nombre reservado con CORPORACION DE AISTENCIA JUDICIAL REGIÓN DEL BIOBÍO

13 Chillán, siete de enero de dos mil veinte.

Visto:

1°.- Que comparece doña nombre reservado, administrativa, quien interpone recurso de protección en contra de la Tesorería General de la República, persona jurídica representada por su Tesorero Regional de Ñuble don nombre reservado, y en contra de la Corporación de Asistencia Judicial del Bio Bio, persona jurídica representada por don nombre reservado.

Para fundar su acción indica que la Tesorería General de la República, Regional Ñuble, emitió con fecha 30 de julio de 2019, en el expediente administrativo 10129- 2019 de Chillán Viejo, la orden de embargo sobre sus remuneraciones en todo aquello que exceda a 5 unidades tributarias mensuales, para pagar el crédito cobrado en dicho proceso, ordenando que dichas sumas deben ser retenidas por su empleador Corporación de Asistencia Judicial del Bio Bio y puestas a disposición de la Tesorería a General de La República, hasta el pago íntegro de la obligación ello hasta por un monto de $58.459.140 a la que asciende la deuda neta demandada en esos autos. Añade que esta resolución fue notificada a su empleador el día 8 de agosto de 2019 quien ha procedido a embargar y retener con fecha 18 de noviembre de 2019 de la remuneración correspondiente al mes de Noviembre la suma de $387.469.-, quedando un pago de remuneraciones para mí en calidad de trabajadora de $77.897. Hace presente que como secretaria en el consultorio jurídico de Chillán Viejo, cuenta con contrato indefinido regido por las normas del Código del Trabajo y su remuneración bruta imponible es de $775.253 con los descuentos previsionales y otros pactados le queda una remuneración liquida aproximada de $319.181 al mes de octubre de 2019.

Estima que con esta acción ilegal y arbitraria del Tesorero Regional de Ñuble se afecta gravemente su derecho de propiedad sobre sus remuneraciones toda vez que el Tesorero Regional recurrido ha actuado en abierta infracción de Ley y arbitrariamente, ya que conforme el artículo 57 del Código del Trabajo y como se acredita de sus liquidaciones mensuales de remuneraciones estas no exceden de la suma autorizada para ser embargadas que corresponde, a la fecha la presentación del presente recurso, a la suma de $1.581.711, suma que no percibe como remuneración mensual, existiendo una prevalencia de la norma de protección de las remuneraciones del Capítulo IV del Código del Trabajo, normas establecidas como una protección al derecho de propiedad que el trabajador tiene respecto del pago por las prestaciones que realiza para el empleador.

Asimismo considera que con las actuaciones de los recurridos también se afecta su derecho a la libertad de trabajo, estando su protección garantizada en el artículo 19 N° 16 de la Constitución Política de la República y relaciona esta garantía con el artículo 57 del Código del Trabajo que ordena la inembargabilidad de las remuneraciones del trabajador, lo que se ha ordenado y efectuado por los recurridos, sufriendo el embargo y retención de sus remuneraciones, por medio de actos ilegales ordenados por la recurrida Tesorería General De La Republica y que han sido ejecutados por la Corporación de Asistencia Judicial del BIO BIO bajo la presión del artículo 170 inciso 6 del Código Tributario, y que por consiguiente, el recurrido Tesorería General de la República ha obtenido que se embarguen sus remuneraciones que son Inembargables por su monto y que son la retribución por mi trabajo y medio de subsistencia, afectando su derecho de dominio sobre esa retribución en forma ilegal, pues se ha establecido por la Ley especial que es el Código del Trabajo.

Finalmente, pide a esta Corte acoger el presente recurso, disponiendo todas las medidas que sean necesarias para restablecer el imperio del derecho y en especial, disponer el cese de los embargos ordenados respecto a mis remuneraciones, dejando sin efecto las resoluciones dictadas al efecto, todo ello con costas.

