nombre reservado con SEREMI DE SALUD REGIÓN

Chillán, once de agosto de dos mil veintidós.

once presenciaron la relaciocion y alegaron los abogados don Gabriel Osorio Vargas, por el recurso y don nombre reservado,Vistos:

1°- Que, comparece don nombre reservado, quien interpone recurso de protección de garantías constitucionales en contra de SECRETARÍA REGIONAL MINISTERIAL DE SALUD REGIÓN DE ÑUBLE, representada por doña nombre reservado.

Lo funda en que sus padres y hermano se contagiaron de coronavirus durante la segunda mitad de noviembre de 2021, por lo que debieron mantener cuarentena en su domicilio, ubicado en domicilio reservado, por algún motivo que desconoce, se habría ordenado que también debía hacer cuarentena, por ser supuestamente contacto estrecho, medida que debía cumplir en aquel domicilio de Los Alerces. Sin embargo, mantiene residencia en domicilio reservado, también de esta ciudad, y no había tenido contacto con ellos, por desavenencias familiares ocurridas, desde agosto de 2021, es decir, 4 meses antes.

Añade que, como parte del plan de control empleado por la recurrida, con fecha 30 de Noviembre de 2021, se realizó una fiscalización en el referido domicilio, y según el acta nº 134, se determinó que no se encontraba en dicha ubicación, por lo que al día siguiente, se dicta la resolución Nº BPM16329 y se ordenó la aplicación de: “la medida sanitaria de suspensión de la utilización del Pase de Movilidad, por infringir la normativa sanitaria y poner en riesgo la salud pública, hasta que existan motivos suficientes que acrediten la disminución o eliminación del riesgo para la salud pública que motivó la medida.” Según se lee en la referida resolución. Y resulta que, al día de hoy, habiendo transcurrido más de 6 meses desde que se dictó la resolución BPM16329, su pase de movilidad sigue bloqueado, aun cuando se encuentra con las cuatro dosis de la vacuna que se exigen. A mayor abundamiento, añade, es que se realizó un examen PCR con fecha 29 de noviembre, el que arrojó un resultado negativo, es decir, en la muestra entregada no había rastro del virus SARS-COV-2. Sin perjuicio de ello, se mantuvo el bloqueo de su pase de movilidad. La situación descrita le impide realizar mi vida con normalidad en diversos aspectos, desde asistir a un evento en un local a posibles oportunidades de trabajo, generando graves perjuicios.

Estima que con su actuar, la recurrida vulnera claramente lo dispuesto por el numeral 2 del artículo 19 de la Constitución Política de la República, que establece que “La igualdad ante la ley. En Chile no hay persona ni grupo privilegiados. En Chile no hay esclavos y el que pise su territorio queda libre. Hombres y mujeres son iguales ante la ley. Ni la ley ni autoridad alguna podrán establecer diferencias arbitrarias;”. Del mismo modo, se ve conculcado el numeral 3 del referido artículo, que dispone: “3º.- La igual protección de la ley en el ejercicio de sus derechos.” Sobre la arbitrariedad del acto, consiste en que la recurrida al momento de realizar la fiscalización con fecha 30 de Noviembre de 2021, vulneró sus derechos constitucionales al asumir que su domicilio se encontraba en Los Alerces y no en Pasaje Málaga, y le aplico una sanción que se mantiene hasta el día de hoy, consistente en la imposibilidad de utilizar el pase de movilidad, impidiéndome desarrollar mi vida con normalidad puesto que estoy impedido de acceder a diversos lugares, según el plan Paso a Paso que dispone la autoridad sanitaria y sus diversos aforos establecidos. Dado lo cual, es que al día de hoy no se le ha explicado cómo es que se determinó su domicilio, ni se ha tomado en cuenta la diversa documentación que ha presentado a fin de corregir esta situación, todo lo que motiva la presentación de este recurso, puesto que se le ha dado un trato desigual en relación al resto de la población y una desprotección en el ejercicio de sus derechos como ciudadano que cuenta con todas sus vacunas al día.

