nombre reservado con nombre reservado

Chillán, once de agosto de dos mil veinticinco.

Visto:

1°.- Que, comparecen los abogados don Matías Olmedo Lanzarin y don Rodrigo Riffo Castillo en representación de don nombre reservado, interponiendo recurso de protección en contra de don nombre reservado, por vulneración de derechos constitucionalmente garantizados.

Para fundar su acción, refieren que, don nombre reservado, es dueño del LOTE UNO resultante de la subdivisión de un inmueble rural ubicado en la comuna de Ñiquén, sector Belén, de una superficie aproximada de veinte cuadras más o menos, conforme a plano aprobado por el SAG con fecha uno de diciembre del año 2006, y certificado número 350.391 de fecha 07 de diciembre de 2006, emitido por la Unidad de Avaluaciones del Servicio de Impuestos Internos de Chillán. Adquirió la propiedad, por adjudicación, sirviendo de título la escritura pública de fecha 08 de enero de año 2007, otorgada ante doña nombre reservado, Suplente del nombre reservado, de don nombre reservado, mediante la cual, se procedió a la partición y liquidación de la comunidad quedada a la disolución de la sociedad conyugal y fallecimiento de los causantes don nombre reservado y doña nombre reservado.

Agrega que, conforme a la cláusula DÉCIMA PRIMERA de la escritura pública de partición de bienes de fecha 08 de enero de año 2007, ya singularizada, las partes de dicho acto de partición gravaron los Lotes Uno, Dos, Tres y Cuatro resultantes de la subdivisión, con una servidumbre de tránsito para permitir el libre tránsito hace el camino público, conforme se grafica en el respectivo plano de subdivisión. Adicionalmente, don nombre reservado, es arrendatario del inmueble consistente en un Lote de 15 hectáreas, ubicado en el Sector Belén, comuna de Ñiquén, Rol de avalúo 89-350, que es adyacente al Lote Cuatro, resultante de la subdivisión del inmueble rural de la sucesión nombre reservado, que fuera objeto de la partición. A dicho terreno, ha accedido desde hace más de 10 años, a través del mismo camino constituido por la servidumbre referida, considerando que, antiguamente, antes del arrendamiento, mantenía un contrato de mediero o aparcero sobre el mismo.

Señala que, en virtud de estos antecedentes, consta que, desde el año 2007, don nombre reservado ha transitado libremente por la servidumbre constituida por la escritura pública de partición de bienes de fecha 08 de enero de año 2007, sin que mediara obstáculos para ello. El día 02 de abril de 2025, el señor nombre reservado, hermano del recurrente do nombre reservado, y quien también concurriera a la suscripción de la escritura pública de partición ya referida, adjudicándose el Lote Tres resultante de la subdivisión; instaló un portón de fierro en la servidumbre, entre los Lotes Dos y Tres, sin contar con autorización de los demás ocupantes del camino. Sin embargo, eso no fue problema, pues entregó a cada uno, copias de la llave del candado, para permitir el libre acceso. Sin embargo, el día 22 de abril de 2025, alrededor de las 16:00 horas, don nombre reservado concurrió al lugar, para hacer ingreso al Lote arrendado, constatando que el portón instalado por su hermano nombre reservado, se encontraba cerrado y mantenía un nuevo candado, que impedía su apertura, y respecto del cual, no se le otorgó llave alguna. Por ello, se encontraba impedido de acceder a realizar las labores que habitualmente realiza en el terreno arrendado.

Los letrados estiman, conforme a los hechos antes descritos, que la recurrida con su actuar, ha vulnerado lo consagrado en el artículo 19 Nos. 5, 21 y 24 de la Constitución Política de la República, ya que ha cometido un acto arbitrario e ilegal que deviene en una situación que lesiona gravemente los derechos invocados.