2°.- Que, informando la presente acción constitucional don nombre reservado, Director Tesorero Regional de Ñuble, refiere acerca del marco normativo y la tramitación del proceso de cobro de obligaciones tributarias sobre el que recaen las alegaciones de la recurrente y luego de detallar el procedimiento que sustenta el recurso, indica que el requisito indispensable de la acción de protección, la existencia de un acto u omisión ilegal, esto es, contrario a la ley, o arbitrario, producto del mero capricho de quién incurre en él, y que provoque algunas de las situaciones o efectos que se han indicado, afectando a una o más de las garantías -preexistentes- protegidas, consideración que resulta básica para el examen del recurso interpuesto. Así, la cautela de derechos constitucionales constituye una vía destinada a dar protección respecto de garantías cuya existencia se encuentre indubitada.

Agrega que el procedimiento de cobro ejecutivo de obligaciones tributarias de dinero tramitado ante el Director Tesorero Regional en su calidad de Juez Sustanciador es un proceso de naturaleza jurisdiccional, en el que por esencia se confrontan pretensiones respecto de las que no existe certeza, por ello, es que toda alegación respecto de la legalidad u arbitrariedad que tuviese raíz en las actuaciones o resoluciones practicadas en este proceso pueden y deben ser impugnadas por medio de los recursos establecidos en el Código Tributario y el Código de Procedimiento Civil, como fuente supletoria. En razón de lo anterior, resulta inadmisible la vía de protección de derechos fundamentales para reclamar respecto de resoluciones judiciales dictadas, notificadas y ejecutadas conforme a la ley, agrega que el presente recurso se ha formulado sólo una vez que se han ejecutado las resoluciones referidas y que han transcurrido todos los plazos para impugnar las resoluciones que en la presentación se señalan como ilegales y arbitrarias, sin que se haya hecho valer recurso alguno, ni se haya hecho presente ningún defecto de forma en la tramitación, de este modo, resulta evidente que lo que se persigue con su interposición, es usar este recurso como una segunda instancia, ya que en el juicio no se presentaron excepciones ni se reclamó de la traba de embargo.

Añade que se ha establecido consistentemente como doctrina por parte de los tribunales superiores de nuestro ordenamiento que el recurso de protección sólo puede ser incoado en resguardo de derechos de naturaleza cierta, fuera de toda controversia, es así, que toda cuestión debatida ante los tribunales establecidos por la ley queda fuera del ámbito de la cautela alegada por la recurrente. Por ello, la procedencia del embargo de remuneraciones, su cuantía, y la colisión normativa por lo establecido en el artículo 57 del Código del Trabajo, son todas cuestiones debatibles que debieron ser controvertidas en el procedimiento de cobro ejecutivo y que, no fueron discutidas en el proceso por lo que no es posible que la recurrente intente por la vía de la cautela de derechos fundamentales revivir oportunidades procesales precluídas, lo cual excede el objeto de la acción de protección.

En relación a la colisión normativa argumentada por el solicitante, indica que es insoslayable la existencia de una antinomia entre las disposiciones del artículo 57 inciso primero del Código del Trabajo y la del artículo 170 inciso tercero del Código Tributario. A efectos de determinar la normativa aplicable al caso concreto deberá recurrirse a las herramientas interpretativas en nuestro ordenamiento jurídico. Desde la teoría jurídica, este choque implica lo que Bobbio llamaría una “antinomia” entre normas, es decir: “un choque de dos proposiciones incompatibles, que no pueden ser verdaderas a un mismo tiempo y con relación a un sistema normativo, (o sea, una) colisión de dos normas que no pueden ser aplicadas a un mismo tiempo”. En este sentido, el jurista italiano propone tres maneras de solucionar una antinomia en base a tres criterios: (a) criterio cronológico, (b) uno jerárquico, y uno denominado (c) de la especialidad. Desde luego, carece de sentido proponer aquí que la colisión entre estas dos reglas deba ser resuelta con el primero de estos criterios, en tanto éste supone que “la voluntad posterior abroga la precedente”, y tampoco sería académicamente correcto de nuestra parte afirmar que el legislador haya querido reglamentar esta materia en sentido contradictorio, ni menos aún imputarle una voluntad derogacionista a este respecto. Tampoco, el segundo de los criterios es una salida al conflicto, ya que ambas normas son de igual jerarquía, teniendo ambas rango de ley. Así, el último de los criterios sí podría ser una fórmula plausible de salida al conflicto, ya que la situación jurídica ante la que nos encontramos cumple con los requisitos que este criterio establece. Por ello, el criterio de especialidad se caracteriza porque hace primar a una norma por sobre la otra, debiendo entenderse este criterio como aquel según el cual de “dos normas incompatibles, la una general y la otra especial prevalece la segunda: lex specialis derogat generali”. Lo anterior, tiene su fundamento en que es el legislador, en un proceso de descubrimiento gradual de las diferencias, quien genera leyes, unas más generales que otras, por lo que el intérprete debe respetar tal proceso y estar al descubrimiento de esas diferencias que se generan conforme se descubren las realidades especiales bajo las más generales.

