nombre reservado con TESORERÍA REGIONAL DE ÑUBLE

Chillán, dos de julio de dos mil veintiséis.

Visto:

1°.- Que, comparece el abogado Ricardo Orellana Rojas en representación de don nombre reservado, e interpone acción constitucional de protección en contra de la Tesorería Regional de Ñuble, representada por su Director Regional don Juan Paulo Lara González o quién lo subrogue legalmente, por la orden de mandamiento y embargo dictada en contra de su representado por un valor adeudado de aproximadamente $20.294.948, según da cuenta el expediente de Tesorería Regional Rol N° 10010-2026 de Ñuble.

Refiere el letrado que en Formulario de Constancia Información al Paciente GES y documento denominado EPICRISIS CMA que su representado, mayor de 78 años, tiene una patología clínica denominada bloqueo trafascicular, y que el 4 de septiembre de 2024 se le implantó un marcapasos c/electrodos intravenosos o epicardio en el Hospital Clínico Herminda Martín de Chillán, añadiendo que según consta en Certificado de Atención de la Unidad Psicosocial del Hospital de Bulnes el recurrente presenta un “desajuste emocional generado por situación judicial”. Manifiesta que, a la cónyuge de su representado, doña nombre reservado, le suspendieron su pensión de vejez el 24 de abril de 2024 como consecuencia de haber subido en un 90 % su Ficha Social.

Se sostiene por parte del letrado que el pasado 7 de marzo del año 2021 su representado fue víctima del delito de usurpación de identidad, siendo incorporado en el Servicio de Impuestos Internos con una empresa a su nombre, con un domicilio falso ubicado en domicilio reservado, añadiendo que en la misma solicitud se señaló un número de teléfono celular y un correo electrónico, aperturándose una cuenta corriente en el Banco Falabella Número [cuenta reservada], cuenta bancaria donde se han solicitado las devoluciones ilícitas de impuestos, expresando que la denuncia por la comisión de dicho ilícito se encuentra siendo investigada por la Fiscalía de Bulnes bajo el RUC 2400492906-K, desde el 24 de abril de 2024, haciendo además presente que su representado fue incorporado por terceros que registran domicilios en las comunas de Puente Alto, Colina, Rancagua, Talca, San Bernardo, La Florida, El Bosque, Copiapó, Temuco y Valparaíso al Régimen de Tributación General semiintegrado en el año 2021 del Servicio de Impuestos Internos, y como consecuencia de ello la Tesorería General de la República ha iniciado cobranza de los giros números 1282904; 12828985; 12828941; y, 12829047, siendo notificado el pasado 8 de abril del año en curso por Tesorería Regional de Ñuble, que en el expediente Administrativo Rol n°10010-2026 Bulnes, se ordenó trabar embargo por un recaudador fiscal sobre fondos disponibles hasta el monto de $20.294.948.- correspondiente a una deuda con Tesorería Regional y que se encuentra deducida en contra de éste, más reajustes, intereses y multas, todo lo cual ha sido consecuencia del ilícito de usurpación de identidad.

Conforme a lo expuesto el letrado afirma que la hoy recurrida, Tesorería Regional de Ñuble, ha iniciado ilegal y arbitrariamente una cobranza judicial la cual conculca gravemente derechos fundamentales que asisten a su representado, afectando con ello las garantías consagradas constitucionalmente en los numerales 1 y 24 del artículo 19 de la Constitución Política de la República, esto es, el derecho a la vida y a la integridad física y psíquica de la persona, desde que los certificados de atención de salud que señala acompañar muestran la deteriorada situación clínica de su representado, y en cuanto al derecho de propiedad el actor se encuentra preocupado y asustado de que le embarguen sus escasos bienes, como consecuencia de la situación descrita.

Solicita se tenga por interpuesta acción constitucional de protección en contra de la Tesorería Regional de Ñuble, se le acoja a tramitación y, en definitiva, se acoja en todas sus partes, declarando:

.- Que, se ordene a la recurrida la suspensión de la cobranza iniciada en contra de su representado por un valor adeudado de $20.294.948, más intereses, reajustes y multas, según da cuenta el expediente de Tesorería Regional Rol n° 10010-2026 de Ñuble.

.- Que se adopten de inmediato todas las demás providencias que se juzguen necesarias para restablecer el imperio del derecho y asegurar la debida protección del afectado, con costas del recurso.