Termina, solicitando que esta Corte, se sirva tener por interpuesto en tiempo y forma, Recurso de Protección en favor de don nombre reservado y en contra de su hermano, don nombre reservado, ambos ya individualizados, declararlo admisible y someterlo a tramitación legal, y previo informe, en definitiva, acogerlo, ordenando adoptar las medidas y providencias que se juzgue necesarias para reestablecer el imperio del derecho y asegurar la debida protección del recurrente, y en especial las siguientes: 1º. Que se ordene el retiro de todo candado del portón de acceso al fundo o la entrega de llaves que permitan el acceso a través del portón construido; 2º. Que se ordene al recurrido abstenerse de impedir el acceso al camino y a los predios; 3º. Todo lo anterior, dentro del plazo de 3 días de ejecutoriado el fallo. 4º. Que se adopte toda otra medida o providencia estimada como necesaria. 5º. Que, se condene en costas al recurrido.

Que el recurrente acompañó documentos.

2°- Que, al informar, don Gonzalo Alejandro Leiva Arriagada, abogado, en representación del recurrido, refiere que el recurso de protección interpuesto carece de todo fundamento. En efecto, el recurrente funda su recurso de protección en una situación engañosa. Para efectos de sustentar la presunta vulneración de garantías constitucionales refiere que el predio de su representado, correspondiente al Lote Tres de la subdivisión de la comunidad nombre reservado, se encuentra gravado con servidumbre de tránsito y que dicha servidumbre de tránsito le permite el uso y beneficio de un predio en que detenta la calidad de arrendatario. Cabe a este respecto señalar que dicho lote fue gravado con servidumbre de tránsito en favor del resto de los lotes resultantes de la subdivisión, no obstante, dicha servidumbre no se encuentra inscrita en el Registro de Hipotecas y gravámenes del Conservador de Bienes Raíces de nombre reservado. Efectivamente su representado procedió a la instalación de un portón con candado en el curso de la servidumbre, con la finalidad de resguardar su predio y los demás resultantes de la subdivisión, con la anuencia de los demás interesados, por los peligros que implica en estos tiempos el mantener caminos interiores abiertos, contando todos los interesados con llave de dicho candado.

Señala que, el recurrente manifiesta que la instalación del portón referido le impide acceder a los dos lotes que mantiene en calidad de arrendatario y antes de mediero, según contratos acompañados al recurso. Señalan los contratos que dichos inmuebles corresponden al Rol de avalúos de la comuna de Ñiquén 89-350. Los predios objeto del arrendamiento son de propiedad de don nombre reservado. Cabe señalar que, como lo describe expresamente el contrato de arrendamiento al señalar los deslindes del inmueble objeto del contrato, el inmueble arrendado tiene acceso directo al camino público. Esto también se refleja en el propio plano o croquis acompañado por la recurrente, en que el predio del arrendatario aparece en el deslinde sur del Lote Tres de propiedad de su representado. De dicho simple análisis se desprende que la servidumbre de tránsito que grava al predio de su representado no puede beneficiar al predio vecino, que es el arrendado por el recurrente, por tener este acceso directo al camino público. Además de ello, niegan categóricamente que el recurrente circule o haya circulado por la servidumbre referida para efectos de hacer uso o beneficio del Rol 89-350, predio que no ha sido parte o creación de la subdivisión de la comunidad nombre reservado, por lo que no es efectivo que la servidumbre constituida en dicha subdivisión lo fuera en beneficio de dicho predio, que tampoco la necesita.

Agrega que, la recurrente sostiene que las acciones de su representado le han dejado sin acceso a camino público y sin la posibilidad de explotar el predio arrendado. Ello queda desvirtuado por la propia documentación acompañada por la recurrente. La acción de protección constitucional requiere para su interposición, en materia de dominio, la necesidad de ofrecer una solución a una urgencia en la materia, lo que en la especie no ocurre.

Además, la Excelentísima Corte Suprema ha sostenido: “la cuestión sometida por esta vía a la decisión de esta Corte corresponde a una materia que debe determinarse en un procedimiento declarativo que permita un lato conocimiento, con respeto de la bilateralidad de la audiencia respecto de todos los interesados y que otorgue mejores posibilidades de ofrecer pruebas y no a través del presente, cuya tramitación es breve y sumaria, acorde con la necesidad urgente de proteger derechos ciertos, determinados y no controvertidos”. Rol Corte Suprema 78.661-2021.

