nombre reservado con SUPERINTENDENDIA DE SEGURIDAD SOCIAL

Chillán, diez de junio de dos mil veintiséis VISTOS:

1°.- Comparece el abogado don Jaime Andrés Retamal Silva, en representación de doña nombre reservado, profesora de Estado en Educación General Básica, domiciliada en domicilio reservado, interponiendo recurso de protección en contra de la Superintendencia de Seguridad Social (SUSESO), representada legalmente por doña nombre reservado.

Sostiene la recurrente que el acto impugnado es la Resolución Exenta N°R-01-UME-46179-2026 de la Superintendencia de Seguridad Social emitida el 31 de marzo de 2026, mediante la cual confirmó el rechazo, previamente efectuado por la COMPIN de la Región de Ñuble, de las licencias médicas números RUT reservado y RUT reservado. El fundamento del rechazo de las referidas licencias, que suman un total de 60 días de reposo a contar del 26 de octubre de 2025, fue la causal de "reposo no justificado".

Señala que el origen de la patología que motiva el reposo se remonta a un evento de violencia escolar ocurrido el 28 de julio de 2025, en el marco de sus funciones docentes, quien enfrentó una agresión frustrada por parte de un alumno con Trastorno del Espectro Autista, la cual no se consumó únicamente por encontrarse la puerta del aula asegurada, impidiendo el ingreso del alumno agresor.

Agrega que el agresor fue alumno regular de la escuela donde ejerce labores la recurrente, hasta el mes de marzo de este año, lapso en el cual también agredió a otros integrantes de la comunidad educativa.

Relata que el incidente generó un grave compromiso en la integridad psíquica de la docente, quien presenció cómo el alumno agredía a asistentes de la educación fuera del salón. Tras el evento, concurrió a la Mutual de Seguridad de Chillán, pidiendo atención y contención psicológica, quienes desestimaron darle reposo laboral, minimizando la gravedad de lo sucedido y omitiendo investigaciones bajo la Ley Karin u otra norma como la Ley de Accidentes del Trabajo.

Manifiesta que, ante la persistencia de síntomas, la recurrente acudió a un médico psiquiatra particular, Dr. nombre reservado, quien le otorga reposo por 21 días, bajo el folio de licencia Nº21944781. Posteriormente, se integró al programa de salud mental del CESFAM Isabel Riquelme. En dicho centro de salud se emitieron diversas licencias médicas, de las cuales las cuatro primeras fueron aprobadas por la COMPIN Ñuble, a diferencia de las dos que motivan este recurso.

Indica la recurrente que, se encuentra bajo terapia psicológica y farmacológica en dicho CESFAM, con uso de Sertralina (antidepresivo) y Clotiazepam (ansiolítico); que padece crisis de pánico, pesadillas, bruxismo y ansiedad, síntomas que califica como secuelas traumáticas del incidente vivido.

Argumenta la actora que la SUSESO basó su rechazo en criterios cuantitativos y numéricos en lugar de clínicos, aludiendo a los 88 días de reposo ya autorizados previamente. Se impugna que la autoridad recurrida haya utilizado diagnósticos extemporáneos y diagnósticos anteriores ajenos a la patología actual para justificar la negativa del subsidio.

Expone que la SUSESO en el acto que se recurre dispuso que la “Evaluación de Mutual de Seguridad del 28 de julio de 2025 y especializada del 29 de noviembre de 2025 descartaron compromiso funcional relevante.”, sin embargo no se define el concepto ni considera el origen laboral de la licencia recurrida como tampoco pondera las características del empleo que realiza, que implica interactuar con alumnos, paradocentes, apoderados y directivos, entregar planificaciones, diseñar clases y enseñarlas y evaluar contenidos educativos.

Sostiene que el rechazo de las licencias genera una grave incertidumbre económica, ante la eventual obligación de restituir remuneraciones percibidas a la Municipalidad de Quillón.

En cuanto al derecho infringido, alega vulneración al derecho a la integridad física y psíquica, garantizada en el artículo 19 N°1 de la Constitución Política de la República, pues el rechazo del reposo impide una adecuada recuperación y agrava la sintomatología. Añade que dicho derecho se relaciona con lo señalado en el artículo 10 letra c) del DFL N°2 de 2009 del Ministerio de Educación, relativo al derecho de los profesionales de la educación a trabajar en un ambiente de respeto mutuo y a que se proteja su integridad moral y psicológica.

En segundo término, se estima vulnerado el derecho a la igualdad ante la ley consagrado en el numeral 2 del artículo 19 de la Carta Fundamental, al no brindarse la protección debida frente a actos de violencia escolar que dañaron su salud.

