente llamado a hacerlo, y la decisión de absolver al denunciado se adoptó también de acuerdo con el Reglamento. No está demás agregar, en este punto, que tanto al anterior reglamento (Art. 67), como el que está actualmente en vigencia (Art. 74), disponen que el órgano disciplinario decidirá “como jurado”.

Por las mismas razones ya expuestas, niegan también en forma categórica que se hayan “manipulado antecedentes” en la investigación efectuada por la Tercera Compañía a propósito de la denuncia efectuada por la actora en marzo del año pasado. Como dijimos, dicha investigación se realizó por la Tercera Compañía conforme a reglamento, y sus conclusiones fueron dadas a conocer en forma personal a la actora. Así lo demuestran las cartas que acompaña a su recurso y las alegaciones vertidas en él.

Otras temerarias acusaciones vertidas en el libelo son igualmente falsas, como que se habría “impuesto a los testigos y miembros de la misma compañía una versión falsa y mintiendo respecto del acto denunciado…”. Nada hay de cierto en ello.

Niegan, porque no nos consta de modo alguno, que la recurrente haya sido objeto de amenazas por parte del Teniente de la Tercera Compañía, don nombre reservado, y que este último le haya exigido renunciar a su cargo de Teniente Segundo. Ya hemos efectuado largas disquisiciones sobre el problema de la prueba en esta sede. Nos remitimos a ellas una vez más. Por lo pronto, afirmamos que la actora renunció voluntariamente a su cargo y así lo comunicó a través de una carta a la Tercera Compañía (carta que acompañó a su recurso).

Aunque pudiera parecer innecesario hacerlo, negamos también en forma enérgica que el Cuerpo de Bomberos de Quillón haya tenido injerencia alguna en la creación de rumores sobre supuestas infidelidades sentimentales de la recurrente, con la intención de causarle menos crédito o ejercer algún tipo de presión sobre ella. Desde luego, nadie al interior del Cuerpo de Bomberos ha buscado “manipular al padre biológico” del hijo de la recurrente, con finalidades espurias.

Es falso, también, que no se haya dado lectura a la carta remitida por la actora a la Tercera Compañía en la Asamblea de 16 de marzo de 2019. Dicha lectura se efectuó, y ello fue consignado en el Acta, tal como se acredita con copia de la misma, que se acompaña.

Niega desde luego, las acusaciones relativas a un pretendido “abuso de poder” por parte de oficiales de la Tercera Compañía, las que no constan a este Cuerpo de Bomberos de forma alguna.

Refuta con seguridad que la Tercera Compañía de Bomberos haya negado ilegítimamente a la actora el acceso a las actas de sus asambleas. Lo demuestra así una comunicación electrónica remitida por la Compañía a la recurrente con fecha 31 de julio pasado, a través de la que se le manifiesta que se designó a dos voluntarios para atender a su requerimiento.

Por lo demás, es del caso informar a US. ILTMA. que los libros de actas están permanentemente a disposición de todos los voluntarios en el Cuartel de la Compañía, de lunes a viernes, desde las 11:00 y hasta las 19:00 horas; hecho que es conocido de la actora.

Por otro lado, si bien es cierto que la actora remitió una comunicación (electrónica) al Directorio General del Cuerpo de Bomberos de Quillón, con fecha 9 de junio de 2019, en la que denuncia diversos hechos, también lo es que dicha comunicación, en lo medular, vuelve a insistir en los reiterados reclamos de la recurrente respecto a su disconformidad con el resultado de la investigación realizada en contra del antes mencionado Sr. nombre reservado. Como se ha explicado ya, la decisión de las cuestiones disciplinarias corresponde reglamentariamente a las Compañías, razón por la que no resultaba procedente que el Directorio General del Cuerpo evacuara ninguna nueva decisión sobre el particular.

Niega, asimismo, que la actora haya sido objeto de una “expulsión” del Cuerpo de Bomberos. Tal como la propia actora lo reconoce, ella inició su participación bomberil en el Cuerpo de Bomberos de Bulnes, institución a la que no ha dejado de pertenecer.

Su llegada a la Tercera Compañía del Cuerpo de Bomberos de Quillón se materializó a través de lo que reglamentariamente se denomina un “canje de asistencia”, el que se encuentra regulado en el artículo 9 del Reglamento del Cuerpo de Bomberos de Quillón. Dicha norma señala, al efecto: “Las Compañías podrán, con la autorización del Directorio General, establecer canjes de asistencia con Compañías de otros Cuerpos de Bomberos de la República. Como también la admisión de otros bomberos de esta última, quedarán sometidos en los actos de servicio a la autoridad del Cuerpo de Bomberos de Quillón, en ningún caso podrán tener parte en las deliberaciones y votaciones de las Compañías. Las Compañías podrán dar término a estos, debiendo dar cuenta al Directorio General, sin perjuicio de la facultad de este último para retirar su autorización cuando lo estime conveniente” (El énfasis es añadido).