2°.- Que, informa don nombre reservado, Director Regional Tesorero de Ñuble, solicitando el rechazo de la presente acción constitucional, con costas.

Se sostiene que de una simple lectura de los hechos se puede concluir que la recurrente pretende realizar alegaciones que deben ser vistas en otras instancias y que si lo solicitado es la suspensión de las acciones de cobro respecto de su patrimonio, la legislación dispone de otras acciones, entre ellas, la prevista en el artículo 147 del Código Tributario.

Plantea que la Tesorería General de la República se limita a cumplir con un mandato legal expreso, cual es perseguir el pago de los impuestos adeudados, con lo cual sólo se limita a ejercer sus facultades, legalmente establecidas, en cuyo actuar, entonces, no aprecia un carácter ilegal o arbitrario, estimando que no se advierte cómo la Tesorería Regional de Ñuble, podría haber vulnerado algún derecho del recurrente, todo lo cual debería conducir al rechazo del recurso de protección que informa.

Manifiesta que, sin perjuicio de lo señalado, lo discutido se trataría de una serie de hechos tipificados como delitos, cuya declaración de antijuricidad y condena pertinente le correspondería a los tribunales asignados por la constitución y normativa para dicha finalidad, lo que los convierte en alegaciones de fondo las cuales superan los contornos de una acción constitucional como la ejercida.

Termina solicitando que, en mérito de lo expuesto y visto lo prevenido por los artículos 19 número 24, y 20 de la Constitución Política del Estado, y demás pertinentes, así como el Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre tramitación del Recurso de Protección de Garantías Constitucionales, se tenga por evacuado el informe y, en definitiva, rechazar la presente acción constitucional con costas.

3°.- Que, para analizar el asunto planteado por la presente vía, resulta conveniente consignar que el recurso de Protección de Garantías Constitucionales, establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye jurídicamente una acción, destinada a amparar el legítimo ejercicio de las garantías y derechos preexistentes que en esa misma disposición se enumeran, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben tomar ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que priva, o amenace ese atributo.

4°.- Que, es requisito indispensable de la acción de protección, la existencia de un acto u omisión ilegal, esto es, contrario a la ley, o arbitrario, producto del mero capricho de quién incurre en él, y que provoque algunas de las situaciones o efectos que se han indicado, afectando a una o más de las garantías -preexistentes- protegidas, consideración que resulta básica para el examen y la decisión de cualquier recurso como el que se ha interpuesto.

5°.- Que, cabe reflexionar, a la luz de lo recién expuesto, que esta acción de cautela de derechos constitucionales constituye una vía destinada a dar protección respecto de garantías cuya existencia se encuentre indubitada.

6°.- Que el recurrente, un adulto mayor de 78 años, que padece varias patologías de salud, alega haber sido víctima de una suplantación de identidad, mediante la cual, el o los terceros que la fraguaron, abrieron cuenta corriente, crearon una empresa, y pidieron devoluciones de impuestos, entre otras acciones, lo cual está siendo investigado por el Ministerio Público. Consecuencialmente, la recurrida, lo embargó, a fin de cobrarle una deuda de impuestos, que es resultado del actuar ilícito, ya descrito, y es, por ende, también ilícita.

La recurrida, a su turno, sostiene no ser esta la vía para resolver la cuestión planteada, sin perjuicio de disponer el actor, de una vía para obtener la suspensión del cobro, de conformidad a lo previsto en el artículo 147 del Código Tributario. Agrega haber actuado conforme a derecho, y que es una cuestión de fondo, determinar si el recurrente, fue o no objeto del delito que denuncia.

7°.- Que, de los antecedentes del recurso, aparece que el año 2022 se abrió una cuenta corriente en el Banco Falabella de manera online a nombre de don nombre reservado. En ella, figuran una serie de abonos y egresos, de elevado monto, que no se condicen con el ingreso de un jubilado medio. La cuenta fue cerrada en 2024, por los reclamos del recurrente.

Asimismo, se desprende que, a la cónyuge del recurrente, nombre reservado, con fecha 20 de marzo de 2024, se le extinguió la pensión garantizada universal, debido a dejar de cumplir el requisito de la focalización, registrando ingresos, junto al recurrente y su hijo, por más de tres millones de pesos, según el registro social de hogares.

En la vista de la causa, el apoderado del actor, señaló que con posterioridad y tras dar a conocer ante los organismos públicos la situación que los aqueja incluida la existencia de una causa ante el Ministerio Público, se repuso dicha pensión.