Finalmente, se alega una transgresión al derecho de propiedad contemplado en el artículo 19 N°24 de la Constitución Política de la República, toda vez que se le priva injustificadamente del subsidio por incapacidad laboral que integra su patrimonio.

Cita jurisprudencia de esta Corte en apoyo de su posición.

Indica que el recurso fue interpuesto dentro de plazo, ya que el acto que se reclama fue notificado el 21 de marzo de 2026 y que esta Corte es competente para conocer de la presente acción constitucional.

Concluye, solicitando acoger el presente recurso por tratarse de una actuación arbitraria e ilegal que afecta los derechos de la recurrente contemplados en los numerales 1, 2 y 24 del artículo 19 de la Carta Fundamental, se apruebe y ordene el pago de las licencias médicas números RUT reservado y RUT reservado extendidas a favor de la recurrente y se adopten toda otra medida tendiente a restablecer el imperio del derecho.

2°.- Que, a folio 6, informa la abogada Romina Ugalde Rañileo en representación de la recurrida, Superintendencia de Seguridad Social, debidamente representada, alegando, en primer término, la improcedencia de la acción de protección, argumentando que la materia pertenece al ámbito de la Seguridad Social, consagrado en el artículo 19 N°18, el cual no se encuentra amparado por el recurso de protección según el artículo 20 de la Constitución.

Señala que la acción de protección es un procedimiento de urgencia de carácter excepcional y, por lo mismo, sólo procede su aplicación en aquellos casos relativos a determinadas materias, en las que una persona hubiera sido víctima de un acto u omisión arbitrario o ilegal, que le cause una privación, perturbación o amenaza, en el legítimo ejercicio de los derechos y garantías taxativamente señalados en la Constitución Política de la República.

En subsidio, la SUSESO informa sobre el fondo del asunto, explicando que la licencia médica es un derecho temporal orientado a la recuperación de la capacidad de trabajo.

Refiere en primer lugar al marco jurídico-normativo que regula la materia, señalando que la incapacidad laboral puede ser permanente o transitoria, y que conforme al artículo 1° del D.S N°3 de 1980 del Ministerio de Salud, lo esencial para la autorización de las licencias médicas es la posibilidad real y cierta de que el trabajador recupere la capacidad de trabajo y quede en condiciones de reincorporarse a la vida laboral, sea que la incapacidad laboral temporal haya sido por un cuadro aislado, incluso que sea una patología crónica e irrecuperable.

Luego señala los organismos que deben realizar la evaluación y declaración de pensiones de invalidez en caso de incapacidad permanente. Posteriormente, se refiere al derecho a la licencia médica, su marco legal regulador y las facultades de la recurrida en la materia.

A continuación, indica las razones médico-administrativas del rechazo de las licencias médicas. Manifiesta que la recurrente concurrió con fecha 19 de febrero de 2026 a la Superintendencia, reclamando por cuanto la COMPIN Región de Ñuble, confirmó el rechazo de las licencias médicas N°s RUT reservado y RUT reservado, extendidas por un total de 60 días a contar del 26 de octubre de 2025, por reposo no justificado.

Al respecto mediante Resolución Exenta N°R-01-UME-46179-2026 de fecha 31 de marzo de 2026, la Superintendencia de Seguridad Social resolvió: “Que, esta Superintendencia estudió los antecedentes y con su mérito concluyó que el reposo prescrito por las licencias médicas N° RUT reservado, RUT reservado, no se encontraba justificado. Esta conclusión se basa en que los antecedentes médicos y administrativos evaluados, no permiten establecer la existencia de incapacidad laboral más allá de los 88 días de reposo ya autorizados por la misma patología, sumados a licencia médica por otros diagnósticos desde 5/3/2025. Que, no es posible establecer consistencia para respaldar el rol terapéutico de mayor extensión del reposo, considerando la intensidad de los síntomas y del tratamiento indicado para el cuadro descrito en los informes médicos presentados. Evaluación de Mutual de Seguridad del 28 de julio de 2025 y especializada del 29 de noviembre de 2025 descartaron compromiso funcional relevante.”.

Agrega que estudió mediante sus médicos los antecedentes del caso de la Sra. nombre reservado, quienes, conforme a informe de 31 de marzo de 2026, señalan que el diagnóstico se debe a una reacción por estrés agudo y trastorno de adaptación. Estima posible el retorno laboral en el corto plazo con seguimiento en programa de salud mental.

Manifiesta que con fecha 29 de noviembre de 2025 se realizó un peritaje dando como resultado una funcionalidad basal conservada; sintomatología ansiosa reactiva contexto escolar; sin psicosis ni ideación suicida; evitación marcada al reintegro en el mismo establecimiento. Reposo prolongado, no justificado terapéuticamente, dosis bajas de fármacos, sin cambios farmacológicos que faciliten el reintegro, falta de controles psicológicos. En condiciones de reintegro.