Es únicamente esta calidad de canje la que ha sido finalizada por la decisión adoptada por la Tercera Compañía, en ejercicio -cabe agregar- de las facultades que el Reglamento le confiere en forma expresa. Su única obligación al respecto era la de informar dicha decisión a este Cuerpo de Bomberos, lo que se hizo formalmente a través de una carta fechada el 26 de diciembre último.

En otras palabras, la recurrente no ha sido “expulsada” de la institución bomberil, ni se ha afectado su condición de voluntaria de bomberos. El único efecto del término de su calidad de “canje” es que la recurrente continúa siendo voluntaria del Cuerpo de Bomberos de Bulnes -el Cuerpo al que pertenecía originalmente- y, como tal, puede solicitar su reincorporación a las compañías que integran dicho cuerpo, o bien, requerir el canje con otra compañía de cualquier cuerpo de bomberos de la Región.

V. FINALMENTE, EN CUANTO AL DERECHO.

Es menester destacar, en primer término, que tanto el Cuerpo de Bomberos de Quillón, a quien represento, como -hasta donde a este parte le consta- la Tercera Compañía de Bomberos, han actuado con estricto apego a la normativa que les rige.

Así, la denuncia efectuada por la recurrente en marzo de 2019 fue tramitada en conformidad con las facultades que a la Compañía le otorgan los artículos 72 a 79 del Cuerpo de Bomberos de Quillón. Esta investigación concluyó con la decisión de que no había mérito para sancionar al funcionario denunciado por la recurrente, y este dictamen le fue comunicado oportunamente a la actora en forma presencial.

Luego, y en lo que respecta a la alegación de la recurrente de que el Consejo Superior de Disciplina del Cuerpo de Bomberos no habría atendido a su reclamo respecto del resultado de esa decisión, lo cierto es que el Reglamento ya citado dispone que la investigación y aplicación de sanciones disciplinarias a los voluntarios de una Compañía corresponden al Comité de Disciplina de la esa misma Compañía. Por tal razón, no correspondía al Consejo de Disciplina de este Cuerpo de Bomberos, “calificar” o validar la decisión adoptada por el Consejo Disciplinario de la Compañía.

Reitera, que la decisión de poner término al canje de asistencia de la recurrente; decisión que a todas luces se adoptó con apego a lo establecido por el artículo 9 del Reglamento del Cuerpo de Bomberos de Quillón.

EN CONCLUSIÓN, no existen los incumplimientos reglamentarios que se denuncian el recurso. NO EXISTE ILEGALIDAD NI ARBITRARIEDAD ALGUNA EN EL PROCEDER ni de la Tercera Compañía, ni del Cuerpo de Bomberos de Quillón.

4. A continuación, nos referiremos a los “fundamentos de derecho” que se enarbolan en el recurso:

a.

En lo que respecta a “violencia de género”, sin perjuicio de que ya hemos negado la efectividad de los hechos en que ella se fundaría, hacemos presente a US. ILTMA. que ella difícilmente podría ser fundamento del recurso, puesto que dice relación con la violencia que se ejerce sobre la mujer en el contexto de relaciones sexuales o afectivas, tal como lo reconoce el propio libelo. No acertamos a comprender cómo es que el Cuerpo de Bomberos de Quillón podría haber ejecutado actos que constituyan “violencia de género” sobre la recurrente.

Niega, por lo demás, cualquier sugerencia de que el Cuerpo de Bomberos ejerza violencia o presión sobre mujeres por el sólo hecho de ser tales. Baste tener presente que el Cuerpo de Bomberos de Quillón cuenta en la actualidad con al menos 10 voluntarias, ninguna de las cuales ha denunciado nunca ser víctima de actos de violencia de género por parte del Cuerpo de Bomberos.

Sostiene que no existe vulneración alguna a las garantías constitucionales que se denuncian vulneradas en el libelo.

Sobre las garantías de los numerales 1, 2 y 3 del artículo 19, nos remitimos a lo ya expuesto: no han existido actos ejecutados por el Cuerpo de Bomberos ni ninguno de sus órganos o estamentos que haya vulnerado la integridad física o psíquica de la recurrente, ni se ha ejecutado acto alguno que implique un trato discriminatorio o desigual hacia su persona. Desde luego, la recurrente no ha sido nunca discriminada por su condición de mujer, como ya lo hemos afirmado.