También consta que el actor, está siendo ejecutado, por la Tesorería General de la República, en el expediente administrativo N° 10010-2026 Bulnes, por concepto de impuesto global complementario y diferencia de impuesto a la renta, que superan los veinte millones de pesos. En ese proceso, el 9 de abril pasado, el actor, pidió suspensión de cobro, mientras se resuelve la investigación penal, por usurpación de identidad, la que rechazada el 23 de abril último.

8°.- Que, ciertamente, no es posible afirmar, la efectividad de haber sido el recurrente, objeto de una suplantación, por no existir sentencia que así lo establezca, y no ser esta, la vía para declararlo. Sin embargo, no puede desconocerse que existen una serie de indicios, referidos en el motivo que precede, que otorgan verosimilitud y plausibilidad a la existencia de ese ilícito.

Además, la cronología de los hechos guarda concordancia con la tesis del que recurre. En efecto, se advierte que tan pronto se deja sin efecto la pensión garantizada universal de nombre reservado, el recurrente, acude a la autoridad a denunciar los hechos que aquí también invoca, sin que, después de dos años, se haya logrado, hasta la fecha, formalizar dicha investigación.

9°.- Que, entonces, si el recurrente, lleva dos años teniendo la calidad de víctima de un delito de usurpación de identidad y/o estafa, para el Ministerio Público, si a su cónyuge, le restituyeron la pensión que le habían dejado sin efecto, por tener supuestamente ingresos familiares abultados para ser merecedora de ella, y, si la cuenta corriente, desde la cual se hicieron las transacciones que incidieron en la liquidación de impuestos que motivó la ejecución, se abrió sólo de manera online, con mínimos antecedentes, al menos, resultaba exigible para la recurrida, que tomó conocimiento de dichas circunstancias, según se constata del expediente acompañado a folio 22, ponderar tales factores calificados y resolver en consecuencia.

No resulta admisible omitir tan contundente información, o denegar, sin fundamentos, la petición de suspensión de giro que se formulare.

10°.- Que, el actuar de la recurrida, en dicho escenario, se vuelve arbitrario, vulnerando el deber de fundamentación, previsto en el artículo 11 de la ley 19.880, por lo que deberá hacer un completo estudio de la situación del recurrente, oficiando y recopilando a fin de obtener los antecedentes que sean necesarios, para comprobar la veracidad de la información tributaria del recurrente, para luego, y fundadamente, proceder en consecuencia, y conforme a derecho.

11°.- Que, por último, no está demás dejar asentado, que si bien esta Corte carece de atribuciones para dejar sin efecto el procedimiento de cobro, sin perjuicio de lo que pueda resolver la recurrida, y/o, las demás instituciones públicas que interactúan en este caso, constatándose una amenaza concreta al derecho de propiedad del actor, en caso de efectuarse el remate de su único inmueble, si corresponde en esta sede cautelar suspender la ejecución hasta que se resuelva la causa penal y se esclarezca el verdadero origen de los impuestos cuya deuda el Servicio de Impuestos Internos atribuye a don nombre reservado.

Por estas consideraciones y atendido, además, lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre tramitación y fallo del recurso de protección, artículos 23, 24 y 31 de la Convención Interamericana sobre la Protección de los Derechos Humanos de las Personas Mayores, se acoge, sin costas, el recurso de protección interpuesto por Ricardo Orellana Rojas en representación de nombre reservado, en contra de la Tesorería Regional de Ñuble, sólo en cuanto, se suspende la ejecución hasta que se resuelva la causa penal investigada por la Fiscalía de Bulnes bajo el RUC 2400492906-K, se esclarezca el verdadero origen de los impuestos cuya deuda el Servicio de Impuestos Internos atribuye a don nombre reservado y la Tesorería General de la República proceda conforme se indicó en el motivo décimo.

Comuníquese la presente sentencia al Ministerio Público, Servicio de Impuestos Internos, Tesorería General de la República y Banco Falabella.

En su oportunidad, dese cumplimiento al numeral 14 del Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre tramitación y fallo del Recurso de Protección, regístrese y, hecho, archívese.

Redacción a cargo del ministro Guillermo Arcos Salinas, quien no firma por encontrarse haciendo uso de feriado legal.

No firma el señor nombre reservado, no obstante haber concurrido a la vista de la causa y al acuerdo, por haber cesado en el cargo de fiscal judicial subrogante.

Rol 412-2026 Protección.