En este sentido, se ha estimado por parte del Servicio de Impuestos Internos que la situación planteada debe ser resuelta aplicando el "principio de especialidad", el que en definitiva postula que cuando a una ley especial sucede una general, ésta no deroga la especial anterior, a menos que la norma general posterior haya tenido la intención de hacerlo. La doctrina mayoritaria afirma que cuando el legislador dicta una regulación general contrastante con otra anterior más restringida, no tiene la intención de privar de eficacia a esta última, pues, de ser así, lo declararía expresamente, por lo que en su opinión, lo dispuesto en el mencionado art. 170 inciso 3° del Código Tributario, mantiene su vigencia, por tratarse de una norma especial que prima sobre la general contenida en el Código del Trabajo. De este modo, la norma tributaria, en su indiscutido ámbito de especialidad, debe ser aplicada al momento de efectuarse el embargo de las remuneraciones de los deudores sometidos al proceso de cobro ejecutivo de obligaciones tributarias de dinero. En este sentido, la norma de excepción al derecho de prenda general de los acreedores constituida por el artículo 57 del Código del Trabajo reconoce una contraexcepción establecida en razón de la especialísima naturaleza del crédito perseguido en autos, la cual viene dada por el deber de contribuir a las cargas públicas y a la igual repartición de estas, en aras del bien común de la sociedad, fundamentos constitucionales que se verían menoscabados de atenderse a la inembargabilidad de las remuneraciones con respecto a bienes provenientes de otras fuentes.

Sin perjuicio de las facultades que dispone la Dirección del Trabajo y de su posición respecto a este problema, es necesario recordar, que la interpretación administrativa de las disposiciones sobre tributación fiscal interna, se encuentra radicada exclusivamente en el Director Nacional del Servicio de Impuestos Internos, conforme con las facultades que les confiere el Código Tributario en el art. 6, letra A, N° 1 del Código Tributario y en el Art. 7, letra b) del DFL N° 7, de 1980, que contiene su Ley Orgánica, siendo ella obligatoria para la administración tributaria, pues se trata de temas que por su especialidad resultan altamente técnicos y complejos, por ello, se consideró a esta entidad como la competente para absorber satisfactoriamente dicha responsabilidad; de este modo tal prerrogativa ha sido ejercida con acertado criterio y prudencia por parte del órgano fiscalizador introduciendo seguridad allí donde el legislador no ha podido llegar a efectos de asegurar el mejor funcionamiento del sistema tributario, el cual tiene como fundamento principios de equidad social y aseguramiento del bien común.

En cuanto a la acción u omisión ilegal o arbitraria que exige el artículo 20 de la Carta Política, señala que aun cuando ambas voces no son sinónimas, tanto la arbitrariedad como la ilegalidad implican una contrariedad con el Derecho, son antijurídicas, en el caso sub lite, el Servicio de Tesorerías ha actuado no sólo conforme a la normativa legal vigente, sino que siendo el fundamento de su obrar no el simple o mero capricho del agente, sino que el cumplimiento estricto de una de las funciones que la ley le asigna, atendido el mérito de los antecedentes que obraban en su poder. Ha actuado, entonces, en conformidad estricta a lo que disponen los artículos 6 y 7 de la Constitución Política de la República.