Finalmente pide a esta Corte que se acoja el presente recurso de protección, adoptando las medidas necesarias para el restablecimiento del imperio del derecho, ordenando:

a)

Que la recurrida, SECRETARÍA REGIONAL MINISTERIAL DE SALUD REGIÓN DE ÑUBLE, debe desistir en su actuar ilegal y arbitrario, dejando sin efecto la medida sanitaria establecida y ordenando la reactivación de su pase de movilidad;

b)

Condenar en costas a la recurrida.- 2°.- Que, al informar el abogado don OMAR BLANCHAIT ACHONDO, en representación de la SEREMI DE SALUD DE LA REGIÓN DE ÑUBLE, señala que el caso se encuadra en el marco de una investigación epidemiológica llevada adelante por la Unidad de Trazabilidad, esta Autoridad Sanitaria quien notificó al recurrente, don nombre reservado, como contacto estrecho de caso confirmado, indicándole una cuarentena preventiva obligatoria que debía cumplir desde el 10-11- 2021 al 16-11-2021. El nexo epidemiológico se estableció a su respecto debido a que él, junto a otro colega, habían realizado trabajos de construcción en domicilio particular, resultando la dueña de casa como caso positivo y ellos como contactos estrechos (Colega posteriormente fue indicado como caso confirmado). Agregando, además que se le indicó cuarentena en el domicilio ubicado en domicilio reservado, esto porque el mismo denunciado indicó dicha dirección para cumplir cuarentena, aportando también un correo electrónico para efectos de notificación.

Luego de dicha primera cuarentena, en otra investigación de la SEREMI de Salud, se estableció que don nombre reservado, era nuevamente contacto estrecho por nexo intradomiciliario por una situación similar a la anterior, ya que había realizado un trabajo de construcción en domicilio particular, en el cual la dueña de casa días más tarde había sido confirmada como caso positivo, rastreándose el vínculo epidemiológico hacía él. Ante ello al denunciado se le indicó una segunda cuarentena por contacto estrecho, esta vez entre los días 22-11- 2021 al 28-02-2021, situación que le fue notificada.

Añade que con fecha 26 de noviembre de 2021, su representada se constituyó en visita de relevancia epidemiológica en vivienda ubicada en domicilio reservado, a objeto de investigar trazabilidad de dos adultos mayores que eran casos positivos de COVID-19. Dicha investigación fue realizada como búsqueda independiente y paralela de la investigación respecto del denunciado y que había desembocado en su segundo periodo de aislamiento, pero al recopilar información y según los antecedentes entregadas por un familiar del recurrente, los funcionarios se percataron que se trataba de los padres de don nombre reservado, y que se trataba del domicilio que él había indicado primeramente para cumplir su cuarentena. En este sentido, se estableció en consecuencia que el denunciado, quien debía estar cumpliendo con su segundo periodo de cuarentena (no se encontraba en el domicilio), era nuevamente contacto estrecho, ahora de sus padres, y debía agregársele días a su aislamiento preventivo por lo mismo. Ante ello, se trató de comunicar vía telefónica con el recurrente, quien ignoraba las llamadas, por lo que se optó por notificarle su tercera cuarentena, ahora entre los días 26-11-2021 al 02-12-2021, vía WhatsApp. Luego de ello, el recurrente realizó malos tratos y amenazas hacía funcionarios de esta Institución, primeramente, a doña nombre reservado, Psicóloga, quien luego de enviarle el Certificado de su tercera Cuarentena el día 27 de noviembre fue replicada por el denunciado vía mensajes de audio, tratándola mal, de mentirosa y poco profesional, e incluso ridiculizando su labor, además de no contribuir a la investigación.

En consecuencia a los antecedentes descritos, la SEREMI de Salud de Ñuble como Autoridad Sanitaria Regional y en uso de las facultades de las que está premunida dio inició a Sumario Sanitario en su contra, por obstrucción a la investigación epidemiológica, notificándole la respectiva Acta de Inspección N° 30747, de fecha 29 de noviembre, por vía correo electrónico, respondiendo a ello con nuevas amenazas de uso de la fuerza y violencia esta vez contra el funcionario nombre reservado, señalando según sus palabras “Tengace que si debo usar la fuerza o violencia contra usted lo are sin dudar (sic)” entre otras cosas según se detalla en correo que adjunto a esta presentación. A la vez, al día siguiente, es decir 30 de noviembre de 2022 fiscalizadores se apersonan nuevamente en el domicilio de cuarentena del recurrente, ni siendo encontrado nuevamente por lo que se extendió Acta de Inspección N° de folio 134, iniciándose otro sumario sanitario ahora por infringir la cuarentena o aislamiento a que está obligado por ser contacto estrecho de caso confirmado, sumarios ambos por los cuales se ordenó la suspensión del pase de movilidad del recurrente, como medida preventiva y accesoria a la facultad fiscalizadora y sancionatoria, que detenta la SEREMI de Salud según se detallará en derecho más adelante.