Adujo por otra parte, que es necesario que estemos ante un derecho indubitado y el recurrente no se encuentra en posición de sostener y probar que la servidumbre que grava el predio de su representado se estableciera en beneficio del predio que hoy detenta como arrendatario, con acceso directo y propio al camino público. Así lo ha sostenido esta Corte en los autos sobre recurso de protección Rol 19-2024.

Finaliza su presentación, solicitando que esta Corte, se sirva tener por informado el recurso y rechazarlo, con expresa condenación en costas.

Que el recurrido acompañó documentos.

3°.- Que, para analizar el asunto planteado por la presente vía, resulta conveniente consignar que el recurso de Protección de Garantías Constitucionales, establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye jurídicamente una acción, destinada a amparar el legítimo ejercicio de las garantías y derechos preexistentes que en esa misma disposición se enumeran, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben tomar ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que priva, o amenace ese atributo.

4°.- Que, es requisito indispensable de la acción de protección, la existencia de un acto u omisión ilegal, esto es, contrario a la ley, o arbitrario, producto del mero capricho de quién incurre en él, y que provoque algunas de las situaciones o efectos que se han indicado, afectando a una o más de las garantías -preexistentes- protegidas, consideración que resulta básica para el examen y la decisión de cualquier recurso como el que se ha interpuesto.

5°.- Que, cabe reflexionar, a la luz de lo recién expuesto, que esta acción de cautela de derechos constitucionales constituye una vía destinada a dar protección respecto de garantías cuya existencia se encuentre indubitada.

6°.- Que, analizados los antecedentes allegados por partes conforme a las reglas de la sana crítica es posible establecer que, mediante escritura pública de fecha 8 de enero de 2007 se constituyó servidumbre respecto de una franja de terreno de seis metros en los lotes 1, 2, 3 y 4 resultantes de la subdivisión del inmueble rural ubicado en la comuna de Ñiquen, para permitir el libre tránsito desde y hacia el camino público.

Asimismo, con el mérito de lo expuestos por las partes y el acta de constatación de Carabineros de Chile se tuvo por establecido que el recurrido instaló un portón metálico, el que se encuentra actualmente cerrado con candado.

7°.- Que, el recurrente denuncia como un acto de autotutela el emplazamiento de dicho portón, pues, con ello se le impide, en los hechos, el acceso al predio colindante al lote N°4, consistente en un Lote de 15 hectáreas, ubicado en el Sector Belén, comuna de Ñiquén, Rol de avalúo 89-350 del que es arrendatario, y al que ha accedido desde hace más de 10 años, a través del mismo camino constituido por la servidumbre referida.

8°.- Que el inmueble arrendado por el recurrente, según se lee en el contrato de arrendamiento individualizado, deslinda con el camino público, y no se ve beneficiado por la servidumbre de tránsito que fue constituida mediante escritura pública de fecha 8 de enero de 2007, pues, tal como se señaló de manera precedente, ésta sólo sirve a los predios signados como lotes N°1, 2, 3 y 4 resultantes de la subdivisión del inmueble rural ubicado en la comuna de Ñiquén de la denominada sucesión nombre reservado; no pudiendo, en consecuencia, el recurrente pretender, por esta vía, extender el gravamen impuesto a otros predios en cuyo beneficio no se ha impuesto; por tanto, no se advierte, al tenor de los hechos establecidos, la existencia de acto ilegal o arbitrario del recurrido que amenace, prive o perturbe el legítimo ejercicio de un derecho de carácter indubitado que le asista al recurrente; ni mérito para concluir inequívocamente que a la recurrente le asiste un derecho indubitado cuya protección deba disponerse en esta sede cautelar, razón por la cual el presente recurso no puede prosperar.

Por estas consideraciones y atendido, además, lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre tramitación y fallo del recurso de protección, se rechaza, sin costas, el interpuesto por los abogados don Matías Olmedo Lanzarin y don Rodrigo Riffo Castillo en representación de don nombre reservado, interponiendo recurso de protección en contra de don nombre reservado, En su oportunidad, dese cumplimiento al numeral 14 del Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre tramitación y fallo del Recurso de Protección, regístrese y, hecho, archívese.

Redacción a cargo del Ministro Claudio Arias Córdova.

Rol N° 414-2025- PROTECCIÓN.-