En otros términos, y contrariamente a lo planteado por la recurrente, nada tiene de ilegal ni de arbitrario el que el Servicio de Tesorerías, en ejercicio de sus atribuciones, pueda trabar embargo sobre las remuneraciones de la ejecutada, pues en caso de no hacerlo infringiría precisamente sus deberes de resguardo del patrimonio fiscal y la custodia de los fondos públicos. Asimismo, añade que no advierte cómo la Tesorería Regional de Ñuble, al actuar dentro de las atribuciones que constitucional y legalmente le competen, podría haber vulnerado las garantías constitucionales de la recurrente, entre las que no se menciona el debido proceso por lo que entendemos que no se realiza objeción alguna respecto de la legalidad de éste, lo que debe conducir al rechazo del recurso de protección que se informa.

3°.- Que, al informar don nombre reservado, abogado, Director Jurídico de la Corporación de Asistencia Judicial de la Región del Biobío, indica que doña nombre reservado, es funcionaria de la Corporación de Asistencia Judicial de esta Región, desempeñándose en virtud de un contrato de trabajo indefinido en el cargo de secretaria del Consultorio Jurídico de Chillán Viejo. En relación al régimen jurídico de su entidad con la recurrente, cabe hacer presente que la Corporación de Asistencia Judicial de la Región del Biobío es un Servicio Público descentralizado, creado por ley 17.995, que goza de personalidad jurídica, tiene patrimonio propio y no persigue fines de lucro; y que conforme a lo establecido en el artículo único de la Ley Nº 19.263, las disposiciones del Estatuto Administrativo no se aplican al personal de la Corporación de Asistencia Judicial, el que se rige exclusivamente por los respectivos contratos de trabajo y las normas aplicables al sector privado, léase en este punto, las disposiciones del Código del Trabajo y normas laborales aplicables.

Manifiesta que su representada fue notificada en su Dirección General, ubicada en domicilio reservado de Concepción, con fecha 25 de septiembre de 2019, a través de recaudador fiscal de la Tesorería Regional de Concepción, del Exhorto Nº 184-2019 decretado en los autos administrativos Rol: 10129-2019 de la Tesorería Regional de Ñuble con doña nombre reservado, que contiene la resolución dictada en Chillán con fecha 30 de julio de 2019, que ordena trabar embargo sobre todos los créditos devengados y cualquier prestación pecuniaria que a la fecha del embargo tenga la ejecutada, como asimismo todo crédito y prestación pecuniaria que se devengue en lo sucesivo, hasta un monto de $ 58.459.140 pesos, respecto de la Corporación de Asistencia Judicial de la Región del Biobío; ordenando a esta última informar a la Tesorería Regional de Ñuble respecto de toda relación comercial que exista con la deudora nombre reservado, así como las cantidades adeudadas a esta, ordenando asimismo, retener y abstenerse de pagar lo que adeude o lo que generen los contratos respectivos con la misma deudora. Que analizado el requerimiento efectuado por dicha Tesorería Regional de Ñuble, con fecha 10 de octubre de 2019, en virtud de Ordinario Nº 18/2019 del Director General de esta Corporación, se informó a dicha Tesorería aspectos como lo siguiente: 1- que la Corporación de Asistencia Judicial de la Región del Biobío, no mantiene relación comercial alguna con la trabajadora; 2- La única relación jurídica existente entre doña nombre reservado y esta Corporación corresponde a una de naturaleza laboral, iniciada en virtud de contrato de trabajo de fecha 19 de octubre de 1998, 3- que la Corporación retribuye a la funcionaria Sra. nombre reservado, por sus servicios prestado remuneraciones variables que en promedio de los últimos 3 meses ascienden a $997.911, equivalente a 35,578 UF al 30 de septiembre de 2019; Que en virtud de lo dispuesto en el Art. 57 del Código del Trabajo, norma por la cual se rigen los funcionarios de esta Corporación, que declara inembargables las remuneraciones de los trabajadores, con excepción de aquellas personas cuyos ingresos mensuales excedan de la suma de 56 Unidades de Fomento, esta Corporación no está facultada para cumplir con la orden de retención emanada de la Tesorería, que ordena tal embargo. En esta misma respuesta se hace presente jurisprudencia administrativa de la Dirección del Trabajo, como lo es la señalada mediante ordinario 4954/237 de fecha 24.08.1994, que en lo específico señala respecto de la Ley 18.018…que “derogó tácitamente el artículo 170 del Código Tributario en lo relativo, exclusivamente, al monto embargable de las remuneraciones de forma tal que el citado artículo debe entenderse modificado en los términos que el embargo en el cobro ejecutivo de obligaciones tributarias solo podrá recaer en la parte de las remuneraciones que perciba el ejecutado que excedan de 56 unidades de fomento”