Más adelante, cita la normativa aplicable a los procedimientos de sumario iniciados por infracciones a la normativa sanitaria y refiere que considerando los hechos ya descritos es que se dicta la Resolución de Bloqueo de Pase de Movilidad N° BPM16329, por intermedio de la cual se realiza la suspensión de la utilización del pase de movilidad en contra del recurrente, además de hacer hincapié en que conforme lo dispuesto en los artículos 3 y 67 del Código Sanitario, la Autoridad Sanitaria está obligada a tomar medidas en resguardo de la salud pública y a velar, en particular, porque se eliminen o controlen todos los factores, elementos o agentes del medio ambientes que afecten a la salud, la seguridad y el bienestar de los habitantes, todo ello de conformidad a la Constitución, las leyes y los reglamentos, medida restrictiva la cual se adoptó en cumplimiento de dicho mandato del legislador.

Plantea la improcedencia de la presente acción en atención a que no es un medio idóneo para impugnar procedimientos reglados, como es el caso de los sumarios sanitarios que se instruyen en ejercicio de la potestad disciplinaria y sancionatoria de la que están dotadas las SEREMIs de Salud, así como la aplicación medidas restrictivas o punitivas accesorias a la medida principal – como la suspensión del pase de movilidad por riesgo sanitario - ya que las normas que regulan su tramitación contienen todos los elementos necesarios para configurar un debido proceso y asegurar una adecuada defensa del sumariado, estableciendo, entre otros aspectos; los plazos dentro de los cuales deben realizarse las actuaciones; las formalidades de las notificaciones que deben efectuarse a los interesados; la formulación de cargos y su debido emplazamiento; la amplia admisibilidad de medios de prueba de que estos puedan hacer uso; y los medios de defensa de que aquéllos puedan hacer uso, tales como la presentación de descargos y la interposición de los recursos que procedan en contra de las sanciones que eventualmente se les apliquen. Es por ello que respecto a las conducta recurrida - la suspensión del pase de movilidad del recurrido - se trató de una decisión fundada en una política pública, amparada por la ley y como sanción complementaria o accesoria al inicio de los sumarios sanitarios incoados por esta SEREMI de Salud de Ñuble a través de las Acta N° 30747, de fecha 29 de noviembre de 2021 y N° 134 de fecha 30 de noviembre, por lo que resulta inverosímil que pueda ser objeto de un recurso de este tipo, más cuando en el desarrollo de estos procedimientos se han respetado en todo momento los estándares necesarios para un debido proceso, NO haciendo uso el sumariado/recurrente de la facultad de controvertir los hechos que se le imputan a través de la presentación de sus descargos, y/o recurso de la interposición del recurso de reposición que contempla la ley 19.880 en su artículo 59, derecho el cual le fue informado tanto en Resolución que ordena la suspensión de su pase de movilidad, como en las resoluciones que resolvieron cada uno de sus dos sumarios sanitarios, y que se acompañan a este informe.