El Informe de seguimiento psicológico de 23 de febrero de 2026, da cuenta que ingresó al programa de salud mental en agosto de 2025 por trastorno mixto ansioso depresivo secundario a evento agudo de estrés en contexto laboral. Asiste regularmente a los controles, buena adherencia, se han abordado temas de regulación emocional, vínculos afectivos y estrategias de control de seguridad y frustración. Evolución favorable.

Señala que la Sra. nombre reservado fue citada a peritaje por COMPIN con fecha 29 de noviembre de 2025 que concluyó: “Respecto a licencia N°RUT reservado corresponde reposo: Reposo prolongado, no justificado terapéuticamente, dosis bajas de fármacos, sin cambios farmacológicos que faciliten el reintegro, falta de controles psicológicos. Respecto del reintegro laboral al examen actual: en condiciones de reintegro. Patología de origen laboral: No…”.

Cita jurisprudencia de la Excma. Corte Suprema y de Cortes de Apelaciones al respecto.

La recurrida sostiene que del análisis integral de los antecedentes se advierte la ausencia de elementos clínicos objetivos que permitan sostener la necesidad de prolongar el reposo, particularmente considerando que las evaluaciones efectuadas por la Mutual de Seguridad, tanto en la atención de urgencia de 28 de julio de 2025 como en el peritaje especializado de 29 de noviembre de 2025, descartan la existencia de un compromiso funcional relevante, consignando un funcionamiento global conservado, con sintomatología de carácter leve a moderado y condiciones compatibles con el reintegro laboral.

Añade que la interesada no aporta un informe clínico integral que permita establecer, de manera objetiva, el grado de compromiso funcional ni la necesidad de mantener el reposo. Del mismo modo, no se acredita la existencia de una psicoterapia estructurada, desde que el antecedente psicológico acompañado resulta insuficiente, al omitir aspectos esenciales tales como fecha de inicio, frecuencia y número de sesiones, objetivos terapéuticos, evolución del tratamiento y recomendaciones clínicas, lo que impide verificar la efectividad del abordaje terapéutico.

Alega que actuó dentro de sus facultades legales de supervigilancia y fiscalización técnica, conforme a la Ley N°16.395, citando en particular, los artículos 2, 3, 27 y 38.

Indica que conforme al artículo 27 de la Ley N°16.395, le corresponde el control administrativo y técnico del Servicio Nacional de Salud, en lo que no se refiere a funciones derivadas del Código Sanitario. Niega la existencia de arbitrariedad, afirmando que el acto impugnado no responde al capricho, sino a un raciocinio técnico-médico debidamente fundado.

Respecto a la supuesta vulneración al derecho a la vida y a la integridad psíquica, la SUSESO afirma que su resolución no impide a la recurrente acceder a tratamientos médicos conforme a su cobertura de salud. Advierte la ausencia de elementos clínicos objetivos que permitan sostener la necesidad de prolongar el reposo, particularmente considerando que las evaluaciones efectuadas por la Mutual de Seguridad, tanto en la atención de urgencia de 28 de julio de 2025 como en el peritaje especializado de 29 de noviembre de 2025, descartan la existencia de un compromiso funcional relevante- En relación con el derecho de propiedad, argumenta que la sola emisión de una licencia no genera un derecho indubitado al subsidio, el cual depende de la validación técnica del reposo. Señala que conforme al D.S. Nº3, de 1984 y DFL. Nº44, de 1978, del Ministerio del Trabajo y Previsión Social, para tener derecho al subsidio por incapacidad laboral se requiere cumplir con los siguientes requisitos:

a) Una licencia médica autorizada por la entidad correspondiente (ISAPRE o COMPIN);

b) Cumplimiento de los requisitos para tener derecho al subsidio por incapacidad laboral, los que varían de acuerdo a si se trata de un trabajador dependiente o independiente.

Concluye que, por lo tanto, no existe un derecho de propiedad sobre eventuales subsidios. Cita jurisprudencia al respecto.

Termina, solicitando, en subsidio de las peticiones subsidiarias, tener por evacuado el informe solicitado y con su mérito rechazar el presente recurso en todas sus partes, con costas.

3°.- Que, para analizar el asunto planteado por la presente vía, resulta conveniente consignar que el recurso de protección de garantías constitucionales, establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye jurídicamente una acción, destinada a amparar el legítimo ejercicio de las garantías y derechos preexistentes que en esa misma disposición se enumeran, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben tomar ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que priva, o amenace ese atributo.