Agrega que con fecha 26 de octubre de 2019, se recibe en la Dirección General de nuestro Servicio, Ordinario Nº 445/2019. E152454/2019 de fecha 17 de octubre de 2019, de don nombre reservado, Director Tesorero Regional de la Tesorería Regional de Ñuble, que en relación al requerimiento y el informe de respuesta, reitera “dar cumplimiento a las retenciones ordenadas mediante la resolución antes señalada, respecto de las cuales se ha trabado embargo por toda aquella parte de las remuneraciones que exceda a cinco unidades tributarias mensuales, una vez efectuados los descuentos legales”. Señala la misma comunicación, como fundamento de su solicitud de cumplimiento, que el proceso de cobro de obligaciones tributarias constituye uno de naturaleza jurisdiccional; que cualquier alegación respecto de la inembargabilidad de las remuneraciones, debe ser ejercida por la misma ejecutada, correspondiendo al agente retenedor sólo cumplir con la retención y no efectuar alegaciones respecto del cobro.

A continuación expresó que no obstante, la norma laboral señalada en el informe de la Corporación de Asistencia Judicial, el Código Tributario en su Art. 170 contiene una norma especial que establece un límite diferente respecto de la inembargabilidad de las remuneraciones, la cual alcanza hasta el monto equivalente a 5 UTM, y, que la interpretación administrativa de las normas de tributación interna, se encuentra radicada en el Director Nacional del Servicio de Impuestos Internos, por lo que la jurisprudencia administrativa emanada de la Dirección del Trabajo, no es vinculante para el Servicio de Tesorería.

En virtud de esta reiteración, en cuanto a la retención ordenada por Tesorería Regional de Ñuble, esta Corporación dio cumplimiento a lo ordenado procediendo al descuento respectivo en las remuneraciones de la trabajadora, estando obligado nuestro servicio a cumplir lo decretado en conformidad a lo que dispone el Art. 170 del Código Tributario, sin perjuicio de las alegaciones que pueda ejercer la propia trabajadora y de subsistir, a nuestro juicio, una interpretación diversa en cuanto a la colisión de normas entre la preceptiva laboral y tributaria.

Asimismo señala que habiéndose recibido notificación con fecha 18 de diciembre de 2019 de la orden de no innovar decretada en estos autos, se ha dejado sin efecto el descuento en las remuneraciones de la trabajadora a partir del mes de diciembre del presente año.

Finalmente indica que el actuar de la Corporación de Asistencia Judicial de la Región del Biobío, tal como se ha señalado en el recurso mismo, deducido por la trabajadora, como en lo puntos anteriores del presente informe, ha sido solo como agente retenedor en los términos que establece la normativa Tributaria y el requerimiento de la Tesorería Regional; obligado por ende, a ejecutarlo. Por lo que nuestra intervención se ha ajustado al imperativo legal que no nos confiere sin mayor discrecionalidad que la de haber planteado a la ejecutante, nuestra interpretación sobre la inembargabilidad de las remuneraciones y su excepción conforme a la preceptiva laboral; pero que agotada esa instancia, fue en definitiva rechazada por esa Tesorería, ante su interpretación de la preeminencia de la norma tributaria sobre la laboral.

4°.- Que el recurso de protección de garantías constitucionales establecido en el artículo 20 de la Carta Fundamental, constituye jurídicamente una acción constitucional de urgencia, de naturaleza autónoma, destinada a amparar el libre ejercicio de las garantías y derechos preexistentes que en esa misma disposición se enumeran, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben tomar ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que impida, amague o perturbe ese ejercicio. Por consiguiente, resulta requisito indispensable para la acción de protección la existencia de un acto u omisión ilegal -esto es, contrario a la ley- o arbitrario -es decir, producto del mero capricho de quien incurre en él- y que provoque algunas de las situaciones o efectos que se han indicado, afectando a una o más de las garantías constitucionales protegidas.