Así entonces, resultaría evidente que el asunto recurrido no es una materia que corresponda ser dilucidada por este medio, ya que el recurso de protección no constituye una instancia de declaración de derechos, sino que cautela aquellos que, siendo preexistentes e indubitados, se encuentren afectados por alguna acción u omisión ilegal o arbitraria, y por ende en situación de ser amparados, lo que no acontece en la especie, y sabiendo que aceptar una tesis contraria implicaría que todo procedimiento administrativo en que se sancione a un infractor o al cual se le dé inicio por un acta de inspección por infracción a las normas sanitarias, terminaría siendo conocido por los tribunales superiores de justicia mediante la presente vía cautelar, cuando en el caso de que se trata aún no existe un decisión final del asunto. En este sentido ha fallado la Corte de Apelaciones de Rancagua, la cual conociendo del Recurso de Protección Rol N° 12.275-2021 señalo en el considerando cuarto señala “Que, en primer lugar, cabe señalar que si bien el texto constitucional dispone que el recurso de protección es sin perjuicio de los derechos que el interesado pueda hacer valer ante la autoridad o los tribunales correspondientes, lo cierto es que, cuando mediante esta acción constitucional se reprocha un acto administrativo específico para el cual el ordenamiento jurídico contempla un mecanismo de control judicial igualmente específico, no cabe duda que en virtud del principio de especialidad debe preferirse este último por sobre el recurso de protección, situación que es la que acontece en este caso.

En cuanto a la supuesta arbitrariedad o ilegalidad del actuar y los supuestos derechos constitucionales conculcados, señala que del actuar de mi representada, es menester aclarar que en pandemia, esta Autoridad Sanitaria ha tramitado y resuelto, siempre en uso de sus prerrogativas, una cantidad importante de sumarios sanitarios incoados por distintas infracciones a la Salud Pública, entre ellas, por la negativa de las personas a entregar información que resulta vital para una adecuada trazabilidad y testeo de los casos positivos y/o contactos estrechos, por lo que entonces la recurrida solo ha ejercido sus facultades fiscalizadoras dentro de los parámetros que la ley le permite, No siendo ni la iniciación de un sumario sanitario, ni la investigación de una situación de importancia sanitaria, ni tampoco la suspensión de la utilización del pase de movilidad de un infractor una conducta abusiva o arbitraria, ya que no se trata de un actuar caprichoso ni desprovisto de racionalidad, no siendo en definitiva un abuso de la Autoridad, se trata solo de una supervenience de la salud de la población. En este sentido, la recurrida fue notificada del inicio del sumario, y también de la suspensión de su pase de movilidad, haciéndole saber que tiene y tenía derecho a defensa, cumpliéndose en consecuencia con los principios del debido proceso y de contradictoriedad, resguardados según lo señala el artículo 10 de le Ley 19.880 sobre Base de los Procedimientos Administrativos que Rigen los Actos de los Órganos de la Administración del Estado, cuyo tenor literal dispone que “Los interesados podrán, en cualquier momento del procedimiento, aducir alegaciones y aportar documentos u otros elementos de juicio”, situación que en la especie no ocurrió, teniendo el sumariado una actitud inactiva en toda etapa del procedimiento sancionador.

Agrega que si bien a la fecha de presentación de este informe se mantiene vigente la medida de suspensión de la utilización del pase de movilidad del recurrente, dicha determinación tampoco puede calificarse como ilegal o arbitraria, pues tiene como fundamento último el buscar la debida eficacia del rol represivo e intimidador que una medida sanitaria que va en resguardo de la salud pública debe tener, para así evitar nuevas situaciones en que el infractor ponga en un riesgo inminente el bien jurídico protegido por mi representada, todo siempre dentro del marco de tratarse de una política pública de protección de las personas, a fin de controlar los efectos nocivos de la pandemia. En este sentido, por la tramitación de ambos sumarios (de los cuales se deriva el supuesto acto vulneratorio), y ante la falta de defensa hecha valer por la parte sumariada en las distintas etapas del proceso, se cursó en cada uno de ellos una multa ascendiente a la suma de 5 UTM, resoluciones N° 21165095 y N° 21165198 de fecha 23 y 30 de diciembre de 2021 respectivamente, resoluciones las cuales se fallaron con el solo mérito de los hechos constatados por los fiscalizadores, y no objetados, aplicando en consecuencia lo dispuesto en el artículo 166 del Código Sanitario “Bastará para dar por establecido la existencia de una infracción a las leyes y reglamentos sanitarios el testimonio de dos personas contestes en el hecho y en sus circunstancias esenciales; o el acta, que levante el funcionario del Servicio al comprobarla.”, agregando también que ambas se encuentran debidamente notificadas, según consta en copia fiel de los expedientes que se acompañan a esta presentación.