No ha existido acto alguno ejecutado por mi defendido que haya podido afectar la vida privada o la honra de la recurrente. Como se ha reiterado numerosas veces, las denuncias sobre presuntos rumores de infidelidades afectivas no guardan relación alguna con mi representado.

No avizora esta defensa cómo podría la conducta de mi representado afectar el derecho a la libertad persona y la seguridad individual de la actora.

Lo propio cabe señalar respecto de la garantía del numeral 9 inciso final, que resguarda el derecho a elegir el sistema de salud al que desee acogerse la actora (en esta parte, parece perder de vista la recurrente que el artículo 20 sólo contempla como garantía a cautelar por el recurso de protección el inciso final el numeral 9 del artículo 19).

Y de similar forma, no acertamos a comprender cómo podrían los hechos que se denuncian afectar la libertad de opinión de la recurrente, y su derecho de efectuar peticiones a la autoridad.

Niega que alguna de estas garantías haya sido conculcada a la recurrente.

Del todo impertinente nos parece la alusión al concepto de “mobbing”, también denominado “acoso laboral”, que constituye un concepto elaborado a la luz del Derecho del Trabajo, para retratar problemas que pueden verificarse en el contexto de una relación de tipo laboral, por las particulares características que reviste el vínculo trabajador-empleador.

Dada la naturaleza fundamentalmente diversa de la vinculación existente entre los voluntarios de un Cuerpo de Bomberos y este último, nos parece que esta materia no merece más comentarios.

Igualmente impertinente resulta la invocación de las normas de la Ley N° 20.609 (también denominada Ley Zamudio), las que regulan un procedimiento judicial especial, diverso del Recurso de Protección, como -sorprendentemente- la propia recurrente admite al aludir a dicho texto legal.

POR TODAS ESTAS RAZONES, pide el rechazo en todas sus partes.

3°.- Que, para analizar el asunto planteado por la presente vía, resulta conveniente consignar, que el recurso de Protección de Garantías Constitucionales establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye, jurídicamente, una acción, destinada a amparar el legítimo ejercicio de las garantías y derechos preexistentes que en esa misma disposición se enumeran, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben tomar ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que priva, o amenace ese atributo.

4°.- Que, como se desprende de lo señalado precedentemente, es requisito indispensable de la acción de protección, la existencia de un acto u omisión ilegal, esto es, contrario a la ley, o arbitrario, producto del mero capricho de quién incurre en él, y que provoque algunas de las situaciones o efectos que se han indicado, afectando a una o más de las garantías -preexistentes- protegidas, consideración que resulta básica para el examen y la decisión de cualquier recurso como el que se ha interpuesto.

5°.- Que, cabe reflexionar, a la luz de lo recién expuesto, que esta acción de cautela de derechos constitucionales constituye una vía destinada a dar protección respecto de garantías cuya existencia se encuentre indubitada.

6º.- Que sin perjuicio de tratarse de un recurso particularmente confuso, puede extraerse que por su intermedio, la recurrente reclama en contra de una serie de hechos que atribuye tanto a la recurrida, como a personas naturales, y que son los siguientes: que no se le tomó declaración por el Consejo Superior de Disiplina de la Tercera Compañía de Bomberos de Quillón, en el contexto de una denuncia que formuló en contra del Teniento primero, Sr. nombre reservado, que en razón de rumores que provienen de ciertos compañeros bomberos, su hijo no fue reconocido por su padre, también bombero, encontrándose actualmente en un juicio de filiación, que es discriminada y objeto de mobbing, que le sustrajeron su equipo bomberil, lo que denunció a la fiscalía, que se le niega acceso a las actas de la compañía, que no hay respuesta a sus denuncias, que no se leyó su carta en asamblea de marzo de 2019 y que fue expulsada de la Tercera Compañía ya referida, bajo el argumento de encontrarse en canje, pues, pertenece a la Compañía de Bomberos de Bulnes.

9º.- Que la recurrida, a su turno, invoca la extemporaneidad de la acción, desde que los hechos alegados habrían ocurrido en febrero, marzo, mayo, junio, y noviembre de 2019, y al haberse deducido el recurso el 30 de diciembre pasado, lo ha sido una vez ya transcurrido el plazo de 30 días de que dispone. A continuación alegó la falta de legitimación pasiva, por cuanto los reclamos de la recurrente son en contra de una serie de personas naturales por cuestiones personales y en contra de la Tercera Compañía de Bomberos de Quillon, entidad distinta de su parte. Finalmente, en cuanto al fondo, adujo la ambiguedad y gran confusión del recurso presentado. Niega los hechos. En cuanto a la denuncia contra el Teniente, dice que se investigó y se le absolvió, que si se puso a disposición de actora de las actas.