5°.- Que el acto que se indica como contrario a derecho, lo hace consistir la recurrente en el embargo de sus remuneraciones vulnerando lo dispuesto en el artículo 57 del Código del Trabajo que hace inembargables las remuneraciones inferiores a 56 Unidades de Fomento.

6°.- Que el recurso de protección requiere para su configuración, la concurrencia de los siguientes presupuestos: a) Una conducta por acción u omisión ilegal o arbitraria; b) La afectación del legítimo ejercicio referido a determinados derechos garantizados en la Constitución; c) Relación de causalidad entre el comportamiento antijurídico y el agravio a la garantía constitucional; y d) Posibilidad del órgano jurisdiccional de adoptar medidas de cautela adecuadas, para resguardar el legítimo ejercicio del derecho afectado.

7°.- Que, teniendo presente lo anterior, y de acuerdo a lo informado por la Tesorería Regional de Ñuble, no hay discusión en cuanto que se siguen en contra de la recurrente, el expediente administrativo rol 10129-2019, correspondientes a un procedimiento ejecutivo, por cobro de impuesto fiscales, motivado en una deuda que mantiene la contribuyente, y que asciende, al mes de julio de 2019 a la suma de $58.459.140; por lo que se dictó la resolución respectiva, y se trabó embargo respecto las remuneraciones de la recurrente.

8°.- Que, de lo informado por la recurrida Corporación de Asistencia Judicial es dable establecer que se han embargado las remuneraciones de la recurrente que exceden las cinco unidades tributarias mensuales.

9°.- Que, así las cosas, el tema en cuestión, surge por la discrepancia que habría, sobre los límites que tendría el embargo respecto de las remuneraciones, considerando lo dispuesto en el artículo 171 inciso tercero del Código de Tributario, que permite hacerlo por sobre las cinco unidades tributarias mensuales; en tanto que el Código del Trabajo, en el artículo 57, también admite el embargo, pero únicamente, en la medida que las remuneraciones, excedan de cincuenta y seis unidades de fomento.

10°.- Que, de frente a esta situación, se estima que debe prevalecer la normativa laboral, conforme la posición que sobre el punto, ha adoptado la Excma. Corte Suprema, en la causa Rol N° 185-2019, y la cual ha señalado, en el referido fallo, que "en atención a la naturaleza del problema, es necesario acudir a los principios que informan la legislación laboral y el ordenamiento tributario. Es así como uno de los principios que informa al Derecho del Trabajo es el denominado principio tuitivo o protector, que para el caso de marras supone que, en caso de existir contradicción entre dos normas legales de la misma jerarquía, debe preferirse aquella que favorezca al trabajador. En la especie, conviene recordar que el artículo 57 del Código del Trabajo está inserto en un capítulo que protege la remuneración del trabajador, no distinguiendo el agente respecto de quién pueda originarse dicha amenaza; y que si se le analiza más a fondo, esta disposición no impide el embargo de remuneraciones de manera absoluta, sino que el monto del embargo que permite es superior al indicado en el Código Tributario. Lo anterior es trascendente, pues tal como lo ha sostenido reiteradamente esta Corte, la remuneración del trabajador tiene carácter alimenticio y, por consiguiente, constituye de ordinario la fuente principal de subsistencia del trabajador y de su grupo familiar en ocasiones, la única , de modo que, en última instancia, la protección de las remuneraciones está encaminada a la tutela de las garantías constitucionales del derecho a la vida y a la integridad física y psíquica, protegidas en el artículo 19 N° 1 de la Constitución Política de la República." Luego, siguiendo con este razonamiento, se señala que "si bien la regla general es la embargabilidad de todos los bienes materiales e inmateriales que siendo apreciables en dinero conforman el patrimonio de una persona (artículo 2498 del Código Civil), nuestro ordenamiento jurídico contempla excepciones a dicha regla, como la inembargabilidad consagrada en el artículo 445 del Código de Procedimiento Civil, cuyo N° 2 menciona explícitamente a las remuneraciones de los trabajadores, lo cual guarda armonía con el precepto contenido en el artículo 57 del Código del Trabajo.