Explica que la calificación de la gravedad o no de los hechos que fundamentan la aplicación de una medida de suspensión del pase de movilidad esta entregada por la normativa a la Autoridad Sanitaria de cada región, conforme ya fue señalado en el apartado II de este informe, por lo que en congruencia con dicha facultad también corresponde a cada SEREMI calificar cuando hay antecedentes o motivos suficientes que justifiquen el alzamiento de dicha medida, por haberse acreditado por el sumariado la disminución o eliminación del riesgo para la salud público que la motivó. Siendo la anterior la premisa general, se han entendido que el pago de la multa asociada al sumario sanitario es una acción del infractor motivada por su voluntad de evitar la repetición de conductas similares que puedan nuevamente poner en riesgo la salud pública, por lo que se entiende que es suficiente acreditación de la eliminación del riesgo sanitario prevenido, y amerita el cese de la medida dispuesta, situación que en la especie tampoco ha ocurrido, pues no se ha acreditado pago por parte del recurrente, ni tampoco ninguna otra acción en esta sede administrativa que demuestre un ápice de intención de no volver a vulnerar el resguardo a la salud pública que por esta institución debe cautelarse celosamente en época de pandemia. Además, se encuentra dentro de lo que se denomina políticas públicas de salud del Estado, las cuales no pueden ser objeto de recurso de protección, idea que ha sido señalada por la Ilustre Corte de Apelación de Santiago en causa de Protección Rol N° 37342 – 2021, que en su considerando segundo dispone “Que los hechos descritos en la presentación y las peticiones que se formulan a esta Corte exceden las materias que deben ser conocidas por el presente recurso, atendida su naturaleza cautelar, pues – aunque el recurrente sostenga lo contrario- se pretende impugnar por esta vía una decisión que forma parte de las políticas públicas dictadas por la autoridad competente en el contexto de la emergencia sanitaria y la declaración de estado de excepción vigente a la época de su dictación, que se vive a nivel nacional y mundial, pretendiendo modificar la adopción de estrategias propias de la determinación de políticas públicas para hacer frente a la afectación sanitaria que aqueja al país, gestión que es privativa del Ejecutivo y que no corresponde a los Tribunales de Justicia establecer.” , fallo que fue confirmado por la Excma. Corte Suprema en apelación Rol 10516-2022, que en el considerando quinto dispuso Que, en ese orden de ideas, las medidas dispuestas en la Resolución impugnada lo han sido por la autoridad sanitaria en pos de evitar un mal mayor, la propagación del virus SARS-CoV-2. De este modo, éstas se ajustan a la racionalidad, y la legislación vigente, por lo que no existe ilegalidad ni arbitrariedad. Igual razonamiento ha realizado Usía Iltma. en causa de Protección Rol N° 1326-2022, que en su considerando noveno señaló “9°. - Que, por lo demás, la Excma. Corte Suprema ha sostenido que la acción constitucional de protección no es la vía idónea para pronunciarse sobre el mérito de un sumario en sede administrativa, afirmando que "el control que se ejerce por la presente vía no se encuentra naturalmente destinado a evaluar aspectos de mérito de las actuaciones cumplidas en un sumario administrativo, por lo que resulta un planteamiento erróneo del actor intentar que por esta instancia jurisdiccional se revise la investigación y la decisión a que se arriba sobre la base de lo establecido por el funcionario a cargo de aquella investigación, en la vista o dictamen evacuado al término de la misma y finalmente en la medida terminal adoptada." Por lo tanto, en la medida que se respeten las reglas legalmente establecidas, no podrá considerarse arbitrario el actuar de la SEREMI de Salud. En el caso sub lite ya se ha explicado que mi representada ha respetado en todo momento tales reglas, por lo que no se podría calificar de arbitrario su actuar, ni menos ilegal. Además, que resulta claro, que en el contexto de pandemia los derechos sanitarios colectivos deben privilegiarse sobre el interés individual de aquellos que estiman cualquier tipo de ilegalidad o arbitrariedad de las políticas públicas de salud implementadas para superar el mal que aqueja a la generalidad de la población.