Finalmente refirió que la actora comenzó como voluntaria en Bulnes, luego pasó a la Compañia de Quillón por el canje del artículo 9, el que terminó el 26 de diciembre pasado, continuando su permanencia en el Cuerpo de Bomberos de bulnes.

10º.- Que no obstante la confusión y vaguedad de los hechos denunciados, habrá primeramente que avocarse a la extemporaneidad formulada. Y en dicho contexto, no obstante no existir, en general, un hecho concreto en contra del cual se reclame, indicando especificamente en que consiste la acción u omisión, ilegal o arbitraria, puede sostenerse, que todos los reproches respecto de los que se indicó fecha, son anteriores al 30 de noviembre pasado, de modo que a su respecto cabe acoger la alegación de extemporaneidad, a excepción de la supuesta expulsión que habría ocurrido el 26 de diciembre pasado y que se examinará separadmente.

11º.- Que en cuanto a la falta de legitimación pasiva, está será desechada, por cuanto de la lectura de lo establecido en el artículo 12 de los estatutos de la recurrida, puede advertirse que en definitiva los miembros de las distintas Compañías de Bomberos de Quillón, igualmente pertenecen al Cuerpo de Bomberos de la misma comuna, quien es la que tiene la personalidad jurídica como lo reconoce en su informe y además porque aquellas disquisiciones técnico procesales no son tan estrictas en esta acción de emergencia, una vez que se ha comprobado que ambas forman parte de la misma institución.

12º.- Que en cuanto a la supuesta destitución de la actora, cabe anotar que del mérito del acta acompañada por la recurrida de 13 de diciembre último, se advierte que la recurrente fue objeto del término de un canje regulado en el artículo 9 del Regalmento del Cuerpo de Bomberos de Quillón, lo que puede disponerse por simple decisión de esa institución, pero, según correo electrónico acompañado por la actora de 26 de diciembre de 2019, ello obedeció a la infracción de las letras E y F del artículo 8 de los Estatutos.

13°.- Que entonces, por una parte la recurrida dice que el término de la vinculación de la recurrente con la Tercera Compañía de Cerro negro-Quillón, se trata del simple ejercicio de una facultad, pero por la otra, del documento acompañado por la recurrente, que no se controvirtió, más bien se desprende la existencia de una sanción aplicada a ella y no un simple término del canje.

14°.- Que en caso de tratarse de una sanción, sin duda se requería previamente de un proceso racional y justo, lo que al menos significa una formulación de cargos, el derecho a defensa, la rendición de pruebas, una resolución fundada y la posibilidad de recurrir en contra de la resolución sancionatoria, de conformidad con lo establecido en el artículo 553 del Código Civil, etapas que no existieron en estos autos y que daría lugar a acoger el recurso por la ilegalidad anotada.

15°.- Que aún en el caso de tratarse del simple ejercicio de una facultad de dar término al referido canje, aquello no puede quedar supeditado al mero arbitrio de quien lo resuelve, debe existir una razón que justifique dicha decisión. Y en autos consta que se puso término al canje, sin invocar razones en el acta de 13 de diciembre, para recién en un correo electrónico posterior, aducir a un incumplimiento de ciertas obligaciones estatutarias. Tal extemporaneidad en los motivos, sin la representación previa a la recurrente a fin que pudiera controvertirlo, conforme a un procedimiento racional y justo, vuelve esa decisión en arbitraria, vulnerando la garantía de igualdad ante la ley prevista en el artículo 19 N° 2 de la Carta Fundamental, pues, coloca a la actora en una situación desventajosa en comparación abstracta a cualquier ciudadano que en su lugar tendría derecho a un racional procedimiento y a que existan razones para ponerle fin a su vínculo con la institución, razón por la que deberá acogerse el recurso según se dirá en lo resolutivo.

Por estas consideraciones y de conformidad, además, con lo previsto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre Tramitación del Recurso de Protección de Garantías Constitucionales, se acoge sin costas, el interpuesto por nombre reservado, Abogada, en favor de nombre reservado, en contra del CUERPO DE BOMBEROS DE QUlLLÓN, sólo en cuanto se deja sin efecto la decisión de término del canje o la nomenclatura que se le asigne, decidiéndose que ésta sigue perteneciendo a dicha compañía.

En su oportunidad, dese cumplimiento al numeral 14 del Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre tramitación y fallo del Recurso de Protección, Regístrese y, hecho, archívese.

Redacción de la Ministra interina Claudia Montero Cespedes.

Rol 4283-2019 PROTECCIÓN