Asimismo, se indica en la sentencia en estudio, que "es preciso considerar que las obligaciones tributarias encuentran su causa, como regla general, en el incremento de patrimonio del deudor, y en el principio de que aquel que recibe más, debe pagar más y contribuir a la redistribución de la riqueza por medio del pago de los impuestos. A su turno, la obligación tributaria está destinada a satisfacer las necesidades financieras de toda la sociedad en aras del bien común, conforme al inciso 4° del artículo 1 de la Carta Fundamental. De lo dicho se desprende que se trata de una cuestión de conflicto entre principios, más que de reglas." Finalmente, se añade por nuestro Máximo Tribunal, como conclusión, que "a falta de una regla que resuelva la situación de manera explícita y efectuada la ponderación de los principios jurídicos involucrados, esta Corte estima que debe prevalecer el artículo 57 del Código del Trabajo, por estar directamente enlazado con el derecho a la vida e integridad física y psíquica del actor y su familia, los que constituyen los derechos más importantes garantizados por la Carta Fundamental; pues son un presupuesto necesario para el ejercicio de todos los demás." 11°.- Que, a su vez, en cuanto al planteamiento de la recurrida, de ser improcedente el recurso de protección, por estimar que existe la opción de pedir la "reducción o exclusión" del embargo, en el mismo procedimiento que sigue la Tesorería Provincial del Biobío; es lo cierto que nada impide que se ejerza la presente acción constitucional, y, es más, en la especie, se hace imprescindible, al haber actuado la recurrida, fuera de la normativa, siendo que es su deber, proceder en todos y cada uno de sus actos, con irrestricto apego al Principio de la Legalidad, que rige los órganos de la administración del Estado, y no cabiendo duda que una forma efectuar este control, es, precisamente, mediante la vía prevista en el artículo 20 de nuestra Carta Fundamental.

12°.- Que, de la manera en que se viene razonando, se torna evidente que la actuación de la Tesorería Provincial del Biobío es ilegal, puesto que se ha decretado el embargo de las remuneraciones del recurrente, contraviniendo el límite establecido en el artículo 57 del Código del Trabajo, vulnerando el derecho a la propiedad, consagrado en el numeral 24 del artículo 19, de la Constitución Política de la República, y, por consiguiente, deberán adoptarse las medidas necesarias, para resguardar la integridad de la garantía del recurrente.

13°.- Que, es pertinente señalar que por su parte, la actuación de la recurrida Corporación de Asistencia Judicial no resulta ilegal toda vez que se ha limitado a dar cumplimiento a lo ordenado por Tesorería Regional de Ñuble, en su calidad de Juez Substanciador del proceso de cobro de impuestos.

Por estas consideraciones, lo dispuesto en los artículos 19 y 20 de la Constitución Política de la República, y en el Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre Tramitación del Recurso de Protección de Garantías Constitucionales, se declara que SE ACOGE, sin costas, el recurso de protección interpuesto por doña nombre reservado en contra de Tesorería General de la República y, en consecuencia, deberá ésta en el expediente administrativo Rol 10129-21019, limitar el embargo sobre las remuneraciones percibidas por el recurrente, en los términos que indica el artículo 57 del Código del Trabajo, esto es, que sólo podrá efectuarse en la parte de sus remuneraciones, que exceda de cincuenta y seis unidades de fomento y debiendo la recurrida Tesorería Regional de Ñuble reintegrar a la recurrente las sumas de dinero indebidamente embargada y retenida, con el reajuste correspondiente, en el plazo de diez días contados desde la notificación del presente fallo.

Se desestima el recurso interpuesto en contra de la Corporación de Asistencia Judicial, sin costas.

Notifíquese.

En su oportunidad, dese cumplimiento al numeral 14 del Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre tramitación y fallo del Recurso de Protección, regístrese y, hecho, archívese.

No firma el Ministro señor Silva, no obstante haber concurrido a la vista de la causa y al acuerdo, por encontrarse con permiso.

Redacción a cargo del Ministro Claudio Arias Córdova.

ROL 4121-2019-PROTECCION