Respecto a los demás derechos que se describen como vulnerados por el presente recurso, por lo expuesto en este informe, y al no existir a nuestro criterio un acto ilegal o arbitrario ejecutado por mi representada, no se puede sostener por el actor que sus derechos fundamentales están siendo vulnerados, afirmación con la cual la recurrente busca obtener una decisión judicial para un asunto que se está ventilando en sede administrativa, respecto del cual son otras las herramientas que el Derecho Administrativo pone a su disposición En consecuencia, no puede prosperar el presente recurso, por cuanto tal como lo hemos revisado a lo largo de esta presentación, la vía proteccional no es la idónea obtener las pretensiones de la recurrente, y en caso de no dar valor a lo descrito precedentemente, pues no ha existido en la especie ilegalidad o arbitrariedad alguna por parte de esta Autoridad Sanitaria.

Finalmente, pide que se rechace la presente acción constitucional de protección.

3°.- Que, para analizar el asunto planteado por la presente vía, resulta conveniente consignar, que el recurso de Protección de Garantías Constitucionales establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye, jurídicamente, una acción, destinada a amparar el legítimo ejercicio de las garantías y derechos preexistentes que en esa misma disposición se enumeran, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben tomar ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que prive, perturbe o amenace ese atributo.

4º.- Que, como se desprende de lo señalado precedentemente, es requisito indispensable de la acción de protección, la existencia de un acto u omisión ilegal, esto es, contrario a la ley, o arbitrario, producto del mero capricho de quién incurre en él, y que provoque algunas de las situaciones o efectos que se han indicado, afectando a una o más de las garantías -preexistentes- protegidas, consideración que resulta básica para el examen y la decisión de cualquier recurso como el que se ha interpuesto.

5º.- Que, cabe reflexionar, a la luz de lo recién expuesto, que esta acción de cautela de derechos constitucionales constituye una vía destinada a dar protección respecto de garantías cuya existencia se encuentre indubitada.

6°.- Que, es un hecho indiscutido que la autoridad Sanitaria, dictó la Resolución de Bloqueo de Pase de Movilidad N° BPM16329, por intermedio de la cual se realiza la suspensión de la utilización del pase de movilidad en contra del recurrente, impuesta dicha suspensión por la autoridad sanitaria, en uso de lo previsto en los artículos 3 y 67 del Código Sanitario.

Es un hecho indiscutido, además, que dicha suspensión se encuentra vigente hasta la fecha de presentación del recurso que se analiza.

7°.- Que es necesario asentar que el pase de movilidad es de un certificado entregado por el Ministerio de Salud que acredita que su portador ha completado su esquema de vacunación para Sars-Cov-2 hace al menos 14 días desde la última dosis, y cuya regulación se encuentra hoy en la Resolución exenta 994-2021 del Ministerio de Salud.

Consiste en un documento dinámico, lo que significa que no estará habilitado para las personas catalogadas como caso confirmado, probable o contacto estrecho de coronavirus y que, por lo mismo, se encuentren en período de aislamiento obligatorio, cuyo no es el caso.

El Pase movilidad permite desplazarse a otras comunas, incluso fuera de la región de residencia, asistir a eventos masivos, en espacios abiertos o cerrados, asistir a restaurantes, gimnasios, matrimonios, funerales, incluso los estudiantes pueden asistir a clases, entre otras, respetando el aforo permitido o regulado. Permite la asistencia a los lugares de trabajo.

8°.- Que de los documentos aparejados por la recurrida consta que el recurrente además de la suspensión del pase de movilidad que le fuera impuesta, fue sancionado con una multa pecuniaria ascendente a cinco UTM como consta de la resolución de fecha 30/12/2021 Resolución N° 21165198.

No resulta entonces correcto que la autoridad sanitaria le otorgue una perspectiva punitiva al pase de movilidad, cuándo aquellos infractores ya cuentan con las sanciones establecidas en el Código Sanitario, y el propio Código Penal que establece penas en el artículo 318, incluso privativas de libertad.

Estas sanciones, tanto administrativas como penales han sido previamente establecidas en la ley. No así la de suspensión del pase de movilidad, que se encontraba establecida en un decreto, particularmente la Resolución Exenta N° 664 de 14 de julio del 2021, y regulada hoy en la Resolución exenta 994 publicada el 1 de octubre del 2021, ambas del Ministerio de Salud, que establece el Cuarto Plan Paso a Paso.