4°.- Que, es requisito indispensable de la acción de protección, la existencia de un acto u omisión ilegal, esto es, contrario a la ley, o arbitrario, producto del mero capricho de quién incurre en él, y que provoque algunas de las situaciones o efectos que se han indicado, afectando a una o más de las garantías –preexistentes– protegidas, consideración que resulta básica para el examen y la decisión de cualquier recurso como el que se ha interpuesto.

5°.- Que, cabe reflexionar, a la luz de lo recién expuesto, que esta acción de cautela de derechos constitucionales constituye una vía destinada a dar protección respecto de garantías cuya existencia se encuentre indubitada.

6º.- Que, la alegación de improcedencia de la acción formulada por la SUSESO, por tratarse de posibles vulneraciones del derecho a la seguridad social y no estar este bajo la protección constitucional que se pide, será desestimada, desde que consta que el arbitrio ha sido deducido por estimarse infringida, la garantía contenida en los numeral 1 y 24 del artículo 19 del Constitución Política de la República, que sí se encuentran dentro del catálogo establecido en el artículo 20 del mismo cuerpo legal.

7°.- Que, el artículo 16 del Decreto Supremo N°3 que aprueba el Reglamento de Autorización de Licencias Médicas por las COMPIN e Instituciones de Salud Previsional, y que, en lo pertinente, preceptúa: “La Compin, la Unidad de Licencias Médicas o la Isapre, en su caso, podrán rechazar o aprobar las licencias médicas; reducir o ampliar el período de reposo solicitado o cambiarlo de total a parcial y viceversa. En todos estos casos se dejará constancia de la resolución o pronunciamiento respectivo, con los fundamentos tenidos a la vista para adoptar la medida, en el formulario digital o de papel de la respectiva licencia”.

8°.- Que, en cuanto a las facultades de la Superintendencia de Seguridad Social, la Ley N°16.395, modificada por la Ley N°20.691, señala en su artículo segundo, entre las funciones de la Superintendencia de Seguridad Social: “c) Resolver las presentaciones, apelaciones y reclamos de usuarios, trabajadores, pensionados, entidades empleadoras, organismos administradores de seguridad social y otras personas, ya sean naturales o jurídicas, en materias que no sean de carácter litigioso, dentro del ámbito de su competencia”.

Luego, en el artículo tercero del mismo cuerpo legal, se dispone que: “La Superintendencia de Seguridad Social será la autoridad técnica de fiscalización de las instituciones de previsión, dentro del ámbito de su competencia. La supervigilancia de la Superintendencia comprenderá los órdenes médico-social, financiero, actuarial, jurídico y administrativo, así como también la calidad y oportunidad de las prestaciones”.

9°.- Que, de la normativa reseñada emana que le corresponde a la recurrida la supervigilancia y fiscalización de los regímenes de seguridad social y de protección social, como asimismo de las instituciones que los administren, dentro de la esfera de su competencia y de conformidad a la ley. Luego de acuerdo con los artículos 2° y 3° de la Ley 16.395, la referida entidad tiene la calidad de organismo técnico de control.

10°.- Que, de acuerdo con los antecedentes de autos y el tenor de la decisión impugnada, se debe concluir que la recurrida se ajustó al marco legal y reglamentario que establece sus atribuciones y facultades fiscalizadoras, con arreglo al carácter técnico que ostenta, dejándose constancia, en el respectivo acto administrativo, de los fundamentos y antecedentes médicos tenidos en vista para decidir el rechazo del pago reclamado y en correspondencia con el análisis de los antecedentes clínicos revisados.

11°.- Que, por otra parte, consta que la recurrida ordenó la realización de informes psicológicos y de pericias psiquiátricas, que permitieron acreditar el carácter terapéutico del reposo médico indicado, señalando que descartan la existencia de un compromiso funcional relevante, consignando un funcionamiento global conservado, con sintomatología de carácter leve a moderado y condiciones compatibles con el reintegro laboral.

12°.- Que, como corolario de lo dicho se concluye que no existe ilegalidad o arbitrariedad en el actuar de la recurrida, que vulnere las garantías invocadas en la acción deducida, motivo por el cual esta debe ser rechazada.

Por estas consideraciones y atendido, además, lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre tramitación y fallo del recurso de protección, se rechaza, sin costas, el interpuesto por el abogado don Jaime Andrés Retamal Silva, en representación de doña nombre reservado, en contra de la Superintendencia de Seguridad Social (SUSESO).

Notifíquese.

En su oportunidad, dese cumplimiento al numeral 14 del Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre tramitación y fallo del Recurso de Protección, regístrese y, hecho, archívese.

Redacción a cargo de la abogada integrante Vanessa Elizondo Cerda.

No firma la señora nombre reservado, no obstante haber concurrido a la vista de la causa y al acuerdo, por haber cesado en el cargo de ministra suplente.

Rol N°419-2026.- PROTECCIÓN.