Cabe hacer presente, además, que la resolución BPM16329 no establece el plazo definido de término de la suspensión pues prescribe: “La suspensión regirá hasta que existan motivos suficientes que acrediten la disminución o eliminación del riesgo para la salud pública que motivó la medida.

9°.- Como se ha dicho el pase de movilidad permite que las personas puedan viajar en el interior del país, asistir a eventos sociales, partidos de fútbol, restoranes, inclusive permite que un ciudadano pueda salir del lugar.

Todo esto está restringido para el recurrente por el solo hecho de haberse instruido un sumario sanitario en su contra, con las consecuencias que de dicha actuación se generan, que podrían repercutir incluso en su vida laboral.

La restricción de la libertad ambulatoria a través del pase de movilidad como medida sanitaria no constituye arbitrariedad; pero en el supuesto de una persona que no cuenta con su esquema de vacunación, o bien que es caso positivo, contacto estrecho, caso sospechoso o probable. Situación en la que no se encuentra hoy el recurrente.

Lo que sí constituye una situación arbitraria e ilegal es que se restrinja la libertad ambulatoria a través de dicho pase como medida punitiva; estamos en el supuesto de una persona con su esquema de vacunación completo, que no es caso positivo ni contacto estrecho, tampoco sospechoso ni probable, pero que la autoridad sanitaria ha decidido inhabilitar dicho pase por haber infringido la normativa sanitaria, y se mantiene hasta hoy sin que se haya establecido en la resolución que impone la suspensión un plazo determinado para su extinción.

Resulta más gravoso aún que la suspensión del pase de movilidad en su perspectiva punitiva implica la restricción de la libertad ambulatoria por infringir normas sanitarias, que en su mayoría se encuentran tipificadas en decretos dictados por la autoridad administrativa, y cuya sanción también se encuentra establecida en dicha fuente normativa. Libertad que solo puede ser restringida en los casos determinados por la Constitución y las leyes.

Es necesario asentar que lo que se resolverá no implica que los infractores sanitarios no deben estar afectos a sanción. De ningún modo, pero esas sanciones deben estar establecidas previamente en la ley, tales como la multa establecida en un sumario sanitario, y las penas que impone el Código Penal, que pueden ser incluso privativas de libertad.

En tiempos excepcionales, donde se le otorga a la administración facultades discrecionales ostensiblemente más amplias, por los intereses supraindividuales que debe resguardar, es necesario por otro lado, que los mecanismos de control sean rigurosos y estrictos para velar por la vigencia de los derechos y las libertades individuales.

10°.- Que, conforme a los antecedentes aportados, aparece que la decisión de la recurrida de suspender de manera indefinida el pase de movilidad contenida en la resolución citada, no se apoya en elementos de convicción suficientes y objetivos que lleven a estimar racionalmente que dicha decisión se encuentra justificada, y carece de fundamento legal, máxime si, además de la suspensión del pase de movilidad, el actor ha sido sancionado con una multa.

11°.- Que, al contrario de lo sostenido por la recurrida, esta vía institucional sí es el medio idóneo para restablecer el imperio del derecho toda vez que la resolución que se impugna ha vulnerado garantías que nuestra Constitución se encargada de proteger, cuáles son las establecidas en el artículo 19 numerales 2 y 3.

Por estas consideraciones y de conformidad, además, con lo previsto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre Tramitación del Recurso de Protección de Garantías Constitucionales, se acoge, sin costas, el interpuesto por nombre reservado, en contra de SECRETARÍA REGIONAL MINISTERIAL DE SALUD REGIÓN DE ÑUBLE, representada por su doña nombre reservado solo en cuanto se dispone que dicha entidad deberá dejar sin efecto la medida sanitaria establecida ordenando la reactivación de su pase de movilidad.

En su oportunidad, dese cumplimiento al numeral 14 del Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre tramitación y fallo del Recurso de Protección.

Regístrese, notifíquese y archívese en su oportunidad.

Redacción a cargo del Abogado Integrante Gumercindo Quezada Blanco.

Protección N°4161-2022.-